Criminalizar la solidaridad de los postergados

Escrito por Revista Ideele N°308. Enero – Febrero 2023

Yaneth Navarro y Cirilo Jara fueron detenidos bajo la presunción de que financiaban las movilizaciones contra el régimen de Dina Boluarte. La fiscal que sigue el caso solicitó 36 meses de prisión preventiva, tratándolos como miembros de una organización criminal. Las sumas que les encontraron fueron irrisorias (1800 y 2300 soles, respectivamente), sobre todo considerando los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que se han movilizado desde que se inició el estallido social contra el Gobierno. Los cuadernos decomisados como “prueba” del supuesto financiamiento ilícito, tenían anotaciones como “se le dio al Sr Julio Rojas 150 para que pueda hacerse revisar ya que tiene 04 perdigones se está infectando” o “se le dio la suma de S/. 50.00 le cayó bomba lacrimógena en el muslo derecho y necesita para sus medicamentos”. Otras anotaciones solo registraban pasajes. El día 14 de febrero, el Poder Judicial aprobó la prisión preventiva (de 30 meses) para Navarro y la comparecencia restringa para Jara.

Qué duda cabe que Navarro es una presa política de un régimen que desde su inicio se ha sostenido en un estado de emergencia represivo y persecutorio, que tendrá que responder por la muerte de, al menos, 50 compatriotas, varios de ellos menores de edad. Un Gobierno que, habiendo ascendido al poder por sucesión constitucional, debía entender su rol de transición y no tranzar con quienes han venido minando la democracia al menos desde 2016 y perdieron las elecciones en 2021.

Nos encontramos atrapados en una crisis multidimensional que muestra no solo la pérdida de legitimidad del Gobierno y la coalición autoritaria que lo sostiene, sino del pacto social en su conjunto. Por ello, los reclamos por una Asamblea Constituyente han ido en aumento. Según una reciente encuesta del IEP, el 69% de la población estaría de acuerdo con su instalación y quienes piden un cambio total de la Carta Magna llegan al 40%. Un resultado impensable hace unas décadas cuando cayó el fujimontesinismo, pero la hegemonía neoliberal quedó casi intacta.

Qué duda cabe que Navarro es una presa política de un régimen que desde su inicio se ha sostenido en un estado de emergencia represivo y persecutorio, que tendrá que responder por la muerte de, al menos, 50 compatriotas, varios de ellos menores de edad.

Antonio Gramsci ―recientemente mencionado por Willax como un referente intelectual detrás de las protestas, en su necesidad permanente de alimentar los temores y discursos de la extrema derecha―, señalaba que la crisis orgánica ocurre cuando las clases dominantes han perdido el consenso. Es un momento en el que “el viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. La Constitución de 1993 no constituyó un nuevo pacto social, sino que consolidó el llamado “Consenso de Washington”. El propio Alberto Fujimori lo mencionaba cuando hacía campaña por el Sí en los medios de comunicación. “Se trata de consolidar las reformas que hemos introducido en el país en estos tres últimos años y, particularmente, después del 5 de abril del 92”, dijo Fujimori frente a una Gisella Varcárcel que solo asentía y lo alagaba. Lo que consolidó la Constitución de 1993 fue el neoliberalismo y las reformas de la fase dictatorial del régimen fujimontesinista.

Uno de los valores centrales del neoliberalismo es el individualismo extremo, asociado al debilitamiento del tejido social y contrario a todo atisbo de solidaridad en las políticas públicas del Estado. Pero estos 30 años de neoliberalismo no lograron erradicar las prácticas solidarias del pueblo, que se manifestaron durante la pandemia en la creación de ollas comunes y en diferentes acciones colectivas para el cuidado mutuo. Quizás el repliegue del Estado hacía imposible la subsistencia de amplios sectores sin recurrir a la solidaridad. Finalmente, la tradición comunitaria no pudo ser borrada de la memoria histórica.

Gran parte de los medios de comunicación, ahora oficialistas, han dedicado largos segmentos a cuestionar la solidaridad entre y hacia los manifestantes. ¿Cómo se financian? ¿Quiénes están detrás? ¿Quién los manipula? Parece que les es imposible reconocer la agencia política del pueblo y los mecanismos que despliega para sostenerse colectivamente en un momento de lucha. A la coalición autoritaria y sus voceros mediáticos la solidaridad les resulta tan ajena que llega a ser sospechosa. 

Pero en este punto es necesaria una acotación: no es la solidaridad de las elites la que les genera sospecha, es la solidaridad de los pobres y marginados. Les sorprende que dirigentes populares logren recaudar mil o dos mil soles para sostener su lucha política, pero no parece sorprenderles que una asociación, irónicamente llamada “Integridad”, colecte en pocos días medio millón de soles para hacer donaciones a la Policía. O más claramente, para que la Policía sigue reprimiendo y asesinando al pueblo movilizado. 

Los monstruos que surgen mientras lo viejo no termina de caer demuestran su miseria moral criminalizando la solidaridad de los postergados. Abundan las denuncias y evidencias en fotos y videos de los abusos de la Policía y las Fuerzas Armadas. Como en el caso de Navarro y Jara, se persigue a quienes hacen colectas, a quienes han recaudado en base a pequeños aportes lo indispensable para que las delegaciones que llegaron a Lima a protestar puedan comer, trasladarse y atenderse en caso de ser heridos por la represión. Por si fuera poco, varios detenidos han denunciado que la policía se queda sus pertenencias. Algunos manifestantes que llegaron de diferentes regiones fueron detenidos arbitrariamente y cuando los liberaron pasaron varios días sin teléfono celular, en una ciudad que de por sí ya encuentran hostil. Otros denuncian que se les quitó el poco dinero que traían y nunca se les devolvió. Cómo la policía se repartía el agua y las galletas donadas a la delegación que se alojaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue registrado en video. Muy a pesar de los medios de la coalición autoritaria, los abusos y violaciones de derechos humanos serán registrados por miles de cámaras y difundidos en la prensa alternativa y las redes sociales. Y la solidaridad se multiplicará, el viejo mundo terminará de derrumbarse y lo nuevo se abrirá paso.

Sobre el autor o autora

Sergio Tejada
Sociólogo y político. Excongresista 2011-2016.

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