Escrito por Alan Benavides Romero Revista Ideele N°305. Agosto-Setiembre 2022

El 2 de diciembre de 2020, mientras el Perú afrontaba la pandemia del coronavirus, un paro de obreros agrarios y recordaba las recientes protestas que se terminaron con el corto periodo presidencial de Manuel Merino el mes anterior, las portadas de periódicos y noticieros televisivos amanecieron con espectaculares portadas y titulares de un megaoperativo policial contra presuntos terroristas. Setenta y siete personas habían sido detenidas en sus domicilios por supuestos vínculos con Sendero Luminoso y, en poco tiempo, se dictó su prisión preventiva.

A los dieciocho meses de efectuada esta medida, se les pretendió agregar otros dieciocho meses más, con la excusa que la Fiscalía no avanzó en las investigaciones por más de setecientos días a causa de la pandemia. Finalmente, el juez encargado de ver esta ampliación le enmendó la plana al juez de primera instancia. En su sentencia consideró que la prisión preventiva no se justificaba. Por ello, los investigados seguirán el proceso en libertad tras haber perdido un año y medio de sus vidas.

A pesar del silencio político y mediático sobre este caso, los familiares de los acusados no dejaron de denunciar el proceso (el cuarto que acondicionaban para hacer sus conferencias de prensa, permanecían casi vacío). Además de señalar la inocencia de sus familiares en actos de terrorismo, han apuntado a otras cuestiones de fondo: señalan como un peligro para la libertad de pensamiento y opinión que el llamado “Plan Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo” considere como acciones indirectas de este delito, la agitación y propaganda política, la participación en protestas, las expresiones de arte, a diferencia de las acciones directas que implican usar armas en las que ningún procesado fue encontrado.

En la Revista Ideele nos interesamos desde el inicio por este caso, porque consideramos que atenta contra los derechos humanos y el Estado de derecho. Perseguir las ideas, por más erróneas que nos parezcan, y de hecho nos parecen, no se condice con ningún régimen democrático. A más de 30 años de culminado el conflicto armado interno, existen grupos, incluso dentro del mismo Estado, que pretenden seguir manteniéndolo vivo, mediante la estrategia del terruqueo, para usufructuar de él.  Por este motivo, recogimos las opiniones de diferentes juristas y activistas de derechos humanos sobre este caso. Estas fueron sus declaraciones:

Gisela Ortiz, exministra de Cultura y familiar del caso La Cantuta

Nunca estuvieron claras las razones por las que se detuvo a este gran número de personas. [La libertad de pensamiento, de expresión y de opinión] son derechos que están consignados en la Constitución, pero que no están garantizados en nuestro país. Es una discusión que todavía nos la debemos como país. Es bien difícil cuando no tenemos esas garantías de libre expresión. Más allá de la acusación del delito que se tiene que probar, lo que se está haciendo es estigmatizar a personas que piensan de distinta forma y se les descalifica acusándoles de terrorismo. Pienso que la gente que es de izquierda, que es marxista, que es mariateguista, los luchadores sociales, deben tener la capacidad y la oportunidad de plantear sus diferencias políticas sin que esto les fuera a significar una persecución por las opiniones.

Cecilia Méndez, historiadora y profesora universitaria

Se trata esto como un tema tabú donde escasean los análisis objetivos. Se califica a estas personas como terroristas, pero alguien tiene que explicarme cuál es el terrorismo contra el que están luchando. En el VRAEM todo el mundo sabe que el tema que existe es el narcotráfico. No hay un esclarecimiento en la prensa, no hay una discusión de sobre a quiénes se está llamando terroristas, por qué se les sigue llamando terroristas.

Rocío Silva, ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Es algo muy delicado porque se está haciendo una persecución y han detenido a personas que han estado en la cárcel, pero que ya están en libertad porque ya cumplieron con su sanción. No tienen en cuenta que es una pena ya cumplida. No se ha hecho la debida diligencia ni respetando el debido proceso. Es un operativo que a mí me parece que no ayuda para nada en el proceso de memoria histórica.

No deben ser criminalizados, pero sí combatirlos con las ideas.

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado experto en pueblos indígenas

La forma cómo se intervino en el caso Olimpo fue desproporcionada, muy efectista ante la prensa y sin resultados concretos. Ese tipo de intervenciones sin un trabajo de investigación serio para acumular pruebas desgasta, deslegitima al sistema.

Creo que debe respetarse el cumplimiento de la pena. Todos tienen derecho a una reinserción, una resocialización. Esa criminalización interna creo que no contribuye a cerrar brechas en este país, a cerrar heridas.

José Saldaña, abogado especialista en temas de derecho constitucional

Toda violación de derechos humanos pone en peligro el ejercicio de las libertades. En este caso lo que vemos, en estos dos años, es que se ha detenido personas sin evidencias, lo cual muestra una vulneración al principio de presunción de inocencia. Se trata de personas que hacían actividad política, con lo cual uno puede discrepar, pero en la medida en que no existan otras evidencias se entiende que se les está persiguiendo por su pensamiento político.

Cruz Silva, coordinadora de IDL- Justicia Viva

Ha habido una falta de transparencia por parte del sistema de justicia y de la Policía sobre cuál es la hipótesis del caso, cuáles son los elementos probatorios, las decisiones del Poder Judicial sobre prisiones preventivas. Hemos visto cómo informes de la Policía señalan como terroristas a personas que simplemente llevan un libro o participan en una reunión o llevan folletos no necesariamente relacionados a participar en actos de violencia.

Guillermo Flores Borda, abogado financiero y ex candidato del Partido Morado

No podemos apresar personas en función a actos que aún no han cometido. Una idea per se, en tanto no sea una idea violentista, no sea una idea que eventualmente lleve a un acto terrorista, no debería ser disputada.

[Por tener una opinión más benevolente de Sendero] no creo que se deba mandar a prisión. Yo creo que es una idea atroz pensar algo así, pero no creo que por solo creerlo deban ir a prisión, porque no podemos condenar a personas en base a creencias.

Estamos hablando de gente del Movadef, ellos hablan de la amnistía con la cual todos no van a estar de acuerdo, pero en tanto no se caiga en la apología al terrorismo, no se les puede apresar.

Hoy admitimos que existe un partido como el fujimorista que tiene una candidata como Keiko que no reniega del pasado, sino que cada campaña su capital político es el gobierno de su padre que fue un dictador y se cometieron actos de terrorismo de Estado. Pero esas ideas y que ese partido haga política no se discute.

Julio Arbizú, ex procurador anticorrupción

Siempre que se dan operativos como ese, surge la sospecha que hay una suerte de ubicación de oportunidad, un intento de congraciarse con algunas personas. Pienso que es parte de un macartismo que todavía permanece en ciertos sectores de la política peruana con mucha intensidad y que es trasladado a los operadores de justicia lamentablemente.

Hay una Fiscalía que se ocupa no solo de estos presuntos rezagos del terrorismo o de la apología al terrorismo sino también de causas relacionadas a violaciones de derechos humanos. Recordemos que esa misma fiscalía que investigó el caso Olimpo es la que se dedicó inicialmente al caso del 14 de noviembre, distrayendo absolutamente la atención respecto de las indagaciones para concentrarse en estas pesquisas. Creo que es un juego para la tribuna, lo que me parece lamentable es que se juega también con la libertad, la tranquilidad y el procesamiento injustificado de muchas personas.

El terrorismo hoy es una herramienta de un sector de la política para instalar el miedo en algunas personas y posicionarse como los vencedores del terror cuando en verdad los grupos subversivos fueron derrotados hace mucho tiempo, los rezagos no son problemáticos. Los que quedan, el Movadef y los presuntos brazos legales de Sendero, tienen que ser derrotados en democracia e ideológicamente.

Gloria Cano, responsable del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)[1]

Tienes toda una estrategia de estigmatización de un determinado grupo de personas. Decían “Sí tenemos pruebas” “Sí se ha comprobado que se han reunido” “Se ha conformado todo un aparato criminal”. Tú escuchabas y parecía que hubiera habido un trabajo de inteligencia, un operativo con sustento.

Estamos 2022 y no tienes absolutamente nada. Al contrario, sabemos que están en liberando por el vencimiento de todas las prisiones preventivas y las ampliaciones que se les habían dado.

Hubo todo un operativo con esta estrategia del terruqueo ¿Qué tan sustentado estaba ese operativo?

Puedes criticarles, si no ha habido una decisión de reconocer los crímenes que haya cometido un grupo, pero lo que no puedes hacer es pensar que estas personas, porque están pidiendo la legalización de algo, componen ya una organización criminal. Creo que en este tipo de operativos hay una utilización del estigma que le mandas a determinados grupos para justificar, para tener una aceptación, para legitimar una acción que yo creo que va a ser judicialmente desestimada.

Yo tuve la oportunidad de leer una parte del atestado policial y lo que había ahí no era para nada estimable, no entiendo cómo un juez ha podido dar una prisión preventiva con esas pruebas.

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[1] Estas declaraciones fueron extraídas del primer foro “El terruqueo en debate” https://www.facebook.com/aprodeh/videos/5454070838015965