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En una tarde soleada del 2 de diciembre de 2020, Rubén Vargas Céspedes —entonces ministro del Interior— apareció en los principales noticieros meridianos para hacer un anuncio a nivel nacional.

Meses después del inicio de la pandemia de la COVID-19 y semanas desde que un proceso irregular de vacancia presidencial había dejado al país tambaleando tras el  paso de tres mandatarios por el poder en el lapso de una semana, el Perú podía volver a estar tranquilo según el ministro Vargas.

En uno de los pasillos de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), el ministro Vargas inició su conferencia de prensa. Flanqueado por el entonces (y todavía) jefe de dicha unidad policial, el general PNP Oscar Arriola, y también el entonces comandante general de la PNP (y luego ministro del Interior), el general PNP Cesar Cervantes, Vargas Céspedes se dirigió a las cámaras de los medios de comunicación presentes y les indico que la Policía Nacional había ejecutado con éxito el megaoperativo “Olimpo”: un operativo policial realizado luego de cinco a años de investigación previa que terminó con la captura de 72 presuntos integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

El Movadef —organización política cuya principal plataforma desde su fundación en el 2009 ha sido impulsar la amnistía de todas aquellas personas condenadas por terrorismo y vinculadas al Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) — había recibido su “tiro de gracia” y había sido “liquidado”, como declararía luego el ministro Vargas en una entrevista.

“Entonces, desde mi punto de vista, con esta operación la Policía Nacional finalmente ha dado el tiro de gracia a este grupo criminal que tanto daño le ha hecho al Perú. La Policía Nacional está demostrando claramente su compromiso con la democracia. La verdad es que este es un día histórico, porque insisto, finalmente se ha derrotado al grupo terrorista, no solamente en la parte militar, sino también en ese brazo critico que pretendía operar de manera subterránea. No colocaba coches bomba, pero infiltraba organizaciones, infiltraba marchas absolutamente validas tratando de atizar la violencia y llevarlas a su discurso criminal. Finalmente, el Movadef ha sido liquidado y el grupo terrorista ha sido terminado gracias a una actuación impecable de la Policía Nacional”.

Por la tarde de ese mismo día, Vargas presentó su renuncia al cargo de ministro luego de que un escándalo periodístico terminara por derramar el vaso de su ya debilitada figura política.

Por su parte, el general PNP Cesar Cervantes lideraría meses después, junto al nuevo titular del Interior, José Elice, el proceso de reforma policial que fue la partida de nacimiento del gobierno de transición encabezado por el expresidente Francisco Sagasti. Una reforma que, a casi dos años de su ejecución, parece no haber tenido ningún resultado a la luz de los recientes hechos ocurridos en diversas partes del país.

Es diciembre de 2022, dos años después de los eventos de noviembre del 2020 y el megaoperativo “Olimpo”, y hay 28 fallecidos en el marco del estallido social que ha envuelto al país: 22 de ellos producto de enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas; 14 de ellos como el resultado directo del impacto de un proyectil de arma de fuego.

En una de las secuencias fotográficas más impresionantes de estos días, capturada por el fotoperiodista Aldair Mejía de Agencia EFE, se ve como un efectivo policial dispara una bomba lacrimógena directamente al cuerpo de un manifestante que tiene a pocos metros de distancia. Mas allá de que el manifestante en mención parece sujetar una roca en su mano para posiblemente agredir al oficial o cometer actos vandálicos; la imagen del policía apuntando al pecho de esta persona, sin ningún tipo de reparo, es indicativa del grado de violencia por parte de las fuerzas del orden que hemos podido atestiguar en estos días.

Durante las semanas que han seguido al fallido intento de autogolpe del expresidente Castillo, los tres personajes mencionados al inicio de este texto han reaparecido para advertir en unisonó lo siguiente: el Movadef estaría detrás de las movilizaciones y la violencia desatada en las calles.

Tanto Vargas, como Cervantes y Arriola se han paseado por diversos medios de comunicación en las últimas semanas advirtiendo de una nueva infiltración del Movadef en un momento crítico de estallido social en el país.

La pregunta se cae de madura: ¿acaso el Movadef no había sido “liquidado”?, ¿acaso Vargas, Cervantes y Arriola no se habían encargado de darle el “tiro de gracia” a esta organización?

El fin de semana pasado, la Dircote realizo un allanamiento al local de la Confederación Campesina del Perú (CCP). Un allanamiento que busco ampararse en el actual estado de emergencia para justificar las irregularidades del mismo: no conto con una orden judicial, presencia de la Fiscalía, abogados defensores e intérpretes (debido a que la mayoría de personas detenidas eran quechuahablantes).

La diligencia se basó en información recabada por inteligencia policial sobre los supuestos materiales que se encontraban en el local y que estaban destinados para causar daños y destrozos en subsecuentes movilizaciones. Lo que se terminó encontrando fueron machetes —aparentemente nuevos y con las etiquetas de precio puestas—, pasamontañas, hondas y otras supuestas pruebas del vínculo de las personas detenidas con alguna facción subversiva. Los campesinos detenidos en el local de la CPP fueron retenidos por más 16 horas y, según sus testimonios, ninguno de los materiales atribuidos a ellos por la policía les pertenecen.

A pesar de la poca conexión que pueda haber entre ambos sucesos, tanto el operativo “Olimpo” como el reciente allanamiento al local de la CPP, nos dicen mucho sobre el momento que estamos viviendo como sociedad. Para empezar, en los últimos años se ha instalado un imaginario colectivo de represión y “terruqueo” dentro de las fuerzas del orden, que es respaldado y retroalimentado por un sector importante de nuestra clase política. La transición democrática que en la práctica debió implicar una profunda reforma de la Policía y las Fuerzas Armadas demuestra que esas organizaciones todavía no han logrado superar la lógica y el legado de la lucha antisubversiva dentro de su accionar. El lenguaje militarizado se ha vuelto cotidiano y el dialogo ha sido sustituido por las balas y los toques de queda.

Por otro lado, el operativo “Olimpo” que significó en la practica la purgación de meses de prisión preventiva para los implicados en el caso —pese a nunca haber quedado demostrado la comisión de un crimen— ha sido, en retrospectiva, quizás el punto de inflexión más importante para el movimiento de derechos humanos en el país. Ninguna organización se quiso hacer cargo en su momento del asunto. Nadie quería ser “terruqueado” en su momento, pero, inevitablemente, todos terminaríamos siéndolo.

Finalmente, el operativo “Olimpo” permitió que la figura de “peligro abstracto” se convierta en moneda corriente para el accionar cuestionable de unidades como la Dircote. La intervención en el local de la CPP se justificó bajo el argumento de que en ese local encontrarían “armas” con las que posiblemente luego se ocasionarían daños y desmanes. Algo propio de las páginas del famoso relato El reporte de la minoría del escritor americano Phillip K. Dick, donde una unidad policial futurista llamada PreCrimen detiene a sospechosos antes de que comentan delitos que han previsto ocurrirán en el futuro. Evidentemente, algo que solo podría (o debería) ocurrir en el ámbito de la ciencia ficción.

Un punto que es importante mencionar es que esta lógica también afecta a las propias fuerzas del orden. Hasta hace unos días, la cifra de policías heridos en el marco de las protestas se elevaba a 216.

Si durante las intervenciones se aplica una lógica de guerra y un lenguaje bélico; si se deshumaniza a los manifestantes (pacíficos en su mayoría) y se deslegitima su enojo y derecho a la protesta vinculándolos con el Movadef y el PCP-SL; si en vez de disminuir la violencia, la policía la termina escalándola más es inevitable que también hayan heridos de ese lado.

Durante las manifestaciones que ocurrieron en Andahuaylas, al inicio del estallido social, se viralizó en redes una foto que supuestamente había compartido un miembro de la policía en sus estados de WhatsApp y que realizaba labores de control y vigilancia en la zona.

La imagen muestra el arma del policía (un lanzador de gas lacrimógeno) que apunta directamente hacia el contingente de manifestantes ubicados en frente de él. La inscripción de la imagen lee: “Jugando Left” y va acompañada de un emoticón con una carita sacando la lengua.

Left 4 Dead, el nombre al cual hace alusión el estado compartido, es el título de una franquicia de videojuegos donde el protagonista debe sobrevivir y eliminar a una horda de zombis utilizando todos los armamentos que tenga disponibles. Un zombi y un “terruco” comparten muchas similitudes porque ambos son considerados sujetos desechables, merecedores solamente de nuestro desprecio. La analogía es casi perfecta.

Se pueden decir muchas cosas sobre esta imagen: qué implica en términos de formación policial o sobre la aplicación (inexistente por lo visto hasta ahora) de los protocolos de control, mantenimiento y restablecimiento de orden público que tiene la policía; pero también es característico de los imaginarios que actualmente existen desde las fuerzas del orden, nuestra clase política y, por qué no también, grandes sectores de nuestra sociedad.  

Si bien el “terruqueo” es algo que precede al operativo “Olimpo”, no sería descabellado pensar que ese momento marcó un hito en la institucionalización de un imaginario “terruqueador” que se ha operativizado en un discurso y accionar político y policial muy particular. El miedo generalizado que rodeo el caso y que se transformó en silencio ha contribuido, en parte, al grave panorama político que vivimos actualmente. Por suerte, la respuesta de la sociedad civil ha sido mucho más rápida ante un caso similar reciente como el allanamiento al local de la CCP. Ojala estemos listos para la próxima embestida.