Escrito por César Bazán Seminario Revista Ideele N°219. Mayo 2012

Una de las sensaciones dominantes que nos producen los sucesos de Espinar es la indignación. Indignación, sobre todo, por la pérdida de dos vidas humanas y el dolor de sus familias, por los policías y civiles heridos, en jornadas de protesta que pudieron evitarse mediante un mejor manejo del conflicto que empezaba a escalar desde hace mucho tiempo. Se trata de un sufrimiento que pudo evitarse y debió hacerse todo lo posible para ello. Nosotros, como IDL, rechazamos la violencia venga de donde venga.

Se trata de un conflicto largo, en el que no ha habido diálogo genuino donde solo se han recurrido a canales formales para buscar una solución con el resultado de haber  llegado a extremos innecesarios. Ya se sabía, antes de que exploten los actos de violencia, que había un contencioso entre el municipio, un sector importante de la población y la empresa Xtrata, por su actuación en Espinar, Cusco; que lo reclamado era la contaminación ambiental de personas, ríos y animales, probada por un informe del Ministerio de Salud, y la reformulación del Convenio Marco; que en marzo pasado se anunció la renegociación; que en abril se presentó un amparo por contaminación ambiental; que se hizo gestiones para conversar con miembros de Xtrata en la casa matriz suiza, etc.

Sin embargo, ha sido nefasta la manera como el Ejecutivo ha manejado esta situación. Por un lado, su incapacidad para dialogar. O cómo puede entenderse que se descalifique, incluso se efectúen detenciones arbitrarias a los representantes de la parte con quien pretende dialogar y luego se plantee iniciar conversaciones. Esto que resulta tan elemental de cualquier manual de negociación es desconocido por los funcionarios gubernamentales o es que debemos pensar que actúan con una agenda oculta.

Simultáneamente,  hemos visto el injusto encarcelamiento de defensores de derechos humanos pertenecientes a la Vicaría de Solidaridad de Sicuani, una institución de un gran trabajo en el campo de los derechos humanos y construcción de democracia. Pero también lo es el descabezamiento de las instituciones representativas de la población. Igualmente, es cuestionable la publicación del decreto que instituye el Estado de emergencia el martes 29 con el rotulo engañoso de lunes 28; la excesiva utilización de armas letales en el enfrentamiento (pudo optarse preferentemente al uso de armas no letales); la denuncia del presidente regional de Cusco respecto a que fue utilizado políticamente por el presidente del Consejo de Ministros para la captura del alcalde de Espinar; etc.

Ante esta situación es necesario que las autoridades del gobierno central, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instancias compartan esta indginación, asuman el papel que les corresponde y se sumen a los esfuerzos mostrados por ciertos congresistas y organizaciones de derechos humanos para aportar a la solución del conflicto y respetar los derechos de la población. Creemos que, entre esas autoridades, una especial responsabilidad le cabe al Ministerio Público, puesto que la policía debe actuar respetando la autoridad fiscal. Y eso nos genera gran preocupación, considerando el alto número de denuncias sobre detenciones ilegales. Los magistrados de Cusco, en cuyas filas encontramos jueces honorables, deben asumir una posición independiente y no dejarse amedrentar por ninguna de las partes del conflicto, ni por el gobierno y su Estado de Emergencia. Es necesario que se hagan investigaciones serias por la muerte de las dos personas, las condiciones que ocasionaron los heridos, la retención del fiscal, la utilización de las instalaciones minera, los daños a la propiedad privada y comunal, las detenciones ilegales, pero también que se concluya prontamente el proceso de amparo ambiental contra Xtrata. Además, es imprescindible que se liberen a las autoridades y dirigentes para retomar las negociaciones, garantizando su derecho a la integridad, pero a la vez su comparecencia a las investigaciones que se inicien en su contra.

Espinar arde, a la par que se inicia un paro indefinido en Cajamarca en oposición a la actividad minera. Si el manejo de los conflictos se mantiene tal como hemos visto, podemos esperar que la labor del Ejecutivo en este caso y en el caso Conga lleve a una innecesaria agudización de la tensión y a actos de violencia. Es preciso que se varíe este rumbo de colisión, que el gobierno recupere la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos en beneficio de la ciudadanía.