Escrito por Ernesto de la Jara Revista Ideele N°308. Enero – Febrero 2023

Hace un buen tiempo comencé a creer que algunas iniciativas políticas del lado del Congreso (derecha e izquierda) y sus aliados lejos de ser espontáneas o reacciones inmediatas respondían a todo un plan. 

Pero luego abandonaba la idea, fundamentalmente porque me parecía que implicaba muchos riesgos frente a una población abiertamente hostil, y, sobre todo, porque no veía una capacidad instalada como para algo que exigía diagnósticos, objetivos, estrategias o decisiones sucesivas según las circunstancias.  

Sin embargo, actualmente, al ver el conjunto de hechos retrospectivamente, paso a estar seguro que el plan existió y existe, dirigido por una especie de Comando, que se ha ido ampliando.

Un Plan por momentos parecido a los que implementaban Fujimori y Montesinos en los 90, es decir, apartándose de la ley, manipulando, mintiendo, usando medios e instituciones y hasta  sacrificando vidas y libertades.

El objetivo inicial del plan: cómo salir de Castillo y que el Congreso se quede hasta el 2026, sin morir literalmente en el intento, para mantener beneficios económicos y continuar con los proyectos particulares en curso.

Es verdad que para muchos congresistas y grupos cercanos ya no era una prioridad salir de Castillo. El profesor ya había demostrado que no era terrorista ni comunista, que ni Constituyente quería y que los dejaría “trabajar” en sus negocios y a veces hasta participaría conjuntamente (“los niños” de Acción Popular es el ejemplo más notorio, pero no el único). Es por eso que venían fracasando los intentos de vacancia, al no alcanzarse los 87 votos necesarios.  

Aunque también era cierto que no había que descuidarse de Castillo, porque siempre podía sorprenderlos con la cuestión de confianza para impulsar el cierre del Congreso, tal como lo intentó al último el premier Aníbal Torres.

Además, había surgido algo inesperado: su sostenibilidad se había vuelto casi imposible por su propia culpa. A su absoluta incapacidad para gobernar y falta total de proyecto, se sumaron fuertes sospechas de corrupción que involucraban a él, parientes y entorno. Tanto, que tres fiscales de la nación interpretaron que esas sospechas justificaban el inicio de investigaciones, sin importar que fuera un presidente en funciones, una interpretación inédita en nuestra historia.  Es así que por momentos era más peligroso seguir con Castillo que expectorarlo.

Y por eso corrían diversas posibilidades ( algunas alucinantes, como declararlo traidor a la patria por lo de Bolivia) encaminadas a buscar su destitución o suspensión, y pasó a ser incierto si en el tercer intento de vacancia, aprobado para discutirse en el Pleno el 7 de diciembre del 2022 – el mismo día del autogolpe –  se llegaría a los 87 votos, aspecto que quedará para siempre en el campo de la especulación, sobre todo porque muchos votos se deciden al último momento haciendo un cálculo de “costo-beneficio”.

Ahora, lo que se trajo abajo a Castillo no fue esa oposición fraudista y golpista, que siempre lo tuvo en la mira (la que de hecho existió y jugó muy sucio), sino fue obra de él mismo, al suicidarse políticamente, una vez que anunció públicamente un golpe de Estado muy parecido al de Alberto Fujimori, con la única diferencia que fracasó, lo cual no cambia nada porque golpe es golpe.

Algunos dicen que parte del Plan fue infiltrar   a Castillo y sus colaborades más cercanos, con una serie de policías y militares que estaban en su entorno (jefe de la casa militar, edecanes, escolta,  algún ministro uniformado,  etc.), los que  le fueran calentando la oreja con el run run de que la única manera de salvarse  de la vacancia y de ir a la cárcel, era dando un golpe, cuyo éxito estaba asegurado, por el apoyo que generaría en la población  ( dada su odio contra el Congreso), lo que haría que  militares y policías se pusieran de su lado, tal como ya estaba  coordinado con algunos sectores. Un poco como ocurrió con Vizcarra cuando cerró el Congreso.

Fue todo tan descabellado, y el Plan era tan “maleado”, que puede ser, pero eso no cambia nada: optó por el golpe, cometiendo así el delito de rebelión en flagrancia, y poniéndose fuera del escenario político.

En un momento el Congreso había hecho saber que, si se destituía a Castillo, quien pasaría a ser jefe de Estado sería el presidente de dicho poder del Estado, el que – siguiendo la línea de las “interpretaciones auténticas”, en el sentido de cínicamente incorrectas – solo debían convocar a elecciones presidenciales.

Para nada tomaban en cuenta a la vicepresidenta Dina Boluarte, a quien constitucionalmente le tocaba ser la sucesora. Por el contrario, ya le habían puesto “la soga al cuello”, haciendo correr una denuncia constitucional contra ella, debido a que había firmado documentos en representación del Club Abancay, siendo ella ministra, un conflicto de intereses prohibido por la Constitución.

Sacar a una vicepresidenta por la firma de ese tipo de documentos era totalmente desproporcionado, pero en esos momentos era indispensable para que, llegado el momento, el Congreso concentre los poderes Legislativo y Ejecutivo.  Pero, además, Dina Boluarte, era casi sinónimo de Pedro Castillo, pues había sido de las pocas ministras a perpetuidad y había respaldado al ex presidente en todo, incluidas las acusaciones de corrupción

Esa denuncia constitucional la tenían como una espada de Damocles contra Dina, y todos sabían – comenzando por ella – que en este caso sí se tenían de sobra los 87 votos. De pronto, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales salvó a Dina, mandando el caso al archivo, sin siquiera pasarlo al Pleno. 

Me imagino al Comando decidiendo que había que guardar la carta Dina, ya que, ante la pregunta sobre qué pasaría si se produce la inhabilitación de Castillo, solo el 3% estaba de acuerdo con que se quedara el Congreso.

Como que estoy seguro que el Comando, cuando decidió negociar con Dina, debe haberse quedado sorprendido con la metamorfosis de alguien que hasta hace poco había sido – ella sí, a diferencia de Castillo- militante del ultraizquierdista y trasnochado Perú Libre de Cerrón, y a quien ellos ninguneaban y hasta terruqueaban.

Dina Boluarte, por su parte, debe haber visto “estrellitas”, al imaginarse no solo salvada por la campana de un seguro proceso penal, sino convertida en la primera presidenta de la República del Perú.  

Fue así que desde el comienzo fue evidente la mimetización de Dina con el Congreso, poniéndose la banda con el beneplácito y hasta entusiasmo de sus ex enemigos a muerte. Y en la ceremonia la nueva presidenta hizo explícito lo que todos querían escuchar: nos quedamos hasta el 2026.

Debe haber habido festejos por el éxito del Plan, especialmente en el Comando, ya con nuevos integrantes provenientes del nuevo Ejecutivo, entre ellos de seguro Otárola, primero como ministro de Defensa y luego de primer ministro.

De pronto, como la vida da sorpresas, irrumpieron fuertes protestas sociales en diferentes partes del país y, al poco tiempo se anunció una “toma de Lima” (infeliz y provocadora expresión), o la “segunda marcha de los cuatro suyos”.

Las reivindicaciones fundamentales eran la renuncia de Dina, el cese del Congreso, y, muy por debajo, la libertad de Castillo y la Asamblea Constituyente. Según las encuestas, las dos primeras fueron ganando a la gran mayoría de la población, la tercera fue decreciendo y la última comenzó a subir hasta tener una aprobación mayoritaria.   

Hay quienes dicen que las protestas fueron reacción contra la decisión del Congreso de vacar a Castillo y hasta que habían sido preparadas por él, con los famosos consejos de ministros descentralizados y los discursos polarizantes. Sin embargo, sin negar que por acá se pueda explicar la movilización de un sector minoritario, hay fundamentos en contra de tal hipótesis.

Como se ha visto, la reivindicación a favor de Castillo nunca ha tenido mucha fuerza y era sobre su libertad respecto a la prisión preventiva y no para que regresara al poder, y hasta eso ha ido disminuyendo.

Lo que pasa es que Castillo, si bien algún momento debe haber expresado expectativas en algunos sectores por su discurso de cambio o elementos identitarios (aunque no olvidemos que ganó la primera vuelta solo con menos del 13 % de los votantes hábiles), ya había caído en desgracia para la gran mayoría de la población.  

Es por eso que de acuerdo a la encuestadora del IEP, antes del golpe, en todos los sectores y ámbitos de los encuestados, el nivel de desaprobación del ex presidente era mucho mayor que el de su aprobación (esta última terminó en menos del 30 %); la mayoría creía también que eran ciertas las imputaciones de corrupción; y – dato clave – un amplísimo porcentaje quería el adelanto general de elecciones, incluida la del presidente. 

Como parte del plan para quedarse todos (ahora Congreso más el Ejecutivo presidido por Dina y Otárola), se debe haber reunido el Comando ampliado, y de hecho decidió un conjunto de medidas contra las protestas, factor de alto riesgo, sobre todo recordando lo sucedido con Merino

A estas alturas queda claro que un primer acuerdo fue “simular” (aparentar) que, respondiendo a las demandas, habría un adelanto de elecciones.

Es por eso que, venciendo resistencias iniciales, se aprueba en una primera legislatura – contra lo dicho inicialmente por la presidenta- que habría dicho adelanto y sería para el 2024.  Pero nunca se quiso dar ni la más mínima garantía de que ello se confirmaría en la siguiente legislatura, como lo exige la Constitución, cuando se podría haber firmado -por ejemplo- un acuerdo en ese sentido. Ahora está claro que de lo que se trataba era de ganar tiempo para generar las condiciones que permitieran tirarse para atrás.

Luego, ante la intensificación de las demandas y las protestas, vinieron una serie de propuestas para que el adelanto se diera antes, en abril de 2023

Pero, finalmente, como todo era una “finta” para poder decir que desde el lado del Gobierno y el Congreso sí se estaba cediendo, así como para ganar tiempo hasta lograr el desgaste de las protestas, ninguna de las propuestas ha prosperado. Estamos en cero.  Ya ni si quiera ha sobrevivido el acuerdo del adelanto para el 2024.  

La única posibilidad que queda es que, en la próxima legislatura ordinaria, a iniciarse en marzo, se apruebe el adelanto por 66 votos, luego se estructure y realice un referéndum, y a partir del resultado positivo, se organicen elecciones adelantadas, todo un largo proceso que en el mejor de los casos tomará un tiempo largo. No es imposible, pero es muy poco probable, sobre todo porque está claro que no hay voluntad política en ninguno de los dos poderes.

Qué más prueba de ello, que la presidenta ha dicho en todos los tonos que no renunciará, cuando si lo hiciera los congresistas tendrían que, por mandato constitucional, convocar a elecciones de manera inmediata. Más bien, son cada vez más las voces oficiales que sin ningún tapujo exigen su derecho a permanecer hasta el 2026.

El “plan macabro” contra las protestas

En cambio, si fue real y muy concreta la vía que se adoptó para ir disminuyendo hasta terminar con las protestas.

Desde el primer momento se decidió satanizarlas, diciendo que eran promovidas por Sendero Luminoso (de pronto apareció una “Nueva Fracción Roja” dirigida por Elena Iparraguirre, y el jefe de la Dircote le ha hecho el favor a SL de decir que está por todas partes); o por el MRTA (derrotado, felizmente, hace décadas). Una vez más el “terruqueo” se ha usado tanto para descalificar como para meter miedo.

También se ha mencionado como culpables a Evo Morales, Chile y los otros países con gobiernos izquierdistas; el hecho de que la mayoría de ellos hayan hecho declaraciones sobre el Perú infames por fuera de la realidad, no significa que sean los responsables de la movilización ciudadana.   

Lista en la siguen Castillo, como ya dijimos, quien de ser un presidente que se caía a pedazos pasó a ser todopoderoso,  y por supuesto,  al narcotráfico, la minería ilegal, etc.

Todo como si no hubiera reivindicaciones políticas legitimas (anunciadas desde tiempo atrás, como es el adelanto de elecciones), y otras más ligadas a las exclusiones históricas (pobreza y desigualdad), las que, como suele ocurrir, pasan a expresarse cada vez que hay un clima de protesta y reclamos, más si acabamos de vivir una pandemia.  

No deja de alarmar también la concepción elitista y despectiva sobre la población que está por lo bajo de   estas interpretaciones. Implícitamente se está diciendo que se cree que la población fuera de Lima, es absolutamente manipulable, sin ser capaz de tomar sus propias decisiones. Basta que Evo les diga a los puneños “a Lima”, y todos nuestros compatriotas de esa parte del sur se vienen. 

Decidieron también no hacer una diferencia- que desde el comienzo saltaba a la vista-. entre protestas pacíficas (la mayoría), y las acciones violentas (como toma de aeropuertos y carreteras, la quema de empresas, locales del Poder Judicial y del Ministerio Público, agresiones contra las fuerzas del orden, etc.).

Acciones violentas muy graves que de hecho ocurrieron frecuentemente, y que fueron provocados por determinados sectores, los que, también como suele ocurrir, se trepan a los procesos de protesta, tratando de “jalar agua” para su mollino, sea buscando la radicalización de los manifestantes, o  la provocación de la respuesta estatal.   

Obviamente, se trata de acciones que no se pueden permitir y que deben ser enfrentadas como corresponde, sobre todo capturando a los responsables para poderlos juzgar   y condenar.  

Sin embargo, en todo momento fue clara la consigna de confundir ambos sectores, como si todo correspondiera a un solo proceso. Y en esto, las autoridades fueron ayudados por varios medios, los que pasaban principalmente las acciones de violencia, las que repetían una y otra vez.

Es que satanizando las protestas y generalizando el carácter violento, se justificaba la decisión adoptada de manera premeditada por el Comando: “mano dura- durísima”, pase lo que pase. Si quien está tras las manifestaciones es el terrorismo o las ambiciones de países limítrofes y comunistas, la defensa de la nación lo justifica todo.

 Solo así se explica que en menos de dos meses haya habido alrededor de ¡60! muertos, la gran mayoría por balas disparadas al cuerpo por las fuerzas del orden y contra personas que no estaban poniendo en riesgo la integridad de los miembros de dichas fuerzas, varios de las cuales ni si quiera estaban participando en las protestas.

Y prueba de que la consigna era responder con todo, sin respetar los protocolos que existen a nivel nacional e internacional para reprimir protestas, es que nadie ha asumido responsabilidad y que permanentemente se ha mentido descaradamente en cuanto a lo sucedido realmente.

No reconocer nada y tratar de responsabilizar a otros ha sido sin duda también parte del plan. Solo así se puede entender las explicaciones tan absurdas a las que se ha recurrido, comenzando por la propia presidenta, como cuando dijo que las muertes en Juliaca habían sido provocadas por el “impacto de un arma artesanal denominado dum-dum”, que nuestra policía no usa.

Han sido unos cuantos medios y periodistas que – a diferencia de la mayoría -, buscando la verdad, han demostrado   con videos, declaraciones y demás medios probatorios, que lo que ha ocurrido en Abancay, Juliaca, y Ayacucho han sido matanzas. El informe que ha sacado Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos son también enfáticos en señalar que se han producido gravísimas violaciones de derechos humanos.

Se tendrá que determinar si ha habido un orden de disparar en cualquier circunstancia, o si los disparos se produjeron por no haber instrucciones categóricas de actuar de acuerdo a los protocoles correspondientes. Es muy difícil creer que militares y policías de baja graduación se atrevieran a hacerlo, sin saber que estaban protegidos, producto solo de la precariedad y falta de experiencia.  

La respuesta oficial incorporó también rápidamente intervenciones abusivas y detenciones arbitrarias. Ejemplo de ello son los violentos allanamientos de San Marcos, La CCP, Juntos por el Perú, o una serie de prisiones provisionales o preventivas sin mayor justificación.

Entre estas últimas están las de varios miembros del Frente de Defensa de Ayacucho, pese a que en todo momento han actuado de manera pública y abierta, o de personas consideradas como los financistas de las protestas por haber sido encontrados con cantidades diminutas (1, 200 soles en un caso).

Luego se ha ido cercando las movilizaciones claramente pacificas, tanto en Lima como en otros lugares del país, usando innecesariamente bombas lacrimógenas, pedigones, impidiendo el ingreso a plazas, detenciones indiscriminadas, etc. Los alcaldes de Lima y Miraflores han hasta declarado intangibles tanto el centro de Lima como el íntegro de Miraflores, sabiendo perfectamente que es inconstitucional.

Y recientemente, el jefe militar de la región Puno ha salido a dar un ultimátum a los manifestantes que continúan protestando  en dicho región, en un tono que ha hecho recordar a los todo poderosos (y abusivos)  Jefes Político- Militares de los 80 y 90,  como si de él dependiera las órdenes, y no de la Presidenta, Jefa de las Fuerzas Armadas según  Constitución, y ahora sí desconociendo totalmente el derecho a la protesta.   

El mensaje que se ha querido transmitir es muy claro: quien se movilice, aunque sea pacíficamente, puede acabar preso o muerto, y tendrá que enfrentar una fuerte represión.

A eso responde igualmente que en todo momento haya habido un mensaje de respaldo a los policías y militares que combaten las protestas.

En todo discurso de la presidenta o del primer ministro Otárola se ha felicitado y alentado a las fuerzas del orden, pese a muertes y heridos, a los que a veces ni si quiera se les mencionaba. Se ha llegado incluso a plantear una bonificación especial para la Policía, justo en el momento, en el que su actuación ha provocado un número de muertes absolutamente excepcional, tanto para el Perú como en el caso de otros países. Es por eso que internacionalmente se ha visto este número de muertos y la actitud de los gobernantes, como un escándalo que ha merecido una condena generalizada.

Queda claro, asimismo, que si la intensidad de las protestas se mantenía, el Plan era endurecer aún más la respuesta, buscando un desenlace favorable de acuerdo a la fuerza militar y policial, sin recurrir para nada a la negociación política.

Paradójicamente, en todo momento se ha querido minimizar lo ocurrido, diciendo que las protestas han sido siempre minoritarias, y las han dado por finalizadas una y otra vez, cuando era evidente que continuaban.

¿Triunfo pírrico del plan?

Actualmente estamos en un momento en que oficialmente se cree que el Plan dio resultados, que las protestas ya no dan para más, tanto porque se ha logrado que la gente tenga miedo como porque es muy difícil que estos movimientos duren tanto tiempo, ya que todos tienen que trabajar.

Y es por eso que cada vez resulta más innecesario simular que habrá adelanto de elecciones, y el gobierno actúa planteando acciones más a largo plazo y ya no como un de transición.

Los que han tenido a cuestas la elaboración y ejecución del Plan deben estar festejando, por más que, a pesar de todo, la situación sigue siendo incierta. Las protestas pueden seguir disminuyendo, pero también pueden reactivarse o adquirir otras modalidades, pues el descontento no solo se mantiene, sino que se ha incrementado

Ahora, así logren imponer su Plan, será un triunfo pírrico. Hablar- como se ha hecho – de una “toma de Lima” deslucida o fracasada, cuando lo ocurrido en cuanto a desplazamiento a la capital, con protestas paralelas en diferentes partes del país, ha sido en verdad una experiencia sin precedentes, que revela una realidad y un estado de ánimo cuestionador en gran parte de la población.  Algo que hubiera sido bueno para el futuro del país tratar de entender y responder adecuadamente.

Haber terminado con las protestas a balazos y detenciones arbitrarias, y apelando al terruqueo lo único que hará es agravar esa realidad y ánimo

Sin duda los violentistas ganarán espacio, al haberse demostrado que el derecho a la protesta pacífica – exigiendo reivindicaciones políticas claramente constitucionales y respaldadas por la gran mayoría de la población – es una farsa, pues no solo no genera ningún resultado, sino que provocan muertes, insultos y engaños.

Se quedan los que casi nadie quiere y que han demostrado ser un desastre a todo nivel, comenzando por anteponer intereses particulares a los del país (el golpe a la reforma universitaria, tumbándose a la Sunedu, es un claro golpe de esta actitud mercantilista).

Los que, además, harán lo imposible para que sus organizaciones y ellos mismos continúen después del 2026, e intentarán controlar todas las instituciones con el fin de protegerse de todas las malas acciones en las que están involucrados (muertes, corrupción, etc.). No es gratuito que desde el Congreso ya se esté planteando la amnistía para los responsables de las muertes durante la protesta y la salida de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la competencia de la Corte , dos medidas típicas de las dictaduras, que buscan la desprotección de la población frente a los abusos del poder.

Y lo peor: continuamos en el camino opuesto orientado a la construcción de una nación. Por el contrario, se sigue creando un país que estallará cada cierto tiempo, adoptando diferentes modalidades. Tal vez la próxima vez “la toma de lima ya no sea una metáfora irresponsable sino sea un objetivo real a conseguir sabiendo que  la única vía es “violencia contra violencia”.