Escrito por Gabriela Rodríguez Pajares Revista Ideele N°308. Enero – Febrero 2023

Una gran campaña contra un grupo de peruanos especialmente vulnerable se ha instalado con fuerza. Los PIACI son los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Se tratan de poblaciones que en el pasado se relacionaron con el resto de la sociedad nacional y otras colectividades, pero que en algún momento decidieron interrumpir estas interacciones, sobre todo, como consecuencia de acontecimientos traumáticos (matanzas, abusos, persecuciones, transmisión de enfermedades, entre otros). Entonces, se trasladaron a lugares lejanos y asumieron un estilo de vida caracterizado por la movilidad constante, así como por su condicionamiento a “la estacionalidad climática y las épocas de reproducción de los cursos del bosque” (Huertas, 2021, p. 4). En otras palabras, su retraimiento fue una estrategia de supervivencia.

Los PIACI mantienen distintos grados de distanciamiento o de contacto con la sociedad externa. Mientras que los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) decidieron cortar esas interacciones, aquellos en contacto inicial (PICI) las han reanudado, aunque sin ser de carácter sostenido y no comparten los códigos culturales y patrones de interrelación de la sociedad mayoritaria (Huertas, 2021, pp. 4-5; Ministerio de Cultura y USAID, 2016, p. 14). De acuerdo con datos del Ministerio de Cultura (2022), se han reconocido 25 PIACI en los que hay 7 500 personas: 5 200 en situación de aislamiento y 2 259 en situación de contacto inicial. Están distribuidos en cinco departamentos: Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali (Hurtado, 2023a).

Su alejamiento de la sociedad mayoritaria y su forma de vida acondicionada a las variaciones del clima y los ciclos del bosque los ha vuelto especialmente vulnerables. Por ejemplo, su interacción con otras poblaciones puede suscitar la transmisión de enfermedades contra las que no han desarrollado inmunidad, lo que ya ha ocurrido en el pasado con resultados catastróficos. Además, la realización de actividades diferentes a los usos que hacen de los territorios por los que suelen desplazarse puede ocasionar perturbaciones que afecten sus fuentes de subsistencia y sus dinámicas sociales (Ministerio de Salud, 2003, p. 60).

Una tragedia ocurrida a mediados de los años ochenta refleja cuán vulnerables pueden ser frente a la acción de agentes externos en las zonas que transitan. Los contactos forzados del pueblo Nahua con madereros y personal de la empresa de hidrocarburos Shell que operaba en las cabeceras del río Mishagua desataron una epidemia que mató a alrededor de la mitad de sus miembros (Huertas, 2021, p. 6; Quispe, 2021, p. 169). Este evento gatilló la iniciativa de las organizaciones indígenas para solicitar al Estado la creación de reservas intangibles en las áreas habitadas por los PIACI. En 1990, se creó la primera, la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua (Huertas, 2021, p. 6).  Y entre 1997 y el 2002 se crearon otras cuatro (Mashco Piro, Murunahua, Isconahua y Madre de Dios) (Chirif y García, 2007, p. 247).

Los esfuerzos por garantizar la integridad de los PIACI y su entorno continuaron en los albores del nuevo siglo. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, presentó una propuesta ante el Congreso para la constitución de un régimen especial a favor de estos pueblos. Es decir, se trataba de institucionalizar dicha protección (Chirif y García, 2007, p. 244). Así, en el 2006 se aprobó y publicó la Ley Nº 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.[1] Esta ley establece el procedimiento para la creación de reservas indígenas, cuya aprobación está supeditada a dos rigurosos estudios técnicos previos. Primero, para demostrar la existencia de dichos pueblos (Estudio Previo de Reconocimiento) y, luego, para categorizar y delimitar el área de la reserva (Estudio Adicional de Categorización de Reserva) (Ministerio de Cultura y USAID, 2016). Ambos estudios deben ser aprobados oficialmente por Decreto Supremo.

La campaña contra los PIACI

Actualmente, cinco reservas se encuentran en etapa de solicitud de creación, entre ellas, la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes en Loreto (Hurtado, 2023a). En setiembre del año pasado, mediante Decreto Supremo Nº 010-2022-MC, el gobierno declaró el reconocimiento de cinco pueblos en aislamiento en el territorio que abarca la solicitud de constitución de esta reserva.[2] El problema es que hay un esfuerzo concertado por debilitar o, incluso, anular la protección a los PIACI que comprende a diversos actores: instituciones privadas, colegios profesionales, comunidades nativas, autoridades subnacionales e, incluso, congresistas. Un nombre que ha sido difundido traduce muy bien la intención de esta campaña: “Loreto No a Ley Piaci” (RCR, 2022).

Un colectivo que ha cumplido un papel vital en este impulso y que ha articulado la acción de otros sectores es la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto-CDL. La CDL es una plataforma civil creada en el año 2020.[3] Su presidente es Christian Pinasco Montenegro, un ingeniero que fue condenado junto con otras dos personas a cuatro años de prisión suspendida en el 2018 por el delito de colusión. Se les encontró culpables de haber favorecido a un consorcio cuando eran funcionarios de la Municipalidad Distrital de Monsefú (Servindi, 2022b).[4] 

Una de las primeras causas que abanderó la CDL fue el rechazo del Acuerdo de Escazú cuando se discutió su aprobación en el Congreso en el 2020.[5] En ese momento, señalaron a los partidos políticos que habían votado en contra de su archivamiento, los que, según un manifiesto hecho público por la institución, “dieron la espalda al pueblo peruano, y principalmente a los pueblos Amazónicos”.[6] Actualmente, la CDL se encuentra inmersa en un firme empeño por desacreditar la ley para la protección de los PIACI y lograr su revisión. Pero su verdadero objetivo es eliminar las reservas indígenas para permitir la explotación en esos territorios. Así, han manifestado su apoyo irrestricto a un proyecto de ley que actualmente se está evaluando en el Congreso y  sobre el que se hablará más adelante.[7]

El Gobierno Regional de Loreto (GOREL) también ha sido un actor fundamental en esta arremetida. El año pasado se difundieron comunicados suscritos por diversos colectivos que solicitaban al gobierno y al Congreso la derogación de la ley para la protección de los PIACI.[8] Entre los firmante estuvo el gobernador regional en ese entonces, Elisbán Ochoa Sosa. Incluso, un “Pronunciamiento de la Región Loreto” publicado en julio apareció en las redes sociales del GOREL.[9] Pero no habría sido la única manera en la que el gobierno regional ha demostrado su desinterés por los PIACI. Un reporte de Ojo Público de junio del año anterior informó que desde el 2015 hasta esa fecha, había entregado por lo menos 47 concesiones forestales en territorios de una reserva indígena ya establecida y en otra solicitada (Alfaro, 2022).

Algunas comunidades nativas se han sumado a la causa. La Federación de Comunidades Nativas de Curaray y Arabela (FECONACA) ha buscado interrumpir el proceso de creación de la Reserva Napo, Tigre y Afluentes, y sus líderes han llegado a amenazar a las organizaciones indígenas que la promueven como AIDESEP y su base regional en Loreto, ORPIO. Ese fue el caso de un dirigente de la comunidad “Buena Vista”—que forma parte de la FECONACA—, quien en una entrevista advirtió que las recibirían “con lanza” (Servindi, 2022a). Este apoyo se explicaría por su cercanía a la petrolera Perenco que opera en la zona y que también ha desplegado acciones para congelar el trámite de creación de la reserva (Santos, 2022). Según destacan algunos medios, Perenco, que cuenta con un alarmante historial de contaminación ambiental, ayuda a la FECONACA a través de diversos proyectos (Pérez, 2022; Selibas, 2022; Servindi, 2022a).

El embate más peligroso hoy en día proviene del Congreso. El 11 de noviembre del año pasado, el congresista de Fuerza Popular por Loreto Jorge Morante Figari presentó un proyecto de ley que busca modificar la ley para la protección de los PIACI. Como coautores aparecen los también parlamentarios fujimoristas Mery Infantes, Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Rosangella Barbarán y Luis Cordero (Hurtado, 2023a). [10] El periodista Jonathan Hurtado (2023a) dio a conocer hace poco que el mismo día que se presentó la iniciativa, el asesor principal del congresista Morante se reunió con una integrante de la CDL, quien, además, está afiliada a Fuerza Popular desde hace más de diez años. Hurtado también informó que el asesor II de Morante Figari es un contador muy activo en Facebook, donde ha acusado al Ministerio de Cultura, organizaciones indígenas y ONG de obstaculizar el desarrollo en Loreto.

La iniciativa pretende, en primer lugar, trasladar la conducción de solicitudes de creación de reservas indígenas (Hurtado, 2023a). El sector encargado de este proceso es el Ministerio de Cultura, pero el proyecto desplaza esta responsabilidad al gobierno regional que, como hemos visto, no constituye, en lo absoluto, una garantía de protección. Por lo tanto, el reconocimiento de PIACI y la categorización de reservas deberán ser aprobados finalmente por Ordenanza Regional y ya no por Decreto Supremo, como funciona ahora.[11]

Además, disminuye el número de miembros de la Comisión Multisectorial encargada de presidir el proceso de determinación de las reservas indígenas (Ministerio de Cultura y USAID, 2016, p. 55). La reducción implicaría que instituciones como AIDESEP, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) o la Defensoría del Pueblo sean relegadas. También, quedarían afuera los ministerios de Agricultura, Ambiente, Educación, Energía y Minas, e Interior (Hurtado, 2023a). Por último, el proyecto de ley incorpora disposiciones finales. En primer lugar, crea una Comisión Revisora del reconocimiento de PIACI y de “los otorgamientos de la categoría de reservas indígenas”. Asimismo, ordena la suspensión de todos los procesos de solicitud de creación de reservas desde la entrada en vigencia de la nueva ley hasta que “se apruebe la adecuación del reglamento”.[12]

El proyecto de ley ha sido ampliamente rechazado. No solamente organizaciones indígenas como AIDESEP (2023) lo han criticado enfáticamente. También lo han hecho el Ministerio de Cultura,[13]  la Defensoría del Pueblo,[14] o delegaciones de otros países como las embajadas de Reino Unido y Noruega.[15] Por su parte, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) emitió una opinión legal en diciembre en la que se manifiesta de forma categórica por el archivamiento del proyecto de ley por ser inconstitucional. Entre otras razones, sostiene que supondría una regresión en el nivel de protección a estos pueblos en comparación con la ley actual, generando incumplimiento del Perú con las normas de Derecho Internacional. Según el principio de no regresividad de DDHH, el Estado no puede emitir políticas o medidas que impliquen un retroceso en el grado de protección “ante una situación de hecho que ya se encuentra regulada”. Por lo tanto, la iniciativa que actualmente es debatida en el Congreso vulnera esa disposición (SPDA, 2022).

Argumentos contra los PIACI

La coalición de intereses contra la protección de los PIACI ha consolidado y difundido un discurso para sustentar y legitimar su postura frente a la opinión pública. Entre todo lo que se ha dicho, podemos identificar cinco argumentos. El primero es la clave y apunta de plano al corazón de la creación de reservas indígenas. Sus detractores afirman que los PIACI no existen o que su existencia no ha sido debidamente comprobada. Se trata de una afirmación utilizada hasta la saciedad con la que pretenden desmontar cualquier pretensión de protección. Lo vemos claramente en el pronunciamiento difundido en julio por el GOREL. El punto dos señala que en las reservas ya creadas “no se ha demostrado científicamente la existencia de los PIACI”.[16]

La exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley presentado por el congresista Morante reproduce esta idea. A consideración de los proponentes, hay poco “rigor” al momento de pedir la creación de reservas, porque se muestran informes “que no evidencian científicamente su existencia”.[17] Y como subraya Jonathan Hurtado (2023a), lo mismo se repite muchas veces en las opiniones favorables al proyecto de ley que aparecen en el espacio de participación ciudadana de la página web del Congreso: “no existen los PIACI” o “no existen los pueblos no contactados”.[18] Pero la antropóloga Beatriz Huertas aclara que la alusión a “no contactados” sería incorrecta, porque no es posible hablar de poblaciones que han vivido totalmente apartadas y “estancadas en el tiempo” (2021, p. 5). Como vimos, su aislamiento es una estrategia de supervivencia frente a interacciones que, en el pasado, han sido devastadoras para estos pueblos.

En cuanto a la falta de rigurosidad en los estudios sobre los que se basa el reconocimiento de PIACI y el establecimiento de reservas indígenas, se trata de una distorsión. Existe un conjunto amplio de evidencias que se consideran: fotos y videos obtenidos mediante “trabajo de campo y sobrevuelos”; “fuentes históricas y etnográficas”; “reportes de avistamientos” y encuentros acreditados por personas que han accedido a esos territorios; testimonios de pobladores que viven en zonas contiguas y de PICI; “evidencias” como huellas humanas, fogatas, trochas, entre otros; y “señales de advertencia de no ingresar” a esos territorios (Ministerio de Cultura y USAID, 2016, p. 19).

El punto es que debido a la vulnerabilidad de estas poblaciones se recurre a una metodología indirecta para evitar el contacto, lo que es utilizado por los artífices de esa campaña para afirmar la falta de rigor científico. Así lo podemos apreciar en la fundamentación de la iniciativa que está siendo evaluada en el Congreso, donde se dice explícitamente que el procedimiento carece de esa condición, porque solo “exigen evidencias indirectas con simples testimonios”.[19] Huertas puntualizó a Ojo Público que los estudios para identificación de PIACI se realizan desde hace cuatro décadas “con buenos resultados” (Hurtado, 2023a). Además, es oportuno señalar que no solamente se han reconocido PIACI en Perú, sino también en otros países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay.[20]

No se trata de un argumento nuevo. La invisibilización y negación explícita de estas poblaciones ha ocurrido antes. El especialista Carlos Quispe señala que muchas personas consideran hablar de los PIACI como un “despropósito” y nos recuerda algunas declaraciones no muy alejadas en el tiempo en ese sentido. En el 2007, una exfuncionaria de Perupetro llegó a compararlos con el “monstruo del lago Ness”: “Parece que todo el mundo ha oído hablar de los pueblos no contactados, pero no hay ninguna prueba de su existencia”. Ese mismo año, el presidente de esa institución, Daniel Saba, recalcó que es “absurdo decir que hay no contactados cuando nadie los ha visto”. Mientras, en un comentario que no sorprende, el expresidente Alan García los señaló como una invención de quienes quieren perjudicar el desarrollo: “Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo ‘no contactado’; es decir, desconocido, pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas” (Quispe 2022; Quispe, 2021, p. 35).

El segundo argumento apela directamente a las necesidades y expectativas de la población. En Loreto, los promotores de la campaña contra los PIACI hacen hincapié en su interés por el desarrollo de la región, que sería obstaculizado, precisamente, por el establecimiento de reservas indígenas de carácter intangible. La Ley Nº 28736 impide toda actividad diferente “a la de los usos y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas”. Asimismo, no puede concederse derechos de explotación a menos que esta sea de “necesidad pública para el Estado”.[21] Más allá de que, en los hechos, la intangibilidad de estas áreas no esté siendo respetada- como indicamos arriba, hace años, el GOREL otorga concesiones forestales-, en principio, cualquier tipo de aprovechamiento de sus recursos ajeno al que realicen esos pueblos queda prohibido con la excepción señalada.

Los detractores se aferran a esa disposición para incidir en que las reservas son barreras para la realización de importantes proyectos de desarrollo en la región. El manifiesto difundido en abril por un conjunto de instituciones menciona claramente que la ley de protección a los PIACI “condenaría a la región al ostracismo, postergación y subdesarrollo, porque no podríamos ejecutarse [sic] proyectos necesarios que […] son necesarios para lograr competitividad […], además de paralizar importantes inversiones  […]”.[22] Chiristian Pinasco, el presidente de la CDL, esgrime el supuesto carácter perjudicial de la ley para el avance de Loreto y en una entrevista indicó que “existen directivas de organizaciones internacionales para desaparecer toda actividad económica productiva que da trabajo y oportunidad de lograr desarrollo en estos sectores” (RCR, 2022).

El especialista en Derecho Ambiental Héctor Rodríguez aclara que la ilegalidad del otorgamiento de concesiones forestales en reservas indígenas o en áreas que están solicitadas para su creación no radica en la prohibición establecida por la ley de protección para PIACI, sino en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre,[23] que también está en la mira del Congreso (Hurtado, 2023b). La quinta disposición complementaria sostiene claramente que “No se otorga títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre […] en las áreas en trámite para el establecimiento de reservas territoriales para los pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial, en concordancia con los tratados internacionales en vigor”.[24]

Ahora bien, los PIACI se encuentran, sobre todo, en áreas fronterizas, zonas muy remotas y poco accesibles, donde generalmente no existen centros poblados. Son pequeños grupos que están en movimiento constante y son básicamente cazadores recolectores. Además, actualmente hay una cantidad enorme de concesiones maderables. Hay diversas empresas madereras trabajando en Loreto en zonas donde no existen PIACI. Asimismo, hay lotes petroleros operando en la región. Y si sus actividades se han detenido es debido a la conflictividad social.[25]

La supuesta incompatibilidad de esta ley con una mejora de las condiciones de vida en la región trasluce estereotipos muy arraigados sobre la Amazonía y los pueblos indígenas. Asimismo, refleja la imposición de un modelo de desarrollo.[26] Según Mauricio Zavaleta (2022), durante mucho tiempo se le ha visto como un espacio de naturaleza primitiva que domina a la humanidad. Además, sus habitantes carecerían de “desarrollo civilizatorio” e historia, lo cual no se ajusta a las evidencias que existen sobre un larguísimo proceso de transformación de los bosques por la acción humana (Zavaleta, 2022).

Esas imágenes sobre la Amazonía han justificado la convicción de un desarrollo que debe llegar de afuera. Por ejemplo, a inicios del siglo XX los caucheros se situaban como agentes civilizadores (Chirif, 2009). Y desde mediados del siglo pasado, los sucesivos gobierno han apostado por dos tipos de proyectos: social, a partir de la colonización y la ampliación de la red vial; y económico, con la ejecución de actividades extractivas (Morel, 2014). Como destaca la plataforma digital Puente, el problema de fondo es que han sido impuestos de forma arbitraria sin tomar en cuenta su impacto en los pueblos indígenas y el medio ambiente.[27]

Otro argumento estrechamente vinculado con el anterior afirma que debido al establecimiento de reservas para PIACI, las comunidades nativas están siendo desplazadas. La CDL insiste en acudir al argumento del despojo como uno de los efectos más perniciosos de la vigencia de la ley para la protección de los PIACI. De ese modo, hace énfasis en que “verdaderos pueblos indígenas” son desplazados “para otorgar derechos a poblaciones en situación de aislamiento que no existen en Loreto, no tienen DNI”.[28]

Sin embargo, la ley para la protección de PIACI no contempla el desplazamiento de comunidades nativas por la creación de reservas. Rodríguez explica que las comunidades cercanas a las áreas donde habitan PIACI comprenden el contexto y los códigos de esas poblaciones, porque, en muchos casos, pertenecen a las mismas familias y conviven. Por ello, el Ministerio de Cultura y en la ley se reconoce que existe una interrelación entre ambos grupos. A ello podemos agregar que las comunidades constituyen una de las fuentes consideradas en los estudios para el reconocimiento de los PIACI. [29]

El cuarto argumento también toca una fibra muy sensible en la población, porque denuncia el exacerbado centralismo peruano: los loretanos tienen el derecho a decidir sobre lo que quieren para su región. Bajo la argumentación de los impulsores de la campaña, el establecimiento de reservas puede ser un hecho muy disruptivo para las comunidades aledañas, y para toda la región por la extensión que abarcan y por los proyectos que impiden realizar. Por lo tanto, los representantes regionales y locales deben tener el control sobre el proceso creación de reservas como una garantía de que se haga lo mejor para el desarrollo de la región. Las reservas no deben ser una imposición externa, en este caso, del gobierno nacional: no solo desconoce las necesidades y realidades específicas de los departamentos, sino que sus habitantes deben poder decidir por sí mismos.

Este razonamiento se refleja claramente en el proyecto de ley que actualmente está siendo examinado en el Congreso. Recordemos que puntualmente se plantea que el reconocimiento de PIACI y la asignación de categoría de reserva indígena se oficialice mediante Ordenanza Regional y no Decreto Supremo. Además, rebaja el número de integrantes de la Comisión Multisectorial para descartar diversas instituciones y organizaciones que tienen representación actualmente.[30] El Pronunciamiento de la Región Loreto hecho público en julio lo advertía: “Los Loretanos desconoceremos todas las acciones del estado […] por no contar con la participación mayoritaria y democrática del pueblo Loretano en la toma de decisiones y la supervisión del alcance de la ley. Este tipo de leyes, hechas y manipuladas en oficinas del centralismo limeño e impuesta por las Naciones Unidas pretenden despojar a los Loretanos y Amazónicos de enormes áreas de terreno…”.[31]

Pero en la Comisión Multisectorial  que preside el procedimiento para la constitución de reservas se garantiza la presencia de los gobiernos regionales y municipales en cuyas circunscripciones se solicite su creación.[32] Además, Rodríguez subraya que, en el pasado, el gobierno regional casi siempre votó a favor del reconocimiento de los PIACI y el establecimiento de reservas. En realidad, su participación en la Comisión reflejaba el poco interés que tenía por el tema. En la mayoría de ocasiones, no enviaba un representante de rango alto o medio, sino a personas que desconocían sobre la materia y otorgaban un voto favorable. Entonces, el interés del gobierno regional sería un hecho reciente que se manifestó en su negativa a a aprobar el reconocimiento de pueblos en aislamiento en el área de la Reserva Napo, Tigre y Afluentes, cuya constitución está en trámite. [33]

El último argumento ataca a los impulsores de la protección de los PIACI: las organizaciones indígenas y otras ONG que, supuestamente, tienen como principal propósito beneficiarse con la intangibilidad de las reservas. Lo mencionan explícitamente los comunicados emitidos. En abril, los opositores a la Ley Nº 28736 sostenían que “en el tiempo solo ha servido para beneficiar a organizaciones no gubernamentales y algunos dirigentes indígenas”.[34] El documento que trascendió en julio incidía en lo mismo: “La creación de PIACI solo ha servido para beneficiar a organizaciones no gubernamentales y eternos grupos dirigenciales indígenas que lucran a nombre de los pueblos que dicen representar.”[35] Además, Christian Pinasco ha deslizado que estas organizaciones tendrían otros intereses. En primer lugar, con la intangibilidad de esos territorios, podrían reclamar los bonos de carbono a la cooperación internacional. Segundo, estarían protegiendo actividades ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal (RCR, 2022).

Sin embargo, no se han mostrado pruebas que sustenten esas imputaciones. En cuanto a la alusión a los bonos de carbono, Rodríguez afirma de que se trata de un tema muy complejo y su implementación está en desarrollo. Los bonos de carbono constituyen una medida de mitigación del cambio climático. Se trata de una estrategia para la conservación y el cuidado de los bosques con el fin de reducir la tasa de deforestación y se lleva a cabo a través de contratos privados entre empresas y comunidades, no con PIACI. Entonces, las empresas ofrecen a las comunidades una alternativa económica a cambio del cuidado y de la conservación de los bosques.[36]

Reflexiones finales

Los PIACI son altamente vulnerables frente a las interacciones con el resto de la sociedad, porque no cuentan con las defensas inmunológicas necesarias para resistir a las enfermedades que les puedan transmitir o porque son muy sensibles a cualquier alteración del entorno natural que habitan. La constitución de un régimen especial para la protección de estas poblaciones fue un logro de las organizaciones indígenas que lucharon para que no se repita la historia de abuso y devastación que llevó a la extinción de muchos pueblos.

La campaña que se ha forjado contra los PIACI cuenta con recursos y congrega a un conjunto amplio de actores con poder y distintos intereses. En este momento, el principal peligro procede del Congreso, desde donde se pretende desnaturalizar el sistema de protección que se había montado con la Ley Nº 28736. Con el fin de legitimar su objetivo, han construido un discurso que llega a desconocer la existencia de estos pueblos, además de caracterizar a las reservas como un obstáculo para el desarrollo de la región. En el fondo, sin embargo, está la perpetuación del desprecio frente a los grupos de peruanos más vulnerables, quienes pueden ser sacrificados con tal de satisfacer los intereses privados.

Agradezco al especialista en Derecho Ambiental y temas amazónicos Héctor Rodríguez por la entrevista concedida para este artículo.

Referencias

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Huertas, B. (2021). El respeto a la autodeterminación y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento. IWGIA. https://www.iwgia.org/en/documents-and-publications/documents/publications-pdfs/spanish-publications/96-iwgia-informe-el-respeto-a-la-autodeterminacion-2021-es/file.html

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[1] Ley Nº 28736. Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H917090 

[2] Decreto Supremo Nº 010-2022-MC. Decreto Supremo que declara el reconocimiento de los pueblos indígenas Aewa, Taushiro, Tagaeri, Taromenane y Záparo en situación de aislamiento, correspondientes al ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-reconocimiento-de-los-pueblos-decreto-supremo-n-010-2022-mc-2101408-2/#:~:text=N%C2%BA%20010%2D2022%2Dmc&text=Decl%C3%A1rese%20el%20reconocimiento%20de%20los,en%20el%20departamento%20de%20Loreto

[3] Manifiesto Público Nº 001-2021-CDL. https://issuu.com/diarioahora/docs/manifiesto_publico_n__001-2021-cdl_-_los_partidos_

[4] IDL [@Ideele]. (Mayo 26, 2022). ¿Quién es el presidente de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto, aquella organización que se opone al Acuerdo de…? Twitter. https://mobile.twitter.com/Ideele/status/1529845199782006793

[5] Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Política y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/S2200798_es.pdf

[6] Manifiesto Público Nº 001-2021-CDL.

[7] Coordinadora por el Desarrollo de Loreto-CDL. (Noviembre 14, 2022). Comunicado Nº 022-2022-CDSL. Facebook.  https://www.facebook.com/103356001493282/photos/a.105363174625898/640662611095949/

[8] SPDA. “Rechazan manifiesto de autoridades y empresarios loretanos donde piden derogar Ley PIACI”. https://spda.org.pe/rechazan-manifiesto-de-autoridades-y-empresarios-loretanos-donde-piden-derogar-ley-piaci/

[9] Gobierno Regional de Loreto. (Julio 22, 2022). Pronunciamiento de la Región Loreto. Facebook.https://www.facebook.com/photo/?fbid=398460519046059&set=pcb.398460552379389

[10] Proyecto de Ley Nº 03518/2022-CR. Ley que modifica la Ley 28736. Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3518

[11] Proyecto de Ley Nº 03518/2022-CR. Ley que modifica la Ley 28736. Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

[12] Proyecto de Ley Nº 03518/2022-CR. Ley que modifica la Ley 28736. Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

[13] Ministerio de Cultura [@MinCulturaPe]. (Noviembre 15 2022). #COMUNICADO… Con relación al proyecto de ley Nº 3518/2022-CR, presentado por el congresista Jorge Morante, que pretende modificar la Ley. Twitter. https://twitter.com/MinCulturaPe/status/1592674890909614081

[14] Defensoría Perú [@Defensoría­_Peru]. (Diciembre 14, 2022). Ante anuncio de debate del P.L. nº 3518/2022-CR, pedimos a @cdescentraliza su inmediato archivo, pues modificaciones que se pretenden realizar. Twitter. https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1603094620514254850?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1603094620514254850%7Ctwgr%5Eaf8d1a5a8232696c679873168eeeca061b295c08%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadambiental.pe%2Falertan-que-congreso-intenta-aprobar-ley-que-perjudicaria-a-indigenas-en-aislamiento%2F

[15] UK in Peru [@UKinPeru}. (Noviembre 24, 2022). Declaración de las embajadas del Reino Unido y Noruega en Perú, con referencia a las propuestas de modificación a la. Twitter. https://twitter.com/UKinPeru/status/1595892789400813577

[16] Gobierno Regional de Loreto. (Julio 22, 2022).

[17] Proyecto de Ley Nº 03518/2022-CR. Ley que modifica la Ley 28736. Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

[18] Congreso de la República. Proyecto de Ley Nº 03518/2022-CR. Opinión Ciudadana. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3518

[19] Proyecto de Ley Nº 03518/2022-CR. Ley que modifica la Ley 28736. Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

[20] Rodríguez, H., comunicación personal, 14 de febrero de 2023.  

[21] Ley Nº 28736. Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

[22] Manifiesto de la Región Loreto (Abril 25, 2022).

[23] Rodríguez, H., comunicación personal, 14 de febrero de 2023.  

[24] Ley Nº 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-29763.pdf

[25] Rodríguez, H., comunicación personal, 14 de febrero de 2023.  

[26] Puente [@SomosPuentePeru]. (Noviembre 9, 2022). En la Amazonía está ocurriendo un problema serio que no recibe mucha atención. Hay una fuerte campaña contra los PIACI. Twitter. https://twitter.com/SomosPuentePeru/status/1590420148531654656

[27] Puente. (Noviembre 9, 2022). En la Amazonía está ocurriendo un problema serio que no recibe mucha atención…

[28] Coordinadora por el Desarrollo de Loreto-CDL. (Enero 25, 2023). Los líderes de la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto hacen visita protocolar al alcalde de Maynas Eco. Vladimir. Facebook. https://www.facebook.com/Coordinadora-por-el-Desarrollo-de-Loreto-CDL-103356001493282

[29] Rodríguez, H., comunicación personal, 14 de febrero de 2023.  

[30] Proyecto de Ley Nº 03518/2022-CR. Ley que modifica la Ley 28736. Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

[31] Pronunciamiento de la Región Loreto (Julio, 22 2022).

[32] Decreto Supremo Nº 008-2016-MC. Modifican Reglamento de la Ley Nº 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/211266/ds-ndeg008-modifican-reglamento-de-la-ley-n-28736-ley-para-la-protecc-decreto-supremo-n-008-2016-mc.pdf?v=1594503854

[33] Rodríguez, H., comunicación personal, 14 de febrero de 2023.  

[34] Manifiesto de la Región Loreto (Abril 25, 2022).

[35] Pronunciamiento de la Región Loreto (Julio 22, 2022).

[36] Rodríguez, H., comunicación personal, 14 de febrero de 2023.