Escucharnos: un reto vigente para un Perú con rostro indígena

Escrito por Revista Ideele N°305. Agosto-Setiembre 2022

El Censo Nacional de 2017 —realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)—, aunque polémico y criticado por ciertos sectores, reveló información relevante a raíz de la variable de autoidentificación étnica. Los resultados arrojaron que aproximadamente el 25.8 % de la población peruana, es decir, 1 de 4 peruanos y peruanas[1], se autoidentifica como indígena, proveniente de algún pueblo quechua, nativo amazónico o aimara.

Esta cifra —para nada insignificante— permite tener data actualizada y orientar al Estado a identificar las brechas existentes en el país desde una óptica multidimensional e implementar estrategias, planes y lineamientos con pertinencia cultural, necesariamente diferenciados para aminorar dichas brechas. Asimismo, la consolidación de políticas públicas con pertinencia cultural permite que el Estado entienda que existen diferentes formas de relacionarnos con el territorio y la naturaleza, la importancia de acceder de manera oportuna a los servicios que ofrece en las más de 47 lenguas originarias y se protejan los territorios ancestrales bajo el principio de autodeterminación de los pueblos.

En suma, se busca que esta óptica multidimensional asegure el acceso eficiente, pronto y sin trabas burocráticas a todos los derechos, considerando, categóricamente, el respeto de la dignidad bajo los parámetros del artículo 1 de nuestra Constitución Política.

Ahora bien, considerando que somos un país con rostro indígena y que todos somos iguales ante la ley es preciso preguntarnos: ¿qué conocemos de la historia de estos pueblos indígenas?, ¿qué tanto se nos ha enseñado de nuestra Amazonía peruana y los procesos de “conquista” territorial de la misma? Probablemente la imagen gráfica que tengamos de la Amazonía sea un espacio rico en diversidad biológica con rutas de ensueño vacacional para salir de la rutina citadina y un sinfín de planes para incursionar en turismo vivencial o comunitario, acercamiento a la fauna salvaje y la flora, navegar en los bastos ríos o quizá se nos venga a la memoria alguna canción de Los Hijos del Sol o de Los Mirlos.

Si bien todo ello es cierto, los espacios de ensueño están ahí y es un lujo para todos haber conocido en algún momento de nuestras vidas la Amazonía. Sin embargo, considero que la historia peruana no le ha hecho justicia a los procesos de resistencia por los que han atravesado los pueblos indígenas amazónicos para la preservación de sus territorios y la lucha por vivir dignamente.

Es por esa razón que me permito refrescar algunos hechos que dan cuenta de un choque de discursividades entre la discursividad del habitar y la discursividad extractivista. En la primera, los pueblos indígenas son portadores de una forma particular, llamada por algunos como “buen vivir”, de comunicarse con su espacio natural y su territorio porque de este depende íntimamente la preservación de sus vidas, su cultura y su espiritualidad. En la segunda, son el Estado y las empresas, en este caso extractivistas, quienes han fortalecido un discurso que podríamos interpretar como si entendiesen a la Amazonía como un surtidor inagotable de materias primas que debe ser explotado a toda costa.

Este proceso de escucharnos es central en el reto de construir una sociedad más justa, pues es imprescindible que las políticas públicas que den atención a los pueblos indígenas tengan adecuada pertenencia cultural y se genere un esfuerzo mayor por entender que cada pueblo tramita sus relaciones de formas distinta, que tienen necesidades diferentes y una manera particular de entender su vínculo con la naturaleza y el territorio.

Uno de los hechos desoladores de la historia de los pueblos indígenas amazónicos y especialmente de aquellos que viven en condición de aislamiento o contacto inicial ocurrió durante el auge cauchero, entre finales del siglo XIX e inicios del XX. La muerte de decenas de indígenas mashco piro, en medio del boom del caucho, fue causada por la creación de correrías que organizaban los caucheros para capturar indígenas, explotarlos y obligarlos a ejecutar actividades de extracción de la goma de caucho en condiciones deplorables. Ello condujo a que los mashco piro se internen en zonas inaccesibles y vivan en condición de aislamiento para así evitar que los foráneos ejerzan violencia sobre ellos, su territorio y el contagio de enfermedades.

Otro hecho que tiñó de sangre la Amazonía fue la masacre matsé ocurrida durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry. El Gobierno estableció una política de “conquista” de territorios baldíos de la selva peruana, con el propósito de dinamizar la productividad y la economía del país. En ese proceso, el Gobierno consideró prioritaria la construcción de la famosa carretera marginal que uniría el sur de la región latinoamericana, en respuesta al acuerdo de integración de la Comunidad Andina en 1963. Sin embargo, eso causó una gran presión territorial sobre los pueblos indígenas obligándoles a dejar sus espacios tradicionales, como en el caso de los matsés (un grupo de diversos pueblos principalmente mayorunas), quienes fueron desplazados a orillas el río Yavarí en Loreto.

El conflicto se desencadenó en 1964 cuando madereros y colonos son capturados por los mayorunas por ejercer presiones sobre la cuenca del río Yavarí y como respuesta al rechazo que generaba en ellos su presencia en la zona. Entonces, el gobierno de Belaunde decidió enviar a la Fuerza Área del Perú y bombardear la zona, matando a hombres, mujeres y niños indígenas. Hasta la fecha no se conoce cuántos indígenas fueron asesinados, pero sí se sabe que naves estadounidenses utilizaron gas napalm para violentar el territorio en el que habitaban los indígenas.

Por último, otro hecho cruento que retrata este choque discursivo fue el ocurrido en Bagua durante el gobierno de Alan García. El conflicto estalló cuando se conoció la publicación de decretos legislativos que afectarían derechos territoriales y el desconocimiento, por parte del Estado, del derecho a la consulta previa como mecanismo de participación de los pueblos en la toma de decisiones que sean susceptibles de afectarles, como era el caso. En consecuencia, más de 2000 indígenas wampis y awajún se movilizaron y tomaron parte de la carretera marginal Belaúnde Terry. Entonces, el Gobierno envió policías a ejercer acciones para desalojo y es así como se desencadenaron escenas de violencia desproporcionada que dejó un saldo de 33 personas fallecidas y un desaparecido.

Ahora bien, desde mi punto de vista, considero que estos tres hechos expuestos convergen en la carencia de un elemento fundamental: el diálogo intercultural. Este proceso de escucharnos es central en el reto de construir una sociedad más justa, pues es imprescindible que las políticas públicas que den atención a los pueblos indígenas tengan adecuada pertenencia cultural y se genere un esfuerzo mayor por entender que cada pueblo tramita sus relaciones de formas distinta, que tienen necesidades diferentes y una manera particular de entender su vínculo con la naturaleza y el territorio.

Además, es claro que existen esfuerzos del Estado —eso es innegable—, pero creo también que el trabajo que se realiza es insuficiente a razón del escueto presupuesto que maneja el Ministerio de Cultura y su capacidad técnica para la elaboración de políticas públicas y el seguimiento de estas.

Asimismo, urge involucrar en mayor medida a los propios indígenas y sus organizaciones en los procesos de decisiones en las que posiblemente se vean afectados o en la creación de políticas públicas donde los mismos serán beneficiarios; sus voces son importantes para salir de esta visión monocultural y occidental que entrampa la dinámica estatal.

Retomando, es esperanzador saber del trabajo que realiza el Ministerio de Cultura en el fortalecimiento de la Política Nacional Indígena al 2030 en la cual se han incorporado nuevos elementos en siete (7) objetivos prioritarios, que atienden la protección eco-territorial de los pueblos indígenas, los derechos colectivos y colocan en punto de agenda la problemática y urgente atención a los pueblos indígenas en condición de aislamiento o en contacto inicial (PIACI). No obstante, es necesario hacer un mayor esfuerzo por construir ese diálogo intercultural que tanta falta le hace a nuestro país e incorporar espacios para la promoción de los derechos humanos y una pedagogía que, transversalmente, oriente a los ciudadanos a saber cómo acceder al ejercicio de sus derechos y cómo exigir que se respeten cuando estos son vulnerados.

Escucharnos —con todo lo que implica— hace necesario ejercitar la memoria y recordar la historia de violencia y despojo territorial que han atravesado los pueblos indígenas en la Amazonía del Perú, con la finalidad de que hechos como los descritos no vuelvan a ocurrir. En suma, dialogar es un reto importante que, si somos capaces de enfrentarlo acuciosamente, nos permitirá consolidar las bases para construir una sociedad de iguales, auténticamente intercultural, justa y más humana.

¿Utópico? Complicado, quizá, pero no imposible.

Bibliografía

Assies, W. (2000, julio). La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto latinoamericano. “Unidos en la diversidad por nuestro derecho al territorio”. Programa de Pueblos Indígenas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Santa Cruz, Bolivia.

Banco Mundial. (2018). Pueblos Indígenas: Contexto.

Huertas, B. (2002). Los pueblos indígenas en aislamiento: su lucha por la sobrevivencia y la libertad. IWGIA.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades nativas y comunidades campesinas.

Ministerio de Cultura. (2019). La Diversidad es lo Nuestro. Boletín: Biblioteca Nacional del Perú.

Ministerio de Salud. (2003). Pueblos en situación de extrema vulnerabilidad: El caso de los Nanti de la reserva territorial Kugapakori, Nahua. Oficina General de Epidemiología.

Monge, C. (2010). Transiciones. Post extractivismos y alternativas al extractivismo en Perú. CEPES.


[1] Instituto Nacional de Estadística e Informática, Informe Especial sobre La Autoidentificación Étnica: Población Andina y Afroperuana Etnicidad. 2017.

Sobre el autor o autora

Pável Labán Martínez
Egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). Coordinador de la plataforma La Voz Jurídica y coordinador del primer número Revista Académica "La Voz Jurídica" que tiene como tema central la reforma del Sistema de Justicia y la lucha contra la corrupción. Asimismo, se ha especializado en el área de Derecho Humanos, particularmente en los derechos de los pueblos indígenas u originarios. Además, ha participado en la Cátedra en Derechos Humanos y Ciudadanía de la Organización de Estados Iberoamericanos - Perú, subvencionado por la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID) y realizado estudios de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

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