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En España, cada 8 minutos una familia es echada a la calle. Desde el 2008 la crisis ha destruido 6.202.700 millones de empleos. El 27,16 % de la población activa no tiene ingresos; el 57% de jóvenes forman parte de esta estadística. En muchas familias ambos padres están desempleados y su mayor dilema es comer o pagar la hipoteca. Ciento ochenta desahucios al día son parte del thriller de codicia, dirigido y producido por la insensibilidad de la especulación financiera y podrían ser catalogados de actos de  máxima perversión, en un país donde sobranun millón 300 mil viviendas.

Se calcula que en 2013 llegarán a 500 mil, las familias que habrán perdido sus casas,por no poder pagar hipotecas ni alquileres. Según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España, del año 2007 altercer trimestre del 2012 se han ordenado 414.975 desahucios entre viviendas y locales comerciales;de todos éstos,se estima que el 60% corresponde al desalojo de viviendas habituales.

Un sistema financiero pervertido, basado en la especulación inmobiliaria, ha llevado a la banca española al colapso. El 2012, la Comunidad Europea (CE) aprobó un rescate de 40.000.000 millones de euros, destinados a sanear el sistema bancario, pero esta acción no se ha traducido en crédito para crear empresas ni, consecuentemente, puestos de trabajo. Por esto, cada día son más las familias en riesgo de exclusión, sin un techo para guarecerse y buscando comida en los contenedores de basura.

…Yo tuve un sueño…

“Le damos el 100% de su hipoteca. Decida su cuota, deje de pagar dos meses al año, se los aplazamos y le damos más dinero. Usted y su familia se lo merecen.” Antes de que la burbuja inmobiliaria explotara, éste era el eslogan de la banca española. Por eso millones de sus ciudadanos, e incluso inmigrantes con empleos precarios, se inocularon el dardo envenenado de la casa propia.

Hace 10 años, alquilar una vivienda era harto complicado: no había oferta y los precios eran tan elevados como pagar las cuotas hipotecarias, con el añadido de que las ciudades se vendían al mejor postor. A cada paso las casas y departamentos de obra nueva esperaban a quien los quisieran habitar. El sistema financiero español se encargó de hacer completamente asequible la adquisición de pisos, pues así ellos ganaban más.

Cuando los clientes, cansados de buscar dónde vivir, caían en la red financiera, el banco tasaba la vivienda objeto de deseo; si quien pedía la hipoteca necesitaba el 100% del dinero, el banco llamaba altasadory le decía: “Infla la tasación”. Así un departamento puesto en el mercado a 90 mil euros, podía ser tasado en 120 mil. El tasador normalmente estaba relacionado con el banco.

“Enhorabuena”, decía el banco al cliente: “Te damos el 120% de la hipoteca. Pídelo todo; así tienes para muebles, cambiar el auto o hacer un viajecito.” Hubo quien cayó en el juego, hubo quien solo pidió lo necesario. Hoy, debido a la crisis, unos y otros están atrapados en la misma dinámica: o pagan o son desahuciados, convirtiéndose en morosos de por vida.

Castañuelas por sonaja

A diferencia de otros países europeos y de los Estados Unidos, donde en el momento más álgido de las subprime la gente se desvinculaba de la hipoteca devolviendo las llaves al banco, en España el “efecto sonajero” no existe. El clin-clin de las llaves pasando de las manos del deudor a las de la entidad financiera no da por satisfecha la deuda. Así lo señala elartículo 579° de la Ley del Enjuiciamiento Civil Española.

“Cuando se ejecuta judicialmente una hipoteca y el bien se subasta, si con el producto de la subasta no se cancela la deuda, la entidad financiera tiene derecho a cobrarse con los otros bienes —presentes y futuros— del deudor.” Las subastas, debido a la falta de difusión, normalmente son desiertas; así el banco se queda la propiedad por el 60% de su valor y el deudor deberá pagar el 40% restante, más intereses y el costo del juicio.

Según el presidente de la Unión de Consumidores de España, José Ángel Oliván, la normativa española que defiende el patrimonio de las familias debe ser modificada: “Las empresas tienen la ley concursal, y en caso de quiebra o ‘desajustes’ financieros, no responden con su patrimonio personal”. Incluso los promotores inmobiliarios en problemas pueden acogerse al efecto sonajero y extinguir su deuda en el acto.

Justicia cegada

En marzo del 2012, siete jueces, mediante un informe realizado por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), propusieron18 medidas para cambiar el sistema de desahucios; sin embargo, el máximo órgano judicial, cuando tuvo el documento en sus manos, no quiso ni estudiarlo ni debatir su contenido. “Y en ningún casolo asumimos como propio”, manifestó la institución en su momento. Los juristas proponían aplicar medidas excepcionales siempre y cuando la hipoteca correspondiese a la vivienda habitual o a un local de negocio, y para ello, entre otras cosas, aconsejaban la “dación en pago” según la situación del deudor. Esta medida significa poder saldar la deuda hipotecaria devolviendo la propiedad al banco, cosaque, de acuerdo con la actual legislación española, es imposible.

También recomendaban que el juez pudiese acordar moratorias dejandoen suspenso el pago de cuotas hipotecarias, y pedían que el valor de tasación, por el que un banco se adjudica el bien, sea mayor al 60%, “ya que este porcentaje es notoriamente inferior al real”. Respecto a las subastas, también opinaban que deberían realizarse por Internet, para abrir el abanico de posibilidades, y pedían – además – tasaciones independientes.

Por otro lado,los jueces también sugerían que el deudor siguiera usando su vivienda a cambio del pago de un alquiler social, así como limitar los gastos en caso de mora. No obstante, este paquete de posibles soluciones nunca formó parte del debate jurídico, y los jueces que elaboraron el informe ahora han sido vetados por la fuerza de los dos partidos más potentes de España, el Partido Popular y el Partido Socialista.

En España, solo el 1% del parque de alquiler se dedica a la vivienda social. En este régimen el inquilino paga solo el 30% de sus ingresos, luego de demostrar que éstos no le permiten acceder a otro tipo de ofertas. En el resto de Europa, tradicionalmente el parque de alquiler social asciende a 18%; excepcionalmente en Holanda representa aproximadamente el 20%.

El 15 de noviembre del 2012, el gobierno aprobó un real decreto en el que estableció una moratoria de dos años para los desahucios de los “más vulnerables”. Se pueden acoger a este “beneficio” las familias numerosas, es decir, aquéllas que tienen tres hijos o más, menores de 3 años de edad o incapacitados; los jefes de la unidad familiar han de estar en el paro y sin prestación por desempleo, o deben ser víctimas de violencia de género.

A este real decreto, al que muchas familias no pueden acogerse porque solo cumplen el requisito de ser parte de los más de 6 millones de desempleados, se le sumó —a finales de enero pasado— otra medida discrecional: ahora los jueces tienen la potestad de reducir la deuda de las víctimas de un desahucio; sin embargo, esto solo ocurrirá si se demuestra que el banco obtiene una plusvalía por la propiedad.

Iniciativa Legislativa Popular

A comienzos de este año, la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) presentó ante el Parlamento español una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Tres eran las demandas contempladas en el documento: 1. detención y retroactividad de los desahucios, 2. aprobación de la “dación en pago”, y3. que el deudor pueda seguir en su vivienda a cambio de un alquiler social.

La PAH es una asociación civil que nació el 2009 en Barcelona, debido a la crisis inmobiliaria española del 2008. Fue el germen de las protestas del 2011 y 2012 que dieron origen a los “indignados” españolesagrupados en el 15-M. En cuatro años de trabajo y con acciones de resistencia pacífica y de desobediencia civil, como la ocupación de oficinas bancarias, la PAH ha frustrado alrededor de 550 desahucios.

Una ILP es el mecanismo que permite a los españoles modificar leyes, presentando ante el Congreso un mínimo de 500.000 mil firmas;luego de su admisión a trámite, los parlamentarios tienen un plazo máximo de 6 meses para debatirla.La ILP hipotecaria fue presentada con las firmas de un millón 402 mil 854 ciudadanos, con lo que seconvirtió en la iniciativa popular con más respaldo en la historia de este país.

Desde el primer momento, la mayoría de grupos políticos dijeron que sí a que la ILP sea debatida en el Congreso. Hasta una hora antes de que éste entraseen sesión, el PP manifestaba que no aceptaría la admisión a debate de esta iniciativa. Sin embargo, la presión de la calle y tres suicidios ocurridos en menos de 24 horas obligaron al partido gubernamental a votar a favor. El PP tiene mayoría absoluta y esto le da poder de veto.

Un día antes de que la ILP fuese admitida a trámite, un hombre de56 años se matómientras esperaba la comisión judicial que le desahuciaría; ya le habían retirado la luz y el agua. “No puedo más”, decía en una nota que dejó a sus hijos. Las otras dos personasfueron una pareja mayor que, ante el desahucio inminente, ingirieron un cóctel de medicamentos que puso fin a su sufrimiento y desesperación.

Un día después de la admisión a debate de la ILP Hipotecaria, los dos grupos parlamentarios más fuertes, el PP y el PSOE, anunciaron que la debatirían con carácter de urgencia y que tomarían una decisión antes del 7 de marzo. Unas horas antes del anuncio, otro hombre se ahorcaba en su domicilio, cuando esperaba ser desahuciado por no poder pagar el alquiler.

El 7 de marzo, sin embargo, la ILP y un decreto del gobierno sobre el tema fueron detenidos a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre los procedimientos de desahucio en España. El 14 de marzo el Tribunal europeo dictaminó y sentenció “que el procedimiento de ejecución hipotecaria, tal y como está regulado en el Estado español, se opone a la Directiva 93/13/CEE”.

La Directiva, que data de 1993, regula la defensa de los derechos del consumidor. Según el Tribunal, el proceso español “no prevé […] la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual”. Es decir, la sentencia señala que la actual norma española no permite al juez adoptar medidas cautelares, “como la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria”.

Según el Tribunal europeo, esta sentencia no resuelve los litigios entablados, “sino que será el Tribunal nacional el que resolverá, de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia”. Así, los jueces que consideren que el contrato hipotecario incluye cláusulas abusivas, como elevados intereses de demora por impago, entre otras, podrá suspender el proceso de ejecución de la hipoteca.

La ley hipotecaria española y su aplicaciónson motivo de severas críticas, pues es la más dura dentro de los países que conformanla Unión Europea. En septiembre del 2012, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, emitió un dictamen en el que consideraba “las normas españolas que regulan los procesos de desahucio, son del todo incompatibles con la doctrina de protección de los consumidores”. La opinión de la letrada ha sido el antecedente para el fallo favorable del Tribunal.

Según manifestaba Kokott:“El derecho de defensa de la persona queda conculcado,cuando de entrada es expulsada de la casa y esta se subasta, así como cuando el afectado que litiga ya tiene el caso perdido […] los deudores deberían de tener un recurso legal eficaz para demostrar que las características del préstamo podrían ser abusivas y detener la ejecución hasta que se resuelva la causa judicial”.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal europeo no resuelve el problema social que el impago de las hipotecas ha generado en España. Según señala Ada Colau, la cara visible de la PAH de Barcelona, “la sentencia europea paralizará los desahucios, pero hay que ir al fondo de la cuestión y cambiar la ley para que recoja la dación en pago, la moratoria de todos los desahucios y el alquiler social”.
Alejándose del espíritu del Tribunal Europeo, el pasado 16 de abril el partido de gobierno español, haciendo uso de su posibilidad de decidir unilateralmente, aprobó un proyecto de modificación de la actual ley hipotecaria que no contempla ninguna de las demandas ciudadanas plasmadas en la ILP hipotecaria, lo cual condena a miles de habitantes de este país a ser deudores de por vida, de un inmueble del que serán desahuciados por la banca ‘rescatada’ con fondos públicos.

Por otro lado, el Parlamento Europeo, acaba de aprobar una directiva que regulará el mercado hipotecario en Europa y contemplala “dación en pago en determinados casos”. El objetivo es acabar con los “excesos” en la concesión de créditos hipotecarios y mejorar la protección de los consumidores. “Los bancos informarán claramente sobre las cláusulas contractuales hipotecarias”. Además, garantiza condiciones más favorables para los prestatarios en casos de pago anticipado y de ejecución hipotecaria.

La norma obliga a los bancos a evaluar la capacidad del cliente para el reembolso del crédito, introduciendo por primera vez estándares a nivel europeo. Si la evaluación no es satisfactoria, el crédito deberá ser denegado. La Comisión y el Parlamento europeos han tardado dos años en la elaboración de la directiva y ahora la regulación de la misma y su ejecución tardarán dos años más. Los políticos parecen no entender las urgencias de una ciudadanía con la que una vez demuestran no identificarse.

…Érase una vez un desahuciado…

El origen del fallo del Tribunal Europeo, en el que señala que la ley hipotecaria española vulnera los derechos del consumidor, es el caso de Mohamed Aziz, desahuciado en enero del 2011. Él dejó de pagar unos meses la hipoteca y su banco le exigió la cancelación de toda la deuda, lo cual es considerado como un vencimiento anticipado de la obligación, actuación que vulnera los derechos del prestatario.

Para el juez José María Fernández Seijo, quien presentó la petición de decisión prejudicial basada en el caso de Aziz, ante el Tribunal europeo, “la sentencia es vinculante y, conforme a la legislación comunitaria, los jueces podremos parar los procedimientos de desahucio, de oficio. Si se denuncian cláusulas abusivas, habrá una suspensión cautelar del juicio para comprobar si en efecto las hay”.

Si bien es cierto que la decisión del Tribunal no sería retroactiva, “con el dictamen europeo favorable, podríamos encontrarnos que los desahuciados podrían volver a sus casas en caso de que siguieran vacías; y podrían ser indemnizados si se demostrara que se produjo un perjuicio efectivo. La deuda permanecería—aunque reducida— si el dictamen coadyuvara a una disminución de los intereses de demora”, asegura Fernández Seijo.

Abuso de confianza

Las hipotecas españolas incluyen cláusulas abusivas, tales como exigir intereses de demora que rondan el 20%, cuando el interés legal del dinero es del 5%. También consideran el vencimiento anticipado; así el banco puede exigir el pago de toda la deuda con el incumplimiento de una sola cuota; burofax de por medio, el banco exige la cancelación de la deuda y da un plazo de 10 días para satisfacerla.

La entidad financiera también se reserva el derecho de liquidación unilateral de la deuda impagada; es decir, si no se ha hecho caso al burofax y en el plazo dado por el banco no se ha cancelado toda la deuda, la entidad puede presentar por su cuenta la liquidación del préstamo, para dar inicioen los juzgados al procedimiento de ejecución hipotecaria.

Pero hay más cláusulas abusivas: son las que el Estado denomina “especialmente complejas”, pues requieren de un conocimiento financiero más amplio del que posee el ciudadano común y corriente. Entre estas cláusulas está la de suelo, que establece el tipo mínimo de interés de las cuotas hipotecarias. En España, la mayoría de hipotecas utilizan el Euribor como índice de referencia, al que añaden un diferencial.

Si en el contrato hipotecario se firma una cláusula de suelo muy alta, dependiendo del mercado, el Euribor puede llegar a ser inferior o superior a ella. En octubre del 2012, y luego de varios meses en caída libre, el Euribor llegó a bajar hasta el 0,62%, con lo cual los que tenían un suelo de hipoteca por encima de este nivel,no se beneficiaron del descenso. Las hipotecas españolas suelen tener un 3% de suelo mínimo.

Otra de las consideradas cláusulas abusivas son las hipotecas “multidivisas”. Para lograr una cuota menor, los préstamos se firmaban en zonas donde los tipos de interés eran más bajos, y así se esquivaban los índicesmás altos de la Unión Europea. No obstante, desde hace más de un año, el Euribor, que es el índice utilizado para las hipotecas españolas, ha descendido estrepitosamente, haciendo mucho más rentables las hipotecas firmadas en la península e islas que conforman el país.

Los ‘swaps’ también forman parte de las cláusulas abusivas. Este producto financiero, pensado principalmente para empresas, consiste en que los prestatarios y las entidades financieras sellan un acuerdo,por el que los créditos quedan sujetos a un tipo de interés fijo durante un plazo establecido. Elswap no está dirigido a  hipotecas, sin embargo, el verano del 2009, cuando el Euribor toco máximos (5,3%), los bancos vendieron a sus clientes este producto, como ‘seguro contra las subidas hipotecarias’.

Contratando el swap, que normalmente se pactaba en un 5%, se aseguraba el pago de un interés fijo máximo; así el hipotecado se beneficiaba cuando el Euribor estaba muy por encima de este nivel. Además, la entidad financiera le abonaba al cliente la diferencia, cuando este índice era superior al tipo pactado. El problema llega cuando los tipos de interés bajan considerablemente, como ha ocurrido con el Euribor.

…Todos tienen derecho a una vivienda digna…

La constitución española en su artículo 47 afirma, que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna; pero en la actualidad esto no se cumple. A finales de enero pasado, el gobierno de Ecuador denunció a España ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por “excesos bancarios”. La denuncia, presentada por el defensor del pueblo de ese país, Ramiro Rivadeneira,se basa en el caso de Luis Solórzano,ecuatoriano desahuciado de su domicilio por no poder pagar la hipoteca.

El artículo 214° de la Constitución ecuatoriana dice que es obligación de este Defensor proteger los derechos de los ecuatorianos en el exterior. “Ecuador pretende que España modifique su normativa en materia de vivienda, pues 15 mil familias ecuatorianas podrían estar en riesgo de perder sus casas y quedar con una deuda impagable sobre las espaldas.”

Por su parte, el Tribunal Europeo de DDHH ya ha paralizado cautelarmente el desalojo de una familia en Madrid por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). Aunque en su página web el IVIMA se presenta como un organismo que “apoya la vivienda social”, la obra social termina cuando la entidad no puede cobrar el alquiler de una familia sin ingresos.

El ente de justicia europeo basó su decisión en “motivos humanitarios” y en la vulneración de los artículos 3° y 8° del Convenio Europeo de DDHH, que establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. El Tribunal exige sabercómo y dónde sería realojada esta familia; el IVIMA no responde con claridad y manifiesta su temor a que “esta sentencia siente precedente y pueda ser usada por otras personas necesitadas”.

Se conocen por lo menos dos casos más en los que el IVIMA está desahuciando a dos familias con tres y cuatro hijos respectivamente.Primero fueron desahuciados por el banco, pues luego de quedar desempleados y de agotar el cobro del paro, ya no podían pagar nada; desesperados,ocuparon departamentos abandonados del IVIMA, y actualmente corren el riesgo de volver a estar en la calle.

Malo banco…malo

La burbuja inmobiliaria española estalló el 2008y desestabilizó a las entidades financieras españolas, al punto que tuvieron que fusionarse entre ellas. Intentando hacerse fuertes ante el temporal, cajas de ahorros y bancos formaron uniones incestuosas y hasta inmorales. Aun así, esto no fue suficiente, y el gobierno tuvo que intervenir y nacionalizar cuatro de estos engendros, que no por fortalecidos resultaron viables.

En julio del 2012, y después de mucho evitarlo, Españatuvo que rendirse a la Unión Europea (UE) y pedir el rescate económico, que ante la opinión pública anunció con bombos y platillos como “un crédito europeo a muy buen precio”. Pero el Eurogrupo, que no está para bromas, le llamó rescate al rescate y consensuó con España un documento para salvar a su banca por 39.500 millones de euros.

El documento contempla la creación del “banco malo” donde colocar los activos tóxicos de la banca nacionalizada: 89 mil viviendas y créditos morosos; además, los promotores inmobiliarios deben 180 millones de euros, de los 304 millones que la banca española les proporcionó para hacer “negocios”, con lo cual se lucraban ellos mismos. Quitándole lastre al sistema financiero se pretende hacer fluir el crédito; sin embargo, lejos de esto, todo podría acabar en un gran negocio de la banca.

Hace varias semanas un diario publicó que Bankia, el banco nacionalizado que más dinero ha recibido del Estado español y del rescate europeo, deshojaba margaritas para ver a qué interés le deja sus viviendas invendibles al “banco malo”. Ellos pedían un 6%; es decir, Bankia convertirá en activos “sanos” los pasivos de la entidad y ésta quiere ganarse ‘alguito’ por un dinero que acabarán pagando todos los españoles.

El 45% del capital del “banco malo” o Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) —que es como le han llamado a la entidad para quitarle karma— proviene del rescate bancario otorgado por la Unión Europea al Estado español y por la emisión de bonos del Banco Central Europeo, que servirán para comprar los activos bancarios dañados. El 55% procede de capital privado.

A pesar de la operación de salvataje, de la inyección de adrenalina y de la respiración asistida, los bancos que han sido rescatados con dinero público (Bankia, Catalunya Banc y NGC Banco) vuelven a ofrecer hipotecas por el 100% del valor de la propiedad, o sea, les limpian los entuertos y, con la tranquilidad que les da el volver a tener sus números en azul, ellos vuelven a sus antiguas y nocivas prácticas.

Epílogo

Cientos de familias están ocupando pisos; no pueden continuar pagando la hipoteca, ni un alquiler a precio de mercado.Un subsidio de 426 euros para ayudar a los desempleados que han agotado el cobro del paro no da para todo; además,para acceder a esta renta se han de cumplir una serie de requisitos, que en la práctica son filtros para evitar beneficiar al solicitante. Según fuentes de los servicios sociales, desde hace dos años esta pensión no se está otorgando a nuevos solicitantes.

Vivo en Arbúcies, un pequeño pueblo de Girona, de alrededor de 5 mil habitantes. Aquí 5 familias han ocupado viviendas abandonadas. Las casas pertenecían a un promotor inmobiliario, quien quebró y, no pudiendo pagar su deuda, abandonó el proyecto y desapareció. La entidad financiera no lo ha perseguido para cobrarle, cosa que sí pasa con el ciudadano de a pie, quien es acosado para pagar, es despojado de su vivienda y se queda con una deuda que tiene hasta el día de su muerte para cancelar.

Las marchas en las calles, las ocupaciones de bancos y de viviendas abandonadas, son pan de cada día; y la PAH promete continuar en las trincheras de la lucha social, hasta que no haya una sola persona padeciendo el desahucio de su vivienda. Hace pocos días, los profesionales de la salud mental manifestaron que la demanda de atención psicológica ha aumentado más de un 25% desde el inicio de la crisis económica y con motivo los desahucios.

“La situación laboral y económica, unida a la amenaza de la pérdida de una necesidad básica como es el hogar, está generando en miles de personas un estrés insoportable, que se manifiesta en síntomas como insomnio, ansiedad y sentimientos depresivos […] la situación extrema en la que se encuentran las familias afectadas por los desahucios, la vergüenza y la culpabilidad que sienten lleva a muchas de ellas al aislamiento, a la desesperanza y, en muchos casos, también al suicidio.”

La desobediencia civil se ha instalado en las calles. En muchos puntos del país se han ocupado departamentos y edificios enteros. El problema de los desahucios es una de las patas de la mesa de la economía española, bastante venida a menos; y esto, como la gente recogiendo alimentos de los contenedores de basura, no se arreglará hasta que el desempleo y las leyes injustas desaparezcan.
Los congresistas e integrantes del gobierno que no apoyan las demandas de la PAH vienen siendo señalados con el ‘escrache’, que es una modalidad de protesta que se realiza en el domicilio, lugar de trabajo u ocio de los denunciados, haciéndolos visibles. Esta práctica se originó en Latinoamérica, donde la utilizaron para evidenciar a los corruptos y los políticos que habían abusado de su poder.

La secretaria del partido de gobierno, María Dolores de Cospedal, ha catalogado esta práctica de “nazismo puro”. Según Ada Colau, la representante de la PAH, ya preparan una demanda en contra de la política, por la grave acusación. “Esto no es nuevo: ya hemos tenido que denunciar a la delgada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, también de las filas del PP, por ligar la actividad de la plataforma con organizaciones vinculadas al grupo terrorista ETA. Las declaraciones de Cifuentes han activado el fascismo, y provocado que mi familia y yo recibamos amenazas.”

En España la situación es muy complicada y, al parecer, desde el gobierno aún no hay la sensibilidad necesaria para arreglar las cosas, sobre todo cuando mientras miles de personas sufren, se destapan “presuntos” cobros indebidos y delitos de corrupción, que involucrarían al gobierno y hasta a la familia real. La crisis que afronta el país no es solo económica: es profundamente moral. Se ha perdido el norte y se cree que ajustando el nivel de déficitsegún los dictados de Bruselas y obedeciendo a pie juntillas los dictados de ‘Santa Merkel’se habrá ganado el cielo. Amén.