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En estos dos años de gobierno del presidente Ollanta Humala, los avances en el sector Defensa en materia de modernización y consolidación de roles en democracia han sido limitados, y en algunos casos se ha retrocedido. Si bien se comenzó con una expectativa en la mejora social y económica de la situación del personal militar, los resultados han sido distantes de la política gubernamental de la inclusión social. A continuación presentamos un análisis de los cambios, avances y hasta retrocesos que se han desarrollado.

Primer año de expectativas, avances y fracasos
Las expectativas empezaron con el anuncio de propuestas para mejorar las Fuerzas Armadas, como el incremento de remuneraciones y pensiones al personal militar (activo y en retiro) y el fortalecimiento del Servicio Militar Voluntario con programas como Beca 18 y la creación del Instituto Superior Tecnológico. Sin embargo, el desarrollo de estas propuestas no ha ido acompañado de un efectivo control civil-democrático del sector Defensa para lograr el buen cumplimiento de esas políticas y fortalecer las relaciones civiles-militares en democracia.

La primera gestión de Daniel Mora Zevallos se caracterizó por iniciar el proceso de aplicación de las propuestas del Gobierno; sin embargo, debido a la pronta renuncia del premier Salomón Lerner no se pudo obtener los resultados que se esperaban. Además, la gestión del ministro Mora tuvo cuestionamientos en cuanto al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para el respeto de la democracia y los derechos humanos, debido a la insinuada propuesta del ministro sobre una “ley de punto final” para la judicialización de militares acusados de cometer violaciones de tales. El rechazo de la sociedad civil y la presión mediática, que consideraron que se buscaba la impunidad, lo llevaron a rectificarse.

La segunda gestión, la de Alberto Otárola Peñaranda, tuvo un inicio positivo, pues se empezaron a implementar diversas políticas públicas para fortalecer la operatividad de las Fuerzas Armadas, en especial en el servicio militar. Por ejemplo, en diciembre del 2011 se promulgó, mediante resolución ministerial 1527-2011/DE/SG, el aumento de las remuneraciones del personal del servicio militar, cuyos montos aún se mantienen. También se comenzaron a fortalecer los beneficios para la accesibilidad de los licenciados del servicio militar al estudio de carreras técnico-productivas en SENATI o SENCICO con el programa Beca 18, bajo la modalidad de caso especial. Sin embargo, su gestión se vio dañada por la pésima acción conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante la “Operación Rescate”, en la que murieron 11 efectivos entre policías y militares. La presión política de la oposición, que hizo posible una acción de censura, obligó al Ministro a renunciar.

La gestión de José Urquizo fue cuestionada por su inexperiencia en temas de defensa, así como por la posibilidad de que estuviera implicado en posibles actos de corrupción cuando fue ministro de la Producción. En su gestión en Defensa hubo cambios en los altos mandos de los institutos armados y del Comando Conjunto, por los resultados de la ya citada “Operación Rescate”. También se anunció la creación del Plan VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), que articularía a diversos ministerios para poner en marcha políticas públicas económicas y sociales orientadas a combatir el narcotráfico y el terrorismo.

Segundo año de reformas cuestionadas
El segundo año de gobierno empezó con un tercer Gabinete y la cuarta gestión en la cartera de Defensa a cargo del ministro Pedro Álvaro Cateriano Bellido. A los pocos días de instalado, el Ejecutivo sorprendió con un proyecto de ley para legislar en materia de Defensa e Interior por 90 días, lo que generó preocupación en la opinión pública por las posibles “reformas” en ambos sectores. Aun así, el proyecto fue aprobado por el Congreso. La propuesta tenía como fin la mejoría de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, en el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, en la carrera militar, en el servicio militar, en el sistema de fiscalización y adquisición de recursos materiales, y en el sistema de remuneraciones y pensiones.

En el mes de diciembre del 2012, cuando se cumplió la fecha estipulada, se promulgaron los decretos legislativos. Un grupo establece cambios —de alguna manera— efectivos para el sector Defensa, como el aumento de remuneraciones y pensiones. Sin embargo, lo preocupante fue que se promulgaron otros decretos que amenazaban la participación de la sociedad civil en los temas de Defensa. Sobresale al respecto el decreto legislativo 1129, que modifica el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, pues su artículo 12.° vulneraba el derecho al acceso de información pública, pues se estipulaba el secretismo total de la mayoría de acciones o medidas que se implementarían en el sector. Sin embargo, al parecer, la presión mediática y algunas acciones de organizaciones de la sociedad civil, como la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a principios del año 2013, solicitada por el Instituto de Defensa Legal, tuvieron ciertos efectos, pues en el artículo 20.° del Reglamento del decreto mencionado (aprobado por decreto supremo 037-2013-PCM) se establecen los mecanismos de accesibilidad a la información del sector Defensa según el artículo 2.°, inciso 5, de la Constitución y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Otra de las reformas que planteó uno de los decretos legislativos promulgados, y que en el transcurso de este año ha sido objeto de debate en la opinión pública, es aquélla referida a la voluntariedad del servicio militar. Lo último se debe a que el decreto legislativo 1146, que modifica diversos artículos de la ley 29248, Ley del Servicio Militar, incorpora artículos en esta última ley con la finalidad de fortalecer la obligatoriedad. Esto último debido a que se complementa el artículo 50.° de la ley 29248, referido al sorteo con la finalidad de hacerlo efectivo, en vez de derogar tal artículo, que contradecía la esencia voluntaria del servicio militar. De esta forma, según las nuevas modificaciones, se realizaría un sorteo público entre las personas de edades entre 18 y 25 años para que sean incorporados al servicio militar de forma obligatoria si el número de personal no es cubierto en las etapas de los llamamientos ordinarios y extraordinarios. Asimismo, los sorteados que no se incorporen serán multados con el 50% de la UIT, lo que equivale a aproximadamente 1800 soles. En el caso de que se evada la multa, serán sancionados con la suspensión de los efectos legales del Documento Nacional de Identidad (DNI), el cual, simplemente, solo quedaría como documento de identificación.

Esta norma es claramente discriminatoria, ya que está dirigida a reclutar a los jóvenes de escasos recursos económicos que, al no poder pagar la multa, tienen que ir indefectiblemente a realizar el servicio militar bajo la amenaza de suspender su DNI, es decir, de un documento que permite llevar a cabo sus derechos como ciudadanos. En este sentido, se establecería una forma simbólica e indirecta de reclutamiento forzado, prohibido este último por la propia Ley del Servicio Militar en su artículo 6.°. Además, la norma también excluye del sorteo a los universitarios, pero no a aquéllos que realizan estudios de carreras técnicas. Así, también en esto es inconstitucional, por discriminatoria, ya que vulnera diversos derechos como la libertad de elección laboral o profesional y el reconocimiento de la personalidad jurídica o ciudadanía por la inminente anulación del DNI. Además, va en contra del discurso de “inclusión social” que promueve el Gobierno y es un contrasentido a las políticas implementadas que pretenden fortalecer el Servicio Militar Voluntario, como Beca 18, el aumento salarial y la capacitación técnica.

Sin embargo, al parecer el Gobierno hizo caso omiso a las críticas al mencionado decreto, pues en marzo del 2013 dio luz verde a la aplicación del sorteo con el decreto supremo 001-2013-DE/EP, que autorizaba el llamamiento extraordinario y que, en caso no se cubriera la cuota, se aplique aquel mecanismo. Finalmente, esto fue confirmado en el mes de junio, con la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley del Servicio Militar, mediante decreto supremo 003-2013-DE, en el que se especificaban los procedimientos del sorteo, las características y los pasos que deberían realizar los exceptuados, lo que fortalecía el carácter discriminatorio y de vulneración de derechos fundamentales. Además, el Ministro de Defensa anunció que el sorteo se ejecutaría el miércoles 19 de junio.

Como consecuencia de esta obstinada acción del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo ha cumplido un papel protagónico al impedir la realización del sorteo. Esto último debido a que envió recomendaciones al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y al presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, José Urquizo, para revisar la ley; también realizó el informe de adjuntía 007-2013-DP/ADHPD, en el que se recomienda medidas para lograr un Servicio Militar Voluntario que respete los derechos fundamentales, puesto que el informe sostiene que en la actualidad existe un elevado número de personas que desertan (por ejemplo, en el año 2012 el Juzgado Militar Policial tramitó 5.173 procesos por delitos de deserción) a causa de maltratos o incumplimiento de beneficios de la Ley. Además, también se continuaba con el reclutamiento indebido de menores de edad.

Sin embargo, estas recomendaciones, al parecer, no han sido consideradas por los representantes de las instituciones receptoras. Por el contrario, ellas desarrollaron una campaña de desprestigio a una institución que garantiza el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. Por tal razón, la Defensoría presentó una demanda de amparo en la que se sustenta la inconstitucionalidad del desarrollo del sorteo, ya que su ejecución manifiesta una amenaza que recae sobre los derechos constitucionales como al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación y al reconocimiento de la personalidad jurídica. Como resultado, el Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda y resolvió la suspensión del sorteo. En respuesta, el Ejecutivo, en vez de reivindicarse y buscar soluciones al fortalecimiento de la voluntariedad, ha apelado la sentencia.

Como hemos visto, las acciones del Gobierno en estos dos años han tenido ciertos avances en materia de reformas en el sector Defensa, como el aumento de remuneraciones y pensiones, así como la mejora del servicio militar con el incremento de la propina y la capacitación técnico-productiva. Sin embargo, ha habido también ausencias, como aquéllas referidas a la situación de las mujeres militares y una mejor implementación de políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación por embarazo en el proceso de formación, como ha ocurrido en algunos casos registrados en estos años. En cuanto al servicio militar, las últimas acciones sobre el sorteo han marcado un retroceso en lo que se refiere al proceso de incorporación del soldado a la ciudadanía.

El servicio militar debe ser acorde con unas Fuerzas Armadas que mantengan una eficacia organizativa y de espíritu mientras que sea capaz de adaptarse al cambio tecnológico y ser consistente con los valores democráticos. Por eso, se tiene que plantear soluciones que mejoren el sistema de captación mediante el fortalecimiento del sistema voluntario como las políticas que el Gobierno viene implementado, las cuales necesitan mejores estrategias de difusión. A esto debe sumarse la mejor implementación y difusión de los mecanismos que garantizan la protección de los derechos fundamentales del personal del servicio militar, como las oficinas de asistencia. También se tiene que modificar la ley 29417, la de creación de la “tropa especialista”, que se caracterizaría por ser una tropa profesionalizada con personal reenganchado del servicio militar para garantizar una mejor operatividad del Ejército, que se ve afectado por la renovación de personal cada dos años. Finalmente, la condición discriminatoria del sorteo por la multa no debe ser objeto de acciones por parte del Ejecutivo o del Congreso que eliminen esa figura y, a la vez, mantengan el sistema de sorteo, pues tal acción sería objeto de generación de mecanismos informales o de corrupción en las Fuerzas Armadas por parte de aquellas personas con recursos que quieran evadir el servicio militar.