Escrito por Carlos Meléndez Guerrero Revista Ideele N°218. Abril 2012

El Consejo de Ministros ha promovido un proyecto de ley para inhabilitar definitivamente a docentes de educación pública que hayan sido condenados y procesados por terrorismo. De acuerdo con informes del Ministerio de Educación, existen en la actualidad 137 profesores condenados y procesados por terrorismo que continúan dictando clases en las aulas escolares. La prensa en las regiones de Puno y Cusco han detallado que incluso algunos ex procesados por terrorismo ocupan cargos directivos en el SUTEP.

Los defensores de esta iniciativa consideran que la educación no puede estar en manos de educadores que alguna vez profesaron ideologías violentistas; sus detractores señalan que una vez cumplidas las penas, merecen una oportunidad para reinsertarse en una sociedad pacificada. ¿Cuál es la real trascendencia y los asuntos de fondo detrás de esta controversia?

Sendero adentro del Estado
Como se sabe, el sistema educativo peruano fue una de las vías principales del crecimiento orgánico y la expansión ideológica de Sendero Luminoso. En su lucha contra el Estado, utilizó a una de las pocas instituciones estatales con mayor profundidad en el territorio nacional como su vehículo transmisor de sus objetivos subversivos. En las comunidades lejanas, donde la única voz del stablishment es un maestro de educación primaria, Sendero se filtró en ese resquicio de estatalidad donde una escuela es prácticamente lo único que existe con una bandera rojiblanca.

La filtración en el sistema educativo sirvió tanto a la estructura orgánica del grupo terrorista (penetrando en el magisterio y algunas de sus dirigencias) como en la proliferación de su “guerra popular” contra el régimen político democrático recién restablecido luego de un largo periodo militar. Es necesario distinguir en esta decisión estratégica y política de la cúpula de Abimael Guzmán las dos formas de su implementación. Por un lado, a través de militantes y activistas senderistas, altamente ideologizados, que, motivados por sus erradas convicciones, se convirtieron en los operadores de este proyecto perverso, pero también educadores que, en medio de dos fuegos, tuvieron que tomar partido y se vieron forzados a cumplir con órdenes subversivas bajo las amenazas de los hombres de Guzmán.

Los defensores de esta iniciativa consideran que la educación no puede estar en manos de educadores que alguna vez profesaron ideologías violentistas; sus detractores señalan que una vez cumplidas las penas, merecen una oportunidad para reinsertarse en una sociedad pacificada

Palabra de Humala
La realidad siempre supera a la ficción. Quizá no encontramos mejor narrador que el propio presidente Ollanta Humala. En el libro de entrevistas Ollanta Humala: De Locumba a candidato presidencial (Lima: Ocean Sur, 2009), el actual presidente cuenta su experiencia como soldado asignado en zonas de emergencia y donde enfrentó a Sendero Luminoso directamente. Su testimonio es una crónica de lo que realmente es un Estado ausente: “La población percibe la ausencia de Estado cuando no hay nadie que norme la vida comunal” (p. 29). Es ahí donde las fuerzas militares se convierten en el único representante de una entidad llamada país.

Su testimonio con respecto a la realidad del sistema educativo en esas zonas durante los años duros del combate subversivo grafica una complejidad que no puede resistirse a la simplificación de “buenos versus malos”: “Sendero administraba la educación e imponía su propio plan de estudios, de tal manera que resultaba inaudito, por no decir algo más duro, observar cómo el gobierno pagaba a maestros que, bajo la amenaza de juicio popular, enseñaban la doctrina senderista, y luego llenaban los papeles para que el Ministerio de Educación les entregara las remuneraciones y demás prestaciones correspondientes” (p. 29). ¿Cómo diferenciar entre maestros que divulgaban las premisas de la “guerra popular” bajo la coerción y la amenaza de aquéllos que lo hacían basados en sus sangrientas convicciones?

El debate actual
La propuesta del Ejecutivo de separar de la actividad profesional a aquellos maestros procesados por terrorismo tiene principios y lógica encomiables: la preservación de una democracia pacífica y el impedimento siquiera de la posibilidad de que la educación pública vuelva a ser un canal de transmisión de ideologías que atenten contra la vida. En contextos en los que se hace más que evidente que el pensamiento político de Gonzalo aún tiene seguidores (MOVADEF) y que los “remanentes” de Sendero tienen la capacidad de seguir poniendo en jaque militarmente a las fuerzas del Estado, es necesario tomar decisiones de protección de la ciudadanía. Además, nuestro régimen político requiere legitimarse, y para ello es necesario que los actores políticos (el Gobierno, la oposición, los tres poderes del Estado) adopten las medidas provisorias para proteger el sistema y que la ciudadanía en su conjunto respalde este tipo de políticas. No se puede volver a permitir un renacer de la violencia política.

La tarea no es sencilla. Es casi un axioma que cualquier ley produce inmediatamente injusticias, y la probabilidad de estas últimas aumenta conforme los casos superan la estereotipificación de los que deberían ser sujeto de castigo. El tipo de planteamientos del cese de maestros procesados por terrorismo requiere criterios más precisos para distinguir la delgada línea que en situaciones de conflicto separa a las víctimas de los culpables. Este tipo de iniciativas legales debe proceder, pero considerando comisiones especializadas que analicen los casos en profundidad y que acompañen la severidad de la norma, con un análisis de la complejidad de los años que sufrimos bajo el conflicto interno. No podemos permitir que se defiendan terroristas, pero tampoco que inocentes sigan pagando los platos rotos de nuestra incomprensión de la realidad. Finalmente, de eso trata la pacificación y la reconciliación.