Escrito por Sigfredo Chiroque Chunga Revista Ideele N°224. Octubre 2012

Son indiscutibles las determinaciones de lo que hace (o no hace) el magisterio en el desarrollo educacional del país. Por ello, ante el último movimiento huelguístico de los docentes peruanos, importa establecer los posibles efectos en la dinámica socioeducativa del país. Señalemos algunos.

Los estudiantes afectados
Según nuestros cálculos, alrededor de 4 millones 845 mil estudiantes de la Educación Básica han sido involucrados de manera directa y en fechas diferentes por la paralización de los maestros entre el 20 de junio y el 13 de octubre del presente año (véase el cuadro 1). Este 77% de estudiantes de escuelas y colegios estatales ciertamente verán mermados sus aprendizajes en el presente año, sin que sirva sustantivamente el paliativo de la “recuperación de clases”(1). Seguramente la Evaluación Censal de Estudiantes que se aplicará en la primera semana de diciembre (ECE 2012) va a corroborar esta situación.

Magisterio vs. Gobierno de Ollanta
En las últimas elecciones presidenciales, los docentes votaron por Ollanta Humala en un 41% y 77% (primera y segunda vuelta). Pero, al no ser atendidas sus demandas, unos 261.609 (77% del magisterio nacional) paralizaron sus labores, tomando distancia del actual Gobierno. Fueron al paro también docentes contratados, pertenecientes a la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial y nacionalistas. A pesar de la huelga, los tres requerimientos centrales del magisterio han sido desatendidos:

• Pago de la “deuda social al magisterio”: Equivale a un promedio de 47.939 nuevos soles legalmente reconocidos y no cancelados a unos 376.241 docentes (195.759 activos y 180.482 cesantes que pertenecen a la vigente Ley del Profesorado).
   
• Incremento de remuneraciones: El promedio salarial actual del magisterio es de 1.087 nuevos soles, congelados por el gobierno aprista desde el 2006. Últimamente, a raíz de la huelga, solo se les ha concedido un bono de 300 nuevos soles por única vez.
   
• Régimen laboral unificado: Para ello se pide derogar la impuesta Ley 29082 (de Carrera Pública Magisterial) y no promulgar el Proyecto de Ley de Reforma Magisterial que actualmente se discute en el Congreso, pues los docentes asumen que no es sino la continuidad de la anterior(2).

La desatención de estos tres requerimientos ha dejado a un magisterio resentido contra el Gobierno y desilusionado con las promesas de Ollanta Humala, a pesar de que el 22 octubre se inauguró una mesa de diálogo para abordar estos temas.

Reactivación sindical, con signo diferente
El SUTEP estaba en crisis, pero ahora aparece reactivado, aunque de manera desigual y con motivaciones acordes con la sociedad de consumo. Los docentes ya no luchan “porque se hacen cada vez más pobres”, sino porque “desean ganar más para consumir más”. Y, en la medida en que el gremio atienda a estos intereses, no les importan sustantivamente las opciones políticas de los dirigentes. Por ejemplo, en las elecciones del 2006 apenas un 2,4% de los maestros votaron por Alberto Moreno, aunque su organización política (MNI o PR) controlaba 25 cargos de los 28 del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SUTEP. En las mismas elecciones, Lourdes Flores obtuvo un 14,7% del voto magisterial, pero su organización política no tiene mayor presencia en la dirigencia nacional, intermedia o de base del SUTEP.

Lucha por la hegemonía dirigencial y radicalización
Constatamos que hay un alto sentido de pertenencia al SUTEP por parte de los docentes peruanos (aunque formalmente no estén empadronados), pero es evidente que existe crisis de dirección. Esto se evidenció en los cuatro momentos del movimiento huelguístico magisterial 2012 (véase el cuadro 1). Se perfilan tres grupos que disputan la hegemonía en la dirigencia del SUTEP:

• Conare-Condori: Ellos iniciaron el movimiento huelguístico el 20 de junio, con un 24,6% de acatamiento que se estabilizó en 22% ante la campaña mediática y del CEN-SUTEP acusando a su dirigencia de pertenecer al Movadef (Sendero-Acuerdista). El grupo de Conare-Huaynalaya-Pantoja solamente consiguió paralizar un 3% del magisterio nacional, desde el 15 de agosto.
   
• Patria Roja: Controla el CEN-SUTEP, que está oficialmente reconocido. Convocó a la X Huelga Nacional del SUTEP (5 de septiembre al 5 de octubre), que fue acatada por un 42% y 53% del magisterio peruano (inicio y fin). Confluyeron allí los grupos llamados “democráticos”, “nacionalistas”, “Sutes-regionales” e “independientes”. Las masivas movilizaciones, el tener una propuesta de Nueva Ley del Profesorado, su deslinde con Sendero y el haber tenido un comportamiento gremial acorde con la legislación aceptada por el sistema, les ha permitido ser considerados como la “contraparte válida para el diálogo” por las autoridades del Gobierno. El problema está en que muchos maestros de base se sienten dolidos por la suspensión de la medida de fuerza sin mayores logros.
   
• Sutes regionales: En el cuarto momento de la huelga magisterial, un 11% de los docentes mantuvo —por una semana— la huelga suspendida por el CEN-SUTEP. Confluyeron aquí los grupos dirigidos por Huaynalaya-Pantoja (un 3%) y, fundamentalmente, los autodenominados Sutes regionales (un 8% de Lambayeque, Pasco, Cusco, Apurímac y Callao) que no quieren ser confundidos ni con Sendero ni con Patria Roja.

Al analizar los comportamientos globales podemos advertir que las opciones políticas de los maestros de base guardan distancia de aquel que asumen las dirigencias del CEN-SUTEP y de los dos Conare. Siendo así, es posible predecir una suerte de pugna interna para hegemonizar la dirigencia del SUTEP. Para ello, las diversas posiciones que pugnan por dirigir el sindicato de los maestros querrán poner en evidencia que tienen mejores argumentos de lucha.

Y todo ello se podrá manifestar en acciones de fuerza (inicios del 2013) que buscarán retomar los tres ejes de reivindicación de los maestros de base, generando un contexto que puede enturbiar las acciones embrionarias de cambio emprendidas por el actual Gobierno en el sector. Aun más, como posibilidad preventiva o curativa, quizá este contexto ponga a la orden del día el recambio de los grupos progresistas que actualmente son autoridades en Educación. ¡Y una vez más, la pregonada revolución educativa en bien de nuestro pueblo quedará en el olvido!

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(1) Una profesora rural de Puno me dijo sobre la recuperación: “Es una política de ‘cumpli-miento’. Yo cumplo formalmente, pero en el fondo miento”.

(2) Un sector del magisterio solicita la vigencia de la Ley del Profesorado (1984, 1990) con modificaciones; y otro sector del CEN-SUTEP postula una “Nueva Ley del Profesorado”. Nadie acepta ni la Ley impuesta por el APRA ni la que busca aprobar el actual Gobierno.