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Una de las recientes satisfacciones sentidas por la mayoría de la población peruana ha sido el logro obtenido ante la Corte de La Haya. Creemos que esta experiencia exitosa nos ha dejado varias enseñanzas, siendo la más importante, a nuestro parecer, la comprobación que cuando los principales actores políticos del país deciden transformar una política de gobierno en política de Estado y la apoyan sostenidamente por más de 28 años, es posible tener un triunfo nacional.

En este caso, hay que reconocer que tanto los partidos políticos, los distintos gobiernos de turno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Congreso de la República y los medios de comunicación, tuvieron el mérito de patear la pelota hacia el mismo arco hasta el final del partido. Y ello, en un país donde no existe precisamente esta práctica o cultura política, constituye una grata novedad.
La moraleja que nos deja el proceso internacional de La Haya, es que los actores políticos peruanos cuando se proponen apoyar en el mediano y largo plazo una política de Estado de claro interés nacional, pueden obtener un éxito importante en beneficio de toda nuestra población, de todos los peruanos que los eligieron como sus representantes.

Ante esta verdad tan contundentemente, refrendada por el triunfo reciente de nuestra política exterior, la población se pregunta cada vez más ¿por qué estos mismos actores políticos no se ponen igualmente de acuerdo en convertir temas tan importantes como la seguridad ciudadana, la educación y la salud en Políticas de Estado, como se hizo con el tema de la limitación marítima con Chile?

La gravedad de los problemas que nos aquejan, como son los casos, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana o los vínculos crecientes y peligrosos entre la delincuencia y la política, ha motivado el pronunciamiento de los actores políticos, periodistas de diversas tendencias, así como intelectuales, sobre la urgente necesidad de convertir en políticas de Estado ciertos temas que requieren de un apoyo nacional sostenido en el mediano y largo plazo, como lo fue el ventilado en la Corte de La Haya.

El primero en sugerir esta idea fue el presidente del Congreso, Fredy Otárola, refiriéndose a la política de seguridad ciudadana. Luego, se pronunciaron en igual sentido una serie de importantes políticos de diferentes tiendas partidarias, periodistas de distintas visiones ideológicas y, por supuesto, los propios protagonistas del equipo de La Haya.

Ante la importancia y gravedad de ciertos problemas que nos agobian, como la violencia delincuencial, la narcopolítica o los deficientes sistemas de educación y salud, es imperativo que los actores políticos y las instituciones de la democracia (partidos, Congreso, Ministerios, Acuerdo Nacional, gobiernos regionales y locales, etc.) tomen a la brevedad iniciativas conducentes a la aprobación de las políticas de Estado que la urgencia del momento requiere.

La democracia, para consolidarse en nuestro país, necesita mostrar resultados importantes, demostrar que los actores e instituciones que la componen son capaces de resolver unidos los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, como lo hicieron en el litigio de La Haya. No hacerlo a tiempo, conduce no solamente al debilitamiento de nuestra aún frágil democracia, sino también al aumento del desprestigio de nuestra clase política.