Continúan las protestas contra el régimen de Dina Boluarte que suma más de cincuenta muertos en el Perú. Cualquier concentración de trabajadores y estudiantes para manifestarse en Lima es de inmediato atacada por lacrimógenas policiales. Nuestro fotoperiodista Alan Benavides registró con su cámara las movilizaciones.
El más de medio centenar de civiles muertos en protestas por disparos policiales en poco más de un mes de régimen ha abierto una herida que será difícil de sanar entre los sectores populares que aún no superan la tragedia del conflicto armado interno.
Al margen de las diferentes posiciones políticas, el repudio contra el actual gobierno de Dina Boluarte, sus ministros y toda la clase política es generalizado. Los manifestantes los culpan de la crisis, por eso su demanda principal es que renuncie.
Para diversos sectores populares, la presencia policial en las calles en momentos de conflictos sociales, lejos de conferir seguridad representa una inesperada amenaza de violencia por lo que prefieren huir al acercarse cualquier contingente.
Los agentes del orden disparan sus artefactos en medio de la ciudad alterando la vida cotidiana de transeúntes, trabajadores y vecinos, con tal de evitar la más mínima concentración de manifestantes.
Diversos colectivos de jóvenes se organizan para enfrentarse a la violencia policial sabiendo el riesgo que supone ser detenido e incriminado por disturbios e incluso terrorismo por el simple hecho de devolverle las lacrimógenas a los uniformados.
Si bien las opiniones sobre el rol del ex presidente Pedro Castillo pueden variar, el no reconocimiento del voto popular que se le confirió exacerba la indignación de trabajadores y pueblos indígenas contra la extrema derecha que consideran golpista.
Por las noches, al término de cada movilización los policías hacen barridos completos por las calles del centro de Lima para efectuar detenciones arbitrarias de cualquier joven que se presuma participó en las protestas.
Muchos manifestantes han decidido llevar también las protestas a los vecindarios más acomodados de la capital como Miraflores.
El sospechoso incendio de la casona Marcionelli en la plaza San Martín durante la marcha del pasado jueves, trae a la memoria la dictadura fujimontesinista que incendió el Banco de la Nación para culpar a los manifestantes en el 2000.
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