Escrito por Ricardo Zimic Revista Ideele N°230. Junio 2013

¿Cómo un joven universitario y practicante por un salario casi mínimo puede llegar a un caso extremo de endeudamiento financiero con tarjetas de crédito? ¿Cuál es la dinámica y el proceso por el cuál los jóvenes acceden a tarjetas de crédito en el Perú? ¿Es legal? Pero, sobre todo, ¿es saludable? Aquí mi historia financiera.

Todo empezó en junio del 2011, cuando recibí una inesperada llamada del Banco de Crédito del Perú (BCP). Me dijeron que tenía una tarjeta de crédito preaprobada por el Banco. Toda una sorpresa, pues yo nunca me había contactado con ellos para solicitar este producto. Apenas tenía una cuenta de ahorros con saldo cero desde hacía meses. En ese momento mis ingresos eran variables y no superaban el sueldo mínimo. ¿Se habrían equivocado de persona, acaso?

Definitivamente, no era un error para ellos. La señorita, representante de la fuerza de ventas por teléfono del BCP, sabía que tenía una deuda pequeña que venía pagando al día con el BBVA Banco Continental y que yo trabajaba entonces para la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Pero ¿cómo tenía acceso a mi información laboral? No creía que la Universidad la hubiera hecho pública en alguna base de datos de acceso bancario, y no lo supe hasta entonces.

Juan Carlos Ocampo, economista especializado en finanzas personales, comenta al respecto que “generalmente los bancos suelen trabajar con las bases de datos de los grupos económicos a los cuales pertenecen. Así tienen acceso a la información personal de sus potenciales clientes no solo a través del RENIEC y la SUNAT, sino también de la AFP, la compañía de seguros y el agente de bolsa del mismo holding empresarial”.

Entonces recordé que estoy afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) por Prima AFP, que a su vez forma parte de Credicorp, el holding o grupo financiero más grande y antiguo del Perú. El Banco de Crédito, que me llamó con su oferta en esta oportunidad, naturalmente pertenece a este conglomerado. Y buscaba un nuevo cliente.

Es decir, en la práctica, y contra todo sentido común sobre privacidad de datos personales, mi información laboral confiada en mi calidad de afiliado a Prima AFP podría ser vista por cualquier funcionario de Credicorp. Y ya que se trata de una entidad con fines expresamente lucrativos, esta información —mi información— podría ser utilizada también sin mi autorización por otras empresas del grupo para ofrecerme productos propios mediante una llamada, por ejemplo.

Luego, la amable joven me ofreció trasladar mi deuda pendiente con el BBVA al BCP. No era un producto financiero nuevo para mí: lo había investigado antes por Internet como alternativa a los altos intereses que me cobraba el primer banco por mis consumos con la tarjeta que mantenía con ellos. Pagaba 89% como tasa de interés efectiva anual (TEA), por lo que cualquier oferta de la también llamada compra de deuda a una tasa menor era conveniente.

La tasa que me ofreció para ello fue del 17%, mucho menor que la que me pagaba. Y no solo eso: que esta misma tasa aplicaría a todos mis consumos con la nueva tarjeta durante el primer año de uso. Me pregunté si la línea de crédito sería mayor que los mil soles que me daba el BBVA, y sí que lo era. Tenía 4.900 soles a mi disposición. Parecía muy bueno para ser cierto, hasta que ella mencionó además un 10% de descuento en mi primera compra.

Miguel Martín Mato, profesor de Finanzas Empresariales en la Universidad ESAN, explica que “los jóvenes que están por ingresar o han recientemente ingresado al mundo laboral son un segmento muy atractivo para las entidades financieras. Generalmente son solteros y no tienen hijos. No hay carga familiar aún, por lo que disponen de gran parte de sus ingresos para consumos en bienes o servicios orientados al disfrute”.

En efecto, yo —lamentablemente para ese caso— no era la excepción. Todo esto parece no ser nada desconocido para los bancos peruanos, por lo que compiten duramente al momento de incorporar a los jóvenes al sistema financiero de créditos, especialmente el de las tarjetas, por su estrecho vínculo a un consumo regular y continuo a lo largo del tiempo de vida del plástico.

“Las líneas de crédito preaprobadas se basan en la información que los bancos y financieras disponen de sus potenciales clientes; toman variables como la edad, el estado civil, el domicilio, estudios superiores, puesto de trabajo, empresa, actividad comercial, propiedades, historial crediticio, entre otras. Es increíble la cantidad de datos que pueden recolectar estas instituciones para luego procesarlos y organizar campañas dirigidas a nichos clave”, detalla el especialista.

Yo hice algunas preguntas adicionales sobre las comisiones y gastos de la tarjeta; sin embargo —en mi mente— ya había decidido aceptar la tarjeta antes de finalizar la llamada. Entonces me preguntaron por mis ingresos mensuales. Pregunté si no los tenían registrados también, y la señorita me dijo que era necesario confirmarlo vía telefónica. “Bueno —dije—, gano 1,500 soles.” ¿Cuál era mi sueldo fijo en realidad? Ninguno: ganaba en promedio 365 soles al mes como guía PUCP mediante recibos por honorarios.

Mentí, es cierto. Mis ingresos eran superados de lejos por el monto que indiqué al Banco, ¿pero acaso no tenían ellos esta información también, o confiaban plenamente en la sinceridad telefónica de sus potenciales clientes? Mi ínfimo salario era apenas un poco más de la mitad de los 700 soles mensuales que exigía regularmente el Banco para acceder a la misma tarjeta de crédito. Se me invitó entonces a acercarme a una oficina a recoger mi nueva tarjeta. Así de fácil.

Ni se me ocurrió preguntarle si debía llevar algún documento que sustente mi salario, como recibos por honorarios o boletas de pago. Qué coincidencia: nunca me los solicitaron, tampoco. Para el Banco, al menos en este caso, yo era un funcionario bien pagado de una universidad de prestigio. Y, quizá por eso, mi palabra era prueba suficiente para definir mi propio sueldo, uno que me calificara como sujeto de crédito. En otras palabras, nuevo cliente del BCP.

De acuerdo con Carol Salas Valdiviezo, funcionaria del Departamento de Regulaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la legislación vigente establece que es responsabilidad de la entidad financiera “verificar que el solicitante o el usuario sustente ingresos económicos suficientes para operar la tarjeta de crédito. Para ello pueden solicitar documentos como boletas de pago, recibos por honorarios, declaraciones tributarias, entre otros. Es para evaluar el perfil del cliente”.

Me pregunto si la señorita que me llamó estaba enterada de aquello, ya que es parte de la regulación a la cual están sujetos los bancos y financieras autorizados a emitir tarjetas de crédito en el país. “En la SBS, nosotros no evaluamos los riesgos crediticios de cada cliente; quienes lo hacen son los bancos al otorgar los productos financieros de crédito como préstamos o tarjetas. Pero sí regulamos los procedimientos que ellos deben seguir para aquello de acuerdo a resoluciones”, destaca Salas al respecto.

Por su parte, la adjunta de la defensora del Cliente Financiero (DCF), Roxana Vargas, señala que esta práctica es una decisión de los bancos y financieras, ya que si “otorgan una línea que quizá el cliente no pueda pagar, la que está en riesgo es la misma entidad financiera. […] Son políticas de riesgos que varían y dependen de cada entidad financiera. Es potestad del cliente aceptar la línea o no”. ¿Pero acaso no es ésta una práctica perjudicial para ambos actores, en especial para los jóvenes usuarios con un bajo nivel de cultura financiera en nuestro país?

Cuando se le repreguntó al respecto, Vargas pareció no entender el punto de los usuarios. Reiteró argumentos que facultan legalmente a los bancos a ofrecer las tarjetas de crédito de acuerdo con las estrategias concretas que diseñan para captar nuevos clientes, siempre bajo la regulación de la SBS. Sin embargo, destacó que los bancos “deben reportar a los clientes ante la Superintendencia por el riesgo que manejan, y entre todos revisar cuál es su estado. Si es que éste cayera, también lo tienen que clasificar mal para evitar riesgos”.

Pero ¿a qué riesgo se refiere esta funcionaria? ¿Acaso no son los riesgos que los mismos bancos asumen por iniciativa propia incluso sin solicitar sustentos de ingresos? Pareciera una contradicción que esta entidad, cuyo fin primero es atender los reclamos de los clientes, tienda a defender más a los bancos y financieras que a sus usuarios desorientados por un sistema poco generoso en información clara. Quizá sea porque el DCF forma parte de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), es decir, es una oficina más de quienes ofrecen las tarjetas.

Al día siguiente ya estaba yo en la oficina del Banco más cercana a mi casa para recibir mi tarjeta solo con mi documento nacional de identidad (DNI). Estaba emocionado: era la primera vez que me otorgaban una línea de crédito tan amplia. No obstante, hubo un error, y la representante de plataforma me dio una tarjeta distinta a la que me habían ofrecido por teléfono. Se trataba de una tarjeta Plaza San Miguel, cuando “me correspondía” una Clásica.

A pesar de que las tasas de interés y las comisiones variaban entre una tarjeta y otra, al preguntar por sus diferencias me dijeron en plataforma que se trataba “básicamente de lo mismo”. Algo totalmente falso. Yo sabía que era así, pero no pregunté más por temor a que se me negara el acceso a la tarjeta como resultado. ¿Cuántos harán lo mismo? Ya en casa, consulté vía banca por teléfono. Debía volver para que emitieran la tarjeta inicial. Al final, terminé con dos plásticos por un error —voluntario o no— del mismo Banco.

Cada uno contaba con la misma línea de crédito ofrecida en la llamada, es decir, 4.900 soles. ¡Tenía en mis manos 9.800 soles en plástico! Y no solo eso, sino también el 95% de ambas líneas para disposición de efectivo. Parecía el sueño de todo estudiante misio, incluso de un recién egresado laborando. Lejos de solicitar que escoja solo una tarjeta, el Banco me permitió sumar ambas líneas de crédito en un solo plástico. Y eso mismo hice: casi 10.000 soles a sola firma.

Si bien acepté aquello en ese momento, ahora me pregunto cuán conveniente fue. Es decir, el Banco depositó su “confianza” en mí como sujeto de crédito, pero ¿era yo realmente merecedor de éste? Si el Banco me había aprobado una línea inicial menor de 5.000 soles fue porque en sus cálculos crediticios ése era el monto máximo con el que podía endeudarme. ¿Por qué entonces aceptó tan fácilmente duplicar esta línea si superaba de lejos su riesgo proyectado? ¿Una amable invitación al sobreendeudamiento?

Al preguntar sobre esto al BCP, Emmanuel Sandoval Dávila, ejecutivo de Servicio al Usuario, afirmó que el Banco “brindó las facilidades para que se puedan sumar las líneas de crédito ya previamente otorgadas. No es que se haya dado una línea de crédito adicional, sino solo se fusionaron los montos que ya estaban disponibles de manera paralela”. Es decir, el BCP no revisa si el total de las líneas aprobadas a sus clientes finalmente es coherente con sus propios indicadores máximos de endeudamiento. Solo ejecuta.

Fernando Ríos, funcionario de Atención al Consumidor en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), aclara que “todo gira en torno al acuerdo de voluntad de las partes. Si éstas acuerdan entre ellas, entonces ya no hay inconveniente. No obstante, en este caso se podría presentar una denuncia por idoneidad para que estas situaciones ya no se repitan. Sería una suerte de medida correctiva complementaria, ya no la principal como reclamo”.

¿Cuántos casos habrá como éste? No creo ser yo el único, pues las bases de clientes que cada banco maneja por campaña son de miles en todo el país. Por si esto fuera poco —para un joven estudiante sin mayores ingresos como yo—, en los meses consecutivos otros bancos y financieras me otorgaron más tarjetas con procesos similares: tarjeta Ripley Gord con 8.000 soles de línea de crédito, tarjeta CMR Falabella con 2.800 soles, Tarjeta Oh de Oeschle con 3.400 soles. Todas sin pedir sustentos de ingresos. Qué coincidencia.

Esto, sumado a los plásticos que ya tenía en ese entonces (BBVA Clásica por 1.000 soles, Interbank Claro por 800 soles y la reciente BCP Clásica), representaba una línea de crédito total de 25.800 nuevos soles en el sistema financiero para un solo titular: yo. Increíble, pero cierto. Un estudiante sin sueldo fijo recibió en crédito plástico por más de 70 veces sus ingresos reales al mes. Y este mismo “sujeto de crédito”, quien escribe, se encontraba entonces endeudado por cerca de 5.800 soles o el equivalente a más de 15 veces sus ingresos no fijos.
En un país como el Perú, cuyo Ministerio de Economía se jacta de ser un ejemplo internacional en regulación financiera, ¿se trataba de un sistema de crédito confiado y generoso con sus usuarios? O, por el contrario, ¿de uno relajado y ciego ante los excesivos riesgos de prestar dinero plástico a quien no sustenta cuánto gana (o cómo sobrevive)?

Alberto Moriscaki, subgerente de Estudios Económicos y Estadísticos en ASBANC, opina que se dirigen a “segmentos de la población anteriormente no atendidos. En muchos de ellos, sobre todo en los jóvenes, hay un gran potencial que no tiene acceso al sistema financiero por diversas razones. Hay mucho desconocimiento de los productos que ofrecen los bancos, es decir, no saben qué es una tarjeta de crédito ni cómo utilizarla. No saben lo beneficiosa que puede ser una tarjeta de crédito, siempre y cuando tengan la capacidad de pago que permita cumplir las obligaciones”.

En el caso de los jóvenes, agregó que “para tener un crédito, al igual que todos los demás clientes, deberían sustentar algún tipo de ingreso, ya sea como practicante o trabajador. Por eso la línea de crédito se determina de acuerdo con la capacidad de pago, del ingreso que tengas mensual. Eso si está bien regulado: la SBS se preocupa por que no se den créditos a personas que no pueden pagarlos”.

Sin embargo, luego compartió su experiencia personal con los plásticos cuando joven, que reveló una práctica que no sigue la línea de lo dicho antes: “Cuando yo estaba en la universidad, un banco me ofreció una tarjeta de crédito (como titular) y el aval era mi padre. En este tipo de campañas, te dan una tarjeta de crédito pero el que al final es responsable de esa deuda es el padre, no tú. Bueno, ¿deberías ser tú, no?”. Un ejemplo muy ilustrativo.

Por su parte, Luis Oré Pizarro, del Centro de Asesoría y Orientación en la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), destacó que esto es totalmente contradictorio. Estas entidades otorgan estos créditos a personas que ya no encajan en la definición formal de “sujeto de crédito”. Es decir, dan dinero plástico a quienes saben que no tienen ingresos para pagarlos, sino solo hasta el largo plazo, cuando quizá estén sobreendeudados y paguen altos intereses por ello.

Incluso mencionó que “existen cláusulas abusivas en los contratos que facultan a los bancos a congelar la línea de crédito de los clientes sobreendeudados, y hasta a debitar parte del salario que reciben en el mismo banco. Para esto debe haber un acuerdo previo entre el consumidor y el banco, el cual muchas veces se incluye en el contrato sin mencionarlo al cliente. Es importante leer bien primero”.

¿Será que en la práctica no existe un sistema efectivo de regulación financiera en el Perú para el otorgamiento de tarjetas de crédito a personas naturales? Cada banco o financiera adopta modelos distintos de evaluación crediticia de acuerdo con su conveniencia y con información filtrada dentro de cada grupo económico. Esta competencia por abarcar nuevos segmentos del mercado financiero, como los jóvenes, puede transformarse en un círculo vicioso en el cual los usuarios —sobre todo los incautos como yo— tenemos una fuerte desventaja.

Han pasado ya casi dos años desde que recibí esa llamada sorpresa del Banco. Gracias a Dios y a políticas personales de austeridad, logré pagar toda la deuda. Y no solo eso: además de una mejor gestión de mis finanzas personales, también logré desechar el paradigma de que debemos confiar ciegamente nuestros derechos como usuarios financieros al sistema mismo. Al ser el lucro su motor y motivo, y a pesar de la “regulación” del Estado, los derechos de los usuarios raramente serán la prioridad al establecer las reglas —no siempre visibles— del juego.