Escrito por David Lovatón Revista Ideele N°221. Julio 2012

La Revista Ideele nos ha pedido un breve balance sobre lo que ha hecho el Gobierno del presidente Ollanta Humala durante su primer año en materia de justicia. Salvo el último tramo de la Procuraduría Anticorrupción liderada por Julio Arbizu —que no contó con apoyo político durante meses—, el balance es sobre todo de lo dejado de hacer en este campo.

Una precisión importante: a diferencia de los sectores Defensa o Interior, el de Justicia es mucho más complejo para cualquier Gobierno porque debe respetar la independencia de otro poder del Estado y la autonomía de órganos constitucionales como el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Tribunal Constitucional (TC). Pero aun en ese marco de actuación, el actual Gobierno pudo hacer mucho más de lo que hizo.

Tribunal Constitucional: ¿Dónde están los nuevos magistrados?
El Gobierno de Ollanta Humala tiene la primera mayoría en el Congreso de la República y ha contado con aliados parlamentarios importantes como las bancadas de Perú Posible y Acción Popular. Sin embargo, no ha sido capaz de impulsar la IMPOSTERGABLE elección de los nuevos magistrados del TC. Es injustificable que aún permanezca en este Tribunal un magistrado cuyo periodo venció ¡hace más de dos años! Y que, en general, de mantenerse esta situación, a partir de septiembre de este año haya seis (de siete) magistrados constitucionales cuyos periodos ya han expirado.

Si esto ocurre, pasaríamos a tener un TC básicamente “provisional”, tal como sucedió en los años noventa, cuando el régimen de Fujimori y Montesinos sometió a gran parte de la judicatura con la herramienta de la “provisionalidad”. ¿O es eso lo que ha pretendido ensayar el actual Gobierno durante el primer año? Dicen que el asesor jurídico del presidente Humala, Roy Gates, es amigo de Carlos Mesía, uno de los actuales magistrados “provisionales” del TC. ¿Habrá influido esa amistad en la escasa voluntad política del Gobierno por designar a los nuevos magistrados? ¿O el hábeas corpus pendiente en el TC en torno al hermano del presidente, Antauro Humala? En todo caso, los aliados parlamentarios del oficialismo también tienen el deber de persuadir al Presidente de lo trascendental de elegir a un nuevo TC, dado el desprestigio en el que sus actuales integrantes lo han sumido.

Lucha anticorrupción… ¿qué lucha?
Una de las principales banderas que el candidato Humala empuñó durante la campaña electoral fue la lucha contra la corrupción, como parte de la “gran transformación”. Sin embargo, durante el primer año de su Gobierno no ha mostrado voluntad alguna por enfrentar de verdad este cáncer que viene corroyendo incesantemente nuestras instituciones: las medidas legislativas que ofreció el fugaz Gabinete Lerner quedaron en el cajón de algún escritorio de la PCM; la articulación interinstitucional en esta materia a través de la CANA (Comisión de Alto Nivel Anticorrupción) también ha perdido impulso y, en general, las autoridades del sistema de justicia con las que hemos tenido contacto los últimos meses (jueces, fiscales, procuradores, abogados, etcétera) coinciden en que es evidente que el presidente Ollanta Humala no ha tenido auténtica voluntad política para enfrentar la corrupción, en especial aquella vinculada al crimen organizado como el narcotráfico o el lavado de activos; por ejemplo, no puede ser posible que luego de 10 años de haberse tipificado el delito de lavado de activos, solo haya un condenado judicialmente.

Una de las principales banderas que el candidato Humala empuñó durante la campaña electoral fue la lucha contra la corrupción. Sin embargo, durante el primer año de su Gobierno no ha mostrado voluntad alguna por enfrentar de verdad este cáncer que viene corroyendo incesantemente nuestras instituciones

¿Qué hacer?
Frente a este breve balance del primer año del Gobierno de Humala en materia de justicia, ¿qué podríamos recomendarle al presidente Ollanta Humala, ahora que acaba de cambiar de rumbo y de Gabinete ministerial? Lo primero, evaluar si le conviene seguir teniendo como asesores presidenciales que le susurran al oído a abogados muy capaces pero que han tenido como clientes a personas acusadas de narcotráfico o lavado de activos. Lo segundo, convocar a personajes y profesionales claramente identificados con la lucha contra la corrupción. La labor que viene cumpliendo el valiente procurador Julio Arbizu es muy valiosa pero claramente insuficiente para tamaño reto; en términos militares, Arbizu necesita refuerzos y abrir otros frentes de batalla.

Tercero, nombrar ya a los nuevos magistrados del TC y designar, ciertamente, a abogados de trayectoria no solo exitosa sino democrática. Finalmente, estar más atentos a los procesos de designación, ratificación o destitución de jueces y fiscales por parte del CNM, órgano constitucional autónomo que anda muy suelto y casi nulo de control político parlamentario, a pesar de decisiones cuestionables; por ejemplo, el año pasado ratificó por unanimidad al juez supremo Javier Villa Stein, a pesar del pedido de organizaciones de sociedad civil como Justicia Viva que solicitamos que no sea ratificado. El Poder Judicial y el país se habrían ahorrado el escándalo de la sentencia que recientemente suscribió junto con otros cuatro jueces de la Corte Suprema.

La pregunta obvia es ¿por qué? ¿Acaso la corrupción ha llegado a la Casa de Pizarro? Para nada podemos afirmar ello. La hipótesis que manejamos es más bien la siguiente: más de un ex Presidente, más de un Presidente de la región, más de un empresario le debe haber aconsejado: “No te metas con el narcotráfico. Mira el espejo de México, mira lo que le ha pasado al Gobierno de Calderón. No te abras otro frente”. Ciertamente, decidir luchar de verdad contra la corrupción y el crimen organizado —en especial el narcotráfico— le granjearía muchos enemigos, y muy poderosos, al Presidente; algunos incluso de cuello y corbata. Pero de eso se trata precisamente; si no ¿qué se espera de un enemigo que mueve 3.000 millones de dólares al año y que ha vuelto a hacer de nuestro país el primer país productor de cocaína?

Un funcionario internacional compartió con nosotros algo muy cierto recientemente: “Los que disponen de 3.000 millones de dólares, pueden controlar las instituciones”. Y eso es lo que estamos viendo en el trabajo de Justicia Viva crecientemente, en especial en nuestra labor de fiscalización ciudadana de las designaciones, ratificaciones o destituciones de jueces y fiscales superiores y hasta supremos. Si bien esto no depende del Gobierno ni del Parlamento, sino del CNM, lo que se extraña del oficialismo es su falta de voluntad política para activar los resortes de control parlamentario respecto a algunos magistrados muy cuestionables, o a su absoluto silencio frente a algunas decisiones muy controversiales del CNM. La mejor muestra de que sí puede hacer algo cuando hay clara voluntad política, ha sido su reciente y rápida reacción ante el lamentable fallo Villa Stein.