Escrito por Ricardo Soberón Garrido Revista Ideele N°230. Junio 2013

En menos de cuatro meses han ocurrido eventos muy importantes en materia de lucha contra las drogas. Pese a esto, el Perú se encuentra en un limbo entre continuar el camino tradicional o el de adoptar reformas sustanciales. Además, existe una suerte de dejadez y falta de liderazgo de nuestras principales autoridades en este tema. ¿Vamos por buen camino o estamos remando contra la corriente? Peor aún: ¿no estamos haciendo nada?

Hace poco menos de un mes, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entregó a los presidentes de los Estados americanos el informe “El problema de las drogas en las Américas”, que contiene dos elementos centrales: una evaluación de la lucha contra las drogas en las Américas, por un lado, y un análisis de cuatro posibles escenarios que pueden resultar de continuar el mismo camino o establecer nuevas alternativas, por otro.

En concreto, en la sección analítica se reconocieron diversas falencias y externalidades negativas de la actual guerra contra las drogas (como la afectación de los derechos humanos, de la salud, de la seguridad pública, del medio ambiente, y los altos costos sociales y económicos, entre otros). Éste es un suceso importante, ya que ningún ente oficial (y solo algunos grupos de la sociedad civil) se había pronunciado al respecto. Asimismo, en la sección referente a los escenarios se esbozaron cuatro posibilidades: “Juntos”, “Caminos”, “Resiliencia” y “Ruptura”.

El primero de ellos (denominado “Juntos”) entiende el problema de las drogas como parte de un problema mayor de inseguridad, con instituciones estatales débiles e incapaces de controlar sus consecuencias, como el crimen organizado, la violencia y la corrupción. Claramente, este enfoque apuesta por fortalecer las capacidades de instituciones judiciales y de seguridad pública (Policía y Fuerzas Armadas) mediante una mayor profesionalización, mejores alianzas con los ciudadanos, nuevos indicadores de éxito y una cooperación internacional mejorada. Actualmente los Estados involucrados en el fenómeno de las drogas han optado, en mayor o menor medida, por seguir este camino, lo que ha originado serios problemas como el incremento de la violencia y el crimen organizado (en México y Centroamérica), o el desplazamiento de cultivos (de coca, básicamente) y de actividades ilícitas (en Colombia, el Perú y Bolivia). Nadie niega que haya habido resultados a raíz de este tipo de intervenciones, pero parecería que los costos exceden los beneficios y originan externalidades negativas. Tengamos cuidado.

“Caminos” es el segundo escenario planteado por la OEA. En él, el problema es que “el régimen legal y regulatorio actual para controlar el uso de drogas mediante sanciones penales (especialmente arrestos y encarcelamiento) está causando demasiado daño”. Frente a esta situación, se pretende probar y aprender de regímenes legales y regulatorios alternativos (iniciando con el cannabis o marihuana). Este escenario ha sido, en algunos casos, probado por Estados fuera del continente y también dentro (como en algunas circunscripciones de los Estados Unidos) y ha sido (es aún) materia de debate en Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia. 

Con bastante asombro, se puede aseverar que el Perú, siendo el principal productor potencial de cocaína, no tome más en serio el debate sobre las drogas. En todo caso, y aun con ciertas precauciones adicionales, este escenario debería ser considerado por algunos gobiernos como alternativa frente al problema de las drogas. Una vez más, se debe recordar que cada Estado tiene que tomar en cuenta su propia realidad empírica (no política) si es que busca aplicar este tipo de recomendaciones.

El tercer escenario se el denominado “Resiliencia”. En él, el problema de las drogas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes que generan violencia y adicción. Para enfrentarlo, se plantean “programas para el fortalecimiento de comunidades y mejoramiento de la seguridad y la salud públicas, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales”. Éste es un enfoque bastante novedoso, ya que toma en cuenta el factor “formulación de políticas públicas a raíz de la participación inclusiva de los diversos actores de la sociedad civil”, los cuales se encuentran, de alguna u otra forma, conexos al narcotráfico. Esta aproximación resulta interesante, dado que busca comprometer directamente a la sociedad y a la población en general con el fin de rechazar completamente cualquier modalidad de tráfico ilícito de drogas.

El cuarto escenario es el peor de todos. “Ruptura” entiende que el problema es que los países donde se producen las drogas y aquéllos por donde se hace el tránsito están pagando costos insoportables e injustos. Para solucionar esto, no se plantea absolutamente ninguna acción concreta. Au contraire, se señala que “algunos países abandonan unilateralmente la lucha contra (o llegan a aceptar) la producción y el tránsito de drogas a su territorio”. Éste es un escenario aún no alcanzado del todo, pero completamente potencial. La lucha contra las drogas en los Estados representa un continuo desgaste operacional que se desmotiva a sí mismo progresivamente cuando no hay resultados concretos y mensurables. Si a esto le sumamos el hecho de que, ya de por sí, la capacidad operativa de algunos Estados es nula o muy pobre y no existe voluntad política de reforma sustancial, tendremos un resultado parecido a éste que nos plantea la “ruptura”.

En líneas generales, sostenemos que el cambio de enfoque en materia de drogas y narcotráfico es irreversible en el hemisferio. Pero éste será un proceso lento, impredecible y no exento de retrocesos. Por ejemplo, hasta ahora lo hecho por países (en forma de tratados) y la comunidad internacional no ha tocado los mercados ilícitos (tránsito e ilegalidad), como reconoce el Informe de la OEA.

El Secretario General de este organismo calificó el 42.° periodo de la AG-OEA de “constructivo, productivo y normal”, y enfatizó el “tremendo consenso” logrado por la mayoría de países, pese a que la Declaración de Antigua acordada recorta tremendamente los postulados de la propuesta original, impulsada por el Gobierno de Guatemala. Resulta primordial lograr mayores ejemplos de tregua, así como de reducción de niveles de violencia en Centroamérica (tasas de 82,1, 66 y 41 por cada 100.000 habitantes en Honduras, El Salvador y Guatemala, respectivamente), así como culminar con éxito el proceso de paz con las FARC en Colombia.

El Perú

Mientras el tráfico ilícito de drogas en el Perú alcanza niveles nunca antes vistos (aumento de hectáreas destinadas a cultivos ilegales, de producción de cocaína y PBC, de actividades ilícitas de lavado de activos, entre otros), parece que las autoridades responsables de la formulación de políticas públicas contra las drogas en el Perú no se han percatado de la discusión regional. Aunque Cancillería se ha mostrado dispuesta a adoptar el debate en materia de lucha contra las drogas (en un ámbito discursivo), la realidad muestra que tanto la Presidenta de Devida como el Presidente de la República permanecen en el pasado. La primera, además de haberse dedicado casi exclusivamente a actividades de labor preventiva (lo cual, de por sí, es positivo), ha buscado constantemente fondos de cooperación internacional (principalmente de los Estados Unidos), mientras el segundo se reúne con el presidente Obama con el fin de abordar temas relativos a cooperación para el narcotráfico (lo cual involucraría modificación o firma de nuevos convenios militares que afectarían la soberanía y autonomía nacional). Al respecto, el nuevo convenio todavía no está terminado, ya que aún hay puntos de divergencia. Dichas discrepancias tendrían que ver con la magnitud de la intervención en el VRAEM o cuestiones técnicas específicas.

¿En qué se está pensando? Lo que se puede concluir es que el Perú, como ente unitario en la toma de decisiones (pues la política exterior en este país pareciera no originarse del debate entre múltiples actores internos), está razonando de forma “seudorracional”. Las buenas relaciones diplomáticas y el incremento de cooperación técnica y financiera con los Estados Unidos parecen ser la finalidad, y la lucha contra las drogas en el Perú, el medio para conseguirlo. ¿No debería ser al revés? Efectivamente, la incapacidad operativa y los escasos recursos del Perú para combatir el tráfico ilícito de drogas son factores que hacen que el país busque aliados y se alinee con sus políticas generales (caso Estados Unidos), a cambio de conseguir algunos efímeros resultados positivos. Lo irracional de este razonamiento “seudorracional” es que dicho alineamiento político y estratégico no produce ningún resultado concreto, medible y efectivo en la disminución del tráfico ilícito de drogas. Si, por mandato constitucional, el Perú está en la obligación de combatir este fenómeno, ¿qué está haciendo realmente al respecto?

De cualquier forma, la próxima AG Especial de la OEA (2014), que dedicará nuevamente su atención al cumplimiento de la Declaración de Antigua, debe establecer las bases de la próxima Estrategia Hemisférica del quinquenio 2016-2020. Se espera poder contar con diversos ejemplos de buenas prácticas hasta entonces. Por otro lado, el UNGASS 2016, acordado en el reciente periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, debe ser el final de esta larga historia de distracción de recursos y falta de políticas efectivas. Aunque el Informe sobre el Problema de las Drogas de la OEA y sus cuatro escenarios no resuelven el debate final, sí abren la perspectiva después de 100 años de prohibición y resultados penosos.