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No hay un pasado
sino una multitud
de muertos

Washington Delgado, Historia del Perú

Con el transcurso de los días, luego del mensaje a la Nación de Pedro Castillo, anunciando el inicio de un “momento excepcional”, van aclarándose algunos aspectos que si bien no son claves para la comprensión de lo sucedido -seguramente nos tardaremos algún tiempo para construir versiones plausibles de esto- pueden ser considerados para darnos algún manejo de los acontecimientos.

Empecemos por lo obvio. Carlos Malamud, por ejemplo, inicia su reflexión con una afirmación contundente: “detrás de las variopintas teorías sobre el golpismo y los golpes hay una profunda incomprensión, simple tergiversación en algunos casos, de la democracia y sus normas. En el Perú, el presidente depuesto apenas tuvo el 19% de apoyo popular en la primera vuelta y en la segunda se impuso a Keiko Fujimori por una exigua diferencia de votos, aunque en algunas regiones del sur andino obtuvo sólidas mayorías. No solo eso, ni siquiera contaba con mayoría en el Congreso. Pese a ello y pese a no tener los apoyos políticos suficientes, intentó impulsar un programa maximalista mediante una profunda reforma constitucional”.

Esto es concluyente en una democracia por demás precaria, que solo sustenta la legitimidad de sus autoridades en los resultados de los procesos electorales, sin que nadie atine a buscar el desarrollo y fortalecimiento de procesos sancionados constitucionalmente como la participación, la vigilancia ciudadana, la rendición de cuentas y demás que habrían generado escenarios en los que la legitimidad tan reclamada no sea una concesión graciosa otorgada cada cinco años, sino la consecuencia de poner en cuestión permanentemente a las autoridades, mediante mecanismos formales y, con ello, obligarlas a acercarse a la población que representan, y no como sucede actualmente en que sus mandatos ni siquiera se inician y el quiebre de estas relaciones ya están consumadas.

Desde el inicio de su mandato todo fue un zafarrancho de combate, con voceros políticos y comunicadores que ya no les importaba mostrar sus limitaciones y un Ejecutivo arrinconado en una esquina y con parálisis terminal.    

En segundo lugar, el arribo de Castillo a Palacio de Gobierno fue consecuencia de haber ganado las elecciones generales en toda la regla, pero sin un programa definido ni, por tanto, objetivos al cual arribar. Además, tampoco tuvo una estrategia política a partir de la constatación de un apoyo electoral que sirvió para ganar limpiamente las elecciones, pero que era, a todas luces, insuficiente para gobernar sin construir alianzas. Es cierto que, en algún momento, cuando Mirta Vásquez fue designada como Premier, se buscó construir espacios más plurales, pero, como nos consta, esto fracasó estrepitosamente sin vislumbrar siquiera una opción diferente a la desechada.

En efecto, Castillo jamás mostró mínimas condiciones para la acción política y el arte de convencer y lograr acuerdos. Al frente, el panorama era igual o más desolador: el Congreso tradujo la política como un método de confrontación permanente que tenía como objetivo la liquidación y no el entendimiento.

Así, desde el inicio de su mandato todo fue un zafarrancho de combate, con voceros políticos y comunicadores que ya no les importaba mostrar sus limitaciones y un Ejecutivo arrinconado en una esquina y con parálisis terminal.     

Entonces, ¿qué se llevó por delante a nuestra muy precaria democracia? El valor de la democracia radica en el control que formula para evitar que cualquier grupo se arrogue el poder de decisión sobre algo que concierne a todos. En esa línea, además, algo que frecuentemente aparece tan etéreo, como es la libertad de expresión, resulta siendo la fuerza que arrincona a la censura, garantizando que nuestras voces sean escuchadas.

Si es así, entonces los jugadores democráticos deberían entender que, de hecho, van a perder en algunas circunstancias. De esta manera, en estos escenarios, para que funcionen, un acuerdo entre los que participan es ser despiadados en el combate contra el vicio y la mentira porque corroen los fundamentos mismos del equilibrio que debe establecerse. Así, debemos ir aceptando que la erradicación de la corrupción tiene fundamentos totalmente instrumentales, además de los morales y éticos: su vigencia anula cualquier fundamento democrático.

¿Qué se vayan todos, realmente?

Con lo dicho, tenemos una segunda cuestión. Las asonadas que, por terribles, no dejan de ser espasmódicas, que se escenifican en diversas regiones del país, son entendidas como una manifestación de hartazgo ante la completa ausencia de respuesta desde el Estado a las exigencias de los ciudadanos y las ciudadanas, expresándose en consignas como “cierre del Congreso”, “que se vayan todos”, “nuevas elecciones” y “nueva Constitución”.

Esto mismo, se interpretaría como las relegadas voces regionales y provinciales que expresan su ira hacia la capital. Diríamos, una manera de reivindicación histórica ante la secular exclusión que le impondría Lima. Sin embargo, aún no puede clarificarse hacia donde apuntan y qué es lo que aspiran.

Veamos. Ninguno de los gobiernos del ciclo democrático que se inició en el 2000, puede mostrar resultados que permita aseverar que se tuvo al menos performances aceptables. A estas alturas, debemos concluir que el mejoramiento de los indicadores sociales se debió en gran medida a los efectos inerciales del crecimiento económico y bastante menos como consecuencia de los programas sociales. Más aun, las brechas de desigualdad económica se ensancharon entre los valores absolutos asignados al quintil más alto y al más bajo en la distribución de ingresos.

Igualmente, debemos a Bruno Seminario la demostración de cómo el gran ciclo económico que tuvimos en las primeras décadas de este siglo aumentó las brechas económicas históricas entre Lima y las demás regiones del país. Entonces, es cierto que no hubo un patrón de redistribución que permitiera mejorar las posiciones económicas relativas de las regiones del país, sin que ello no haya significado crecientes ingresos a lo largo de estos años.

Entonces, ¿decepción de qué y canalizada hacia dónde? Las autoridades y representantes de las regiones convulsionadas han demostrado tener amplia discrecionalidad y poco o nada de control ciudadano sobre sus actos y decisiones. Por ejemplo, ¿no es el momento de volver a prestar atención a las formas y maneras como se condujo el gobierno regional de Junín, bajo la dirección de Vladimir Cerrón?, ¿no es que el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, está en prisión por corrupto?, ¿y que el alcalde de esa ciudad, Omar Cairo, está prófugo de la justicia? ¿Por qué regresó Wilfredo Oscorima al Gobierno Regional de Ayacucho, pese a que la Fiscalía ha pedido prisión preventiva?

Los formulismos que se elaboraron a manera de comprensión, sin mayor contenido, como “la ausencia de Estado”, no tienen mayor sentido en espacios en los que las instancias estatales están presente y funcionando, pero de manera diferente y hasta contraria a lo que se esperaría. Por ejemplo, ¿podríamos aseverar que el problema de Madre de Dios se debe a la “ausencia de Estado” o al hecho de que el Estado funciona allí bajo una lógica regida por los que realmente dominan ese territorio, como son los que conducen el extractivismo minero ilegal?

Aún más, la corrupción generalizada y sin mecanismos para controlarla a la vista, fue acompañada de una impresionante ineficiencia en las gestiones de los gobiernos regionales y locales, de los que apenas sabemos sobre su limitada capacidad para ejecutar gastos programados y sin que tengamos por ahora medios adecuados para conocer el impacto real de sus acciones.

Así, la pregunta sobre cuál fue el destino de los recursos asignados es respondida anualmente, en parte, por los reportes oficiales: entre la fuerte incapacidad para ejecutar los gastos programados en los presupuestos y, como señala la Contraloría, una pérdida de entre 12-15% del presupuesto por actos de corrupción, tenemos gran parte de la explicación sobre la ineficacia del Estado para responder a las demandas de la población. Y en esta historia, claro está, los gobiernos regionales y locales tienen roles estelares, sin que ello ponga de lado las responsabilidades que concierne al gobierno central.

Al punto y sin rodeos: la democracia no puede funcionar de esta manera. Y no es asunto de cambiar la composición del Congreso o de elaborar nuevas constituciones porque, en todo caso, ¿no es momento de preguntarnos qué es lo que realmente está sucediendo con la institucionalidad estatal en estos espacios?  ¿Qué sabemos no solo de la corrupción y del lavado de activos, sino también de la narcopolítica en la zona VRAEM o en el nor oriente peruano?, ¿cuál es el impacto de la minería informal e ilegal en los espacios políticos de las regiones sureñas del país?

En otras palabras, los formulismos que se elaboraron a manera de comprensión, sin mayor contenido, como “la ausencia de Estado”, no tienen mayor sentido en espacios en los que las instancias estatales están presente y funcionando, pero de manera diferente y hasta contraria a lo que se esperaría. Por ejemplo, ¿podríamos aseverar que el problema de Madre de Dios se debe a la “ausencia de Estado” o al hecho de que el Estado funciona allí bajo una lógica regida por los que realmente dominan ese territorio, como son los que conducen el extractivismo minero ilegal?

Y las preguntas podrían seguir, hasta el infinito: ¿Hasta dónde alcanza el impacto negativo del incumplimiento por corrupción de los programas de instalación de redes de agua y alcantarillado en Iquitos, una ciudad donde el abastecimiento promedia dos horas diarias? ¿Alguien podría darnos algunos alcances sobre los procesos de titulación de tierras de las comunidades campesinas y nativas, y en qué medida estos procesos se han convertido en literales tráficos de bienes? ¿Quién podría darnos ejemplos gráficos de cómo se paralizan obras públicas como los hospitales regionales en Cusco, Junín o Loreto sin que haya solución de continuidad?

Es decir, hay responsabilidades que parece no dárseles el peso que deberían tener. Las autoridades regionales y locales, así como la de los funcionarios -entre ellos, las gerencias claves en gobiernos regionales y locales- han consolidado sus vinculaciones con empresas constructoras y, probablemente, líneas de financiamiento desde el narcotráfico, la minería ilegal, entre otras actividades.

No puede reemplazarse instancias, procesos y resultados con clichés, formulismos y frases reencauchadas del tipo “la rebelión regional contra Lima”, “el colonialismo que empobrece a los pueblos indígenas”, “nueva constitución”, “que se vayan todos”; o, “todos son terrucos”, “vándalos que dañan la propiedad”, “ignorantes” que tienen la virtud de mostrarnos nítidamente que el concepto de la política de nuestros pequeños tirios y troyanos es la suma cero, es decir, aspirar a la desaparición del adversario y así fantasear con una hegemonía de pacotilla.

Un tercer aspecto que debemos considerar es el impacto de la pandemia en las familias peruanas. Al momento, tenemos casi 218 mil decesos como consecuencia de la enfermedad-algo que debiera ser materia de nuestra más seria indignación- y sería interesante construir escenarios que nos indique cuántas de estas muertes pudieron evitarse con una acción bien diseñada desde el Estado, porque países con las mismas características del nuestro no tuvieron ni por asomo esas cifras de mortalidad. De otro lado, también sería importante saber las consecuencias de la licuefacción de los pocos ahorros que generaron la parte de la población peruana que tuvieron CTS y fondos de pensiones. Asimismo, los cambios en el consumo de las familias peruanas, en una situación en que se combina disminución de los ingresos y aumento en el costo de vida.

¿Tuvimos respuestas vigorosas y contundentes ante estos degradados escenarios? Más allá de manifestar nuestros desencantos y molestias en las encuestas sobre percepción de la corrupción, parece que no se fue constituyendo un movimiento social que buscara corregir estas situaciones.

La democracia imposible

Ya vemos que fue lo que se llevó por delante a la democracia peruana. Fue, entre otros factores importantes, la ausencia de actores -sociales y políticos- con las habilidades mínimas que exige el funcionamiento de un régimen con esas características. Dicho de otra manera, la democracia lejos de ser una entidad etérea debe operarse, plantearse objetivos, obtener resultados y mostrar sus impactos positivos; y esto se obtiene con personas que gestionan los procesos y otorgan comprensiones a lo obtenido para, de esta manera, tener material con qué rendir cuentas y someterse a las consideraciones de los ciudadanos y las ciudadanas. 

Simplemente, no puede reemplazarse instancias, procesos y resultados con clichés, formulismos y frases reencauchadas del tipo “la rebelión regional contra Lima”, “el colonialismo que empobrece a los pueblos indígenas”, “nueva constitución”, “que se vayan todos”; o, “todos son terrucos”, “vándalos que dañan la propiedad”, “ignorantes” que tienen la virtud de mostrarnos nítidamente que el concepto de la política de nuestros pequeños tirios y troyanos es la suma cero, es decir, aspirar a la desaparición del adversario y así fantasear con una hegemonía de pacotilla.

Al respecto, resulta muy ilustrativo lo que reflexionó Sergio Bitar sobre el último escenario electoral chileno. Afirmó que la polarización entre Boric y Kast expresaba una nueva situación en la que se combinaba factores como una demanda por un cambio generacional, que dejara atrás a los políticos que enfrentaron a la dictadura y construyeron la democracia;  el uso más intenso de las redes sociales; el   surgimiento de candidaturas independientes; un potente movimiento feminista y su lucha por igualdad de derechos; y, finalmente, el aumento de la violencia y la criminalidad, que elevó la percepción de riesgo de los chilenos y chilenas.

Para Bitar, esto componía un escenario frágil que se evidenció en los bajos porcentajes de votos obtenidos por Boric y Kast, lo que obligaba a la concertación.  Aun a pesar de esta fragilidad, señaló, “Chile tiene al menos dos ventajas para navegar en este periodo turbulento: tradición institucional y base económica holgada”. El funcionamiento institucional dependería de la Convención Constituyente, para canalizar las nuevas aspiraciones y organizar el sistema futuro. El manejo económico, a su vez, debía poner a prueba la capacidad de los chilenos y chilenas para reducir la desigualdad, un aspecto esencial, repetimos, para la estabilidad democrática.

Seguramente, no tenemos la tradición institucional chilena, pero sí una base económica que pudo ser la plataforma que nos hubiera permitido construir una institucionalidad más sólida. No sucedió y solo surgen dudas si ocurrirá en el corto plazo. Porque como concluyó Sergio Corrieri, el personaje creado por Edmundo Denoes y recreado luego por Tomás Gutiérrez Alea, una de las señales de nuestro subdesarrollo, “es la incapacidad para relacionar las cosas, para acumular experiencia y desarrollarse”.