Escrito por Alonso Núñez del Prado Simons Revista Ideele N°308

Los peruanos, pero también muchas personas de otras nacionalidades, tendemos a explicar nuestras desgracias escarbando en lo inmediato como los hombres de las tribus prehistóricas que creía que había dejado de llover porque algunos se habían portado mal. Es difícil encontrar a quienes busquen más allá o más adentro. Así tenemos que para muchos todos los males actuales que vivimos los ha ocasionado Castillo. Él, Torres y otros son los culpables de todo lo que nos pasa. Pocos miran más atrás y se preguntan por las causas qué nos llevaron a su elección y hay todavía algunos miopes que responden echándonos la culpa a los caviares. Por ahí alguien ha dicho que los grandes responsables son los que votaron por Keiko Fujimori en la primera vuelta, porque era la única a la que Castillo podía ganarle.

Son pocos los que vieron la elección del profesor como el fracaso de nuestras políticas de los últimos años, nuestra incapacidad para ir más allá del modelo y supuesto chorreo que la pandemia desnudó e hizo posible que Perú Libre ganara la elección del 2021. Nuestras ‘élites’, digamos mejor, los poderes fácticos, padecen de una miopía que es casi ceguera y muchos de ellos todavía creen que Velasco fue la causa de todos los males. Nunca se han preguntado cuáles fueron las causas de esa revolución o consideran que fue la mala ocurrencia de un general con una historia personal que lo hizo resentido. También creen que Sendero luminoso fue el resultado de la radicalización de Abimael Guzmán y un grupo de seguidores. En pocas palabras, son incapaces de hacer análisis histórico y buscar explicaciones más profundas. Por ellos no pasaron las clases de historia universal en las que estudiábamos las causas de la revolución francesa o de la rusa. Me parece haber oído a alguien decir que las clases altas peruanas son ignorantes, porque leen muy poco o nada, lo que no deja de ser verdad.  

Ya varios han puesto el dedo en la llaga y se ha hecho notar que el problema está más adentro y viene del histórico racismo que hemos bebido desde niños y que no es fácil de erradicar incluso para quienes sabemos que carece de sustento. Desde los tiempos posteriores al final de la guerra con Chile varios de nuestros intelectuales más lúcidos empezaron a señalar dónde estaba nuestro problema. Para decirlo de forma resumida, González Prada, Mariátegui, Haya de la Torre y Víctor Andrés Belaunde aparecen entre los primeros que desde fines del siglo XIX y principios del XX advirtieron del problema indígena, pero la clase dirigente y los gobiernos, uno después del otro, no hicieron nada. Fernando Belaunde (1963–1968), fue elegido por las reformas que ofrecía (incluida la agraria) y luego intentó hacerlas, pero fue bloqueado por el increíble pacto del Apra con la UNO (odriísmo), hasta poco antes mortales enemigos. Esta frustración provocada por esa oposición irracional y antihistórica resultó en la revolución de Velasco. El fracaso de ésta última abrió las puertas al terrorismo. Sin embargo, no hemos aprendido y seguimos creyendo que las causas son lo que ocurrió ayer o antes de ayer. La ceguera es impresionante.

Estamos viviendo un momento muy complicado y todavía no logra verse la luz al otro lado del túnel. La derecha que siempre ha gobernado el Perú –a pesar de que pierde algunas elecciones– se sintió aterrada ante la posibilidad de que Castillo fuera elegido en la segunda vuelta e invirtió mucho dinero intentando revertir las encuestas originales que lo daban como ganador por amplio margen y casi lo lograron, ya que, aunque al final ganó, fue por un porcentaje mínimo. Humillada por la derrota creyó que su poder le permitiría cambiar el resultado denunciando un inexistente fraude que jamás pudo probar.

Desde que Castillo asumió la presidencia los poderes fácticos iniciaron una persecución que les funcionó con Humala, pero esta vez el chotano resultó muy desconfiado y –salvo en el BCR, donde ratificó a Velarde, y luego durante el breve intento con un gabinete que incluyo algunos miembros de la izquierda más preparada que presidió Mirtha Vásquez y tuvo a Pedro Francke en economía– se dedicó a nombrar en los altos cargos, incluidos los ministros, a gente de su entorno cuyo nivel de competencia, salvo alguna excepción, estaba muy lejos del necesario, escandalizando a la mayoría que siempre había aceptado que los ganadores de las elecciones nombraran a gente vinculada a su partido para los cargos de confianza. Empero, esta vez el nivel de los funcionarios nombrados no sólo estaba lejos del requerido, sino que incluso nombró a individuos con antecedentes penales o judiciales que, haciendo gala de su incapacidad, empezó a robar a ojos vista y con todo descaro. Hay quien dijo que no eran ladrones, sino pirañitas por los montos involucrados y la desfachatez con que delinquían.

Luego del fracasado intento de anular suficientes votos que permitieran cambiar el resultado de la elección, la derecha intentó vacar a Castillo desde el primer día de su mandato usando los medios de comunicación y todo lo que tuvo a su alcance, con tal impudicia, que le permitió victimizarse y aducir que el rechazo tenía origen en el racismo y su incapacidad de aceptar que un provinciano de origen andino fuera el presidente, construyendo así una narrativa que se ha comprado un sector de la población que identificándose sociológicamente con él lo empezó a apoyar a partir de que el cuento empezó a tornarse creíble para ese grupo de personas. Entonces empezó a mejorar en las encuestas.

En realidad, el racismo y la inaceptación del profesor por los poderes fácticos está más allá de toda duda, pero también lo está que el gobierno de Castillo no sólo fue un desastre por su ineficiencia, sino que los indicios de corrupción llegaron a casi a la certeza. En esta situación, Castillo –en apariencia desesperado– intentó un insensato golpe de estado que no contaba con el apoyo indispensable y ha terminado con el expresidente en la cárcel de donde es probable que no salga en mucho tiempo.

La actuación y declaraciones de algunos de los mandatarios de los países latinoamericanos sólo puede explicarse por el desconocimiento y el sesgo ideológico. Es difícil pensar que sea resultado de una actuación concertada, pero tampoco puede descartarse de plano.

La protesta tiene origen en un descontento legítimo existente en los sectores más necesitados de la población desde hace mucho tiempo, pero que agudizó la pandemia del COVID. En mi percepción, la enorme insatisfacción está siendo capitalizada por grupos radicales que están tratando de montarse en la ola para sembrar el caos y logar sus objetivos.

Considero que hay que revisar el modelo que está haciendo agua por todas partes. Lo ocurrido en el ‘exitoso’ Chile y ahora en el Perú deberían llevarnos a revisar nuestro diseño institucional. Creo que el principal problema –y no solo en nuestro país– es que la corrupción es parte integrante del modelo. Siendo el Estado la principal fuente de negocios, la mayoría de los empresarios –siempre ávidos de lucro– están dispuestos a todo para incrementar sus utilidades. Hoy hasta los reguladores parecen haber sido penetrados y también el Poder Judicial. Creer que la solución son funcionarios probos es cerrar los ojos a la capacidad corruptora del dinero. El traslado de poder de los últimos años del Estado al sector privado ha permitido que este último se sienta todopoderoso e incluso capaz de cambiar el resultado de una elección. Habría que elevar las sanciones y penas a los empresarios que intenten sobornar, incluyendo inhabilitaciones y la disolución de la empresa en casos graves, además de que los gremios tendrían que comprometerse contra la corrupción expulsando públicamente a quienes incurran en el delito, supervisando a sus asociados e incluso permitiendo que se denuncien entre ellos.

La desigualdad es de por sí generadora de descontento, sobre todo en países en que se hace ostentación de la riqueza.

Otra costumbre que hay que eliminar es la puerta giratoria mediante la que los funcionarios entran y salen del servicio público al sector privado y viceversa. Y la única forma es con políticas obligatorias de largo plazo y construyendo una burocracia profesional, estable y bien pagada encargada de sacarlas adelante que permita que los nuevos gobiernos sólo puedan reemplazar a las cabezas, consiguiendo así una continuidad cuya ejecución descansaría en esos funcionarios que ya no lo deberían nada al gobierno de turno. Habría también que generalizar la norma que tiene la SBS de que quien tiene un cargo público no puede luego trabajar en el sector al que ha estado supervisando por un período de por lo menos cinco años.

En realidad, los cambios legales nunca son suficientes, se necesita una cultura social que mire a los corruptos como apestados y no como hasta ahora en que se los tolera y acepta con ‘humana’ simpatía, porque quizá mañana se podría cometer el mismo pecado. Todo depende de los montos involucrados. 

De otro lado, creo que está claro que lo que no podemos hacer es optar por el estatismo, las empresas públicas y el camino que han seguido los países que de manera increíble todavía defienden el socialismo del siglo XXI que ha fracasado a ojos vista en donde se ha aplicado. Aquí tenemos un sinnúmero de venezolanos para atestiguarlo. Habría más bien que pensar en el socialismo democrático de los modelos escandinavos que han sido tan exitosos que hoy se cuentan entre los países con las poblaciones más felices del globo.

Me temo que quien tiene la obligación de cambiar es en especial la clase dirigente (dominante, dirían los marxistas) dejando de mirar como enemigos a quienes disienten y entender que muchos de los reclamos son legítimos y que tenemos que atenderlos si queremos que la situación no implosione y seamos los principales afectados. Pretender que la protesta no sea violenta pasa porque los reclamos pacíficos sean atendidos y no en su mayoría ignorados como ha venido ocurriendo.

A estas alturas es evidente que uno de los errores de la derecha es su manifiesto pánico a una asamblea constituyente por temor a que se cambie el capítulo económico de la Constitución de 1993. Estoy convencido de que hay suficientes argumentos para defender ese capítulo y no debemos rehuir discutirlo. El terror mostrado ante una posible asamblea constituyente ha llevado a que cierta izquierda lo utilice para amedrentar. Saben que asusta y lo usan, además de haberse autoconvencido que esa es la causa del sufrimiento del pueblo, cosa sin duda falsa. Deberían abrirse foros públicos, incluida la televisión, para debatirlo y defender las ventajas del régimen económico.

Las cifras que se publican y que de manera equivocada se atribuyen a la Constitución –sólo por el hecho de haber estado vigente durante el período en que, por ejemplo, se ha reducido la pobreza y otros indicadores– no la convierten en la explicación. Han sido las políticas adoptadas por los gobiernos –que pudieron aplicarse también con la Constitución de 1979– y el manejo profesional del BCR los que han llevado a que nuestra situación macroeconómica sea sólida. Podría sostenerse que la Constitución ha servido de límite, pero eso es sólo aplicable al gobierno de Castillo y quizá al de Humala. Al final, no obstante, hay que reconocer que es necesario hacer mucho más que tener una macroeconomía sólida si queremos vivir en un país viable. El COVID lo ha hecho manifiesto.

Me parece inconveniente convocar ahora a una asamblea constituyente, pero tengo la impresión de que va a ser necesario hacerlo en algún momento. Es cierto que la Constitución vigente podría modificarse y que quizá eso bastaría, pero por su origen siempre va a ser cuestionada, por lo que habrá que buscar el momento oportuno, más me parece que requerimos antes mejorar la clase política y construir partidos más sólidos que se sientan obligados con sus electores. ¿Se imaginan al actual Congreso redactando una nueva Constitución? Podría resultar cualquier cosa menos una que justifique el esfuerzo.

Las cifras macroeconómicas jamás podrán convencer a quien ve que otros tienen mucho más que él, no lo consolará decirle que su situación es ahora mejor que antes, que era pobre y ahora es de clase media, que en países con otro modelo la gente está peor. La desigualdad es de por sí generadora de descontento, sobre todo en países en que se hace ostentación de la riqueza.

Resulta muy complicado hacer pronósticos, pero ojalá encontremos el camino que nos lleve a buscar consensos y no disensos y podamos retomar la construcción de este Perú resquebrajado en el que estamos viviendo.