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Sudamérica es, sin duda, la región del mundo con mayores niveles de desigualdad social. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, el Perú, Uruguay y Venezuela tienen un índice de Gini de desigualdad social mayor que algunos países africanos. Según el PNUD y la CEPAL, el 10% más rico de Sudamérica concentra el 40% de los ingresos de la población y paga menor cantidad de impuestos. Esta cifra es mayor a cualquier otra región del mundo.

Esta gran disparidad sudamericana en ingresos y pago de impuestos alcanza al color de la piel. Los afrodescendientes y poblaciones indígenas tienen más posibilidad de ser pobres y menos posibilidad de concluir la escuela y lograr un trabajo formal.

Para saber por qué casi todos los sistemas nacionales de salud colapsaron frente a la pandemia del Covid-19, es necesario conocer la política económica que permitió este colapso. Sin duda, han sido los más de 30 años de políticas neoliberales en los países de la región, en los cuales la inversión en salud fue muy baja. Para la ideología neoliberal, la salud pública no era un negocio que diera grandes utilidades. Por el contrario, el negocio predilecto fue la inversión en finanzas. Las operaciones financieras en las principales bolsas del mundo se volvieron superiores a las transacciones internacionales de bienes y servicios.

La salud fue dejada de lado en favor de la inversión en bolsa y, debido a la desigualdad social, los pobres fueron las principales víctimas de la pandemia. No cabe duda de que las elecciones en el Perú, Chile, Colombia y Brasil son el resultado del hartazgo colectivo sobre la injusticia social que viven estos países. En todos ellos, ganaron los partidos progresistas de izquierda, ofreciendo programas de inclusión social que, hasta el momento, no se ven reflejados en medidas económicas y sociales concretas.

En los Estados Unidos, la pandemia y la inversión en Wall Street fomentaron una posición del Partido Demócrata y del Presidente Biden que prioriza la justicia social, debido a que en ese país también se sufre la concentración de los ingresos en el 1% de la población. Las grandes corporaciones pagan porcentualmente menos impuestos que la población norteamericana. De esta forma, por primera vez en los 200 años de relaciones entre Sudamérica y los Estados Unidos, existe una convergencia de políticas para distribuir el ingreso y reducir la desigualdad social.  

A diferencia de los partidos de izquierda que ganaron las elecciones en Chile, Colombia y el Perú, el Presidente Biden lanzó una cruzada contra la injusticia social en los Estados Unidos. Entre sus principales medidas, firmó una Orden Ejecutiva que obliga al Gobierno Federal a imponer la equidad racial y apoyar con recursos fiscales a las comunidades desatendidas, principalmente las afrodescendientes y la LGTBQI. A esta orden ejecutiva, se une la decisión de invertir 440 mil millones de dólares para salvar a las familias pobres, así como otros 400 mil millones de dólares para combatir la pandemia del Covid-19. En total, casi un trillón de dólares en inversión social.

El presidente Biden ha anunciado también que establecerá mayores impuestos a las grandes fortunas, además del impuesto de 15% ya implementado para las grandes corporaciones. La cruzada de la administración Biden contra la injusticia social tiene el objetivo de reparar los efectos de más de 30 años de neoliberalismo, en particular el desempleo causado por la decisión de muchas empresas de reubicarse en China por sus salarios bajos. El actual mandatario estadounidense ha logrado romper con el dogma del libre mercado y ha optado por un capitalismo orientado socialmente.

Como se ha visto, los Estados Unidos vienen convergiendo con los programas de inclusión social que se han anunciado en Chile, Colombia, el Perú y Brasil. En ese contexto, ¿harán los nuevos gobiernos sudamericanos una cruzada por la justicia social como la que viene haciendo los Estados Unidos? ¿U optarán solamente por sobrevivir en el poder, ante la resistencia de la oposición? Parece que los líderes que han ganado las elecciones no se han dado cuenta que la convergencia de los programas anunciados por los Estados Unidos y los países sudamericanos generan una oportunidad para trabajar conjuntamente en proyectos de inclusión social.