Escrito por César Cárdenas Javier Revista Ideele N°225. Noviembre 2012

Hace poco, los parlamentarios han oficializado la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, tras un intenso debate en el que muchas propuestas quedaron al aire, entre ellas la del futuro Sistema Nacional Anticorrupción ¿La formulación de las políticas públicas apenas empieza en el país?

Esta medida fue reputada como positiva, pues la citada Comisión está trabajando hace casi ya tres años al interior de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tras haber sido creada por decreto supremo en el último año del gobierno de García Pérez, y que ahora espera ser promulgado.

Lo anhelado como sociedad civil es que las altas autoridades ministeriales, integrantes de la remozada Comisión, se presenten una vez al año en el Pleno del Congreso de la República para rendir cuentas sobre la lucha anticorrupción en cada sector; esto incluye al representante de los presidentes regionales, César Villanueva Arévalo, también presidente regional de San Martín.

A partir de todo lo debatido, los congresistas entendieron que hay una tarea pendiente: la propuesta y creación del Sistema Nacional Anticorrupción, mecanismo que debe ordenar la lucha contra la corrupción desde el sector estatal en sus diferentes niveles de gobierno: nacional, regional y local, y desde los diferentes organismos sectoriales.

La lucha contra este flagelo, que roba al Estado 9 mil millones de soles cada año (casi el 10% del Presupuesto General de la República), no pude ser solitaria. La descentralización de la intervención contra la corrupción tiene que ser acompañada por propuestas en las regiones.

Solo para citar un ejemplo: Piura lleva la delantera y tiene implementado su Sistema Regional Anticorrupción, su Consejo y Plan Anticorrupción, que ayuda a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y la transparencia en la gestión pública. Con similar estructura cuenta el departamento de Junín, que hace poco ha aprobado el Plan Regional Anticorrupción a través de una ordenanza.

La implementación de políticas regionales anticorrupción se ha descentralizado, pero en San Martín solo se conoce de un plan aprobado hace cinco años en el sector Salud, de cuyos resultados se hizo poco seguimiento.

Sería oportuno recoger las iniciativas de la Red Interquorum San Martín y las de la Red Regional Anticorrupción sobre el Observatorio Regional y la creación del Consejo —o Comisión— Regional Anticorrupción; esta última encargada de formular las políticas públicas, asesorados por una Secretaría Técnica con un enfoque participativo y transectorial.

San Martín, ahora más que antes, necesita de políticas públicas aprobadas para rebatir ese vergonzoso 98% de madera ilegal comercializado, cuyo origen tiene un vicio de ilegalidad (según estudios del 2007). Más aún, debe corregir esa percepción del 55% de personas que creen que ésta es una ciudad corrupta, según la VII Encuesta Nacional Anticorrupción presentada por ProÉtica.

La PCM ha presentado hace pocos días el Plan Nacional Anticorrupción 2012-2016, en el que se incidirá en las herramientas de gestión para el control interno de las entidades públicas. Además, Juan Jiménez Mayor, titular de la PCM, indicó que propondrá que se dupliquen los años para la prescripción de delitos anticorrupción: una sugerencia acertada para evitar la impunidad.

Necesitamos un instrumento de gestión contra la corrupción de San Martín; cuanto menos, un plan regional, porque no podemos luchar contra este flagelo a ciegas ni de modo desarticulado. Es responsabilidad de los consejeros regionales comenzar ahora.