Escrito por David Lovatón Revista Ideele N°234. Noviembre 2013

… y la democracia no puede crecer si
la corrupción juega ajedrez

 Juan Luis Guerra: “El costo de la vida”, 1992

Tan cotidiana es la corrupción en América Latina que el historiador peruano Alfonso W. Quiroz inicia su excelente libro, Historia de la corrupción en el Perú, con una cita de una recordada canción del cantante Juan Luis Guerra, al ritmo de la cual seguramente muchos de nosotros hemos bailado. Es que la corrupción hace bailar o invita a hacerlo a muchos, y los que nos resistimos —los menos— resultamos ser los aguafiestas, los “caganotas”, los aburridos o los raros de esos grandes festines que suele organizar la corrupción. Porque para ser corrupto tienes que prestarte a un conocido juego de actuación: jamás debes reconocer que lo eres; por el contrario, cuanto más fuerte se te escuche decir en público que respetas el Estado de derecho, mucho mejor; a la vez, intercambias miradas de complicidad y una que otra sonrisita con tus compadres, con los ‘vivos’ como tú. Mientras tanto, puedes firmar todas las declaraciones y planes que te pongan al frente.

Dejémonos de medias tintas: ésa es la realidad. Los abogados, jueces, fiscales, funcionarios, policías, honestos o no, que lean este artículo coincidirán con lo que acabamos de afirmar. El primer paso para enfrentar un problema es reconocer que existe en la magnitud que existe en el Perú; y el nuevo primer ministro, César Villanueva, lo sabe perfectamente, porque ya ha gobernado en el ámbito regional y debe haberse enfrentado o sorteado a varios tiburones y peces chicos de la corrupción. Desde la sociedad civil podríamos recomendarle muchas medidas anticorrupción al nuevo Premier, pero no creemos que valga la pena; recetas, fórmulas y planes ya hay como cancha; basta revisar la excelente página web de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) (http://can.pcm.gob.pe/), adscrita precisamente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En ese sentido, el verdadero reto para el nuevo Primer Ministro es llevar a la práctica, al menos parcialmente, los excelentes planes, estrategias, propuestas, proyectos de ley, etcétera, que ya están contenidos en dicha página web; esto es, pasar de la realidad virtual a los hechos. De inmediato se nos replicará que muchas de esas medidas no dependen del Gobierno sino del Parlamento, del Poder Judicial o de órganos constitucionales autónomos como el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional; si bien ello es verdad, también lo es que el Gobierno bien podría “meterle más presión” a los otros poderes del Estado u órganos autónomos, con el fin de que aprueben o implementen dichas medidas, pues de lo contrario perjudicarán —aún más— la lucha anticorrupción en la que dice estar embarcado este Gobierno.

Y si “meterles presión” tampoco sirve, entonces al menos deben denunciar públicamente la falta de colaboración de tal o cual autoridad. ¿Que eso genera conflicto? ¡Pero por supuesto que genera conflicto! De eso se trata precisamente: de dar la batalla, de enfrentarse, de denunciar; por eso esta política pública se llama “lucha” anticorrupción (no “diálogo” ni “negociación” sino “lucha”). Al respecto, es sintomático que el símbolo de la CAN en su página web sea, precisamente, un puño que está intentando golpear —suponemos— a los corruptos.

Ahora bien: una cosa es pedir que lo hagan y otra es hacerlo; sobre todo teniendo un Presidente que no se ha caracterizado hasta ahora por su coraje y firmeza para enfrentar el gravísimo problema de la corrupción ni de la inseguridad ciudadana, y al que en la calle más bien ya lo han comenzado a llamar “cosito”. Pero, a la vez, Villanueva ha aceptado ser su cuarto Primer Ministro y, por ende, más allá de simpatías y expectativas personales, debe asumir su responsabilidad ante el país y no limitarse a la realidad virtual de planes y proyectos. Debe pasar a la acción; y en ese terreno, nos permitimos hacerle solo tres recomendaciones. No pretendemos, en absoluto, que “acabe” con la corrupción durante su gestión en la PCM —eso es imposible aquí y en Finlandia—; solo queremos que intente sacar del marasmo al país y que no “actúe” contra la corrupción sino que trate de “luchar” auténticamente contra ella:

1. Que el Gobierno tenga como verdadera prioridad que el Parlamento designe —de una buena vez— a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y al nuevo Defensor del Pueblo, sin repartijas y con profesionales decentes cuyo principal mérito no sea pertenecer al partido. El presidente Humala y el nuevo Primer Ministro tienen la responsabilidad de liderar a su bancada en el Congreso para que se produzca esta elección antes de que termine esta legislatura; no es verdad que el Presidente de la República no puede ni debe entrometerse en estos procesos, pues es lo que hizo permanente y proactivamente Alan García en sus dos gobiernos en relación no solo con el TC sino también con la Corte Suprema y el Ministerio Público.
   
   La pasividad del Ejecutivo en este tema le puede costar muy caro. Es posible que los magistrados provisionales del TC le hayan ofrecido el oro y el moro para quedarse un tiempito más, pero se les pueden voltear en cualquier momento, pues está claro —a la luz de algunas de sus polémicas decisiones— que no son de fiar
   
2. Que el Gobierno exija a la bancada oficialista que al menos una vez en su vida echen mano del control parlamentario y sometan a investigación y eventual acusación constitucional a algunos magistrados del TC, jueces de la Corte Suprema o consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), muy cuestionados por fallos o decisiones realmente lamentables. En lo que va de la recuperación de la democracia, el Parlamento solo ha destituido a uno: el exconsejero Anaya, del CNM.
   
   La pasividad del Ejecutivo en este tema no solo le puede costar caro sino que ya le está pasando factura. Por ejemplo, los jueces que reincorporan irregularmente a policías corruptos y hasta delincuentes han sido elegidos y son evaluados por un CNM cuestionado. La lentitud judicial o decisiones que en ocasiones generan responsabilidad internacional del Estado peruano se deben a jueces y fiscales que no deberían seguir en sus cargos. En el caso del TC, ha emitido sentencias francamente escandalosas como la reciente que favoreció a dos candidatos a fiscal supremo, sin importar los serios cuestionamientos que penden sobre éstos. Todos, absolutamente todos, los esfuerzos anticorrupción que intente el Gobierno podrán estrellarse contra el muro de la impunidad o lentitud judicial, o perderse en laberintos procesales, muchos de los cuales ya sabemos que llevan al partido de la estrella o a bien montadas redes de corrupción.
   
3. Finalmente, que apoye más —política y económicamente— al procurador anticorrupción Julio Arbizu. Un indicador de que está haciendo bien su trabajo es que el fujimorismo y el APRA lo ataquen y pidan su cabeza. Si bien el Gobierno lo ha mantenido en el cargo, no basta con ello: debe expresar públicamente su respaldo a la labor que viene desempeñando y fortalecer las procuradurías anticorrupción, por ejemplo, para colaborar en la investigación de auténticas mafias que existen en la Policía Nacional y en las cárceles. Se podrá estar de acuerdo o no con el estilo de Julio Arbizu, pero jamás podrán decir de él que es un procurador “cosito”.