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A pesar de la continua campaña de desprestigio desde la prensa concentrada, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, privatistas, funcionarios y exfuncionarios del MINEM, MEF, Perupetro, entre otros, contra Petroperú (la principal empresa de la economía del país en ingresos), la empresa estatal ha tenido que marchar contra la corriente, abasteciendo combustibles de manera oportuna en las diversas regiones del país, sobre todo en la selva y parte de la sierra, como dicen “allí donde no llegan los privados”, y ejecutando sus inversiones con una estructura alta de endeudamiento.

Se opusieron a que Petroperú vuelva a la actividad de explotación de hidrocarburos, pero ya está operando el Lote I, el lote 64 (suspendido temporalmente por fuerza mayor) y en el caso del lote 192 se espera concretar la asociación con la canadiense Altamesa Energy Canadá Inc. para la firma del contrato. Existe, además, la posibilidad de que Petroperú asuma las operaciones de los lotes hidrocarburíferos de la costa de Talara cuyos contratos están próximos a su vencimiento (lotes: V, VI/VII, X, XV, II y Z-2B), así lo dio a conocer la recientemente nombrada presidenta de Perupetro, Isabel Tafur Marín, donde la modalidad de contrato sería mixta. Esta “nueva orientación” coincide con lo planteado por el viceministro de Hidrocarburos, José Dávila Pérez, que busca fortalecer la empresa estatal. Esto, evidentemente, sería favorable para la integración vertical de la empresa, pues con la nueva refinería de Talara puesta en operaciones se procesaría el crudo extraído de dichos lotes, que no solamente están cercanos, sino que operativamente están conectados, ya que existen las tuberías de conexión.

También se opusieron a que se modernice la Refinería de Talara, cuestionan su alto costo sin destacar el hecho de que no es una simple rehabilitación de la actual sino la construcción de una nueva refinería con mayor capacidad y tecnología de punta que va a modificar el mercado de combustibles. No sólo por la producción de combustibles más limpios, sino porque podrá procesar los crudos pesados que se explotan en varios lotes petroleros del país y reducirá la importación de crudo y combustibles, aliviando así la salida de divisas con la perspectiva de hacer de Petroperú más competitivo frente a los importadores mayoristas de combustibles, otorgando además al consumidor final mayores y mejores opciones para su elección de productos en el mercado.

Sin embargo, “los expertos” citados por un sector de la prensa continúan malintencionadamente diciendo que las inversiones ejecutadas hasta la fecha en la nueva refinería son pésimas, con falta de transparencia, que no se logrará cumplir los plazos establecidos y se van a generar más costos, y hasta ha dicho un expresidente, que tuvo antecedentes en el escándalo de los Petroaudios, que la inversión en el proyecto de la refinería de Talara es una estafa.

Ahora que ya está a punto de concluir la construcción y según su gerente, Óscar Vera Gargurevich, ya se están iniciando las pruebas de arranque gradual de las unidades de destilación para iniciar pronto su operación comercial, con lo cual se produciría combustibles limpios y obtendría favorables márgenes refineros que le permitirá a Petroperú mejorar su rentabilidad, liquidez y aportes al fisco ¿qué dirán sus críticos?

Condiciones adversas

Es evidente que los efectos de la crisis de recesión del 2020 con la pandemia del Covid 19 también afectó el cronograma de la construcción de la nueva refinería de Talara, lo que implicó un reajuste en los costos de inversión, ocasionando otra vez los cuestionamientos a su construcción, agudizándose ese escenario con las denuncias de corrupción para la compra de biodiesel en diciembre de 2021, más la denuncia de coimas por el nombramiento de quien fuera el gerente general Hugo Chávez Arévalo (las cuales deben ser investigadas con toda rigurosidad).

No se trata de defender prácticas corruptas, pero Petroperú ya había entrado en una situación de iliquidez. Desde marzo del 2022, la calificadora de riesgo Fitch Ratings lo había advertido, sentenciando que había “un debilitamiento en la liquidez de Petroperú, alto apalancamiento persistente, insuficiente apoyo del Gobierno e incertidumbre relacionada con su capacidad para mantener sus líneas de crédito”, pero pasaban los meses y la situación empeoraba.

Esta situación coyuntural, como lo califica su ex presidente Humberto Campodónico, ha servido para que otra vez los privatistas argumenten que hay una incapacidad en Petroperú y cuestionen las inversiones de la refinería, diciendo que se está despilfarrando el dinero de todos los peruanos, comparando antojadizamente los montos de inversión ejecutada (especulando incluso montos mayores a US$ 6,000 y US$ 7,000 millones) para la modernización de la refinería con las opciones de inversión pública que podrían haberse hecho, como por ejemplo, invertir en la construcción de hospitales o en saneamiento.

Como se dice en el argot popular, Petroperú ha tenido que bailar con su propio pañuelo, ha invertido con recursos externos para llevar adelante el proceso de modernización de la refinería, asumiendo un nivel de endeudamiento 80/20, es decir, 80% de deuda y 20% de fondos propios.  Ese ha sido el gran riesgo que ha asumido, cuyas consecuencias se reflejaron con la llamada crisis de liquidez en lo que va del año 2022. Hubo un aporte inicial en Petroperú para comenzar la construcción, que fue US$ 325 millones, pero luego no ha recurrido al Ministerio de Economía y Finanzas para poner en marcha la construcción de la nueva refinería, pues tuvo que endeudarse por US$ 3,000 millones en bonos, sumados a los US$ 1,300 millones de créditos de bancos privados avalados por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

Es en este escenario de la llamada crisis de iliquidez que Petroperú llega a una situación que no tiene de dónde pagar los embarques de combustibles para abastecer el mercado interno, los bancos ya no quieren dar más créditos y los proveedores no quieren hacer el desembarco mientras no haya una garantía de pago.

Preocupados por lo que significaría para el plan de reactivación un desabastecimiento de los combustibles, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, señalaba: “Si yo dejaba quebrar a Petroperú, medio Perú se desabastecía de combustible”, lo que implicaba una amenaza recesiva para el país y una convulsión social, que en las actuales condiciones del gobierno lo debilitaría aún más, poniendo en riesgo la permanencia de Pedro Castillo en el Gobierno.

Entonces, el MEF lanza el llamado “salvavidas” a Petroperú a través del Decreto de Urgencia Nº 023-2022: “Decreto de Urgencia que Establece Medidas en Materia Económica y Financiera Destinadas a Evitar el Desabastecimiento de Combustibles a Nivel Nacional”, mediante el cual le otorgan a Petroperú un aporte de capital por S/ 4,000 millones sólo para el pago de los embarques, más una garantía de US$ 500 millones para financiar la compra de combustibles, que lo otorgará el Banco de la Nación, es una línea de crédito con lo cual se le garantiza al proveedor que se le va a pagar. Pero en contraparte el MEF bajo el membrete de Plan de Fortalecimiento de Petroperú (artículo 4) para mantener la continuidad de las operaciones de la empresa estaría proponiendo que la empresa vuelva al FONAFE cuando por Ley ya se la ha excluido. El MEF propone también que se realice una reestructuración de Petroperú mediante una oferta pública de acciones en un plazo de un año; además en un plazo de tres meses Petroperú contratará a una consultora especializada internacional para que presente un plan de reestructuración de la empresa.

Así, en rio revuelto ganancia de pescadores, pues con el rescate otorgado a Petroperú se generan las condiciones para que el capital privado pueda compartir la propiedad de esta empresay en perspectiva privatizarla. Puede suceder, también, que sirva propiamente a un fortalecimiento de la empresa pública cediendo un porcentaje de la participación accionaria para que inyecte capital tan necesario para las operaciones de Petroperú, con la nueva refinería en marcha y operando lotes petroleros.

Conclusiones

La burocracia es un tema para resolver en Petroperú, que en cada gobierno de turno, en cada gestión y nombramiento de nuevos presidentes, se convierte en una agencia de empleo, con el gran riesgo de descapitalizarla. ¿Cómo se explica, por ejemplo, según la Memoria de Responsabilidad Social de Petroperú (2019-2020), que el número de trabajadores en las operaciones de Conchan aumente de 227 en el 2019 a 625 trabajadores en 2020? Así mismo, en las operaciones del Oleoducto, el número de trabajadores en 2019 era 387 y para el 2020 asciende a 401 trabajadores.

Con la próxima puesta en marcha de la nueva refinería de Talara, más los lotes operados por Petroperú y los lotes de la costa norte que podrían sumarse en el siguiente año, culminados su contratos, la empresa pública sería más atractiva para el capital privado. El funcionamiento integrado le daría otro valor patrimonial a Petroperú, siempre y cuando resuelva el tema del buen gobierno corporativo de la empresa y de una gestión transparente; en ese sentido existe una propuesta de ley que durante la gestión de Humberto Campodónico se realizara para la elección meritocrática y transparente de los directores y del presidente del Directorio de Petroperú, tomando la experiencia de Ecopetrol, Coldelco y aquí mismo, de Osinergmin, por ejemplo, con lo cual se estaría resolviendo la elección a dedo, o por interés político del responsable del activo público más importante del país, que tenga la experiencia del sector y de gestión.

¿Petroperú ineficiente?

• ¿Cómo puede ser ineficiente una empresa que luego de malbaratearla y vender sus activos de forma subvaluada, reducirla en esencia a la actividad refinera, cargándola con una serie de costos como partidas inusuales, pago de pensionistas de las unidades privatizadas, no devolverle el IGV por las ventas en la selva o no pagarle los Fondos de estabilización del precio de los combustibles, logra obtener ingresos que la ubica como la empresa de mayores ingresos en el país?

Hasta el año 2019 Petroperú lideraba en ingresos superando a las grandes empresas mineras, para el 2021 ubicada en el segundo lugar en el ranking de ingresos de las empresas que listan en la Bolsa de Valores de Lima y con la información disponible a junio del 2022 nuevamente se posiciona como líder en ingresos.

• ¿Es ineficiente una empresa que aporta al fisco ingresos anuales, en promedio por encima de los S/ 4,300 millones?

De acuerdo a la Memoria Anual de Petroperú entre el 2010 al 2021, la empresa pública habría generado ingresos para el Estado, en promedio anual, la suma de S/ 4,300 millones (equivalentes a US$ 1,107 millones) y se estima que para el 2022 dichos ingresos para el fisco serían superiores a los S/ 6,000 millones, en razón del incremento en los ingresos de Petroperú hasta el mes de setiembre del 2022 que fue US$ 4,359 millones (US$ 2,865 millones de enero a setiembre del 2021), es decir, ha tenido un incremento de US$ 801.5 millones, considerando además que los ingresos consolidados del gobierno central (ingresos tributarios y no tributarios más contribuciones sociales) recaudados de enero a octubre del 2022 sumaron los S/ 150,533 millones que significaba un aumento de S/ 20,780 millones (equivalentes a US$ 5,423 millones).

• Si los que conforman parte del directorio de Petroperú no le pagan en el período lo correspondiente al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que se registra como ingresos de actividades ordinarias, ¿pueden llamarle ineficiente?

Según la información expuesta en la memoria de la empresa, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas, al final del ejercicio del año 2019, tenía por pagar US$ 27.29 millones, para el 2020 era US$ 15.76 millones y en 2021 está pendiente de pago US$ 45.03 millones por Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Esta “práctica” nos recuerda cómo entre 1999 al 2015 el Ministerio de Economía y Finanzas no devolvió a Petroperú por concepto de IGV por la venta de combustibles en la Amazonía más S/ 1,892 millones (equivalente a US$ 603 millones).

• Debe considerarse que cada año Petroperú debe asumir US$ 710 millones en gastos por remediación ambiental de las unidades que le fueron privatizadas a la empresa.

Entre junio de 1992 a diciembre de 1997 en que se termina de privatizar los Terminales Marítimos de Combustibles (norte, centro y sur) que eran operados por Petroperú, se habrían generado ingresos al Estado Peruano por US$ 1,047.5 millones de dólares por la privatización fragmentada de Petroperú, que sumados a la venta de las acciones remanentes que tenía en la refinería La Pampilla, en marzo del 2004, estos ingresos por privatización de Petroperú sumarían US$ 1,118 millones.

Estos ingresos generados por las privatización de Petroperú no han llegado todo en efectivo líquido, pues como el caso de la venta de la refinería La Pampilla se pagaron en papeles de deuda por US$ 38 millones; además las denuncias debidamente documentadas por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros del Congreso de la República conformada en agosto del 2001, presidida por Javier Diez Canseco, nos señalan que los activos públicos de las subsidiarias y unidades de Petroperú fueron subvaluadas como fue el caso de Solgas, Petrolera Transoceánica, Refinería La Pampilla, sumado a los indicios de información privilegiada para los postores en la transferencia de los lotes petroleros.

Desde entonces, Petroperú quedó reducida a la actividad refinera y, a pesar de ello, ha mantenido su liderazgo en ventas en la economía del país, junto a las empresas mineras y superando a su competidor directo, la refinería La Pampilla, siendo una piedra en el zapato, un obstáculo para los intereses del gran capital que quieren hacerse del negocio de Petroperú, sobre todo en este momento que se perfila a desarrollar sus actividades de forma integrada.