Escrito por Mariella Villasante Revista Ideele N°307. Diciembre 2022

El 21 de junio de 2016, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, se promulgó la Ley N° 30470, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000 y se aprobó el Primer Plan Nacional (RM 363-2016-JUS). Cinco años más tarde, en septiembre de 2021, durante la presidencia de Francisco Sagasti, se emitió el Decreto supremo n° 011-2021-JUS que aprueba el segundo Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030 (MINJUS, CICR 2021[1]). Este nuevo Plan es importante pues implica que, a pesar del periodo de gran desorden político que impera en las altas esferas del gobierno y de la sociedad peruana, la búsqueda de casi 22,000 personas desaparecidas avanza y ello es muy positivo para los miles de familiares de las víctimas que esperan conocer el destino de sus seres queridos. También es positivo para los ciudadanos conocedores de sus deberes y derechos saber que el Estado peruano es capaz, gracias a la presencia de personas idóneas en los cargos nacionales y regionales, de descubrir la verdad de los hechos de violencia política reciente y aportar una respuesta humanitaria a los familiares de las víctimas de la guerra interna.

Los avances en la búsqueda de personas desaparecidas son desconocidos y/o ignorados en el país. Para paliar a esta situación, y para recordar que las secuelas de la guerra que sufrimos en el país siguen siendo de actualidad y no se han desvanecido como lo creen muchos peruanos, en esta contribución presento las líneas generales de ese Plan nacional y aporto también nuevos datos sobre los avances del equipo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas [en adelante DGBPD], que opera desde 2019. En particular la Dirección de Registro e Investigación Forense [DRIF, dirigida por Jairo Rivas desde febrero de 2020] en la provincia de Satipo, con quien tengo el honor de colaborar desde 2019.

En noviembre de 2019, acompañé al equipo de la DGBPD a la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo, donde habían fallecido 20 personas en la masacre que tuvo lugar el 19 de agosto de 1993 (Villasante 2014[2], 2020a[3] y 2020b[4]). En septiembre de 2022, cuando realizaba un nuevo trabajo de campo en las comunidades ashaninka de Satipo, se realizó la tercera visita a esa comunidad[5] que ha sido duramente golpeada durante un ciclo de masacres en el valle de Tsiriari, donde fallecieron 72 personas en ocho poblados. La extrema crueldad de esas masacres perpetradas por campesinos senderistas o dirigidos por militares [uso de machetes, cuchillos, palos, piedras, mutilaciones, robos y violaciones] son comparables a las que se cometieron en Ruanda en 1994, cuando los Hutus masacraron cerca de 800 mil Tutsi, sus parientes (Villasante 2019[6]: 402-429; 2022[7]: 223-228).

En la primera parte expongo los puntos esenciales del Plan nacional[8], las cifras actualizadas en julio de 2021, y luego abordo el caso de la provincia de Satipo, donde las investigaciones han comenzado en 2019 en los distritos de Río Negro, Satipo y Mazamari. En ese marco, hice una entrevista muy interesante a Raúl Greenwich, arqueólogo y bioantropólogo [analista de la Dirección de Registro e Investigación Forense [DRIF] en la sede Junín desde abril de 2022], que dirigió la tercera visita a Tahuantinsuyo. Veremos que a pesar de la demora en el proceso de investigación de este caso emblemático de la extrema violencia de la guerra interna a causa de la pandemia de Covid-19, los trabajos han sido retomados y los avances son significativos.

El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030: datos y objetivos

Recordemos en primer lugar que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003) considera que la desaparición forzada de personas fue una de las más graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno en las que incurrieron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los Comités de autodefensa, con o sin aprobación de los militares y policías (Plan 2021: 35).

En ese marco, la Ley N° 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000 “tiene por finalidad priorizar el enfoque humanitario (…) articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos.” La implementación y el seguimiento de esta ley fue confiada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [en adelante MINJUS], que creó la DGBPD en 2018, pero que empezó a funcionar en 2019. Notemos que esa Ley incluye todos los casos de desaparición, independientemente del agente perpetrador (agentes del Estado, ronderos, otros). Veamos algunos detalles.

• El proceso de búsqueda de desaparecidos durante la guerra interna se realiza por medio de dos vías institucionales: el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación (Fiscalías penales supraprovinciales), que ha recuperado cuerpos durante décadas, y el MINJUS a través de la DGBPD, después de la promulgación de la Ley N° 30470 en 2016. En ciertos casos las dos instituciones trabajan juntas para recuperar, identificar y restituir los cuerpos a los familiares.

• La DGBPD realiza su labor garantizando el derecho a la verdad y a partir de un enfoque humanitario, aportando apoyo psicosocial a los familiares durante el proceso de búsqueda y teniendo también en cuenta una perspectiva intercultural que respeta las diferencias de lengua, de religión y de costumbres de los deudos.

• El enfoque humanitario implica la gestión y el análisis de la información para dar respuestas a los familiares en el contexto de un proceso reparador; teniendo en cuenta que las necesidades no son siempre las mismas.

En segundo lugar, el Reporte Estadístico n° 2 de julio de 2021[9] muestra incrementos en las cifras del primer reporte de diciembre de 2020. Veamos las novedades.

• En diciembre de 2020, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas [en adelante RENADE], creado en 2018, estimaba que durante la guerra interna — que en los documentos oficiales se designa con el eufemismo de “Periodo de violencia” — murieron 21,334 peruanos. Entre ellos, 33 fueron hallados con vida y 2,650 fueron hallados sin vida, y sus restos fueron restituidos a sus familiares; esto significa que el Estado ha encontrado 12,6% de las personas desaparecidas y quedan por encontrar 18,642 (87.4% del universo global) (Plan 2021: 12 y 39).

• En julio de 2021 se registran 21,918 personas desaparecidas, es decir hubo un incremento de 584 registros. El 42% de los desaparecidos procede de Ayacucho (9,205), y los otros departamentos con alta incidencia de desaparecidos son: Huánuco (2,836, 12.9%), Junín (2,761, 12.6%), San Martín (1,284, 5.9%) y Huancavelica (1,064, 4.9%). Además, la gran mayoría de personas desaparecidas son hombres (17,372 registros, 79.3%), y el 20.7% son mujeres (4,546 registros).

Un tercio de los desaparecidos (31%) tenía entre 18 y 30 años, otro tercio (26%) tenía entre 31 y 50 años y los niños y adolescentes suman 3,757 registros (17%). No obstante, no se tienen datos etarios de 3,156 personas.

Más de la mitad de personas (10,225 registros) desaparecieron durante los dos picos de violencia extrema reportados durante la guerra interna: en 1983 desaparecieron 1,886 personas; 1984 fue el año más cruento con 4,242 desaparecidos. Un segundo pico se registró en 1989 (2,011) y en 1990 (2,086). No se ha determinado el año de la desaparición de 1,271 personas (Reporte Estadístico n° 2 de julio de 2021).

• En julio de 2021, el RENADE cuenta con 4,961 sitios de entierro [en 2020 se registraron 4,947], la gran mayoría se encuentran en Ayacucho (4,112, 82%). Los otros sitios se sitúan principalmente en: Apurímac (177), Huánuco (171), Puno (126), Junín (114), Huancavelica (106).

• El RENADE considera que la persona desaparecida podría estar con vida, pero no todas las personas desaparecidas están en esa situación; por lo cual en 2021 se han creado cinco grupos:

— Grupo 1: Personas cuya búsqueda ha concluido (2,718 – 7,4%). La cifra incluye los 1,997 restos óseos que el Ministerio Público [MP] reportó como restituidos al 30 de marzo de 2017. Pero hasta julio de 2021 el MP no ha comunicado a RENADE la cifra de los restos restituidos antes de 2011.

— Grupo 2: Personas de las que se conoce identidad y destino o personas enterradas en fosas cuya ubicación se conoce en forma aproximada (6,664 – 30.4%).

— Grupo 3: Personas que se sabe han fallecido y cuya ubicación se desconoce (1,412 – 6.4%).

— Grupo 4: Personas de las que no se conoce el destino ni la ubicación (detenidas o reclutadas por la fuerza) (7,404 – 33%).

— Grupo 5: Personas sobre las cuales no se cuenta con información (3,720 – 17%).

Como observamos, se conoce la identidad y el destino de un tercio de personas desaparecidas (6,664), y de otro tercio de personas sobre las cuales no se sabe ni el destino ni la ubicación (7,404).

• Sobre el total de personas desaparecidas se han restituido 2,679 restos mortales y se han hallado con vida a 39 personas.

• El Banco de Datos Genéticos sigue fortaleciéndose para complementar la información ante mortem [antes de la muerte] y para contribuir al proceso de identificación de los muertos.

Los principales objetivos del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030

El objetivo principal del Plan nacional es resolver el problema de la “Baja tasa de respuestas del Estado a los familiares en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas”, teniendo en cuenta las Normas nacionales e internacionales, en particular las pautas de la Organización de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas. Otros objetivos son: incrementar la aplicación del enfoque humanitario en todas las instituciones de búsqueda de personas desaparecidas; incrementar los resultados de los análisis de restos humanos para la identificación de personas desaparecidas; reducir los efectos psicosociales negativos producidos por la desaparición y por el proceso de búsqueda en los familiares; incrementar la participación con enfoque intercultural y de género de los familiares de personas desaparecidas (Plan 2021: 63-65).

Para organizar su labor, el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030 se basa en los datos recogidos en el Informe Final de la CVR; tres eventos revelan la magnitud de las desapariciones en el Perú.

• En septiembre de 1983 un grupo de mujeres ayacuchanas creó el Comité de Familiares Desaparecidos, que en 1985 se denominó Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). De ese modo se hizo visible una demanda que sigue de actualidad: la búsqueda de personas desaparecidas.

• A partir de 1985, miles de casos de personas desaparecidas fueron denunciados y documentados por las organizaciones de defensa de derechos humanos agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, las Iglesias y desde 1996 por la Defensoría del Pueblo (Plan 2021: 37-38).

• El IF de la CVR incluyó las desapariciones forzadas en su investigación (Tomo VI, pp. 54-102), y señaló que ellas fueron una práctica sistemática de “actos inhumanos” dirigida contra la población civil. Además, la mayor parte de las víctimas fatales (fallecidos y desaparecidos) fueron hombres adultos concentrados en un 85% en seis departamentos (Ayacucho, 9,051; Junín, 2,697; Huánuco, 2,639; Huancavelica, 1,018; San Martín,1,213; y Apurímac, 601); habitantes de zonas rurales, viviendo en extrema pobreza, con muy bajo nivel educativo y con una lengua materna originaria (IF de la CVR, Tomo I, pp. 120-123).

Teniendo en cuenta toda la información disponible, en julio de 2021 el RENADE ha establecido que el total de desaparecidos es de 21,918 personas y que existen 4,961 sitios de entierro [en 2020 se registraron 4,947], es decir lugares que contienen restos humanos. Esta cifra debe actualizarse en el futuro con nuevos hallazgos, en particular en la región de la selva central donde he recogido muchos testimonios que evocan fosas comunes en las zonas donde fueron establecidos los campos totalitarios senderistas: en el distrito de Pangoa, en la cuenca del río Ene y en el Alto Tambo (provincia de Satipo) (Villasante 2019, Cap. 6; 2022: Anexo 3).

Quisiera precisar que los autores de la sección que aborda la situación de los Ashaninka [Tomo VI, 9.2. Desplazamiento forzado interno y esclavitud sufrida por el grupo étnico ashaninka] han descrito con mucho detalle el modo de vida totalitario al que fueron forzados a vivir miles de nativos ashaninka, cientos de nativos nomatsiguenga y cientos de colonos andinos por los mandos senderistas. Pero lamentablemente fueron incapaces de identificarlos con la noción de campos totalitarios que he introducido en mis trabajos sobre la guerra interna entre los Ashaninka y Nomatsiguenga (Villasante 2012, 2019, 2022). He demostrado en efecto que los campos totalitarios son una realidad bien documentada en la historia de Europa, de Rusia, de China, entre otros países donde fueron establecidos por regímenes despóticos; y su existencia en el Perú es una evidencia patente que merece una mayor difusión. Dicho esto, como ha escrito el Dr. Salomón Lerner, el Informe Final es un documento “perfectible” (IF de la CVR, Introducción), por lo cual considero que mis trabajos completan los aportes de ese excelente documento que pertenece a la nación peruana; y que no tiene ninguna “ambigüedad”, ni mucho menos constituye un “documento político” como pretende, erradamente, el politólogo Martín Tanaka (Argumentos, n° 4, 2013).

En ese marco, luego de acceder a mis trabajos, la DGBPD de Satipo ha adoptado este concepto en sus informes oficiales. Más adelante presento la lista de comunidades ashaninka donde Sendero Luminoso impuso su control durante varios años, creando campos totalitarios que fueron desplazados más tarde a lugares más inaccesibles. En esos espacios existen numerosas fosas comunes aún no exploradas.

Los avances de la DGBPD de Junín en la provincia de Satipo

La Oficina Regional de Junín, basada en la ciudad de Huancayo, ha establecido que la provincia de Satipo es la que presenta el número más importante de desaparecidos a nivel regional, por lo cual está concentrando sus investigaciones en los distritos de Río Negro, Satipo y Mazamari desde diciembre de 2019 (Informe de la DGBPD de Junín, diciembre de 2020[10]). En el contexto de la pandemia de Covid 19, el coordinador regional, Marco Antonio García, abogado, organizó varias reuniones virtuales con especialistas, dirigentes y otras personas conocedoras de la situación humanitaria de la provincia de Satipo, entre las cuales la que escribe, que sirvieron a la elaboración del Informe elaborado por Katya Valladares, exanalista de la DRIF de Junín.

De acuerdo al Informe de diciembre de 2020 se plantea realizar las investigaciones humanitarias en dos fases, la primera concierne los distritos ya nombrados, y la segunda fase debe realizarse en los distritos de Río Tambo y de Pangoa, que son los que han sido masivamente golpeados por la extrema violencia de los senderistas y de los militares que entraron en la región a partir de 1991.

Para llevar a cabo su trabajo humanitario, la DGBPD de Junín ha establecido contactos con las organizaciones nativas de la zona asociadas a ARPI (Asociación regional de pueblos indígenas de la selva central, base de AIDESEP) y a la CONAP (Confederación de nacionalidades amazónicas del Perú, selva central). Veamos los principales avances hasta diciembre de 2020:

• Según las fuentes consultadas [RENADE, expedientes RUV, sitios de entierro de la CVR] existen 32 comunidades nativas con personas desaparecidas en los distritos de Río Negro, Mazamari y Satipo. El total de víctimas es de 187 personas, un porcentaje importante corresponde a colonos.

— Distrito de Río Negro: 11 comunidades afectadas, 46 desaparecidos: Boca Cheni (15), Ipokiari (6), Portillo Alto (8), Unión (4), Portillo Bajo (3), San Jacinto de Shaoriato (3), Pitocuna (2), Villa Maria (2), Bajo Huahuari (1), Boca del Ipoki (1) y Sauriaki (1).

— Distrito de Mazamari: 9 comunidades afectadas, 66 desaparecidos: Tahuantinsuyo (29) [la cifra actual es de 21 muertos], Gloriabamba (16), Boca Sanibeni (5), Unión Puerto Ashaninka (5), Tsiriari (3), San Juan de Kajiriali (3), Boca Capirushari (2), Poshonari (2) y Puerto Ashaninka (1).

— Distrito de Satipo: 12 comunidades afectadas, 75 desaparecidos: Shanki (21), Monterrico (13), Boca Satipo, margen derecha (11), Huahuari (7), Sanibeni (6), Santa Ana (6) Paratushiali (5), Río Venado (2), Juan Santos Atahualpa (1), Huantashiri (1), Sandoveni (1) y Santa Clara (1).

• La DGBPD ha priorizado los casos de 12 comunidades donde se registran 84 desaparecidos (Río Negro, Satipo y Mazamari). La segunda etapa debe concernir solamente los casos de Mazamari, en particular el valle de Tsiriari [8 poblados, 72 muertos según la CVR] (Informe 2020: 31- 45).

• Se prevé también ubicar los campos totalitarios a partir de reuniones con los “comités de autodefensa ashaninka” y los sobrevivientes que conocen su ubicación. Las personas “secuestradas que formaron parte de las filas de Sendero Luminoso” y fallecieron en cautiverio “tienen derecho de ser buscadas”, pero se debe tener en cuenta que para la comunidad “puede ser un tema sensible, silenciado pero vigente”. Además, la prioridad es acordada a los nativos, pero “no se va a perder de vista los casos de colonos reportados” (Informe de 2020: 50-51).

Cinco comentarios y sugerencias sobre estas propuestas. (1) En primer lugar, la mayor parte de víctimas de la guerra interna muertos en los campos senderistas se encuentra en la cuenca del Río Tambo, en la cuenca del Río Ene y en la región de Pangoa [margen izquierda del Bajo Ene]. La CVR ha estimado un total de 6,000 Ashaninka fallecidos [entre los cuales hubo también Nomatsiguenga y colonos andinos] en los lugares donde los senderistas los mantuvieron en cautividad. Se trata de zonas de acceso difícil pues si bien es cierto muchas comunidades que cayeron bajo el control de los mandos senderistas se transformaron en campos totalitarios, cuando los soldados del Ejército y de la Marina empiezan a entrar en esas zonas, los senderistas forzaron a los nativos a huir hacia zonas de la selva virgen donde instalaron nuevos campos totalitarios. Las mejores fuentes para encontrar esos campos que luego de tantos años han regresado al monte son los sobrevivientes y sus familiares; los ronderos saben poco de esos lugares pues ellos lograron mantenerse libres de Sendero Luminoso, no fueron cautivos.

(2) En segundo lugar, todas las comunidades ashaninka del río Ene y del Alto Tambo y una buena porción de las comunidades nomatsiguenga de Pangoa cayeron en manos de los senderistas, así como la mayoría de poblados colonos del río Ene. Todos los nativos y los colonos cautivos fueron forzados a adherir, al menos en apariencia, al senderismo, todos debían ser “transformados” en buenos senderistas, en “hombres nuevos” de la “república popular del Perú”. Por lo cual, es necesario contactar a dirigentes antiguos y respetados en las comunidades del Ene, del Tambo y de Pangoa para establecer los lazos con los dirigentes actuales que, en general, son jóvenes y desconocen todo de la guerra interna. La dirigente nacional Luzmila Chiricente es la persona más idónea para asesorar la toma de contactos con la DGBPD de Junín en Pangoa y en el Río Tambo.

En el Anexo 3 de mi libro La Guerra interna entre los Ashaninka y Nomatsiguenga publicado en 2022, he incluido una lista de las comunidades que fueron desplazadas y/o ocupadas por Sendero Luminoso, y los principales campos senderistas del Alto Ene y los poblados colonos que también fueron transformados en campos o desplazados al monte. Me permito recomendar que sirva de referencia a los trabajos de la DGBPD de Junín.

(3) Además de los campos totalitarios, se debe tomar en cuenta las víctimas fatales (ashaninka, nomatsiguenga y colonos andinos) fallecidas en casos de extrema violencia: masacres (25), asesinatos (11) y otros hechos. He identificado un total de 48 casos entre 1989 y 1994, en los cuales fallecieron 876 personas (Villasante 2019: 375 y ss). Por ello he estimado que a la cifra de 6,000 muertos de la CVR se debe añadir al menos 1,000 fallecidos, sea un total de 7,000 nativos muertos (Villasante 2019: 373-378; 2022: 212-215).

Cuadro: Muertos en masacres en la selva central según los responsables (1989-1994)
[Casos documentados, *Testimonios Villasante 2019, Anexo 2]

En ese marco, entre 1989 y 1994 hubo 25 masacres en las cuales fallecieron 777 personas (nativos y colonos). El mayor perpetrador fue Sendero Luminoso (520 muertos); en segundo lugar, los ronderos (112 muertos); luego los militares (105 muertos), y finalmente otros actores armados (40 muertos) (Villasante 2019: 388).

(4) La DGBPD de Junín podría tomar en cuenta esas masacres para identificar los lugares de entierro. Además, la mejor manera de prever el trabajo futuro es elaborar un mapa de todos los campos totalitarios, de las comunidades de los ríos Ene y Tambo y de Pangoa, de las comunidades nativas que fueron sometidas por los senderistas (ríos Ene y Alto Tambo), y los lugares de las masacres.

(5) La búsqueda de las fosas comunes sería facilitada con la utilización de georradares que son utilizados en ingeniería civil, en arqueología y también en la identificación de restos mortales; como ha sido el caso en la identificación — que se lleva a cabo desde 2021 — de más de 1,300 cuerpos de niños nativos de los pensionados cristianos de Canadá. Se estima que entre 1880 y 1997 se reclutaron por la fuerza 150 mil niños para ser “civilizados”, entre los cuales fallecieron 6,000 (Villasante 2021[11]). Los arqueólogos consideran que los georradares permiten explorar zonas de cuatro a ocho metros, no se ven los huesos directamente, no son radiografías, y son menos eficaces en zonas húmedas; no obstante, ayudan a identificar las zonas de entierro que deben ser excavadas para confirmar la existencia de restos humanos. Otra técnica reciente es el Lidar [Light Detection and Ranging] que permite detectar desde el aire construcciones (ciudades) y objetos (huesos, monedas) en zonas enterradas hasta nueve metros; cuesta menos y se utiliza en la Amazonía de Bolivia y Brasil (Christian Gates St-Pierre, arqueólogo de la Universidad de Montreal[12]). Para obtener esos recursos técnicos y la formación de personal especializado, la DGBPD podría hacer un llamado a la cooperación internacional que dispone de fuentes importantes de financiamiento para ese tipo de acciones humanitarias.

Los avances del equipo DGBPD en la provincia de Satipo, entrevista a Raúl Greenwich

Como expliqué al inicio de esta contribución, se han realizado avances significativos en los trabajos de la DGBPD en la provincia de Satipo. Para tener una visión más precisa de las realizaciones solicité una entrevista a Raúl Greenwich, Analista de la Dirección de Registro e Investigación Forense [DRIF] en la sede Junín (Huancayo) desde abril de 2022. Él es arqueólogo y bioantropólogo, director del Proyecto Académico de Investigación Bioarqueológico e Historiográfico Pizarro [PAIBHFP] y director del Departamento de Investigaciones Arqueológicas y Bioantropológicas en la Basílica Catedral de Lima desde el año 2007. Ha trabajado con el Equipo Peruano de Antropología de Forense (EPAF) durante los años 2007-2009. La entrevista fue realizada en Lima, el 17 de octubre de 2022.

— En primer lugar, quisiera que recordemos las primeras fases de investigación en Tahuantinsuyo y los avances realizados por el equipo de la DGBPD de Junín desde 2019

La primera visita se realizó el 29 de noviembre de 2019 bajo la conducción de Katya Valladares [arqueóloga forense], en esa ocasión visitaron la comunidad con Ud. y con uno de los sobrevivientes, Hermías Delgado Inga. Verificaron el sitio de entierro, tomaron contacto con los familiares, pero no hicieron ningún levantamiento, solo charlas informativas. Luego, a causa de la pandemia, no pudieron regresar en 2020 y 2021. Lo que se ha hecho en 2022 es retomar lo ya empezado. Yo ingresé al equipo en abril de 2022, retomando todo lo concerniente a la matanza del valle de Tsiriari; uno de los sitios fundamentales es Tahuantinsuyo pues además los cuerpos se encuentran en la misma comunidad.

La visita fue realizada en compañía de mi colega Rosalucía Sánchez, socióloga de la DGBPD de Junín, y de Luzmila Chiricente, dirigente nacional ashaninka y miembro del Consejo de Reparaciones, que facilitó los contactos con los dirigentes y con los pobladores de la comunidad.

— En el Informe de RENADE aparecen cifras contradictorias con las que se han reportado en el IF de la CVR donde se considera que hubo 72 muertos en los ocho poblados de Tsiriari, entre los cuales se encuentra la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo. En RENADE se lee que hubo entre 66 y 85 víctimas y 29 en Tahuantinsuyo ¿Esas cifras están en análisis? ¿Cuántos muertos hubo en total en Tahuantinsuyo?

En el caso de Tahuantinsuyo se afinaron las cifras, actualmente se considera que hay 21 víctimas en la comunidad: 20 enterrados en las fosas en Tahuantinsuyo y una niña de nombre Hilda Shumpate Inga de 10 años [en 1993] que, según dos testigos (Jorge Ñaco y Armando Ascencio Simate) estaría enterrada en el cementerio de Mazamari con las víctimas de otros poblados.

En registros anteriores de RENADE se consideró que “José” y “Tomas” eran dos personas diferentes y se contabilizó un total de 21 víctimas [Informe Final de la CVR]. Sin embargo, hemos confirmado en el trabajo de campo que se trata de una sola persona llamada “José Tomás” y que hay una víctima enterrada en Mazamari. En la placa recordatoria se pueden contar 22 personas y es que se está contando a Yony Quintima Inga como fallecido al momento del ataque, sin embargo, el sobrevivió y se suicidó años después por las secuelas psicológicas que dejó ese evento traumático en él, por tanto, no está enterrado en la fosa con las otras víctimas.

El total de víctimas de la masacre del Valle de Tsiriari es examinada actualmente porque hay muchos cuerpos que son NN [Ningún nombre] y otros nombres de profesores que podrían coincidir con los NN. Pero estamos hablando de 70 y pico de fallecidos [el IF de la CVR considera que hubo 72 muertos]. Además, siguiendo las declaraciones de un testigo, en el caso de la comunidad de Tahuantinsuyo, se ha determinado que existen tres fosas en las cuales se han enterrado por separado a los niños, las mujeres y los hombres [siguiendo las órdenes de los soldados del Ejército que llegaron a Tahuantinsuyo al día siguiente de la masacre].

— Su equipo ha realizado una tercera visita a Tahuantinsuyo en septiembre de 2022 ¿Podría hacer una síntesis de lo realizado?

Hemos hecho dos visitas, la segunda en abril y la tercera en septiembre, hemos contactado al presidente de la OCAM [Organización de Comunidades Ashaninkas de Mazamari] para solicitar el permiso de retornar a la comunidad, es lo que se hace de manera protocolar. El jefe de Tahuantinsuyo convocó a todos los pobladores para preguntarles si estaban de acuerdo en continuar el proceso. La respuesta fue que, si los familiares de los muertos estaban de acuerdo, entonces ellos no iban a oponerse. Conversamos con cada uno de los familiares y luego se acordó continuar el proceso.

Hemos reforzado los lazos con la comunidad, realizamos talleres informativos a cargo de la Dirección de Atención y Acompañamiento [DAA], participamos en la romería, llevamos un arreglo de flores y la Municipalidad de Mazamari participó con lo suyo. Estuvo presente un regidor y también llegaron trabajadores de la Municipalidad y algunos candidatos a la alcaldía [era un periodo electoral]. Participamos de un almuerzo de confraternidad para reforzar los lazos entre el Estado y la comunidad, de ese modo todos ven que estamos presentes. Eso ayudo muchísimo a reforzar la confianza.

Además, nos hemos comprometido en cosas reales, les hemos explicado los plazos, que se trata de un proceso largo para no generar expectativas inmediatas. Hemos explicado que hay varias fases y plazos, que en ese momento estábamos en la fase de campo, de recojo de información, verificación de sitios, entrevistas con los familiares y elaboración de las fichas ante mortem de los fallecidos. Todos lo han entendido muy bien y están colaborando con nosotros en este proceso de investigación.

— ¿Qué se espera realizar en el futuro cercano y lejano?

Con la tercera visita hemos terminado el trabajo de campo y ahora lo que debemos hacer en la DGBPD de Huancayo es la elaboración del Informe Humanitario que debe ser enviado a la Fiscalía, esperamos presentarlo en diciembre de 2022. La Fiscalía remite el Informe al Equipo Forense Especializado [en adelante EFE] para que lo analice y si hay algún tipo de observación deberemos subsanarla con un Informe Complementario.

— ¿Podría explicarme de qué Equipo Forense se trata?

Se trata del Equipo Forense de la Fiscalía, del Ministerio Público, que tiene dos oficinas, en Lima y en Ayacucho. Una vez que se aprueba el Informe Humanitario, se elabora un Plan de Intervención Arqueológico Forense a cargo del EFE para realizar la intervención conjunta. Es la Fiscalía quien decide qué equipo forense debe realizar el trabajo, en el caso de la exhumación que realizamos en el poblado Alto Paureli de Satipo [el 6 de abril de 1990 un grupo de senderistas masacraron 21 campesinos andinos[13]] llegó el equipo de Lima. En Junín no disponemos de un equipo forense del Ministerio Público. Hay mucha demanda y debería haber más personal especializado, la DGBPD debería también asumir ese rol, pero es la Fiscalía quien decide.

— ¿Cuántas personas deberán realizar la exhumación en Tahuantinsuyo?

El EFE deberá decidir cuantas personas realizarán la exhumación y enviar al personal necesario, en general suelen ser dos arqueólogos forenses con su respectivo personal de apoyo. Hay varios pasos que se deben seguir una vez que se decide una exhumación. En primer lugar, el EFE realiza un Plan arqueológico-forense que debe ser aprobado por el director, luego se coordina con el Fiscal el proceso de intervención quien a su vez coordina con la DGBPD para fijar la fecha de la exhumación. Cuando la fiscalía programa exhumaciones humanitarias solicitan también el apoyo material y logístico de la DGBPD para movilizar al equipo, a la fiscalía y a los familiares. También hace el requerimiento respectivo en caso se necesite peones y/o maquinaria pesada. En Tahuantinsuyo no necesitaremos equipo porque los cuerpos están a flor de tierra. Cabe recalcar que la DGBPD lleva a cabo también el acompañamiento psicosocial de los familiares desde el inicio de la investigación hasta la restitución, esta misión está a cargo de la Dirección de Atención y Acompañamiento [DAA]. En el caso de Junín la psicóloga Carol Baca y la trabajadora social Celinda Salas son las encargadas de esa labor, entre muchas otras propias de la DAA.

— Una vez que se realiza la exhumación ¿la identificación de los restos se realiza in situ?

No, se colocan los restos en cajas que son lacradas para que entren en cadena de custodia, luego son deslacradas en laboratorio cuando el Fiscal decide que se debe proceder con el análisis antropológico. Por lo general las cajas lacradas se dejan en el Laboratorio de Medicina Legal, pero por ejemplo en Junín no hay, entonces en esos casos se solicita a la Fiscalía o a otra entidad estatal que custodie las cajas. La última vez se solicitó un espacio en la Morgue de Satipo. Podrían también trasladarse a Huancayo o a Ayacucho bajo la cadena de custodia del Ministerio Público.

— Una vez que eso se termina ¿dónde se transfieren los restos para su identificación?

Es siempre el EFE quien se ocupa de la identificación de los restos en el lugar en el cual la Fiscalía determine. Los familiares también están presentes en el proceso de análisis, pues también se recuperan prendas de vestir que ellos pueden identificar. La Dirección los traslada para que estén presentes. Lo ideal en el caso de Tahuantinsuyo es que la identificación se realice cerca; estimo que para identificar los restos de 20 personas se necesitará mínimo una semana para realizar el análisis antropológico. El proceso de identificación depende del estado de conservación de los restos, de las prendas, y la información ante mortem que hayan brindado los familiares; de ese modo se cruza la información ante mortem con la post mortem.

— En la selva central la humedad es muy importante ¿piensa que se pueden recuperar prendas?

Solo las prendas gruesas como colchas, frazadas, pero las cushmas de algodón seguramente no. Hay que tomar en cuenta el pH [potencial de hidrógeno] del suelo que dependiendo de su acidez o alcalinidad puede acelerar o ralentizar el proceso de deterioro de los huesos y de las telas. También se toma en cuenta la vegetación pues las raíces suelen deteriorar los huesos más rápidamente ya que se alimentan de los nutrientes de los mismos.

— ¿En Tahuantinsuyo han hablado de lo que quieren hacer con los restos? ¿Quieren hacer siempre un cementerio como decían en 2019?

Si, hemos hablado del cementerio; nos han indicado que antes de que lleguemos habían solicitado a la Municipalidad que se construya un cementerio con tumbas y que se cerque en el mismo lugar donde yacen los cuerpos [la entrada de la comunidad]. El jefe nos hizo el mismo requerimiento. Les respondimos que se suele hacer eso en el momento de la restitución, pero que también pueden enterrarse siguiendo sus costumbres tradicionales. Sin embargo, creo que la mayoría de familiares quiere más bien hacer tumbas para sus familiares.

— ¿No mostraron reparos en construir un cementerio a la entrada de la comunidad? Los entierros tradicionales se realizan en los cerros, lejos de los espacios poblados

No tienen reparos, incluso hemos visto que el sitio de entierro está siendo utilizado para enterrar nuevos fallecidos. Hay algunos montículos. Existe un registrador de los entierros quien nos dijo que recién había asumido esa responsabilidad, que no era formal, y que había que preguntar al anterior registrador quienes son los enterrados antes de 2022. Pero en realidad hay pocos entierros en ese lugar y otros fallecidos se siguen enterrando en las zonas altas como es la costumbre de los Nomatsiguenga.

— ¿Les informaron que los cementerios deben estar en lugares alejados según las normas nacionales?

Si claro, hay reglas que se tienen que respetar pues de otro modo la Municipalidad no les dará la autorización. Ese es un tema que se puede tratar en la mesa de trabajo instalada en Satipo dirigida por la Dirección de Atención y Acompañamiento.

— Las costumbres han cambiado totalmente entre los Ashaninka y Nomatsiguenga, hay dirigentes que quieren ser enterrados en tumbas, con cruces, como el ex rondero Emilio Ríos de la comunidad de Poyeni (río Tambo), pensando que si adoptan las costumbres de los urbanos y mestizos serán menos discriminados

He visto algunas tumbas recientes donde les dejan cosas, bicicletas, pelotas, al lado de las tumbas que son de seguro de niños.

— Interesantes novedades, antes se llevaba masato a los muertos, veo que ahora también objetos. Para concluir quisiera saber si ¿hay dificultades en el trabajo que están realizando en Tahuantinsuyo?

Hasta ahora estamos avanzando bastante bien. Hay solo una persona que no desea participar del proceso de investigación, la señora Juana Inga Mahuanca. Lo que ha sucedido es que la gente ha perdido la confianza en el Estado peruano, debido a muchas promesas y compromisos incumplidos. Por ello, cuando llegamos muchos pensaron que era más de los mismo y dijeron que no creían que íbamos a concretizar el trabajo, decían; “nos ofrecen cosas y no nos cumplen”, “ustedes vienen a ganar plata con nuestro dolor”.

Les explicamos que éramos una entidad nueva dentro del Ministerio de Justicia y que había una ley [Ley N° 30470] que regulaba nuestra labor y que no les íbamos a fallar, pero para los familiares todos los que llegan a la comunidad son el “Estado”, sin distinciones de qué instancia se trata. Finalmente, con nuestras explicaciones creo que aceptaron que en esta ocasión el proceso empezó y se terminará como está planificado.

— Para concluir puede decirme si ¿hay un Informe más reciente con los resultados obtenidos en la provincia de Satipo, sobre todo las restituciones realizadas?

Si, hay un Informe de Gabinete del Caso del Valle Tsiriari del 9 de febrero de 2022 presentado por Rosalucía Sánchez, la asistente DRIF, que es un informe interno de la DGBPD de Junín.

Entre las restituciones realizadas este año tenemos la restitución del caso de la Familia Zevallos y Mario García (6 personas desaparecidas). Entre las exhumaciones proyectadas para el próximo año en la DGBPD sede Junín tenemos cinco casos:

— Caso Alto Paureli II (17 personas desaparecidas)

— Caso Monterrico (12 personas desaparecidas)

— Caso Félix Salvador (1 persona desaparecida)

— Caso Cesar Flores y Paul Vega (2 personas desaparecidas), solo Cesar Flores será exhumado ya que los familiares de Paul Vega han planteado el desistimiento al proceso de investigación.

— Caso Cementerio comunidad de Tahuantinsuyo (20 personas desaparecidas) se exhumarán 19 ya que el familiar de una de las víctimas ha planteado el desistimiento al proceso de investigación.

Entre las restituciones proyectadas para el próximo año en la DGBPD sede Junín tenemos las siguientes:

— Caso Alto Paureli I (2 personas a restituir)

— Caso Alto Paureli II (17 personas a restituir)

— Caso Monterrico (12 personas a restituir)

— Caso Cementerio comunidad de Tahuantinsuyo (19 personas a restituir)

— Caso Félix Salvador (1 persona a restituir)

— Caso Cesar Flores y Paul Vega (1 persona a restituir)

También tenemos nuevos casos proyectados para iniciar la investigación humanitaria en 2023. Por otro lado, la Dirección de Atención y Acompañamiento está llevando a cabo el acompañamiento psicosocial a los familiares de todos los casos que se encuentran en investigación humanitaria, así como también, talleres informativos, mesas de trabajo, apoyo material y logístico para las restituciones y otros soportes durante el proceso de investigación.

Reflexiones finales

• Los esfuerzos de los especialistas y de los funcionarios que trabajan en la DGBPD del Ministerio de Justicia son encomiables y merecen todo nuestro reconocimiento desde el espacio académico y ciudadano. Como está escrito en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030, las respuestas del Estado después de la guerra interna, desde noviembre de 2000, ha sido reducidas y se trata de recuperar el tiempo “perdido” para ubicar los restos de las víctimas de la guerra interna.

• El RENADE ha establecido que el total de desaparecidos es de 21,918 personas, entre las cuales 17,372 son hombres y 4, 4,546 son mujeres. El 42% de los desaparecidos procede de Ayacucho (9,205) (Reporte de 2021). La gran mayoría (85%) de hombres vivían en la pobreza extrema en seis departamentos (Ayacucho, Huánuco, Junín, Huancavelica, San Martín y Apurímac). Ellos tenían además un escaso nivel educativo y hablaban una lengua originaria (quechua, ashaninka y nomatsiguenga) (Plan Nacional al 2030). La mitad de personas desaparecieron durante los dos picos de extrema violencia de la guerra interna: 6,128 personas en 1983-1984 y 4,097 personas en 1989-1990; sea un total de 10,225 personas desaparecidas en esos años (Reporte de 2021).

• De acuerdo con RENADE existen 4,947 sitios de entierro a nivel nacional. la gran mayoría se encuentran en Ayacucho (4,112, 82%). Los otros sitios se sitúan principalmente en: Apurímac (177), Huánuco (171), Puno (126), Junín (114), Huancavelica (106) (Reporte de 2021). No obstante, esta cifra debe ser precisada con nuevos hallazgos pues en la provincia de Satipo existen numerosos testimonios que explicitan los miles de muertos que hubo en los campos totalitarios senderistas en el distrito de Pangoa, en la cuenca del río Ene y en el Alto Tambo (IF de la CVR, Villasante 2019). Otros hallazgos deben realizarse en las comunidades ashaninka y nomatsiguenga, así como en los poblados colonos donde hubo casos de extrema violencia, en particular 25 masacres identificadas donde fallecieron 777 personas (Villasante 2019).

• Esperemos que los trabajos de la DGBPD continúen en todo el país y en la selva central como está planificado, y que la Dirección demande a la cooperación internacional su contribución financiera y técnica para examinar los sitios de entierro peruanos con georradares y/o con la técnica de Lidar empleada con éxito en la Amazonía de Bolivia y de Brasil.

[1] Descargar la versión digital aquí: https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/2127982-plan-nacional-de-busqueda-de-personas-desaparecidas-al-2030

[2] Villasante 2014, La masacre de Tsiriari y de la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo (Satipo), Boletín del idehpucp, 12 de agosto de 2014.
http://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/opinion/la-masacre-del-valle-de-tsiriari-y-de-la-comunidad-nomatsiguenga-de-tahuantinsuyo-satipo/

[3] Villasante 2020a, Retorno a la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo y visita de la Dirección general de Personas Desaparecidas del MINJUS, Boletín del IDEHPUCP, 28 de enero de 2020
https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/retorno-a-la-comunidad-nomatsiguenga-de-tahuantinsuyo-y-visita-de-la-direccion-general-de-personas-desaparecidas-del-minjus/

[4] Villasante 2020b, La búsqueda de las personas desaparecidas y los avances en la región de Junín en el contexto nacional, Boletín del IDEHPUCP, 8 de setiembre de 2020
https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/la-busqueda-de-personas-desaparecidas-y-los-avances-en-la-region-de-junin-en-el-contexto-politico-nacional/

[5] Lamentablemente, no me fue posible acompañar esta visita como estaba previsto pues tuve problemas de salud y me vi obligada a regresar a Lima con urgencia. No obstante, tuve varias entrevistas telefónicas con el responsable de esta visita, el arqueólogo Raúl Greenwich. También conversé con Jairo Rivas, que dirige la Dirección de Registro e Investigación Forense (DRIF) de la DGBPD-MINJUS; además, ha tenido la gentileza de revisar el manuscrito de este artículo y ha aportado precisiones importantes, por lo cual le estoy muy agradecida.

[6] Villasante 2019, Violencia política en la selva central del Perú, 1980-2000. Los campos totalitarios senderistas y las secuelas de la guerra interna entre los Ashaninka y Nomatsiguenga. Estudio de antropología de la violencia, Lima: Tarea Gráfica, COMISEDH, Unión Europea, Pan para el Mundo.

[7] Villasante 2022, La guerra interna entre los Ashaninka y Nomatsiguenga, 1980-2000. Estudio de antropología de la violencia y Muestra fotográfica, Lima: Tarea Gráfica, Instituto Riva Agüero-PUCP e IDL.

[8] Agradezco a Raúl Greenwich el haberme ofrecido el Plan en versión impresa en octubre de 2022.

[9] Reporte n°2 DGBPD, julio de 2021: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2179551/Reporte%20Estad%C3%ADstico%20Nro%202%20-%20RENADE.pdf.pdf?v=1631641837

[10] Mi reconocimiento a Jairo Rivas, director del DRIF-MINJUS que me comunicó este Informe en Lima.

[11] Villasante, 2021, Crímenes contra la humanidad de los pueblos originarios de Canadá. La CVR declara que hubo genocidio cultural, Boletín del IDEHPUCP, 24 de agosto de 2021, https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/crimenes-contra-la-humanidad-de-los-pueblos-originarios-de-canada-la-cvr-declara-que-hubo-genocidio-cultural/

Después se esos horribles descubrimientos, Deb Haaland, Ministra de Asuntos Indígenas de Estados Unidos, del grupo Laguna-Pueblo de Nuevo Méjico, lanzó una vasta encuesta para examinar la situación en su país en 2021. En mayo de 2022, se presentó un informe sobre esos pensionados que tenían el doble objetivo de asimilación cultural y de expoliación de territorios autóctonos. Se ha establecido que Estados Unidos practicó también la política de la “civilización forzada” en pensionados administrados por el Estado federal o por las Iglesias. Entre 1869 y 1969 existieron 408 escuelas para “indios” en 37 Estados estadounidenses donde se emplearon métodos de militarización para asimilar por la fuerza a los niños indígenas que eran sometidos a castigos corporales y privados de alimentos. La encuesta nacional continua para determinar el número de víctimas; las autoridades esperan descubrir miles o decenas de miles de restos humanos (La Presse, 11 de mayo de 2022, https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2022-05-11/rapport-sur-les-pensionnats-autochtones/des-centaines-d-enfants-autochtones-morts-dans-des-pensionnats-geres-par-l-etat-federal.php#

El 22 de julio de 2022, el Papa Francisco visitó el Canadá durante una semana para presentar sus disculpas por los abusos perpetrados con los niños indígenas en los pensionados confiados a la Iglesia católica.

[12] Christian Gates St-Pierre, La Presse, 12 de julio de 2021, https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2021-07-12/le-georadar-fait-une-percee-en-archeologie.php Véase también: https://www.prnewswire.com/news-releases/la-tecnologia-lidar-confirma-la-existencia-de-una-ciudad-perdida-en-la-amazonia-brasilena-846900063.html

[13] Véase Villasante, El olvido y la reconciliación son imposibles sin justicia, Revista Ideele n° 276, https://revistaideele.com/ideele/content/el-olvido-y-la-reconciliación-son-imposibles-sin-justicia