Con el hambre del pueblo no se juega

Escrito por Revista Ideele N°305. Agosto-Setiembre 2022

Un año y un poco más de gobierno en medio de una crisis de proporciones que combina los efectos de la pandemia de la Covid-19 en todo el globo, la caída de la demanda de insumos como el cobre, el aumento del precio del petróleo, la subida de los precios internacionales de los alimentos y la invasión de Rusia a Ucrania. Tremenda combinación.

Pero no se crea que todo viene de afuera, pues aquí hicimos lo nuestro para colocarnos frente a un serio riesgo de escasez de los alimentos y de hambruna.

Empecemos por el principio. La situación de las productoras y productores agrarias no ha sido precisamente boyante. Por el contrario, una crisis de larga duración se abate sobre el campo desde hace décadas, lo que explica que los constituyentes en 1979 incluyeran en el artículo 156 una declaración inédita, reservada para un solo sector económico: “­El Estado otorga prioridad al desarrollo integral del sector agrario”. Ello no se cumplió, lo que facilitó que en la Constitución de 1993 se diluyera la fórmula en esta otra: “El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario”. Igualmente, los gobiernos han seguido ignorando esta norma.

Habrá quién intente decir que se está generalizando demasiado y nos recordará que aún en estos momentos las exportaciones de productos agrarios siguen en ascenso.[1] Pero, así como una golondrina no hace el verano, hay que tener en cuenta que, según el IV Censo Nacional Agropecuario de 2012, la agricultura peruana está formada por más de 2 millones doscientas mil unidades agropecuarias (o, si se prefiere familias), mientras que las empresas agroexportadoras son alrededor de 2000, es decir el 0.1% del total de las unidades agropecuarias. En un artículo publicado en el número 295 de este medio, revisando la derogada Ley de Promoción Agraria, señalamos que el fenómeno conocido como el boom agroexportador se apoya en normas promocionales a favor de este grupo de empresas en vigencia, con algunos cambios, desde 1996.

La urea y otros fertilizantes químicos son usados en alta proporción por los productores agrarios porque les permiten obtener mejores cosechas. De continuar la escasez de esos fertilizantes pueden ocurrir dos cosas: que se deje de sembrar tierras o que se siembre, pero utilizando menos fertilizantes e incluso sin usarlos. En ambos supuestos, los rendimientos se reducirían, con lo cual la oferta de alimentos se verá afectada, sus precios subirían, afectando aún más a los más vulnerables, a los pobres.

La crisis de los fertilizantes

Las demandas del sector agrario se hicieron patentes en mayo de 2019, obligando al Ejecutivo a instalar una comisión con participación de las organizaciones agrarias, para hacer un diagnóstico y proponer soluciones. El resultado, como suele ocurrir, terminó en un acta con algunos logros y muchos otros puntos pendientes o “a estudiar”.

La pandemia y la inestabilidad política frenaron los avances y aún complicaron más las cosas para los agricultores y agricultoras. Enfrentando las limitaciones que impuso primero las cuarentenas y luego las restricciones sanitarias, los productores pudieron asegurar la provisión de alimentos a nuestra población, a costa de su propia descapitalización. Por ello, cuando desde fines de 2021 los precios de los insumos, en particular de los fertilizantes, empezó a crecer desproporcionadamente, las organizaciones demandaron medidas para enfrentar este nuevo desafío.

Con precios que pasaron de 70 a más de 200 soles por saco de urea, es más que comprensible la preocupación de los agricultores. Debemos saber que, entre los fertilizantes químicos, la urea es el más usado en el país y no la producimos, por lo que debemos importarla. Además, uno de los principales productores mundiales de urea es Rusia, por lo que el escalamiento del conflicto con Ucrania derivó no solo en la subida del precio sino también en la escasez del producto, pues muchos países productores restringieron su exportación para asegurar su consumo interno.

Las reacciones de las autoridades han sido tardías y muy limitadas. En noviembre de 2021 el Congreso aprobó la ley 31360, que declaró de interés nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria y la continuidad de la campaña agrícola 2021-2022, una ley declarativa. En marzo de este año, por Decreto Supremo 003-2022-MIDAGRI el Gobierno declaró en emergencia el sector agrario y de riego por 120 días y anunció un Plan de Emergencia Agrario, el que fue aprobado en abril, aunque demasiado general para considerarlo propiamente un plan de emergencia, como explicó Eduardo Zegarra, investigador de GRADE.[2]

Hubo que esperar al 19 de mayo para que se aprobara el Decreto de Urgencia 013-2022, para autorizar la compra extraordinaria de urea, ante la escasez mundial. Se destinó un fondo de 348 millones de soles para adquirirla y distribuirla a nivel nacional al inicio de la campaña agrícola 2022-2023, aunque solo entre agricultores con tierras hasta 5 hectáreas. La historia reciente es conocida, pues pese a la urgencia, tres procesos de compra se tuvieron que anular por lo que finalmente en setiembre se anunció en su reemplazo el otorgamiento de un bono (el FertiAbono) para subsidiar la compra de urea y otros fertilizantes.

Lo que está en riesgo

Aunque muchos prefieran minimizar el riesgo, lo cierto es que esas idas y vueltas han generado la demora en la aplicación de la urea, como dijimos, el fertilizante sintético más usado por los agricultores, lo que puede significar mayores problemas que se traducirían en una caída de la producción de alimentos y, además (por efecto de la ley de la oferta y la demanda) en un encarecimiento de estos.

La razón es muy sencilla. La urea y otros fertilizantes químicos son usados en alta proporción por los productores agrarios porque les permiten obtener mejores cosechas. De continuar la escasez de esos fertilizantes pueden ocurrir dos cosas: que se deje de sembrar tierras o que se siembre, pero utilizando menos fertilizantes e incluso sin usarlos. En ambos supuestos, los rendimientos se reducirían, con lo cual la oferta de alimentos se verá afectada, sus precios subirían, afectando aún más a los más vulnerables, a los pobres.

El Gobierno había optado, conforme al decreto de urgencia mencionado, por distribuir la urea a adquirir entre los productores con no más de cinco hectáreas de tierras. Pero, como explica Miguel Pintado,[3] economista de CEPES, esto era una simplificación que pudo generar problemas, pues no todos los pequeños agricultores usan urea, no todos los cultivos los requieren en las mismas proporciones y no toda la producción se destina al mercado. El FertiAbono tendría esas mismas limitaciones.

La actual crisis afecta a todos los países, por lo que la Organización de Naciones Unidas recuerda que 828 millones de personas pasaban hambre en 2021 (9,8% de la población mundial), pero en 2020 alrededor de 3,100 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable.[4]

En nuestro caso, la afectación de la alimentación es aún mayor. Un informe de la FAO estimaba que 6.8 millones de personas en el país se encontrarían en situación de inseguridad alimentaria grave, mientras que un estudio elaborado por el Midagri, Midis y PMA advertía que en 2021 solo el 51% de encuestados consideraban que no tenían seguridad alimentaria.[5]

En ese panorama, si los precios internacionales de insumos como los fertilizantes se mantienen en alza como viene ocurriendo, nuestros problemas se agravarán.

Intentando soluciones

Al quedar claro el problema de la escasez de los fertilizantes se habló de comprarlo de países vecinos, como Bolivia, así como de establecer una planta de fertilizantes en Bayóvar. Nada de esto se ha concretado, por distintas razones, siendo evidente que poner en operación una planta de fertilizantes tomaría por lo menos dos años. Una tercera salida que se ensayó fue la explotación más amplia de guano de islas, pero resultó inviable pues los planteamientos del exministro Zea implicaban la depredación de este recurso, sin siquiera cubrir la demanda.

Ante esas fallidas respuestas, debemos destacar que el Gobierno dejó pasar una oportunidad estupenda para aprovechar esta crisis y promover la agroecología, empezando por impulsar una mayor producción y uso de abonos orgánicos. Aunque existen algunas empresas que producen una variedad de esos fertilizantes, es claro que no podrían cubrir ni la cantidad ni proveer el contenido que la urea y otros fertilizantes químicos brindan a las plantas. Pero se pudo haber hecho una campaña para empezar a enfrentar el problema de la dependencia de fertilizantes químicos importados, que además afectan los suelos y el agua.

Por todo ello resulta evidente que la solución pasa por brindar el apoyo que requiere la agricultura familiar, que representa el 97% de todas las unidades agropecuarias y que, de acuerdo con un estudio que realizó CEPES, proporciona el 57.3% de los alimentos que se consume en el país.

Pero si se quiere evitar situaciones aún más gravosas para la inmensa mayoría de hogares de menores recursos en las ciudades, así como también en el campo, se requiere tomar otras medidas, con carácter de urgencia. Un colectivo de organizaciones que trabajan en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, PERUSAN, emitió hace poco un pronunciamiento que respaldamos plenamente y que resumimos en los cuatro grupos de iniciativas que a continuación señalamos:[6]

  1. Enfrentar el hambre y hacer posible el acceso a alimentos por parte de la población vulnerable.
  2. Establecer rutas claras de protección de la campaña agrícola 2022-2023 que se inicia en agosto.
  3. Redoblar campañas comunicacionales sobre estrategias de alimentación saludables para enfrentar la emergencia alimentaria y prevenir la malnutrición.
  4. Considerar la participación de la sociedad civil en la Comisión de Alto Nivel para enfrentar la crisis.

Pero, aunque se acuse nuestro sesgo jurídico, no podemos terminar sin reclamar el cumplimiento del artículo 88 de nuestra vigente Constitución: “El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario”. No obstante, a pesar de que sus voces no se escuchen, más de dos millones de familias dedicadas a la agricultura lo demandan. Seguir desoyendo las advertencias pueden llevar a que millones de hogares en todo el país se vean afectadas por la hambruna.


[1] Baste mencionar que las exportaciones de arándanos se incrementaron en 32% en volumen y 28% en valor, respecto al año anterior. Puede verse https://bit.ly/3vlnTrv

[2] “¿Plan de emergencia agraria?”. En Noticias SER.PE (10.4.2022). Ver https://bit.ly/3NRf0Nw

[3] “Urea-dependientes: perfil actual de la fertilización química en la agricultura peruana”. En La Revista Agraria, N° 198, junio 2022. https://bit.ly/3Q1yBLq

[4] Noticias ONU, 6.7.2022. https://bit.ly/3velqiv

[5] Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE). Ver https://cutt.ly/gFuVhM4

[6] Puede verse en https://bit.ly/3vgSeaF

Sobre el autor o autora

Laureano Del Castillo
Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales -CEPES.

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