Escrito por Juan Rivera Palomino Revista Ideele N°231. Junio 2013

No hay autonomía sin democracia ni viceversa. Ambos conceptos están íntimamente relacionados y esta discusión ha sido dejada de lado en el debate sobre la Ley Universitaria. Para comprender la relación es necesario primero revisar ambos conceptos.

La Universidad, para poder cumplir sus fines académicos y sociales, debe ser una institución autónoma, es decir, independiente de cualquier sujeción a entidades externas, sea el Estado, los gobiernos, los partidos políticos, la Iglesia o los grupos de poder. Internamente, la universidad no debe estar sometida a los intereses políticos de sus miembros, de los gobiernos o de algún sector de la Iglesia.

Autonomía significa autodeterminación, independencia para tomar las decisiones académicas, administrativas, de política educativa y de formación, de docencia, de investigación, de proyección social. Autonomía, a su vez, para organizar y administrar la universidad de tal forma que sirva a la consecución de los fines académicos y sociales. Una Universidad autónoma debería poder optar por el modelo de organización que más le convenga, planificar y programar sus actividades, elegir a sus autoridades sin presiones externas ni internas, promover a sus profesores y disfrutar también  de autonomía económica. 

La autonomía no es ni debe ser privilegio de un sector ni de los órganos de Estado. Por esta razón, la representación directa e indirecta de la Comunidad Universitaria debería decidir lo que más le conviene con plenos conocimiento y  participación.

Este punto nos lleva a plantear la relación estrecha que debe haber entre autonomía y democracia. Hay democracia cuando toda la comunidad universitaria participa en el proceso de autodeterminación. Para esto es necesario implementar modelos y estructuras organizativas democráticas, no autoritarias, como las que existen y se dan actualmente. Los currículos, el comportamiento o la performance o desempeño profesional deben ser democráticos. Tan importante como eso. La elección de las principales autoridades debe ser mediante voto directo y universal, sin mediaciones que se han prestado durante años a la componenda y denuncias de pagos de favores.

En este sentido, concordamos con el filósofo mexicano Adolfo Sánchez Vásquez cuando afirma que “autonomía sin democracia es autonomía para un sector que se destaca y se separa de ellos (del resto de la comunidad universitaria) pero no para toda la universidad”. (pág. 155). 

En este sentido, para que la universidad, sea estatal o particular, se democratice, debe practicarse tanto la democracia directa como la representativa, con todos los procedimientos de aquella como la consulta de bases, el referéndum académico, la revocabilidad de autoridades cuando no cumplen con el reglamento, el estatuto y la ley, cuando malversan fondos o los destinan para fines no universitarios, etc.

La autonomía dentro de un contexto democrático también es una condición indispensable para ejercer la docencia, la investigación con libertad de pensamiento, libertad de investigación y libertad de “cátedra”,  ya que sin estas libertades no es posible producir conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, ni transferirlos a los alumnos en forma democrática ni proyectarlos a la sociedad.

Si el Estado, la sociedad y los gobiernos desean que la universidad contribuya al desarrollo integral, es indispensable que no intervengan, sometan ni obstaculicen el normal desarrollo y funcionamiento de la misma. 

Las universidades-partido político, universidad-iglesia, universidad-empresa, al instrumentalizar a la universidad han producido la violación de la autonomía universitaria dando paso a un uso y abuso de la misma.

Si el Estado, la sociedad y los gobiernos desean que la universidad contribuya al desarrollo integral, es indispensable que no intervengan, sometan ni obstaculicen el normal desarrollo y funcionamiento de la misma

¿Qué sucede en la universidad peruana? En primer lugar nos encontramos con lo que podemos denominar Universidad-Partido Politico. Es el caso del APRA, que controla política y académicamente a cuatro universidades: la universidad pública Federico Villarreal y las privadas Inca Garcilazo de la Vega, San Martin de Porres y Jose Carlos Mariategui de la Región Moquegua con sede en Lima. En todas estas instituciones predomina el control político e ideológico por sobre el académico, que está supeditado al anterior. El aspecto Administrativo está dirigido y controlado por miembros del partido. Como se puede notar en estas instituciones no existe autonomía universitaria, mucho menos democracia. La pregunta que salta a la vista es cómo es que los poderes del llamado Estado y la Asociación Nacional de Rectores a través del CONAFU permiten esta situación anómala, ilegal y anticonstitucional. En estas seudouniversidades se prohíbe el ingreso de profesores de universidades de San Marcos, La Cantuta y la Nacional de Ingeniería. Casos o ejemplos sobran. En este  momento, los apristas están intentando apoderarse del control de la Cantuta y de San Marcos. Hay el intento  de apristisar estas dos universidades. ¿Qué va ser la Comisión de Educación del Congreso o la ANR? Un ejemplo privado de la Universidad- Partido Político es también el del alcalde de Trujillo César Acuña, la Universidad César Vallejo, una de las plataformas para construcción de su partido político y de su candidatura presidencial.

Situación parecida sucede con las Universidades-Iglesia, como la Universidad de Piura que controla el Opus Dei, que pretende además controlar la Universidad Católica del Perú. No se da pues la reclamada y protegida Autonomía ni la democracia, deseables para formar buenos profesionales y seres humanos con base científica. Es el mundo de las dicotomías irresueltas, originadas desde San Anselmo, Santo Tomas: cuerpo y alma, amor y sexo, creación-evolución, verdad científica – verdad teológica, etc. Existen otras universidades católicas o cristianas con otras variantes, pero en el fondo son lo mismo. 

El pragmatismo neoliberal también ha dado lugar a universidades privadas empresariales y mercantilistas, mediocres en la mayoría de los casos y con fines de lucro. Este fenómeno surgió durante el gobierno de Fujimori quien emitió el decreto-ley 882 para promover la inversión privada en la educación. Las universidades privadas de mala calidad  cuentan con personal docente mal pagado y, por ende, de bajo nivel académico, incluso en sus programas  de maestría y doctorados. Doctrinariamente funcionan de acuerdo con su ideología política y educativa que conduce a trabajar con docentes que concuerdan con la misma y a excluir a los que no concuerdan con ella. La consecuencia es que egresan como magisters, con tesis de bajo nivel de calidad académica y habiendo pagado un alto costo económico.

Por consiguiente, el Proyecto de Ley Universitaria, al no tomar en cuenta esta nefasta realidad socioeducativa, evade la situación de la universidad peruana ya que en la práctica no se da la tan cantada autonomía, y mucho menos la democracia institucional que va de la mano. La solución a este problema no es la creación de instituciones controlistas, coactivas o autoritarias. Mucho menos lo es el llamado “Club de Rectores” de la ANR, pues la realidad ha demostrado que durante años han acreditado el funcionamiento de universidades privadas de pésima calidad. 

La solución a este aspecto de los problemas de la Universidad Peruana pasa por constituir una institución democrática que esté integrada por los mejores profesionales e intelectuales del mundo de la ciencia, la tecnología, las humanidades y el artístico, incluyendo actores regionales relevantes. Es decir, una institución que garantice a la sociedad independencia, coherencia, conocimiento y compromiso con la solución de los problemas de la educación peruana.