Escrito por Alexandro Saco Valdivia Revista Ideele N°221. Julio 2012

Sobre el ministro de Salud, Alberto Tejada, la salud pública escribirá que en un año de gestión (tiempo suficiente para demostrar capacidad en un Ministerio en el que el promedio de duración del encargado es de 9 meses) nunca llegó a entender el reto y la posibilidad que tuvo al frente. Los que seguimos este proceso desde hace un tiempo hemos visto ministros con una agenda conservadora, otros salubristas limitados por el manejo de la política económica y social, otros errados en su entendimiento del sector pero que al menos se movieron por cierto sentido común. Pero con Tejada habrá que crear una nueva categoría: la de la inoperancia que privilegió la foto en el momento oportuno.

Inercia y potencialidad de la salud
En ese contexto, el recambio ministerial que se acerca abre una vez más (otra de tantas) la oportunidad de que el país cuente con un liderazgo en salud comprometido, con claridad del sentido de la labor del Minsa, con capacidad innovadora y dialogante, y, sobre todo, con un conocimiento de la salud pública que permita algo que sería suficiente hoy: romper la inercia que impera en el sector y, de esa forma, reabrir el debate que el candidato Ollanta impulsó cuando ofreció la conformación de un sistema universal de salud. Esa promesa, luego de las transformaciones gubernativas, derivó básicamente en un sistema de atención de emergencias (SAMU) y en la continuidad de la falta de autoridad en materia sanitaria (ha tenido que ser Indecopi la entidad que sancione a una aseguradora por excluir atenciones, y no los órganos del sector).

Lo lamentable de este Gobierno y de todos los anteriores en este sector es que no atinan a reconocer la magnitud del desarrollo de la salud pública en la integración social, en la redistribución y en el camino hacia la equidad. La inversión en salud y la modernización de sus instancias y procesos en una lógica en la que prima el interés público sería un potente motor para ir acortando las brechas sociales que afectan al país. Si tenemos en cuenta que una de las principales causas por las que las familias en el Perú y en el mundo caen en la pobreza cuando se presenta un problema de salud, podremos entender que si estas contingencias se encontraran protegidas efectivamente, tendríamos mucho menos situaciones que distorsionan la economía de familias y empresas (recordemos la cantidad de empresas familiares que existen).

Un paso clave
Un paso en ese sentido, planteado hace ya varios años, consiste en empezar a cubrir con recursos públicos al menos las enfermedades catastróficas que más afectan a la población pobre del país, la más desprotegida económicamente. Hace pocos días se ha anunciado que el Minsa, a través del SIS, asumirá el tratamiento de los cánceres más frecuentes de la población pobre: mama, cuello uterino, entre otros. Así algunos desubicados definan esta medida como una irresponsabilidad con las finanzas públicas, el hecho es que ésa es la ruta hacia la universalización del acceso a la salud.

La inversión para atender los cinco cánceres más frecuentes de los 12 millones de pobres en el Perú asciende a unos 130 millones de soles anuales, y si a esa lista añadimos cinco enfermedades catastróficas como la insuficiencia renal terminal y otras, llegamos a alrededor de 260 millones de soles año; dado el crecimiento económico, las reservas internacionales y la mayor tributación, son lo mínimo que se debe destinar para tratar de paliar en algo el sufrimiento que afecta a miles de familias peruanas (hoy el SIS llega a 550 millones de soles anuales).

Lo lamentable de este Gobierno y de todos los anteriores en este sector es que no atinan a reconocer la magnitud del desarrollo de la salud pública en la integración social, en la redistribución y en el camino hacia la equidad

Derecho versus mercado
El otro aspecto clave que el Gobierno y la nueva ministra de Salud deben reconocer y enfrentar es la disyuntiva entre el crecimiento del “mercado de la salud” y el ejercicio del derecho a la salud de los peruanos. Lamentablemente, estas dos concepciones se contraponen. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud de forma integral (promoción, prevención, tratamiento, recuperación), mientras que las empresas que participan en este “mercado” tienen la obligación de producir mayores ganancias para sus accionistas. De lo que se trata es de que prime el derecho frente al negocio, y de que el Minsa y las demás entidades del sector sean innovadores para lograr que la política de protección social en salud (vía el aseguramiento o el acceso directo) logre armonizar los intereses en juego. ¿Cómo? Para comenzar, poniendo reglas claras para la participación en el mercado de los servicios de salud privados, producto de una regulación efectiva.

EsSalud y la seguridad social
La realidad actual es que contamos con un “sistema de salud” que en la práctica no es tal, sino una suma de actores, unos más relevantes que otros, cada uno con sus particularidades y lógicas propias, y que persistir en la falta de coherencia de éste es alentar que la sociedad esté cada vez menos protegida. En ese contexto, con todas sus limitaciones, el Seguro Social de Salud (EsSalud) es el único de los subsistemas de salud que desarrolla su labor desde la orientación que requiere un sistema de protección social: cada quien aporta en la medida de su capacidad, y cada quien recibe en la medida de su necesidad. Eso se llama principio de solidaridad, y es la única forma de que las grandes responsabilidades estatales para con la sociedad se hagan efectivas; la evidencia alrededor del mundo lo demuestra. Por ello, el diálogo productivo y los acuerdos prácticos entre el Minsa y EsSalud son la base de cualquier posibilidad de fortalecer el sistema.

La responsabilidad del Minsa, ente rector en salud del país, es mucho mayor que la de los servicios de salud, ya que atraviesa lo intersectorial e intergubernativo, y se dirige no solo a la atención de la enfermedad sino que se relaciona con los determinantes sociales de la salud. De ahí que la labor del Minsa deba ser la de un aglutinador y catalizador de procesos que redunden en beneficio de la población, ya que si progresivamente logramos una sociedad más sana en todo sentido, ello servirá para dedicar más recursos económicos a emprendimientos que hoy las necesidades en salud absorben; y, además, permitiría relacionar a los otros sectores con políticas públicas necesarias para la mejor convivencia social y con el ambiente.