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La posibilidad de que el Estado adquiera los activos de Repsol, entre los que se encuentran La Pampilla, la red de grifos de la empresa en el país y la empresa Sol Gas, ocasionó una alarma desproporcionada entre algunos sectores empresariales y políticos conservadores, quienes pusieron literalmente “el grito en el cielo”, rasgándose las vestiduras y mesándose las barbas porque el Gobierno osaba incursionar en el mercado, un coto de caza de utilidades que ellos consideran exclusivo del sector privado.

Se acusó al Gobierno de chavista, neovelasquista y aun de fidelista por querer adquirir una propiedad que, dicho sea de paso, fue construida por el propio Estado por iniciativa del gobierno del arquitecto Fernando Belaunde y culminada por el gobierno militar.

La chilla reclamó que el Gobierno no puede intervenir en la economía sino cuando la actividad empresarial no es capaz de hacerlo. Esgrimieron cuestiones principistas para justificar su furibunda oposición, pero lo real es que el amor no es al tierno lechón sino a los chicharrones. Es que si el Estado interviene, los precios de los productos —en este caso los hidrocarburos— pueden bajar, y eso no le conviene de ninguna manera al poderoso grupo que comparte con REPSOL el verdadero monopolio existente, que está presente en muchos sectores de nuestra aún pequeña economía.

Es cierto que quienes nos opusimos en su momento a la privatización de PetroPerú (65% de la población, según encuestas de 1995) alentamos la esperanza de recuperar lo que nunca se debió vender. Independientemente de si es o no un buen negocio adquirir estos activos hoy, lo que realmente está en juego, aun después de que el Gobierno ha desestimado esta compra, es la capacidad del país para asegurar la provisión de combustibles a precios justos, en cantidad y calidad suficientes para garantizar el desarrollo de todos los sectores productivos nacionales, cosa que no ocurre hoy.

Entre el año 1992, cuando comenzó el proceso de privatización de PetroPerú que terminó 5 años después, y el año 2013, el Perú pasó de producir 160 mil barriles diarios (BD) a 63 mil BD. Hoy tenemos que importar 137 mil BD cada día para abastecer los 200 mil BD que necesitamos; y esta demanda va en aumento a medida que crece la economía.

Pagamos entre 13 y 16 soles por galón de gasolina, el combustible más caro del continente. Entonces, ¿cómo nuestros empresarios van a poder competir con los productos chinos, si allá el precio del galón de gasolina es equivalente a 5,70 soles; con los de los Estados Unidos, si allá cuesta 7,15 soles, o con los de Japón, donde el galón vale el equivalente a 10,8 soles? Así, a pesar de que estos países son importadores netos de petróleo, como nosotros, en ellos se paga casi la mitad por galón de gasolina de lo que pagamos en el Perú. ¿Por qué ocurre esto?

Lo dicho se explica en gran parte por la voracidad de las empresas extranjeras que explotan este recurso en el Perú, a las que no les interesa producir más petróleo sino solo ganar más: una y  otra cosa son distintas, ya que son esas mismas empresas las que importan el petróleo o el combustible refinado de sus propios pozos y refinerías en otras partes del mundo. Eso es lo que no entienden algunos políticos y empresarios.

La privatización de PetroPerú es la gran responsable de estos dos problemas fundamentales para el desarrollo y la calidad de vida de la población. Las decisiones políticas sobre estos temas tienen que adoptarse teniendo como objetivo protegernos de la crisis petrolera que se avecina debido a los problemas del Oriente Medio, así como la necesidad de producir de manera interna la mayor parte de la energía que consumimos.

Una empresa pública de petróleo es a todas luces fundamental para el desarrollo de la industria nacional. Su éxito consiste en colocar sus productos en el mercado nacional con márgenes de utilidad pero al menor precio posible, con la finalidad de que las otras ramas de la actividad productiva nacional alcancen los mayores niveles de rentabilidad y así puedan crecer de manera sostenida, generar empleo y competir de igual a igual por los mercados mundiales de manufacturas.

Esta situación, que en teoría podría alcanzarse mediante la operación de las reglas del mercado, solo es posible si tuviéramos la posibilidad de generar competencia entre múltiples empresas productoras de combustible; pero como solo tenemos dos refinerías en el país y nuestro mercado es aún muy pequeño, esto no es posible. Aquí, como las reglas de la competencia no pueden funcionar, toca al Estado intervenir para que podamos alcanzar nuestros objetivos nacionales.

Finalmente, las empresas que manejan la industria petrolera en América Latina son en casi todos los casos estatales: Pemex de México, Petrobras de Brasil, YPF de Argentina, Ecopetrol de Colombia, PDVSA de Venezuela, Petroecuador de Ecuador e YPFB de Bolivia. Y todas son rentables.

En el caso del Perú, la alternativa de realizar emprendimientos públicos en conjunción con capitales privados nacionales o internacionales será sin duda la fórmula perfecta para garantizar el desarrollo que necesitamos en el sector hidrocarburos.

Nuestro país requiere una industria petrolera de mayor vigor, tamaño y modernidad, así como más combustible, generado en yacimientos propios pero a precios justos.