Escrito por César Bazán Seminario Revista Ideele N°231. Junio 2013

El comandante EP(r) Ollanta Humala Tasso es hace dos años presidente del Perú. Transcurridos más de setecientos días de inicio de su gestión, nos queda claro que no es el monstruo chavista que pintaba la derecha asustada, sino un presidente dispuesto a vivir el día a día, transitando de crisis en crisis, cada vez menos vinculado a sus bases y apoyándose en militares y empresarios y con la aprobación más alta que han tenido sus predecesores al iniciar su tercer año de gobierno. Antes de ser presidente, Humala ya había dejado de lado el Plan de la Gran Transformación. Ese acto le permitió ganar la segunda vuelta, pero en esa sacudida se cayó no solo la propuesta de cambio de modelo económico, sino también echó por la borda ideas para enfrentar la inseguridad ciudadana, reformar la justicia, reparaciones a las víctimas de la violencia política, lucha contra la corrupción y otras propuestas valiosas. El acto simbólico de desechar el Plan de la Gran Transformación trajo consigo también la falta de una hoja de ruta en materia de seguridad ciudadana, ausencia que ha caracterizado a la gestión.

Como corresponde cada 28 de julio, en este artículo desde IDL-SC plantearemos algunas ideas a manera de balance en materia de seguridad ciudadana, jugando con dos aproximaciones clave del debate: percepciones y “realidad”.¹ Analizaré lo que siente la gente respecto de la lucha contra la delincuencia y lo que hace el gobierno para mejorar las condiciones de seguridad y para contrarrestar la alta percepción de inseguridad, que tenemos los peruanos.

De la confianza al desaire (en el problema que es percibido como el principal del país)

Los peruanos no nos sentimos seguros en las calles, en los parques, en las oficinas, en el campo, tampoco en nuestras casas. Cuando Ollanta Humala asumió el gobierno, la ciudadanía peruana tenía claro que la falta de seguridad era el problema que le quitaba el sueño y esa percepción ha ido en aumento. Los peruanos y peruanas sentimos actualmente que la delincuencia y la inseguridad son el problema número uno del país y esperamos que el gobierno reaccione fuertemente.

Y aunque la ciudadanía se siente desprotegida actualmente, eso no fue así al inicio del gobierno. De acuerdo a las encuestas de la campaña presidencial, Ollanta Humala era percibido como el candidato que mejor preparado para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado (29% en febrero de 2011, según Ipsos-Apoyo). No es difícil colegir que quizá esa sea una de las razones que explique su triunfo electoral. Como fuese, en los dos años que han transcurrido desde aquel 28 de julio del 2011, la ciudadanía ha pasado de la confianza en lo que puede hacer el gobierno –con un ex militar a la cabeza- al desaire.

La aprobación presidencial ha caído considerablemente y en todos los sondeos de opinión se muestra que el principal pasivo del gobierno es la seguridad ciudadana. Por ejemplo, en la encuesta nacional urbana de GfK, de junio de 2013, el 53% de encuestados se identificaron con la afirmación de que el gobierno de Ollanta Humala no combate la delincuencia, desaprobación que creció 6 puntos respecto de la medición de mayo. Igualmente, cuando se pregunta cómo se maneja el tema de la lucha contra la delincuencia, el 58% percibe que se hace mal o muy mal, a la par que también se juzga así a la lucha contra la corrupción y a la administración de justicia. Dos temas que son claves para enfrentar a la delincuencia y generar calles y hogares seguros. Y ahí, la aprobación del Poder Judicial no supera el 20%.

La gente está perdiendo paulatinamente la confianza en que el presidente Humala pueda plantear medidas exitosas para enfrentar la delincuencia y la inseguridad, y esa pérdida de confianza se manifiesta en la aprobación presidencial.

La “realidad”: de la inestabilidad, la búsqueda de buenas cabezas y la necesidad de un plan

Ahora bien, la pérdida de confianza no es gratuita. Un punto clave para avanzar hacia mejores condiciones de seguridad ciudadana es contar con las personas correctas en los puestos adecuados. Y eso es algo que no ha sucedido a lo largo de estos años. Salvo el período del ministro Pedraza, el sector se ha caracterizado por la inestabilidad y por contar con autoridades cuyo aporte se califica con rojo. En efecto, Oscar Valdés (julio – diciembre de 2011), Daniel Lozada (diciembre de 2011 – mayo de 2012), Wilber Calle (mayo – julio 2012) fueron los encargados de la cartera hasta antes del actual titular Wilfredo Pedraza (julio de 2012 hasta la actualidad). Y en el caso de los tres primeros, presenciamos graves crisis políticas, deficiencias, desinteligencia, cuando no abusos del poder policial en torno a las protestas sociales, en especial por Conga y Espinar. Pero además, el Director General de la Policía Nacional era el General Raúl Salazar, fuertemente cuestionado por su participación en el negociado por el desalojo de la azucarera Andahuasi a favor del Grupo Wong, que le costó el puesto al segundo vicepresidente del Perú, Omar Chehade. Dicho director estuvo muy seguro en el puesto. De hecho vio caer varios ministros, hasta que una crisis mediática y política obligó al gobierno a optar entre él o el Ministro del Interior en el primer cuatrimestre del 2013.

La falta de liderazgo, que caracterizó el accionar del gobierno hasta antes de la relativa estabilidad brindada por el ministro Wilfredo Pedraza, llegó inclusive a los más altos niveles. En ese sentido fue alarmante escuchar al presidente Ollanta despreocuparse del tema de la seguridad en una entrevista de setiembre del 2012 y oírlo decir que éste no es un problema de Estado y que corresponde principalmente a los alcaldes enfrentarlo (ver: aquí).  Esto se vio reflejado en la poca importancia, que el presidente le da –incluso hasta ahora- al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC, espacio donde se deberían elaborar los planes concertados sobre seguridad ciudadana.

Sin las personas adecuadas y sin un plan nacional, se avanza solo con acciones desarticuladas, que no constituyen una política pública, sino esfuerzos aislados, cuando no reactivos a lo que dicta la prensa y la exigencia ciudadana. La falta de un plan se justifica, entre otras razonas, a que el CONASEC no logra cuajar. Sin recibir el respaldo que merece, pero también considerando los problemas estructurales de las entidades del Estado por compartir información sobre sus actividades y coordinar estrategias conjuntas, el CONASEC ha perdido el peso que le corresponde. El gobierno debe comprender que este es un espacio vital y desarrollar los esfuerzos necesarios para que la reciente aprobación del plan 2013-2018 no sea una medida efectista, sino la oportunidad de un nuevo amanecer para el CONASEC.

Más “realidad”: ese viejo conocido llamado corrupción

Ahora bien, hagamos el ejercicio de imaginar que tenemos un buen plan, buenas cabezas y respaldo político. Aún en ese escenario ideal, uno de los problemas que este gobierno tiene en frente consiste remontar las prácticas corruptas que lastran cualquier esfuerzo por conseguir una PNP eficiente.  Como dicen algunos, es necesario sanear la PNP, cerrar campo de acción a la corrupción de los propios oficiales en espacios conocidos como: compras, medicina en hospitales policiales, gasolina, tránsito.
Los escándalos de corrupción policial no han dejado de aparecer en este gobierno. La más reciente es involucra al ex Inspector General de la PNP –que fue rápidamente separado del cargo-, pero no hay que olvidar casos desgarradores como el de la desmantelada banda policías narcotraficantes en Juliaca y Puno. Sin embargo, los indicios no han llevado hasta las más altas autoridades, como en el caso de gestiones anteriores.

Para enfrentar este mal y otros, el gobierno ha creado un Tribunal de Disciplina Policial compuesto por civiles, el cual está a la cabeza del sistema disciplinario. Los miembros del tribunal fueron designados hace unos meses, por lo que todavía no hay tiempo suficiente para analizar su actuación.

¿Qué necesitamos? De la mano dura a la mano dura inteligente

Son muchos los temas que deben entrar en este balance, sin embargo el espacio previsto para este artículo y la paciencia del lector, me obligan a dejar de lado algunos (la atención de la prensa, la “crisis” desencadenada en marzo por el asesinato en la notaría Paino y del fotógrafo Choy, la actuación del legislativo, del judicial, censo de comisarías, etc.). Por eso quiero dedicar estas últimas líneas a plantear algunas ideas de lo que se puede hacer.

Debemos pasar del discurso de la mano dura, al discurso de la mano dura inteligente. En lugar de exigir más penas y pedir rebajas en la edad de imputabilidad, el concepto de mano dura inteligente nos lleva a exigir que se cumplan de verdad las penas que están estipuladas. Si a delitos atroces, como la violación le corresponde una pena de 18 años en cárcel, exijamos que el sistema funcione y todos (absolutamente todos) los violadores sean enviados a prisión. La mano dura tradicional exigiría aumentar el número de años de pena, pero olvida que miles de delitos se van a producir y solo unos cuantos serán sancionados efectivamente. ¿Para qué sirve tener penas mayores si nunca se van a cumplir? Lo que debemos exigir es mano dura inteligente, es decir que la sanciones se cumplan realmente, que la PNP haga su trabajo, que los fiscales cumplan su papel, que los jueces condenen y que los delincuentes sean sancionados. Pedir solo mayores penas no es una solución inteligente, cuando el sistema no funciona. Los ciudadanos debemos exigir que el sistema funcione.

Y en esa tarea tiene debería estar embarcada el gobierno. Se requiere sin duda avanzar hacia una verdadera reforma policial, que involucra mucho más que la emisión de los decretos publicados en diciembre de 2012 y los esfuerzos por su implementación en durante el 2013. Una reforma con la que la ciudadanía (al menos el 86% de los limeños -ver aquí) está de acuerdo. Esa reforma debería reeditar esfuerzos anteriores y tener como centro al ciudadano, pensando en la doctrina de la policía comunitaria y el trabajo conjunto con las Juntas Vecinales. Y a su vez, considerar mejores condiciones laborales para los efectivos, incluyendo las comisarías, y la eliminación del sistema 24 x 24, además de contener medidas efectivas contra la corrupción policial y la indebida distribución de recursos para enfrentar el delito en todo el Perú, entre otras medidas.

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¹ La percepción y la “realidad” son dos planos que suelen diferenciarse, planteando un falso dualismo. Se suele decir que la “realidad” es una, objetiva, medible y que la percepción es subjetiva, variable y, por eso, difícil de asir. Sin embargo, solemos olvidar que la “realidad” siempre se percibe a través de un sujeto que observa –un sujeto cargado de prejuicios-, que utiliza métodos para aproximarse al fenómeno que quiere ver –métodos que son falibles- y que nunca se capta la “realidad”, sino con suerte algunas caras de esa “realidad”. Es decir, la imagen que tenemos de la “realidad” es básicamente percepción con visos de cientificidad. Eso coloca a cualquier conocimiento en el plano de las percepciones –algunas más científicas que otras-.
Esta reflexión epistemológica suele dejarse de lado, cuando hablamos de percepciones y “realidad” en materia de seguridad ciudadana. Pero hay que tenerla en mente y ser conscientes de la simplificación del discurso.