Escrito por Marco Antonio Vélez Fernández Revista Ideele N°219. Mayo 2012

En estos días se están haciendo una serie de reconocimientos públicos a los soldados caídos en el VRAE. Bueno sería que en el futuro existan menos homenajes post mortem y más preocupación por rediseñar una política efectiva. Hasta el momento, lo único que ha exhibido el Gobierno en este tema es la continuidad de una estrategia que hace tiempo viene siendo derrotada. El Ejecutivo ha anunciado cambios que ojalá vayan en la línea correcta. De momento, el reemplazo de ministros no parece ser señal de ello.

La muerte de suboficiales del Ejército y la Policía Nacional durante la “Operación Rescate”, así como el acto del padre del suboficial de la PNP César Vilca, que consistió en el hallazgo del cuerpo de su hijo sin la ayuda militar-policial, constituyeron los motivos principales para la renuncia de los ministros de Defensa e Interior.

Estos acontecimientos han puesto en evidencia dos fallas del gobierno anterior y que el actual conserva: el mal diseño de políticas antisubversivas y antinarcóticos, y la pésima administración y distribución de los recursos económicos, materiales y humanos en los dos sectores citados.

En el primer caso, los lamentables sucesos ocurridos durante la “Operación Rescate” han mostrado que el Gobierno de Humala continúa con la carencia de una política clara de inteligencia en ambos sectores para enfrentar los remanentes del terrorismo y el problema del narcotráfico. Al respecto, desde el mes de septiembre del 2011 el primer mandatario propuso mejorar esta estrategia en el VRAE con la fusión de las unidades de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas que allí operan y con el potenciamiento del control territorial de la misma zona a cargo de las segundas. Sin embargo, al parecer el plan no se está desarrollando de forma pertinente, pues han seguido las bajas en el personal militar y policial por atentados del denominado “narcoterrorismo”. Dentro de estas bajas se encuentran aquéllas de soldados del Ejército como el sargento segundo Moisés Vásquez Uchicapi, ocurrida en octubre del año pasado en las inmediaciones del Cerro Judas, Llochegua, Ayacucho, y las acaecidas últimamente.

Con respecto a la segunda falla, la política que se está llevando a cabo muestra su debilidad no solo por el lado del diseño, sino también por la mala administración y distribución de los recursos materiales, económicos y humanos que se destinan para su desarrollo.

Esto último se ve reflejado en el caso del sector Defensa, donde no se ha logrado una administración eficiente para mejorar las condiciones en las cuales los soldados combaten en el VRAE. Esta dificultad se debe a la posible discriminación que existe al interior de las instituciones armadas hacia el personal subalterno. Lo último se ha expresado en las irregulares decisiones de los oficiales de los institutos armados, como se mostró en la denuncia ante la Defensoría del Pueblo sobre el traslado de personal del Servicio Militar Voluntario con poco tiempo de instrucción para combatir los remanentes del terrorismo en el VRAE; y, también, por la distribución de equipos y alimentos no adecuados entre los soldados de la misma zona del conflicto. Dichos acontecimientos fueron difundidos a la opinión pública en los días del desarrollo de la denominada “Operación Libertad”.

Los lamentables sucesos ocurridos durante la “Operación Rescate” han mostrado que el Gobierno de Humala continúa con la carencia de una política clara de inteligencia en ambos sectores para enfrentar los remanentes del terrorismo y el problema del narcotráfico

En lo que concierne al primer suceso, el personal trasladado contaba con solo entre uno y siete meses de preparación, por lo que los familiares acudieron a la Defensoría para que esta institución realice las investigaciones pertinentes, ya que se ponía en peligro innecesario la vida de estos soldados. Como causa de esto, el Comando del Ejército emitió un comunicado (N.º 06/RRPP/EP) en el que informó que dicho personal solo fue trasladado con el fin de recibir instrucción en la fase contrasubversiva.

En el segundo suceso, durante el mes de abril han aparecido en los medios de prensa denuncias sobre el mal estado de los recursos materiales que utilizan nuestros soldados en esta lucha contrasubversiva, como los chalecos antibalas no aptos para soportar los proyectiles que utiliza el armamento del enemigo y las raciones de combate en estado de descomposición. Aun cuando tales recursos habrían sido adquiridos en el gobierno anterior por el personal del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, los presuntos responsables solo se dedicaron a “trasladarse” responsabilidades o “lavarse las manos”. De ahí que el Congreso haya nombrado una comisión para que investigue estas irregularidades.

Como consecuencia de estos lamentables sucesos, las autoridades del Gobierno, diversas organizaciones de derechos humanos y otras entidades de la sociedad civil deben concebir las políticas de defensa y seguridad como políticas públicas para que, de esta forma, civiles y militares puedan contribuir, juntos, en el diseño de estrategias para combatir el problema del VRAE.

Este diseño debe ir acompañado de la fiscalización de la administración de los recursos materiales y económicos que se dirigen en especial al sector Defensa, pues muchos de ellos son “destinados” para el “repotenciamiento” y “capacitación” del personal militar que combate en el VRAE, pero al parecer, por lo expuesto, no se está logrando tales objetivos.

Por eso el presidente Ollanta Humala, como parte de su declarada principal meta de gobierno, la inclusión social, debe tener siempre en mente que prometió poner mayor interés en la situación del soldado con el incremento de remuneraciones, así como el fortalecimiento del Servicio Militar. Al respecto, el Presidente está dando sus primeros avances con la creación de la comisión encargada de implementar el Instituto Superior Tecnológico, la implementación del programa Beca 18, que beneficia también al personal del Servicio Militar, y la nueva Escala de Asignación Económica Mensual para dicho personal. Sin embargo, estos beneficios también deben llegar a los soldados que combaten en el VRAE, que también son ciudadanos, y quienes hasta la fecha solo han merecido el olvido del Estado en vida y el reconocimiento simbólico cuando mueren.