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Durante los últimos meses, autoridades e instituciones preocupadas por la seguridad ciudadana han demostrado un escaso conocimiento del fenómeno delictivo en el país, lo que se ha visto reflejado en una serie de propuestas que, mientras no estén incorporadas en un plan integral, no tendrán mayor impacto en solucionar los problemas de inseguridad. Las referidas propuestas han estado orientadas a tener más de todo: inversión y celeridad en la ejecución del gasto, armamento, patrulleros, efectivos policiales, tecnología, redes de comunicación. Todas ellas se encuentran limitadas a los ámbitos de la persecución y represión del delito, por lo que no tienen influencia en los orígenes de la delincuencia.

Con muy poca frecuencia los debates sobre la inseguridad se concretan en acciones orientadas a la prevención del problema, motivo que nos aleja de contar con una política de seguridad ciudadana. Es en ese sentido que este artículo quiere incorporar la variable de la desigualdad, para comprender mejor el fenómeno de la inseguridad y la forma en la que se desarrolla en el Perú.

En primer lugar, nos interesa analizar de qué forma el crecimiento económico con desigualdad puede generar un incremento de la criminalidad. El aumento sostenido del PBI de los últimos años no ha conseguido reducir considerablemente la desigualdad en el país. Como podemos observar en el cuadro 1, el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad de los ingresos) se mantiene cercano a 0.5, lo que significa que el quintil superior (el 20% de las personas con mayores ingresos) concentró en su renta aproximadamente la mitad del ingreso total del país, mientras que el quintil inferior (el 20% más pobre) no alcanza ni el 5% del total.

Crecimiento económico y desigualdad (Perú 2007-2010)

Estos datos se tornan relevantes para la seguridad ciudadana cuando observamos lo ocurrido en las principales ciudades del país. En Piura, Trujillo, Chiclayo y Arequipa podemos identificar cómo el crecimiento económico ha sido acompañado, en todos los casos, de un incremento sustancial del crimen y la delincuencia. Esto tiene sentido cuando observamos, por ejemplo, el caso de Piura, que en el año 2011 incrementó sus exportaciones en 21,2%, y sin embargo la pobreza aumentó en 3 puntos (aunque en el país ésta se redujo).¹ Esto tiene una serie de explicaciones relacionadas con la inadecuada distribución de las riquezas y con la forma en que el ingreso de nuevos (y gigantescos) capitales en estas ciudades redefine las ofertas laborales, excluyendo del mercado al sector menos favorecido de la población. De esta manera, el incremento del capital en un contexto desigual genera la combinación perfecta de incentivos para delinquir, al mismo tiempo que produce nuevas formas delictivas basadas en las actividades económicas de cada localidad.

En países como el nuestro, la pobreza está relacionada con estructuras de exclusión que se reflejan constantemente en acciones y decisiones políticas que perpetúan y mantienen las desigualdades. Por ello, resulta importante analizar el segundo aspecto de interés relacionado con la seguridad ciudadana y la desigualdad: los recursos preventivos del delito a nivel distrital.²

En el ámbito de los distritos de Lima Metropolitana y el Callao se encuentran una serie dedesigualdades basadas en la inversión municipal. Por ejemplo, el distrito de San Isidro invirtió, en el año 2012, más de 27 millones de soles en seguridad ciudadana, para una población de 56 mil habitantes. Mientras que el distrito de Villa El Salvador invirtió 2 millones para una población de 456 mil habitantes. Por supuesto, los diversos niveles de inversión tienen como consecuencia distintas capacidades de resguardo municipal, lo que se refleja, principalmente, en la cantidad del personal y servicio de Serenazgo. Queda pues en evidencia una gran desigualdad relacionada con las condiciones en las que los distritos afrontan la inseguridad. Así, por ejemplo, existen entre Lima Metropolitana y el Callao distritos que cuentan con menos de 200 habitantes por cada efectivo de Serenazgo, mientras que otros superan los 4 mil habitantes por sereno.

De ahí que resulta interesante analizar las decisiones tomadas desde el Gobierno a través de la distribución policial. Como podemos observar en el cuadro siguiente, la Policía Nacional (PNP) otorga —proporcionalmente— más efectivos a los distritos que, precisamente, se encuentran mejor protegidos con recursos propios. De esta manera, San Isidro y Miraflores cuentan con 214 y 358 habitantes por policía, mientras que San Martín de Porres y Villa El Salvador con 1.575 y 2.042, respectivamente. Éste es uno de los ejemplos que muestra decisiones políticas que mantienen —o incrementan— las desigualdades. Cuando se realizaron las investigaciones en la VII Región Policial para conocer cómo se definía y qué variables se utilizaban para realizar tal distribución, nos encontramos con respuestas interesantes relacionadas con flujo poblacional y la existencia de zonas comerciales/empresariales. Sin embargo, queda claro que para redefinir una mejor estrategia y una más justa distribución del personal policial también deben tomarse en cuesta las estadísticas delictivas, los niveles de victimización, la percepción de inseguridad, la confianza de la población en sus autoridades y sus capacidades preventivas propias.

Desigualdad en los recursos de seguridad ciudadana³

En los últimos 30 días, con los cambios realizados en la Dirección de la PNP, se han dado buenas señales que permiten a los ciudadanos ilusionarse sobre el valor que se le está dando a la participación de la sociedad civil en las funciones de seguridad ciudadana, sobre todo a través de las juntas vecinales, además de interesantes propuestas de lucha contra la corrupción e inversión de recursos para equipamiento y tecnología. Sin embargo, como se ha notado en las líneas anteriores, resulta imposible que los actores vinculados con la seguridad ciudadana puedan realizar acciones eficientes de prevención y represión del delito mientras que no se cuente, para empezar, con una distribución más justa de los recursos.

El primer paso que debemos dar, antes de invertir cientos de millones de soles en esta materia, va precisamente en ese sentido. Si las cosas se mantuvieran como hasta ahora, no hay dudas de que la mayor parte de la inversión estaría destinada a los lugares con mejores recursos propios y cuyas poblaciones son menos vulnerables. La política de seguridad ciudadana que necesitamos debe introducir a la desigualdad como una variable que define los orígenes de nuestro problema delictivo. Solo a través de ésta es posible darle una mirada, por ejemplo, a las deficiencias en salud, familia, educación y trabajo, que se encuentran en estrecho vínculo con los temas de prevención juvenil, donde se está alojando el mayor porcentaje de nuestro fenómeno delictivo, a través del crimen patrimonial y la violencia.

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¹ Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “Evolución de la pobreza en el Perú al 2011”. Mayo del 2012.

² BERNINZON, Francisco, Jorge LEVAGGI y Nancy MEJÍA. Informe anual 2012 sobre seguridad ciudadana: Más allá de los miedos. Lima: Instituto de Defensa Legal, diciembre del 2012.

³ La información completa por distritos puede ser revisada en la página web del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (<www.seguridadidl.org.pe), a través del enlace: “Mapa de riesgos y recursos preventivos del delito en Lima Metropolitana y el Callao”.