Comida chatarra, estado o mercado

Escrito por Revista Ideele N°239. Junio 2014

Se ha cumplido un año de la promulgación de la ley de la comida chatarra y el país debe esperar un año más para su aplicación, ya que recién se está discutiendo su reglamentación. Es un momento propicio para volver a  poner sobre la mesa los argumentos a favor y en contra  de una de las leyes que más pasiones ha agitado en este gobierno. La Universidad del Pacífico con el propósito de contribuir a un debate serio ha publicado el libro Comida chatarra, estado y  mercado en donde se ventilan diversas posiciones sobre la polémica ley. La controversia, en buena cuenta,  tiene que ver con los límites  de la regulación  estatal. En Ideele publicamos tres textos que se incluyen en esta publicación.

El 17 de mayo de 2013, el presidente del Perú, Ollanta Humala Tasso, promulgó la Ley 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, cuyos objetivos son promover el derecho a la salud pública y el desarrollo adecuado de las personas, y reducir las enfermedades vinculadas al sobrepeso y la obesidad entre menores de edad. Popularmente conocida como la ley contra la «comida chatarra», propone lograr estos objetivos a través de la educación nutricional, el fomento de la actividad física, la implementación de quioscos y comedores saludables en las instituciones de educación básica, así como también de la regulación de la publicidad e información relacionada con alimentos y bebidas dirigidos a los niños.

Aunque en teoría estos objetivos parecerían consensuales – ¿quién no desea que sus niños se nutran bien?–, en la práctica pocas veces una ley ha causado tanto revuelo. Airadas protestas y entusiastas halagos han colmado los espacios de radio, televisión, diarios y redes sociales, ofreciendo una infinidad de opiniones.

Entre las razones para oponerse a la ley, se ha dicho que violaría las libertades fundamentales de las personas o de las empresas; que pone obstáculos innecesarios al comercio internacional; que en lugar de preocuparnos de la obesidad deberíamos resolver, primero, el problema de la desnutrición infantil; y que esta ley hasta podría impedir la transmisión del Mundial Brasil 2014. Pero, hasta ahora, lejos de llegarse a un acuerdo, estas declaraciones han dejado más interrogantes que respuestas.

En los últimos años, el Perú ha realizado importantes esfuerzos por reducir el hambre y la desnutrición crónica infantil. Entre 2007 y 2012, según el INEI, la desnutrición crónica infantil se redujo de 27,8% a 18,1%, con lo cual el Perú cumplió con el Objetivo de Desarrollo del Mileno número uno (ODM-1) y además con la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación de reducir a la mitad el número absoluto de personas con hambre. Pero aunque hay todavía mucho por hacer para erradicar ese porcentaje persistente de niños con desnutrición, según fuentes del gobierno y de organismos internacionales, hoy en día el Perú exhibe simultáneamente una expansión de sobrepeso y obesidad alarmante.

Aunque la solidez de las fuentes sobre este tema forma parte del debate político actual, según la Encuesta Global de Salud Escolar 2010 realizada por el gobierno peruano, el 19,8% de niños de hasta 16 años presenta sobrepeso o riesgo de obesidad. Llama mucho la atención que en nuestro país –como consecuencia de múltiples factores complejos– haya aumentado notoriamente el peso de todos los grupos etarios de la población, con consecuencias que van bastante más allá de la salud, socavando la autoestima, afectando las relaciones de familia y, en general, impactando campos tan variados como la economía, el derecho, la gastronomía, el márketing y el trabajo social.

Posiblemente sea muy tarde para contener la expansión de los niveles de sobrepeso entre los adultos en el Perú. De acuerdo nuevamente a las cifras de la OMS, entre 2002 y 2010, considerando la población de mayores de 15 años, el sobrepeso de las mujeres aumentó de 63% a 70%, mientras el de los hombres lo hizo de 51% a 61%. Por su parte, la obesidad se expandió de 29% a 38% entre las primeras y de 11% a 18% entre los segundos. Quizá por ello, el Congreso de la Republica y el Poder Ejecutivo han comenzado a concentrar sus esfuerzos en los menores de edad, de los cuales, según fuentes del gobierno, uno de cada diez niños menores de cinco años ya sufre de sobrepeso (9,8%), una cifra muy superior al 6,6% promedio mundial.

Que la mencionada ley no basta para resolver el problema es reconocido por todos. Sin embargo, mientras que para algunos es un paso importante en la dirección correcta, para otros es una medida equivocada y hasta anticonstitucional. Es por ello que desde el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) –y por iniciativa de María Matilde Schwalb, vicerrectora de la Universidad del Pacífico y experta en márketing y derechos del consumidor– hemos decidido aunar esfuerzos entre investigadores de diversas disciplinas y perspectivas, para ofrecer esta colección de ensayos motivados por la Ley 30021 y su entorno actual. Hemos invitado a colegas de todas las áreas de investigación del CIUP, deseándolos a esbozar un intento de reflexión, algo más densa que una de corte periodístico pero de menor calibre que un trabajo académico, sobre cualquiera de los aspectos de la ley o sobre temas relacionados con ella. Resultó significativo y alentador que 15 investigadores respondieran al llamado, analizando el contexto en que se da esta ley; la naturaleza y los detalles de la misma; sus puntos débiles, vacíos y aciertos; y ofreciendo sugerencias alternativas para afrontar el problema del sobrepeso y la obesidad.

Lo que se ofrece en el libro “Comida Chatarra, Estado o mercado” es un menú variado de novedosos argumentos e ingeniosas respuestas a interrogantes en torno no solo a esta ley sino también a partir de enfoques más amplios. Se encontrará usted con respuestas a preguntas como: ¿es aceptable para el Estado intervenir, regular y hasta prohibir lo que el consumidor desea ingerir? ¿No deberían ser los padres los principales responsables de la alimentación de sus hijos y no las autoridades políticas? La misma industria alimenticia, nacional y transnacional, ¿no es capaz de autorregularse? Es decir, los mecanismos de mercado, ¿no son suficientes para ello? Además, ¿qué se entiende por «comida saludable»? ¿Qué influencia tiene la publicidad sobre lo que consumimos nosotros y nuestros hijos? ¿Cómo afrontar la presión de los lobbies de la industria y del márketing? Y, finalmente, ¿cómo lograr que esta ley –o las alternativas propuestas por algunos autores– se implementen de manera efectiva?

Esta variedad de paradigmas permitirá que mientras algunos cuestionan la constitucionalidad y la racionalidad de la ley, otros sostengan que las medidas propuestas son racionales y favorecen el bien común. Mientras algunos consideran necesario que el Estado ejerza más autoridad y obligue a las empresas y a los ciudadanos a modificar su conducta, otros plantean intervenciones más creativas que coercitivas, provenientes de la educación o de las teorías de «paternalismo liberal», aparte de quienes destacan la importancia de las medidas de autorregulación del mismo sector empresarial. Por cierto, las opiniones y propuestas expresadas aquí, aun cuando están basadas en fundamentos teóricos, filosóficos o comparativos, no pueden desvincularse de la realidad del Estado peruano, cuya reducida capacidad para regular al sector privado y a sí mismo es ampliamente reconocida. Sin embargo, algunos autores sostienen que la medida –y su amplia difusión y debate– servirá para fomentar la educación y despertar la conciencia de los padres de familia sobre la necesidad de dar una mayor atención a la alimentación de sus hijos, y de los directivos de empresa de preocuparse más por el impacto no deseado que sus productos y sus prácticas empresariales provocan en el consumidor; todo lo cual ya sería un avance respetable.

«You are what you eat», clamaba el filósofo alemán Ludwig Feuerbach en 1850.
«Tú eres lo que comes». Una frase que dice mucho de las personas y que bien puede ampliarse a las naciones y sociedades. Tal es el caso de la llamada «Fast Food Nation», como algunos han etiquetado a los Estados Unidos. En el Perú del siglo XXI, la gastronomía y sus componentes autóctonos se han convertido en fuente de orgullo nacional, acompañados por la ubicua Inca Kola. Pero no nos hemos preguntado si nuestros niños están comiendo lo que necesitan para mantenerse sanos, para disfrutar de la vida en un país que crece, y para desarrollarse personal y profesionalmente; si estamos haciendo lo suficiente para ayudarlos a ayudarse. En nuestra opinión como editoras, el aporte más importante de la Ley 30021, hasta ahora, ha consistido en obligarnos a plantear estas preguntas y buscar algunas de las respuestas.

El objetivo fundamental de la mencionada publicación es un llamado a la reflexión y a la toma de conciencia por parte de todos los involucrados –padres de familia, educadores, directivos de empresa, líderes políticos, organizaciones de la sociedad civil, entre otros– sobre los peligros y las graves consecuencias derivadas del creciente sobrepeso y de la obesidad en nuestra sociedad, sin descuidar la otra cara de la moneda que es la desnutrición crónica infantil. En segundo lugar, buscamos provocar la reflexión y el debate sobre el rol del Estado, el mercado, las empresas (tanto la industria de alimentos como las agencias de publicidad), la sociedad civil y las familias, en la provocación o prevención de esta epidemia. Finalmente, buscamos plantear diversas soluciones para este problema antes de que sea demasiado tarde.

Sobre el autor o autora

María Matilde Schwalb
Administradora, ex vicerrectora, Directora del Centro de Ética y Responsabilidad Social y decana de la Facultad de Administración en la Universidad del Pacífico. Master of Business Administration con especialización en Marketing y en Negocios Internacionales por la University of Miami. Doctora en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto. Ex miembro del Comité Técnico del Ministerio de Salud. Ex directora de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. Consultora en responsabilidad social para empresas privadas y organismos internacionales como el BID, PNUD-Panamá, Save the Children, World Resources Institute, CESVI y GTZ.

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