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Arrancamos el 2023 y el panorama político se encuentra bastante lejos de estar en calma. Un golpe y un contragolpe de Estado marcaron el cierre de un año convulso. Las manifestaciones despertaron en distintas partes del país, con especial énfasis en la macrorregión sur. Una dura represión por parte del Gobierno de Dina Boluarte ha dejado, por lo menos, 28 personas fallecidas durante las protestas y cientos de heridos. No hay responsables políticos y mucho menos penales. Las investigaciones hechas por fueros policiales y militares garantizan prácticamente impunidad segura.

Para el 4 de enero, se ha anunciado la reapertura de las movilizaciones en el sur del país, a las que se vienen sumando diferentes frentes y organizaciones sociales y sindicales. En contrapartida, el nuevo Gobierno ha buscado la desmovilización por medio de i) la criminalización de la protesta (con ayuda de los medios), ii) la persecución política (mediante la investigación policial y fiscal), y iii) una narrativa de “no violencia”, paradójica después de una evidente violación de derechos humanos durante las protestas del mes de diciembre.

Buscando reforzar esta narrativa de que la población peruana “no es violenta” y “solo quiere paz”, en oposición a aquellos malos peruanos —esta última frase es del general EP Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas— quienes realizarían actos vandálicos y terroristas, el nuevo Gobierno ha buscado abrir un frente de contralucha que ha caído bajo el ojo de la tormenta. Este frente busca movilizar base de apoyos sociales en sectores conservadores y de derecha, los mismos que intentaron desestabilizar el saliente Gobierno de Pedro Castillo desde que asumió el cargo. Ahora busca reunirlos mediante una convocatoria de la llamada marcha por la paz, a realizarse este 3 de enero. La convocatoria fue hecha por la Policía, un grave error político que debería —en teoría— costar muchas cabezas en los altos cargos. Veamos por qué.

La marcha por la paz no es un evento “pacífico” ni de promoción de “valores cívicos”. Es una marcha de apoyo político al Gobierno, que parte desde la misma estrategia que ha tildado de violentas a las protestas y no ha tenido rubor de utilizar la vieja práctica del terruqueo contra los manifestantes. Por ello, los “buenos” peruanos, los “defensores de la democracia”, deben salir al frente para promover la paz. El detalle es que la convocatoria de esta marcha fue hecha por la Policía, una acción que de por sí ya debería ser parte de una seria investigación y un proceso de denuncia constitucional.

Según el artículo 34 de la actual Constitución Política del Perú, “Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley”. Y según el artículo 169 de la misma Carta Magna, estas instituciones no deben ser deliberantes. ¿Por qué permitir que la institución policial convoque a una marcha que tiene un claro fin político a favor del Gobierno? Las respuestas solo pueden ser dos al respecto: torpeza política o una desvergonzada muestra de poder. Quizá ambas.

Una campaña sistemática, a través de medios virtuales, habría sido hecha por la Policía en coordinación con sus distintas dependencias regionales, provincias y unidades locales. En redes sociales vienen circulando innumerables documentos u oficios en los que la Policía hace lectura de la situación política del país, y a fin de mantener el orden y la convivencia social, dispone la organización y ejecución de la llamada marcha por la paz para este 3 de enero.

La Policía reculó sobre su accionar político en torno la marcha, afirmando que no será partícipe de la misma, a pesar de haber convocado abiertamente a su organización en distintas instancias. Sin embargo, diversas juntas vecinales y redes de cooperantes —organizaciones de la sociedad civil impulsadas por la institución policial— vienen denunciando presión para participar en las marchas, a manera de “invitación”. Estas denuncias han sido hechas incluso cuando la Policía ya había dado un paso al costado en la dirección de la movilización. Al parecer, esta solo ha sido una acción de cara a los medios y a la sociedad civil, pero por interno se sigue coordinando la marcha.

Hay un hecho que no puede pasarse por alto en torno a este evento. Y es que diversas organizaciones, como grupos religiosos conservadores, grupos radicales de derecha, partidos políticos, entre otros, también se están preparando para apoyar una marcha que desde el arranque adquirió un claro tinte político a favor del nuevo Gobierno. Es más, recordemos que hace unas semanas ya se había organizado una marcha por la paz con apoyo de estos grupos. La plaza San Martín, cerrada para la ciudadanía desde el mes pasado, fue abierta unos minutos para que conocidos grupos violentistas ingresaran y pudieran dar su respaldo a la Policía y las Fuerzas Armadas con un paradójico pedido de paz.

A todo esto, ¿quiénes son los responsables políticos sobre esta marcha? En primera instancia, deberían ser el ministro del Interior Víctor Rojas Herrera y el comandante general PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado, quienes deben rendir cuentas ante la ciudadanía. Sin voluntad política de un Legislativo ahora oficialista, la interpelación y la censura se ven lejanas. Sin embargo, es posible dar sanción a quienes han estado promoviendo la marcha directamente, y de hecho alimentando la narrativa sobre los peruanos “malos”, violentistas y terrucos.

Un caso concreto es el del general PNP Óscar Arriola, exjefe de la DIRCOTE y actual jefe de la DIRINCRI. De hecho, en fueros internos se dice que habría sido uno de sus impulsores de la marcha. De hecho, Arriola grabó un difundido video en redes sociales en el que invita a marchar en nombre de la Policía. Evidentemente, su discurso tenía un tinte político muy claro: “No podemos estar de acuerdo con pocas voces y pocas manos que incitan a la violencia. Los esperamos este martes a las 3 de la tarde en todo el Perú para marchar por la paz. Los peruanos que queremos la paz somos más”.

Según la Ley que Regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, Ley N.° 30714, pasan a situación de retiro quienes se encargan de “Organizar, dirigir, promover, participar o incitar a huelga, paro, marcha u otras acciones de protesta de índole policial, o intervenir en forma directa en actividades políticas o sindicales”. De igual manera, quienes llegan a “Utilizar el cargo o el grado para inducir al subordinado o a particulares a respaldar una campaña política o participar en eventos de la misma naturaleza”. ¿Habrá investigación y, sobre todo, sanciones al respecto?

Finalmente, hoy en día, la lamentable instrumentalización de la Policía para fines políticos tiene como cabeza responsable el Gobierno de Boluarte. El desesperado intento por construir legitimidad viene dañando no solo las instituciones, sino el propio soporte de la democracia como sistema político en el Perú. La marcha por la paz no solo es una muestra de cómo se maquilla la falta de respaldo del nuevo Gobierno, sino también cómo la política pueda empantanar lo que deberían ser valores colectivos a los cuales aspiramos, y sobre los que más bien se vienen manchando a punta de sangre, violencia e impunidad nuestro sentido como nación.