Escrito por Marco Antonio Vélez Fernández Revista Ideele N°235. Diciembre 2013

Este año, las acciones del Gobierno en el sector Defensa han tenido débiles avances que permitan afianzar las relaciones civiles-militares en democracia, así como garantizar el desarrollo de una efectiva institución militar que refleje muestras del respeto a la institucionalidad democrática y los derechos humanos.

Entre las acciones que han ido marcando un retroceso en este camino, primero ha estado el deseo del Gobierno de hacer efectivo el Servicio Militar Obligatorio, pese a algunos de los casos de vulneración de derechos fundamentales al personal voluntario del Servicio. Y, segundo, el preocupante resguardo policial a la casa del exoperador montesinista Óscar López Meneses, en el que se vio involucrado el propio jefe del Comando Conjunto, ex- y actuales autoridades del Ejército, y que solo ha llevado a una purga en la Policía sin la correspondiente sanción a las autoridades militares involucradas.

Servicio Militar Obligatorio vs. Inclusión social

De los decretos legislativos publicados en El Peruano en diciembre del 2012 por el Ejecutivo, uno de los muchos que fueron objeto de crítica, como el DL N° 1129, que establecía en su artículo 12.° el secretismo militar, fue el DL N° 1146, que modifica diversos artículos de la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar, e incorpora artículos en esta última con la finalidad de fortalecer la obligatoriedad. Al respecto, se complementa el artículo 50.° de la Ley N° 29248, referido al sorteo, con la finalidad de hacerlo efectivo, en vez de derogar tal artículo, que contradecía la esencia voluntaria del servicio militar. De esta forma, según las nuevas modificaciones, se realizaría un sorteo público entre las personas de edades entre 18 y 25 años para que sean incorporadas al servicio militar de forma obligatoria si el número de personal no es cubierto en las etapas de los llamamientos ordinarios y extraordinarios. Asimismo, los sorteados que no se incorporen serán multados con el 50% de una UIT, lo que equivale a aproximadamente 1.800 nuevos soles. En el caso de que se evada la multa, serán sancionados con la suspensión de los efectos legales del Documento Nacional de Identidad (DNI), el cual, simplemente, solo quedaría como documento de identificación.

Así, en marzo del 2013 el Ejecutivo realizó los mecanismos para la aplicación del sorteo con el decreto supremo 001-2013-DE/EP, que autorizaba el llamamiento extraordinario y que, en caso no se cubriera la cuota, se aplique aquel mecanismo. Finalmente, esto fue confirmado en el mes de junio con la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley del Servicio Militar, mediante decreto supremo 003-2013-DE, en el que se especificaban los procedimientos del sorteo, las características y los pasos que deberían realizar los exceptuados, lo que fortalecía el carácter discriminatorio y de vulneración de derechos fundamentales. Además, el Ministro de Defensa anunció que el sorteo se ejecutaría el miércoles 19 de junio.

Como consecuencia de esta acción del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de amparo en la que se sustenta la inconstitucionalidad del desarrollo del sorteo, ya que su ejecución manifiesta una amenaza que recae sobre los derechos constitucionales, como aquéllos al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación y al reconocimiento de la personalidad jurídica. Como resultado, el Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda y resolvió la suspensión del sorteo. En respuesta, el Ejecutivo, en vez de reivindicarse y buscar soluciones al fortalecimiento de la voluntariedad, ha apelado la sentencia.

Como vemos, este año las acciones del Ejecutivo sobre el sorteo han marcado un retroceso en lo que se refiere al proceso de incorporación del soldado a la ciudadanía. El servicio militar debe estar de acuerdo con unas Fuerzas Armadas que mantengan una eficacia organizativa y de espíritu mientras que sea capaz de adaptarse al cambio tecnológico y ser consistente con los valores democráticos. Por eso, se tienen que plantear soluciones que mejoren el sistema de captación mediante el fortalecimiento del sistema voluntario, como las políticas que el Gobierno viene implementando en el marco de la denominada “inclusión social” como Beca 18, el aumento salarial y la capacitación técnica, las cuales necesitan mejores estrategias de difusión. A esto debe sumarse la mejor implementación y difusión de los mecanismos que garantizan la protección de los derechos fundamentales del personal del servicio militar, como las oficinas de asistencia. Finalmente, la condición discriminatoria del sorteo por la multa no debe ser objeto de acciones por parte del Ejecutivo o del Congreso que eliminen esa figura y, a la vez, mantengan el sistema de sorteo, pues tal acción sería objeto de generación de mecanismos informales o de corrupción en las Fuerzas Armadas por parte de aquellas personas con recursos que quieran evadir el servicio militar.

Los sucesos ocurridos, así como las pocas acciones del Ejecutivo para esclarecerlos son una clara muestra de la todavía débil institucionalidad democrática que posee nuestro país

¿El retorno del montesinismo en las FF.AA. y las FF.PP.?

En el mes de octubre, después de la salida del premier Juan Jiménez Mayor debido a las críticas que recibió por no resolver los problemas de seguridad ciudadana y porque, en vez de plantear soluciones, solo declaró que existe una histeria en la sociedad frente al problema, juramentó como nuevo premier el presidente regional de San Martín, César Villanueva. En su mensaje en el Congreso para conseguir el voto de confianza (que logró después de un intenso debate que se prolongó hasta la madrugada del día siguiente), el Premier no abordó el problema con claridad; es más: estuvieron casi ausentes los temas referidos al sector Defensa. El mensaje se centró en los temas de seguridad ciudadana, y en cuanto a Defensa solo mencionó la creación de más bases militares para resolver el problema del VRAEM y la mejora en la articulación de inteligencia entre las FF.AA. y las FF.PP. para vencer el terrorismo. Esto se complementó con el desarrollo de más políticas sociales para derrotar al narcotráfico y al terrorismo en el VRAEM, ya que resaltó que no solo bastarían las acciones militares. En ese sentido, el discurso del nuevo Premier refleja todavía el vacío de la continuidad de reformas institucionales en el sector Defensa que permita una mayor participación de la sociedad civil, un fortalecimiento del Ministerio de Defensa y de las instituciones militares en democracia. Estas últimas deben mejorarse en el ámbito material, como repotenciamiento de armamento, investigación científica, políticas estratégicas para la defensa nacional, remuneración del personal militar (oficiales, suboficiales y de servicio militar); pero también en el ámbito de una institucionalidad que respete la democracia, los valores democráticos y los derechos humanos de la ciudadanía en general, en la que, obviamente, se incluyen los militares.

Una clara muestra de esta debilidad del Gobierno ha sido el hecho de que, a pocos días de la juramentación del nuevo Premier, salió en los medios de prensa que la casa de Óscar López Meneses, exoperador de Vladimiro Montesinos, recibía resguardo policial desde hacía mucho tiempo. En esta acción se vieron involucrados altos mandos militares como el jefe del Comando Conjunto, ya que, supuestamente, la casa que se protegía era de su propiedad. Así lo manifestaron las autoridades policiales designadas para tal fin por la autoridad militar. En respuesta a esta crisis, el presidente Ollanta Humala declaró a los medios de prensa que el suceso solo era un caso aislado de corrupción policial y que no afectaba al sector Defensa. Como consecuencia, solo se dio de baja a las autoridades policiales de más alto rango y se produjo la renuncia del ministro del interior, Wilfredo Pedraza. Lo reemplazó el ex defensor del pueblo, Walter Albán. Posteriormente, pasado un mes de ocurridos los hechos se formó en el Congreso una comisión a cargo del congresista Víctor Andrés García Belaunde para que investigue los sucesos mencionados y se establezcan responsabilidades.

Los sucesos narrados, así como las pocas acciones del Ejecutivo para esclarecerlos, son una clara muestra de la todavía débil institucionalidad democrática de nuestro país, que debe permitir un efectivo control civil de los institutos armados con cuadros civiles especializados para que haya una auténtica fiscalización de las políticas de Defensa, así como de las posibles irregularidades que se cometen en el sector. Además, esto debe ir acompañado de una sociedad civil organizada que vigile y fiscalice las acciones del Gobierno en los temas de seguridad y defensa nacional, pues ambos deben ser de interés de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, es preciso fortalecer en el Ejecutivo los mecanismos de fiscalización correspondientes para evitar acciones oscuras como la generación de mafias paralelas que vulneren los derechos fundamentales de los peruanos y que debiliten, a la vez, la solidez del régimen democrático. Esperamos que el Congreso, ya de por sí desprestigiado ante la sociedad por escándalos de corrupción de algunos de sus miembros y por los lamentables sucesos de la denominada “repartija”, ejerza una efectiva investigación y su acción no sea solo un saludo a la bandera. Por otro lado, esperamos que la prensa continúe informando sobre los hechos que involucren a Óscar López Meneses y su posible relación con el Gobierno u otros actores políticos a la opinión pública de forma objetiva, y que se ocupe de los acontecimientos que involucren al sector Defensa. Una clara muestra de avance del Estado en concebir las políticas de este sector como políticas públicas y, por tal razón, como un derecho ciudadano de participar y pedir información solicitada desde la sociedad civil, sería que el Tribunal Constitucional declarara procedente la denuncia hecha por la Defensoría del Pueblo sobre la inconstitucionalidad del artículo 12.° del DL N° 1129, que regula el sistema de defensa nacional que establece el secretismo de toda información que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional. En caso contrario, se estaría dando pie a que se fortalezcan las sombras de un pasado autoritario como el de la década de 1990.