Escrito por Modesto Montoya Revista Ideele N°234. Noviembre 2013

La historia peruana muestra que, salvo honrosas excepciones, los empresarios (grandes o pequeños) han impulsado principalmente actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales no renovables o con mano de obra barata. Este modelo no es sustentable; pero, por razones culturales y económicas, la empresa no logra superar esa etapa de su desarrollo. Así las cosas, corresponde al Estado crear las condiciones para incentivar a las empresas limpias y competitivas basadas en ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CTI), con alta demanda de trabajo calificado y de investigación avanzada. El éxito de esta política convertirá al Perú en un país desarrollado e inclusivo.

En la actual estructura del Estado, y según las normas que lo rigen, se necesita un ministro que, desde el Consejo de Ministros, coordine con todos los sectores productivos y sociales para utilizar el conocimiento científico y tecnológico en la aplicación de las políticas de desarrollo.

La falta de un enfoque científico-tecnológico en el Consejo de Ministros permite situaciones como la devastación de los cultivos de café a causa de la roya, la que ha generado un escándalo nacional e intensos debates entre los científicos, luego del cual el CONCYTEC apenas empieza a preocuparse por el tema. En el Consejo de Ministros, un ministro de ciencia y tecnología hubiera podido enterarse de los retos científicos y tecnológicos de cada sector e iniciar tempranamente las investigaciones para reducir los riesgos de la falta de previsión.

Los retos actuales son enormes. Hoy se necesitan tecnologías limpias que cambien el modo de producción de la pequeña minería, la pesquería, la agricultura (entre otros sectores) y lo reemplacen por uno no contaminante y generador de alto valor agregado.

Las empresas privadas podrían haberlo hecho, en particular las mineras, ahora favorecidas por los precios de mercado, pero no se deciden a correr el riesgo de inversión en laboratorios. Para no tener que levantar los suyos, esas empresas habrían podido asociarse con las instituciones de investigación; pero les falta confianza en las instituciones de ciencia y tecnología. Las instituciones universitarias privadas también tienen la libertad para incentivar la investigación, mediante remuneraciones para los profesionales que investigan y tienen resultados; pero pocas aplican esa política.

El Estado debe impulsar universidades y centros de excelencia en ciencia y tecnología, con los cuales las empresas puedan realizar proyectos de colaboración. Sin embargo, hasta ahora persisten las trabas que desincentivan la investigación entre los profesionales que trabajan en las universidades e instituciones estatales dedicadas a la ciencia y la tecnología.

Los reglamentos de evaluación de docentes universitarios casi no toman en cuenta la investigación: pesan más la enseñanza y los cargos administrativos. La situación se agravó al eliminarse el requisito de realizar tesis para obtener un título profesional. La tesis ha sido reemplazada por cursos adicionales que acentúan el carácter escolar de las universidades.

Además, por la Ley del Canon Minero se asignan recursos a las universidades estatales para que, supuestamente, realicen proyectos de investigación; pero solo permiten construir edificios y comprar equipos, al tiempo que prohíben retribuir a los investigadores que participan en los correspondientes proyectos. Así, salvo excepciones, los docentes no proponen proyectos de investigación, por lo que esos recursos se están acumulando improductivamente en el banco.

En los organismos públicos de ciencia y tecnología está prohibido aumentar el número de investigadores científicos. Y para los que alguna vez ingresaron está prohibido que asciendan de nivel aunque tengan méritos para ello. En el Estado solo pueden ingresar o ser ascendidos por méritos los que tienen ley de carrera, como son los casos de militares, policías, jueces, diplomáticos y agentes penitenciarios. Además, no se puede incrementar el número de investigadores, pero hay organismos públicos diferentes que tienen funciones que se superponen, lo que infla el aparato burocrático.

El cambio de las mencionadas normas que traban el desarrollo de la ciencia y la tecnología solo lo puede proponer un ministro, en el seno del Consejo de Ministros. Un Ministerio de Ciencia y Tecnología puede impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica, coordinando con los agentes de desarrollo social y económico en todos los sectores de la actividad humana. La coordinación conlleva la optimización en el uso de los recursos para la solución de los problemas, pues elimina la duplicación de esfuerzos (especialmente burocráticos) y la competencia destructiva entre las instituciones. Este Ministerio deberá impulsar la cooperación entre la academia y la empresa para aumentar el nivel de competitividad del país.

La existencia de un ministerio de ciencia y tecnología permitirá que este sector, columna vertebral del desarrollo actual de las investigaciones nacionales, en un siglo caracterizado por la competencia basada en el conocimiento, esté transversalmente presente en las políticas del Estado peruano, que debe estar decidido a quitarnos el estigma de país primario-exportador, pero, sobre todo, a elevar el nivel de vida de los peruanos.