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Hace mucho tiempo sabemos que, en nuestro querido y sufrido Perú, dada la intensísima inestabilidad política que se vive desde hace un buen tiempo, todo puede suceder. Aun así, siempre hay giros inesperados que ocurren y terminan dejándonos boquiabiertos.

Nuestro final del 2022 parece un mal thriller, debido a que el desenlace es absolutamente forzado, hasta arbitrario, en el sentido de que no tiene nada que ver con el desarrollo de la trama previa ni con la actuación que, hasta poco antes, habían tenido los actores.

Se sabía que el ex presidente Castillo podía caer. Opciones para ello habían de sobra: el cargamontón que desde antes que asumiera la presidencia había en su contral; su incapacidad absoluta como gobernante, y los muchos casos de corrupción que, en relación a él, sus parientes y paisanos, se fueron descubriendo.

Cómo habrán sido de fuertes dichas sospechas de corrupción que, Pablo Sánchez, un magistrado probo, capaz y más bien cauto, en su calidad de fiscal de la Nación, interpretó –por primera vez en nuestra historia– que era constitucional iniciar una investigación preliminar por diversos delitos de corrupción respecto a Castillo, aun siendo presidente en funciones. Y la gran mayoría del país estuvo de acuerdo.

Pero no, Castillo no cayó por ninguna de las razones antes mencionadas, sino por algo que no estaba para nada en el libreto: el autogolpe de Estado.

Cuando, el 7 de diciembre, todos lo creían preparándose para su defensa frente a la tercera solicitud de vacancia que en unas horas se discutiría en el Congreso –en la que había muy pocas posibilidades de que se consiguieran los 87 votos indispensables–, de pronto el presidente apareció frente a las cámaras anunciando un autogolpe, que parecía un plagio del dado por Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992.

Leyendo unas hojas con las manos temblorosas, planteó di-sol-ver el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el TC y la JNJ. Hizo un llamado a las fuerzas del orden para que ejecuten el golpe. Luego se supo que inmediatamente después había ordenado a la Policía desalojar al Congreso y detener a la fiscal de la Nación.  

Pero a esta sorpresa le siguió una siguiente: su autogolpe, a diferencia del de Fujimori y Montesinos, no tenía nada preparado y, por ello, rápidamente fue catalogado de suicidio, salto a una piscina vacía, harakiri, pretexto para fugarse, etc. 

Dina Boluarte asumió y rápidamente nombró a un gabinete que ella llamó “técnico”. Tal vez, en el desarrollo de dichos sucesos, los políticos hicieron suya la frase “a rey muerto, rey puesto”, y consideraron que era viable quedarse hasta el 2026.

El intento fue tan inconsistente que se maneja una gama de hipótesis, algunas de ellas bastante inverosímiles. Entre ellas se encuentra la que sostiene que Castillo habría sido drogado (versión patética de sus partidarios, como Bellido) y la que afirma que un entorno cercano de policías y militares –aprovechándose de sus debilidades y de su miedo por una eventual vacancia que lo llevaría a la cárcel–, lo convenció de que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la población para que ejecute un golpe tan exitoso como el de Alberto Fujimori. Es decir, se asegura que no habría sido un mal cálculo personal sino uno inducido por una actividad de “inteligencia“ al estilo Montesinos.

Más allá de dichas teorías, lo cierto es que Pedro Castillo anunció  un golpe de Estado (decir que no lo hizo porque, finalmente, este fracasó es convertir el Derecho en una burla), que llevó a que el Congreso lo vacara horas después,  y que terminara en prisión preventiva en el fundo Barbadillo, junto a Fujimori, por un plazo de 18 meses.

Ante la posible caída de Castillo, siempre se pensó que el nuevo presidente sería José Williams, en su calidad de presidente del Congreso o, en caso que se abriera una disputa, cualquier otro congresista que habría sido elegido por los parlamentarios para “sacrificarse” por el Perú, asumiendo la presidencia en circunstancia tan difíciles. 

A pesar de que Dina Boluarte era la que debía asumir la presidencia ante la imposibilidad de Pedro Castillo, nadie la tomaba en cuenta. El Congreso ya tenía su cabeza en la guillotina y solo esperaba el momento más oportuno. Se daba por hecho que ella sería inhabilitada mediante una acusación constitucional, porque siendo ministra, había firmado algunos escritos en representación de Club Apurímac. Los blindajes políticos habían impedido que un sin número de acusaciones constitucionales justificadas no avanzaran o cayeran, pero esta era facilísima, más allá de lo desproporcionado de la medida.

De pronto, acá también vino un giro inesperado. Contra lo que era ya un hecho consumado, la subcomisión de acusaciones constitucionales la exculpó de todo. Primera señal.  Luego, Dina Boluarte –pese a que había acompañado a Castillo como ministra desde el comienzo y nunca había cuestionado nada sobre su desempeño, incluidas las acusaciones por corrupción– se las ingenió para distanciarse del golpe, del Gabinete y de Castillo.  Señal definitiva.  

Ella pasó a ser convocada por el Congreso para que juramentara como la primera presidenta de la historia del Perú. Se trató de una buena jugada. Con Castillo fuera y preso, era bastante arriesgado que el Congreso decidiera quedarse y asumiera encima la presidencia de la República.

La inexistente y ninguneada Dina pasó a ser la salvadora y la presidenta que necesitaba el país. ¿Qué conversaron, acordaron y se garantizaron ella y los congresistas? Vaya uno a saber. Pero al parecer en ningún momento se descartó la permanencia de los “nuevos todos” hasta el 2026, pues ella dijo en su primer mensaje que su presidencia sería hasta el 2026.   

Primer error, porque había elementos para intuir que muchos sectores no querrían que el Congreso se quedara solo y que muchos cuestionarían que ella reemplazara a su presidente. La considerarían hasta traidora.  

Pero, Dina Boluarte asumió y rápidamente nombró a un gabinete que ella llamó “técnico”. Tal vez, en el desarrollo de dichos sucesos, los políticos hicieron suya la frase “a rey muerto, rey puesto”, y consideraron que era viable quedarse hasta el 2026.

Nadie se acordó de un dato muy importante de las encuestas: la mayoría quería que se fueron todos (58 %), pero solo el 3 % quería que se quedara el Congreso si Castillo era inhabilitado.

Y fue así que de un día para otro estalló un fenómeno de protestas que en pocos días escaló a un nivel casi sin precedentes. Hasta ese momento nadie se explicaba la pasividad de la gente frente a una situación política explosiva.

Las demandas fueron el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, la renuncia de Boluarte y –en mucho menor medida- el regreso de Castillo.

Paralelamente a las protestas sociales, comenzaron y se sucedieron graves acciones de violencia: bloqueos de carreteras indefinidos, toma de aeropuertos, toma e incendio de infraestructura privada (lecha gloria) y pública (locales y documentación del ministerio público y del poder judicial).

Las zonas del país más afectadas, como se sabe, fueron Apurímac Ayacucho, Arequipa, Puno, Cusco, Junín, Cajamarca y Ucayali.

Ante la multiplicación y escalada de los hechos de violencia, se justificaba –en mi opinión– la declaratoria del estado de emergencia, y luego el toque  de quede en algunas provincias.

Pero lo que sí fue inaudito es que no se asegurara un control civil democrático frente a la actuación militar policial, sabiendo muy bien, por experiencia, que el estado de emergencia, si no se maneja con mucho cuidado, genera violaciones de derechos humanos.  

Sin negar que siempre que se generan fenómenos de protestas generalizados, a los grupos que protestan legítima y pacíficamente, se le suman personas y grupos que pretenden jalar agua para su molino con acciones violentas; usar el “terruqueo” como diagnóstico central es simplista, irresponsable y falso. Además, puede resultar contraproducente, ya que suele generar una espiral de violencia mayor.

Por eso lo que ocurrió fue dramático. En cerca de dos semanas hubo 27 muertos; 21 producto de enfrentamientos con efectivos de la PNP y de las FF.AA. y otros seis como resultado de hechos vinculados a las protestas (accidentes de tránsito, por ejemplo).

Un número significativo de muertes han sido producto del uso de armas letales, por lo que las autopsias han encontrado balas en los cuerpos, tal como ha denunciada la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ello implica un evidente incumplimiento de los protocolos nacionales e internacionales, que restringen la posibilidad de disparar al cuerpo a menos de que se desarrollen situaciones de peligro de vida muy concretos.

Son muertes que no pueden quedar impunes, por lo que deben ser investigadas para que se puedan aplicar las sanciones correspondientes. De igual modo debe procederse frente los actos contra policías y militares y los actos de violencia contra infraestructura privada y pública.

La protesta ciudadana es un derecho fundamental, siempre y cuando sea pacífica. Por eso hay que distinguir.

Pero, como suele ocurrir, hubo sectores que no estuvieron dispuestos a diferenciar las acciones de protesta pacífica, motivadas por la situación política o en respuesta a brechas relacionadas con cuestiones socioeconómicas, culturales, raciales, etc., y volvieron a afirmar todo era producto de acciones impulsadas por Sendero Luminoso u organizaciones vinculadas, o por grupos relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal, etc. 

Sin negar que siempre que se generan fenómenos de protestas generalizados, a los grupos que protestan legítima y pacíficamente, se le suman personas y grupos que pretenden jalar agua para su molino con acciones violentas; usar el “terruqueo” como diagnóstico central es simplista, irresponsable y falso. Además, puede resultar contraproducente, ya que suele generar una espiral de violencia mayor.

Como la reivindicación central apunta contra el Legislativo, al pedir un adelanto de elecciones que permita que el actual no prosiga en funciones, el Congreso no tuvo otra opción más que aprobar en primera legislatura ordinaria  –se necesitan dos para reformar la Constitución, como más de 87 votos en cada oportunidad– dicho adelanto para abril del 2024.

En realidad, inicialmente, rechazó la posibilidad, juntándose para ello grupos de derecha y de izquierda, pero ante la agudización de la situación, se aprobó el adelanto vía reconsideración.

Cerramos así el año, con algo que también parecía imposible: un Congreso que ha dado el primer paso para irse, renunciando con ello a las ventajas que traen lo curules, no solo en términos de ingresos sino también de negocios, en el que la mayoría de sus integrantes están dedicados a defender intereses particulares, por encima de las  conveniencias del país.

El Poder Ejecutivo ha tenido también que hacer ajustes producto de las exigencias de la población. En pocos días tuvo que reemplazar al presidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo –quien demostró, desde el comienzo, no tener una actitud abierta al diálogo como se requería– y poner a otros dos ministros, debido a que los anteriores habían renunciado en protesta por las muertes ocurridas.

Es tentador afirmar que un hecho fatal y condenable, como fue el golpe de Estado declarado por el ex presidente Castillo, desencadenó las condiciones para que se concretara lo que el país deseaba, es decir, la realización de elecciones generales adelantadas; pero sería absurdo asumir un planteamiento así, por dos clases de razones. La primera y fundamental es que el proceso ha significado cerca de 40 muertes, la mayoría adolescentes y hasta menores de edad, cientos de heridos y muchos daños en infraestructura que tienen un alto costo y que han generado perjuicios a la misma población.

La segunda es que estamos frente a procesos todavía inciertos, reversibles y peligrosos.

Para comenzar, es clave preguntarse si las muertes y actos de violencia serán realmente investigados y sancionados, o volverá a primar la impunidad. Hay políticos que han pretendido usar lo sucedido como advertencia: la protesta, así sea pacifica, puede terminar en muerte. La eficacia de la mano dura como lección.

Ha sido realmente increíble que la presidenta, siendo de Apurímac y habiendo llegado al poder representando a posiciones de izquierda, haya priorizado casi exclusivamente reuniones con bancadas congresales y sectores militares, y no se haya organizado para que ella y su gobierno viajen a las diferentes partes del país para tener un contacto directo con la población.

Lo que ha ocurrido puede deberse a un descontrol del estado de emergencia, producto del poco tiempo que lleva el nuevo gobierno, sobre todo la presidente, y al papel provocador que han cumplido los condenables actos de violencia que objetivamente han ocurrido.

Pero también se podría estar ante el surgimiento de un régimen cívico- militar, constituido por un entendimiento entre la presidenta Dina Boluarte, diversos sectores del Congreso (desde el fujimorismo hasta Perú Libre) y el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el visto bueno de sectores empresariales, mediáticos, etc.

Mi opinión es que es exagerado afirmar que ya estamos en esta situación, pero no la descarto.

Es indudable que existe una serie de malas señales que puede ser interpretada como expresión de un escenario de este tipo.

Ha sido realmente increíble que la presidenta, siendo de Apurímac y habiendo llegado al poder representando a posiciones de izquierda, haya priorizado casi exclusivamente reuniones con bancadas congresales y sectores militares, y no se haya organizado para que ella y su gobierno viajen a las diferentes partes del país para tener un contacto directo con la población.

Fue un desatino no haber escogido un gabinete que tenga varios integrantes que sepan desempeñarse políticamente, tomando en cuenta las circunstancias. Y fue inadecuado el nombramiento de Angulo como primer ministro. Al mismo tiempo, no ha sido un buen mensaje reemplazarlo por quien se desempeñó como ministro de Defensa mientras ocurrieron la mayoría de las muertes bajo estado de emergencia.

Es absurdo y condenable que la Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú haya allanado los locales de la Confederación Campesina del Perú y del movimiento Nuevo Perú, organizaciones cuyas actividades se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo en el ámbito de la legalidad y el respeto de la democracia. En los allanamientos no ha habido presencia de fiscales y se ha restringido la actuación de abogados. Los afectados directos han denunciado maltratos durante las detenciones y “siembra de pruebas”. Todo esto debe ser investigado y sancionado.

Resulta fatal el nombramiento como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) de Juan Liendo, quien, como se sabe, venía desempeñándose como asesor de la comisión de Inteligencia del Congreso, concretamente al servicio del congresista José Cueto. Alguien que, además, como invitado constante de Willax, ha expresado opiniones relacionando las protestas al terrorismo. Es obvio que debe ser cambiado.

Se vio también muy mal cuando la presidenta Dina Boluarte hizo una conferencia de prensa para informar sobre cómo estaba la situación en las zonas convulsionadas del país y le dio la palaba al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al jefe de la Policía para que lo hicieran, ambos vestidos de comandos.

Por último, en cuanto a incertidumbres, ¿cómo saber que el Congreso cumplirá con aprobar el adelanto de elecciones en la siguiente legislatura? ¿A qué cambios condicionará esa aprobación ¿Habrá sectores que exigirán que se cambie a las cabezas de los diferentes organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec), como ya lo hizo Renovación Popular?

Indudablemente, si la idea fuera intentar un régimen cívico-militar, como el descrito, dependerá de cuánto se logre desarrollarlo o si las muertes producidas y la mano dura frenan la protesta social. Esto puede llevar a un equivocado “empoderamiento” de la presidenta y del Congreso, que podría derivar en que la idea de quedarse hasta el 2026 se retome.

Ahora, tampoco se puede descartar que esta vez lo absolutamente inesperado sea que se cumpla con el libreto reescrito a fines de este año y que, por tanto, se concrete el adelanto de elecciones, con la nueva presidenta (el sexto presidente desde el 2016) y este Congreso hasta julio del próximo 2024, que no es como esperar al 2026, pero tampoco es poco tiempo. ¿Cómo será este período de transición en cuanto a relaciones Ejecutivo y Congreso? Y en cuanto a gobernabilidad, incluida la solución de las protestas sociales que persistan frente a la situación política y a los conflictos sociales habituales, ¿se repetirá que los gobiernos de transición son mejores?

Y finalmente, ¿de las nuevas elecciones adelantadas, emergerá un mejor Ejecutivo y Legislativo, o estaremos nuevamente deseando y buscando que se vayan todos?

Dependerá, obviamente, de que antes se introduzcan los mínimos cambios para que se enriquezca la oferta electoral y las condiciones de votación, y no tengamos que estar condenados a elegir entre Keiko Fujimori y López Aliaga, por un lado, y del otro, Antauro o alguien por el estilo. O un outsider de un extremo u otro, vendedor de humo.  

Es por eso que las condiciones en las que se produzcan las nuevas elecciones serán una nueva batalla ciudadana, ya que los partidos y candidatos que están en carrera van a querer que todo siga igual, para que no surjan competidores de mejor calidad.

Como se ha dicho al comienzo, estamos en una época en la que todo puede ocurrir en Perú. Todo y mucho más.