Democracia y sistema de partidos (un debate necesario)

Escrito por Revista Ideele N°306. Octubre-Noviembre 2022

Las elecciones regionales y municipales del 2022 podrían confirmar la tendencia en relación a los partidos políticos.

Hasta el momento, los partidos nacionales habrían ganado seis gobiernos regionales. Sin embargo, parece seguro que en segunda vuelta obtendrán al menos dos más, peleando con movimientos regionales en otros tres. Esto significaría un avance en relación a previos desempeños de los partidos nacionales: siete en 2006; cinco en 2010; seis en 2014; y nuevamente cinco en 2018.

Si analizamos qué partidos ganaron gobiernos regionales, tenemos claramente dos: Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú (SP). Detrás, con un gobierno regional cada uno, dos nuevos partidos competidores, Avanza País y Frente de la Esperanza. APP se viene consolidando desde el 2010 como el partido nacional más ganador a nivel regional (dos gobiernos por cada elección). Somos Perú ha ido incrementando sus cuotas en los gobiernos subnacionales. Así, en 2014 obtuvo 4 alcaldías provinciales y 48 distritales; en 2018, 9 y 89, respectivamente.

Ahora bien, esos dos partidos nacionales más ganadores tienen un perfil que está lejos del ideal de partido nacional que se buscaba promover con las reformas políticas.  Se esperaba que estos fueran institucionales, programáticos y obedecer a procedimientos internos democráticos, además de tener acción política en la mayor parte del territorio.

Pragmáticos y menos “limeños”

Los llamados partidos tradicionales, el APRA, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, incluso Fuerza Popular (que desde el 2006 sólo ganó gobiernos regionales en 2014), han desaparecido de la escena electoral en 2022. Acción Popular podría superar su crisis actual, dadas sus bases en diferentes regiones del país. Sin embargo, el PPC y el APRA la tienen más difícil.

Estos partidos conservaban una estructura que al menos cumplía con ciertas formas. Sus altas dirigencias tenían un importante peso limeño o de elites tradicionales.

Son los nuevos partidos, APP de liderazgo norteño, y Somos Perú, de liderazgos plurales y eminentemente pragmático, los que han podido acomodarse.

En el caso de APP, su alcance territorial le debe al factor “empresarial” que lo sustenta. Las decisiones del líder y propietario tienen incidencia en los votos de sus congresistas. En cuanto a Somos Perú, su hiperpragmatismo lo ha convertido en un partido “vale todo”, lo que, sumado a su origen municipalista, le ha permitido navegar mejor en esas aguas subnacionales, pero sin coherencia programática.

Alcance territorial de los partidos

A partir de la ley n°30688 de 2017, las organizaciones locales están prohibidas de participar, ni siquiera en sus propios en distritos. Bajo la lógica que ha prevalecido en los últimos años de reformas políticas, la de “fortalecer partidos nacionales”, se buscaba consolidar el alcance territorial de estos, junto con los movimientos regionales, reduciendo la competencia.

De acuerdo a los datos del Jurado Nacional de Elecciones[1], en promedio, los partidos nacionales presentaron candidatos en poco más de la cuarta parte de las circunscripciones (26.76%). Como es de prever, les ha costado más presentar listas en los diversos distritos del país (25.3%). Pero incluso al nivel de la competencia regional, los partidos nacionales no llegan a participar, en promedio, ni en la mitad de ellos (48.7%).

Si vemos las cifras por cada partido, sólo tres superaron el 40% de participación en distritos electorales: Alianza para el Progreso (58.9%), Somos Perú (54.3%) y Perú Libre (43.5%). Números consistentes con los resultados de los dos primeros. El tercero, Perú Libre, parece haber aprovechado la “marca” y recursos de partido oficialista, aunque las urnas terminaron no confirmándoles apoyo ciudadano. Los demás, la mayoría de partidos, presentaron candidatos en menos del 28% de distritos.

Estas cifras contrastan con los requisitos para registrar partidos nacionales, es decir, con derechos a participar en los diferentes niveles de elecciones:  tener comités en, al menos, el 80% de los departamentos y, dentro de ellos, abarcar al menos el 33% de provincias del país. Una suerte de “doble llave” territorial. Estos niveles de alcance territorial contrastan con los datos electorales.

Además, más allá de las cifras, cada vez más los partidos han pasado a ser en buena medida una “marca” (la que pueden cambiar en la siguiente elección), que una institución con sólida militancia (salvo “islas” de excepciones).

Sería pertinente entonces discutir sobre la conveniencia de estos requisitos. Estos son los más altos y excluyentes de América Latina. Democracias como Uruguay y Colombia, ni siquiera exigen requisitos territoriales (en Europa o tampoco los requiere, o son muy poco exigentes. En Estados Unidos, por su lado, cualquiera puede, en teoría, presentarse incluso a las elecciones presidenciales).

Repensar reglas en clave de fortalecer la democracia

¿Por qué no surgen partidos defendiendo intereses específicos? Por ejemplo, ¿un partido verde amazónico? Simplemente, porque la ley electoral no lo permite.  En el Perú no podrían competir para acceder al Congreso, pues el requisito es esencialmente de presencia territorial muy amplia (comités). Algo que, además de lo señalado, probablemente requiere, antes que intereses comunes, un buen capital.

Tampoco podría buscar acceso al Congreso movimientos o grupos que expresen voluntades sociales. Por ejemplo, un grupo cívico u otro feminista, probablemente, con más impacto en ciertas grandes ciudades; o uno agrarista, procedente de determinados departamentos.

A diferencia de Colombia, Chile o México, con formaciones partidarias desde los primeros años de sus repúblicas, el Perú tardó medio siglo en tener un primer partido (civil) en el poder. La diversidad geográfica y étnico social han constituido un reto permanente. A lo largo del siglo XX, desde 1896, la exclusión política fue el modelo que trató de “resolver” esa situación.

El sistema de partidos del Perú hasta la década de 1960, apenas contaba con uno a cabalidad, el APRA, y tampoco tenía un alcance territorial importante a todo lo largo de todo el territorio, siendo por lo demás ilegal en buena parte de esas décadas. En la década de 1960 parecía que funcionaba un sistema de partidos, pero ello se basaba en su carácter muy acotado: era de los más excluyente de la región (al restringirlo a los que supieran leer y escribir). Los años de 1980 será el del “desborde ciudadano”, con un incremento de la población electoral de más del 300% en sólo 15 años en un departamento como Apurimac. Antes del fujimorismo, el sistema de partidos ya había entrado en crisis[2].

No es posible crear “partidos nacionales” por ley. Las normas pueden facilitar (o reprimir), pero no inventan procesos. Más aún en un país con una historia política tan fragmentada.

Los partidos son instituciones fundamentales para el juego democrático. Pero la idea de partido (nacional) no tiene que definirse solamente por un alcance territorial amplísimo. No es la norma en el estudio comparado. Acaso Perú sea casi una excepción.

¿No sería saludable permitir acceder a partidos macrorregionales, por ejemplo, del sur andino o, como señalamos, un partido verde amazónico? Y, a nivel local, sobre pueblos indígenas, ¿no sería positiva para nuestra democracia devolver el derecho a competir con sus propias organizaciones vecinales y comunales?

Reflexiones finales

 El Perú se encuentra en un contexto de fuerte polarización.  Explícita o implícitamente, los debates sobre reforma política parecen privilegiar propuestas para “restringir”, “acotar”, “prevenir” (más allá de las atendibles exigencias de la justicia).

Sería pertinente preguntarnos si no habría que aceptar que estamos condenados a entendernos.  Y en esa necesidad de entendernos, antes que excluirnos -ciudadanos, candidatos y autoridades-, habría que ver cómo representarnos mejor (en nuestros distintos y complejos intereses y perspectivas de país).

Parte del diálogo, ciertamente, es la gobernabilidad y, dentro de ello, la gestión. Pero, antes que nada, aceptar el diálogo mismo y la necesidad de construir acuerdos, para lo cual es fundamental atender al problema de la representación.  


[1] Perfiles electorales n°4, 2022.

[2] Del Aguila, Alicia “El otro desborde popular. El voto analfabeto, los nuevos ciudadanos y la ´crisis´del sistema de partidos peruano”, Elecciones n°9, 2009.

Sobre el autor o autora

Alicia Del Águila Peralta
Socióloga y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigadora y docente universitaria.

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