Escrito por Guillermo Oviedo Velásquez Revista Ideele N°220. Junio 2012

Periodistas, líderes de opinión y expertos han dicho mucho de Espinar; y, como siempre, muy pocos han dicho la verdad y se han preocupado de realizar un análisis serio que ayude a promover cambios no solo normativos sino también estructurales en la gestión de conflictos y de la actividad extractiva.

El propósito de estas líneas es compartir una serie de hechos y, en menor medida, impresiones del autor, con el objeto de promover una reflexión acerca de los conflictos sociales. En nuestra opinión, es hora de reconocer las fallas y errores de las acciones realizadas hasta hoy; de identificar las oportunidades de mejora en los ámbitos social, empresarial y del Estado, pues se nos presenta, como país, una oportunidad como antes no tuvimos, y que merece que nos preocupemos por hacer las cosas mucho mejor.

Luego de una semana violenta, se ha iniciado un proceso de diálogo que ha recordado a muchos espinarenses aquella iniciativa del 2005 en la que participaban varios actores para tratar el problema de Espinar; sin embargo, el entusiasmo no se ha opacado por este antecedente infructuoso.

El tema de los conflictos sociales está de moda, y algo subyace en ellos desde años atrás. Hay una relación entre el conflicto de Espinar-Cusco, el de Conga en Cajamarca, el de Chumbivilcas-Cusco, el de Jilatamarca-Puno y, de hecho, en todos los denominados conflictos socioambientales, que va más allá de la interesante teoría de los “movimientos antimineros” o de la gran influencia política del padre Arana y el impactante e influyente discurso de Hugo Blanco, o del resurgimiento de izquierdas o el achicamiento de derechas.

De hecho, hay un trasfondo en estos problemas (conflictos), lo que normalmente se llama causa o razón del problema. En tal sentido, como ciudadanos debemos demandar de aquellos que han sido designados para solucionar este tipo de conflictos que trabajen con el objetivo de determinar sus causas, pues solo así se pueden alcanzar soluciones reales para ellos.

Aquí pretendemos explicar algunos aspectos del denominado conflicto socioambiental de Espinar, como ejemplo de lo que ocurre en el país, y cómo este conflicto tuvo una intervención inicial penosa. El objeto es que las “piedras” inicialmente puestas a partir de la Mesa de Diálogo del 21 de junio sean realmente sólidas, de forma que no se cometan los mismos errores y logremos una paz social sostenida.

Relación actividad extractiva-sociedad
Casi el 50% de los conflictos que son reportados por la Defensoría del Pueblo son de tipo socioambiental, y en el 85% de ellos una de las partes es una empresa extractiva legal y/o formal y la otra las comunidades campesinas o poblaciones rurales.

Es preciso además, para curarnos en salud, indicar que la minería ilegal es protagonista de problemas ambientales muy serios, no obstante lo cual esta problemática es muy distinta a la que pretendemos tratar en estas líneas. Lo máximo que podemos decir sobre esta actividad es que, como toda aquélla que se realiza al margen de la ley en nuestro país, debe ser combatida a través de herramientas eficaces para evitar que se institucionalice el típico mal endémico de nuestra tierra, que es “actuar al margen de la Ley”.

Hay algo que muy pocos se han preguntado y que considero necesario hacerlo: ¿Por qué las poblaciones rurales que viven cerca de las zonas de influencia de las empresas manifiestan su rechazo a la actividad extractiva? ¿Qué componentes no advertimos o no queremos conocer? ¿Por qué en algunas zonas sí hay rechazo y por qué en otras no? ¿Se trata, como ha dicho un experto, de que el problema se produce porque no hay agua ni luz? En resumen, ¿esto es consecuencia de la pésima regionalización realizada en nuestro país?

Trataremos, en estas líneas y en las próximas entregas, de responder a estas preguntas, y nos sentiremos satisfechos si los lectores nos acompañan en la lectura con otras preguntas que puedan contribuir a arribar a conclusiones importantes por el bien de nuestro país.

Casi el 50% de los conflictos que son reportados por la Defensoría del Pueblo son de tipo socioambiental, y en el 85% de ellos una de las partes es una empresa extractiva legal y/o formal y la otra las comunidades campesinas o poblaciones rurales

Algo de verdad en el caso de Espinar
La verdad existe, y alcanzarla es un proceso. En nuestra opinión, éste debe servir para mejorar las relaciones humanas y el proceder de cada uno. Para contribuir a la reflexión vamos a presentar la verdad inmediata del conflicto, aspectos que no se conocen y detalles que no han salido a la luz y que deben ser evaluados para no repetir errores.

Se ha dicho que esta protesta nació de un complot o contubernio entre los líderes políticos del movimiento Tierra y Libertad, que la intención era desestabilizar el país, que son movimientos de izquierdistas, “podridos, congelados e incendiarios”. Independientemente del grado de putrefacción de los manifestantes de Espinar, lo cierto es que la relación entre la empresa extractiva y la sociedad espinarense ha sido conflictiva. Pese a quien le pese, es así.

El 21 de mayo del 2000, y luego de meses de protestas, la población tomó las instalaciones de Mina Tintaya, cuya titular era entonces la empresa BHP Billinton, y secuestró a empleados de la mina. Esto dio motivo para que se iniciara un largo proceso para suscribir el denominado convenio marco, documento de ocho páginas que vio la luz después de casi tres años de negociaciones. Ese convenio marco, para “sorpresa” de muchos, trató temas “novedosos”, como oportunidades de trabajo para la población, promoción de compras por parte de la minera a empresas de la zona, participación de la población en la gestión ambiental, programas de capacitación para los jóvenes espinarenses, un seguro ambiental y el denominado aporte para el desarrollo de Espinar.

Una pregunta que deseamos compartir para ensayar una respuesta colectiva en la próxima entrega es cuánto de este convenio marco se cumple, qué cláusulas son las que deben priorizarse, y qué debería ocurrir si no se cumple.

Sobre el conflicto del 21 de mayo
El reciente conflicto de Espinar, ocurrido entre el 21 y el 28 de mayo últimos, tiene su antecedente más próximo en enero del 2010. No lo afirmo yo, sino que así fue reportado por la Defensoría del Pueblo en su resumen mensual de conflictos sociales, mucho antes de que el señor Oscar Mollohuanca Cruz sea elegido como alcalde de la provincia. Hasta noviembre del 2011 el diálogo se mantuvo: fueron 22 meses de fructífero y próspero diálogo. El gran debate: cierre de la relavera Huinipamapa —se ruega recordar este nombre— y el aumento de aportes por parte de la mina a favor de la provincia.

De acuerdo con el reporte de la Defensoría, el diálogo se suspende en noviembre del 2011. La información que se incorpora es que se había interpuesto una denuncia penal contra la empresa minera por contaminación del ambiente, específicamente en la zona de Quetara, esto es, las comunidades adyacentes a la relavera Huinipampa. Sin embargo, en la reunión del 24 de enero del 2012 las organizaciones sociales y el Municipio de Espinar, luego de informar al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la empresa Xstrata Tintaya respecto de la nueva propuesta de modificación del denominado convenio marco, acordaron remitir un documento a la empresa Xstrata para que, en el plazo de 48 horas, aceptara la propuesta de diálogo. Esta comunicación generó una reacción positiva de la empresa minera, y el 2 de febrero del 2012 el gerente general, Edgardo Orderique Luperdi, se presentó a la provincia de Espinar y acordó con la sociedad del lugar y el Municipio instalar una Mesa de Trabajo para el proceso de revisión, evaluación y mejora del convenio marco. Sobre la denuncia penal, el representante de la empresa minera se limitó a manifestar que había que dejar que el proceso siguiera su trámite regular para conocer la verdad.

Nosotros consideramos que en febrero se perdió una oportunidad única para explicar y manifestar la supuesta “verdad” de la empresa: que no genera contaminación a través de vertimientos o filtraciones al río Salado y Ccañipia. Sin embargo, nada se hizo al respecto.

Siguiendo con el proceso de diálogo, el 10 de febrero del 2012 se reunieron en la sede de la Municipalidad Provincial los representantes de las organizaciones sociales, el Alcalde, el gerente de Relaciones Comunitarias, Miguel Castañeda, y representantes del Ministerio de Energía y Minas, con el objeto de “dar cumplimiento al acuerdo” de revisión, evaluación y mejora del convenio marco.

El acuerdo más importante tomado en esa reunión fue la conformación de 6 Mesas de Trabajo, y para ello el Municipio, las organizaciones sociales y la empresa minera acreditarían a sus representantes.

Cuando llegué a esa reunión, me sorprendió el entusiasmo de los pobladores. El ímpetu fue tal que a las 6 del tarde iniciaron una sesión para determinar los representantes de las referidas Mesas. Por mi parte, rechacé una cordial invitación para asesorar a dichas Mesas, pues en mi opinión no era una manera seria de abordar temas que pueden recogerse de manera sencilla con base en múltiples guías, manuales y otros que se conocen a escala internacional. Sospechaba que era una forma de dilatar el diálogo y pasar por un proceso de tres años, como ya había ocurrido en el convenio marco original.

Lo cierto es que el 14 de febrero del 2012 la empresa minera remitió una carta al Municipio Provincial de Espinar en la que indicó que había irregularidades en el proceso de diálogo y que habían sido coaccionados a firmar el acta del 10 de febrero. La supuesta irregularidad, salvo mejor opinión, es que, a pedido de las organizaciones sociales, se ampliaba la base del diálogo, pues las comunidades directamente afectadas pidieron ser parte de él. Asimismo, en esa comunicación Xstrata dice que se requieren garantías para continuar con el diálogo.

Ese día estuvimos en el momento en que el Alcalde daba lectura a la carta de Xstrata. Fue el inicio de la crónica de una muerte anunciada. Me sentí impotente por no poder hacer nada para calmar el descontento; y, frente al llamado a un paro, solo pudimos sugerir a la población que no cayera en la provocación, y que más bien se esfuerce en elaborar una propuesta de convenio marco técnicamente seria, pues la propuesta actual era tan mala como el convenio marco original.

No logramos mucho; simplemente dilatamos lo inevitable. Conforme hoy se estructura la gestión de conflictos por el Estado, supimos que la reunión del 20 de abril no iba a tener mayores implicancias, pese a los compromisos asumidos por los que acudieron a ella, como entregar un Plan de Monitoreo el día 2 de mayo, el cual nunca llegó a Espinar. Así, tuvimos que presenciar los trágicos sucesos que comenzaron el 21 de mayo.

Acudí a varios medios, pues, por coincidencia o no, las palabras de una connotada periodista exacerbaron la violencia, para evitar que se siga desinformando a la población, pero mi esfuerzo fue vano. Tanto, que a estas alturas me pregunto qué es lo que nos corresponde hacer; no con respecto a la Mesa de Diálogo, sino respecto de nosotros como ciudadanos que a veces no contribuimos a solucionar los problemas, sino más bien a recrudecerlos.

En la próxima entrega vamos a explicar los problema ambientales que son materia de preocupación en Espinar, así como lo referido al denominado convenio marco, con el objeto de sugerir y proponer cambios en los roles que asumen la sociedad, las empresas y el Estado.