Escrito por Eduardo Recoba Revista Ideele N°308. Enero-Febrero 2023

El proceso migratorio de Venezuela hacia el resto de la región –desde su inicio hace siete u ocho años- destapó lo peor y lo mejor de nuestras sociedades regionales: xenofobia, prejuicios; pero en simultáneo, solidaridad y empatía.

El Fondo Monetario Internacional [FMI] ha indicado a través de un informe una trayectoria positiva –para los países vecinos de acogida- alrededor del proceso de migración que ha provocado la diáspora en Venezuela de más de siete millones de venezolanos, y ello en poco menos de ocho años.

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Seis millones de venezolanos se han asentado en economías de Latinoamérica, y en concreto en Sudamérica; significando, según el organismo, un beneficio para el producto agregado de estas naciones.

Beneficio, indica el FMI, que puede decantar en un incremento para el 2030 en términos de PBI de cada nación de acogida a esta población migrante. No obstante, los desafíos son vigentes.

Migración

De acuerdo con el estudio del organismo internacional, “para alcanzar los beneficios de la migración, es preciso que las naciones que reciben a la población migrante integren a los recién llegados a un mercado laboral formal –así como a la sociedad- vía políticas migratorias que permitan trabajo y acceso a servicios sanitarios y educativos”.

Entre el 2015 y 2016, dice el estudio, la primera ola de migrantes anotó profesionales con educación superior; la segunda, población joven de clase media; para el 2017 y 2018 y tras “el colapso de la economía de Venezuela” la población se colgó a familias de capa pobre.

Colombia ha sido el principal eje de migración desde Venezuela; Ecuador, Perú y Chile otro tanto: se estima en dos millones de población [flotante en determinados episodios de la diáspora] la recibida por estas tres últimas economías andinas.

“Los beneficios son mayores en los países que reciben flujos migratorios más importantes y cualificados en relación a la población local”

Según el texto del fondo, a propósito del mercado laboral, no se detecta señales donde la población de inmigrantes esté “desplazando a la población local en puestos de trabajo”; no obstante, el informe concluye que una señal bajista alrededor de los salarios reales sobre todo en el sector informal es evidente.

Importante anotar que las economías más vulnerables –desde el mercado laboral- y las que atan un mayor componente de informalidad: es el caso del Perú con cuatro quintos del mercado de trabajo en condiciones de precariedad e informalidad; bien, son este tipo de economías las que enfrentan mayores retos sistémicos para buscar espacios de incorporación de la población migrante de Venezuela.

Sobre todo en los últimos tres años, donde el deterioro de esta economía andina –el Perú- ha sido evidente –desde la matriz política y matriz económica- destacando la ausencia de políticas públicas que provoquen avanzar en estos espacios de formalización.

Costo versus beneficios

El FMI indica que se evidencian costos fiscales claves que han impactado a los países anfitriones.

De acuerdo con autoridades económicas de Colombia, esta nación ha destinado alrededor de USD 600 por migrante [2019]; y se leyó en gastos de salud, educación, vivienda y apoyo en la búsqueda de trabajo. Son alrededor de US$ 1.300 millones para más de dos millones de desplazados venezolanos.

Costo fiscal que explicó el 0,5% del PBI de Colombia.

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No obstante, se vinculan al proceso de inmigración beneficios críticos en función a la productividad y el crecimiento del producto concluye en estudio del fondo.

Existe, dice el texto, un efecto correlacionador entre un avance de la fuerza laboral y “un mejor alineamiento entre el capital humano de los migrantes y los puestos de trabajo”.

“Los beneficios son mayores en los países que reciben flujos migratorios más importantes y cualificados en relación a la población local”, advierte.

Con los apoyos idóneos y protocolos de integración mejor diseñados, la diáspora de Venezuela puede anotar un avance –en términos de aporte al PBI y según el estudio del organismo internacional- de Colombia, Ecuador, Perú y Chile de entre 2,5 a 4,5 puntos porcentuales como techo de cara al año 2030; ello, con respecto al escenario base sin inmigración.

Juegan los locales

El actual es un hábitat complejo para la región, para Sudamérica: en concreto para Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Desde donde surgen puntos de presión a propósito de la inflación y un austero crecimiento, con –cada vez más evidentes- cuellos de botellas para el financiamiento externo, acceso a capital, endeudamiento, carencia de políticas públicas, austera gestión pública e inerte gestión de presupuestos además de poquedad en reformas a largo plazo; bien, frente a este ecosistema estos puntos porcentuales “Made in Venezuela” caen tan bien como lluvia tras sequía.

Y estará en función a nosotros –las economías anfitrionas- diseñar más y mejores políticas y protocolos de incorporación, adaptación e integración para provocar que estos puntos porcentuales permitan un entorno fiscal con servicios públicos de calidad.

Hace dos siglos, jinetes de Venezuela liberaron al Perú en las guerras de Independencia; hoy, no vemos a las y los venezolanos –rebisnietos de aquellos jinetes- montados en caballos llaneros sino en pequeñas motocicletas raudos a hacer una entrega: es tiempo de devolver aquel sacrificio.