Escrito por Ybrahim Luna Revista Ideele N°308. Enero-Febrero 2023

Qué indigna valla está dejando la presidenta Dina Boluarte a sus sucesores. Mejor dicho, qué valla tan peligrosa: medio centenar de muertos y la democracia es solo una alfombra para un desfile policial. Qué gran logro ha obtenido ese poder en las sombras (el económico) porque ahora las muertes ya no pesan en las decisiones políticas ni -lo más importante- en el dólar. Es el sueño cumplido de los ministros que no renunciaron en diciembre y que no lo harán en febrero, porque de eso se trata la tecnocracia, de eludir al máximo el factor humano cuando hay sospecha de “ideología”.

La derecha siempre acusó a la izquierda de buscar “su muerto” para boicotear la agenda del sistema en nombre del pueblo. Bueno, ya son más de cincuenta peruanos perforados por proyectiles (de fusiles Galil y pistola) de las fuerzas del orden, y la izquierda no estuvo en el origen del desborde ni logró capitalizar algo. La izquierda se vio sorprendida y superada por una convulsión que solo leyó como hipótesis en libros de sociología. Y la derecha también se vio gratamente sorprendida al confirmar que los muertos tienen pesos diferentes en la balanza de la opinión pública, y por lo tanto en la presión social. Digo sorprendida, porque en un inicio esa derecha debe haber pensado que Dina flaqueaba y renunciaba ante cada masacre; no contaba con que la primera presidenta del Perú -su aliada pasajera y desechable- gozaba de un cinismo estratosférico. Se dice que la muerte moldea la historia y dibuja las fronteras. En Perú, como en algunos países vecinos, la muerte hace eso y un poco más: nos quita las máscaras, nos infecta de olvido y se alimenta de amnistías.

Al inicio, muchos creían que Dina Boluarte dirigía el país en condición de rehén de su ministro -y luego premier- Alberto Otárola. Incluso se corrió el rumor en algunas redacciones que la presidenta había intentado renunciar en dos oportunidades, pero que fue persuadida por su entorno al hacerle ver que el poder que la sostenía la abandonaría y que solo le esperaba la cárcel por las muertes civiles y las violaciones de derechos humanos. Tenía sentido. Era una cuartada desesperada. Pero esa idea se ha ido desvaneciendo con las declaraciones de la misma presidenta, en las que se encarga de despejar a pulso cualquier indicio de inocencia o desconocimiento de su función. Dina de verdad cree que la mano dura es el camino y que no la pueden asustar las encuestas y unos videos desgarradores de redes sociales. Ella está convencida de que la historia la eligió para ser un capítulo decisivo; y los halagos de Mario Vargas Llosa, que aseguró que ella “viene ejerciendo su cargo de manera muy valiosa, (…) procediendo de manera justa en aplicación de las normas peruanas”, la sostienen emocionalmente. Entonces, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deberá asumir su responsabilidad, omisión o encubrimiento en los asesinatos recientes cuando el Ministerio Público decida ir por ella -si acaso ocurre- y por toda la cadena de mando.

Hace unas semanas, el semanario “Hildebrandt en sus trece” en primicia (10/2/23) y el portal IDL-Reporteros (12/2/23) revelaron quiénes estuvieron al mando de las acciones policiales y militares en Ayacucho el pasado 15 de diciembre, con qué tipos de armas fueron enfrentados los civiles y en qué circunstancias murieron. El informe de IDL-Reporteros determinó que, por lo menos, 6 de los 10 fallecidos en esa fecha no cayeron en el aeropuerto “Coronel Alfredo Mendívil Duarte”; y así lo tituló el diario La República al día siguiente: “Civiles no murieron en toma del aeropuerto”. Qué oportuno recordar ahora la entrevista que brindó la presidenta al diario La República el 4 de enero de este año, donde aseguró: “El ejército ha ido a cuidar el activo crítico que era el aeropuerto. Además, la información extraoficial que me llegó es que había como 200 o 300 personas en la plaza de Armas y la Policía los rodeó para que no puedan generar mayor destrozo, pero de un momento a otro aparecieron como 3.000, un poco más, rumbo a la toma del aeropuerto. (…) El ejército estaba protegiendo al aeropuerto”. Ahora la Fiscalía ya sabe que una de las primeras preguntas que puede hacerle a la presidenta es quién o quiénes le dieron esa “información extraoficial”.

Y es que algunos creen que los festejos de carnaval en provincia son muestra de que el pueblo quiere alegría y no protesta

Ahora que se han hecho públicas las necropsias de la masacre de Juliaca ocurrida el 9 de enero, y que demuestran que 17 de los 18 civiles fallecidos murieron por arma de fusil AKM y pistolas Beretta (y uno por decenas de perdigones), también es oportuno recordar que la presidenta Dina Boluarte aseguró que agentes extranjeros usaron “balas Dum Dum” en las protestas en su contra. La Fiscalía también le puede preguntar quién le dio esa información.

Otra prueba del accionar desproporcionado de las fuerzas del orden es un reportaje del medio digital Convoca.pe (11/2/23), que revela que solo en el pasado mes de enero se registraron 114 heridos por bala y perdigones en hospitales del Minsa de Puno, Apurímac, Cusco, Ica, Arequipa, La Libertad y Lima, en el marco de las protestas nacionales.

Por otro lado, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ya no concede entrevistas como antes. De repente ha optado por la reserva a diferencia de su protagonismo confrontador durante el gobierno de Pedro Castillo. El periodismo le quiere hacer muchas preguntas. Por ejemplo, sobre la designación del fiscal supremo provisional para investigar a su hermana, y que hoy pide el archivamiento del caso. Sobre la reducción de las fiscalías superiores y supraprovinciales de Derechos Humanos a nivel nacional, que pasaron de 12 a 7, disminuyendo la capacidad de investigar los hechos recientes de violencia y represión policial. O por qué la investigación sobre la masacre en Juliaca ha ido a parar una fiscalía de delitos comunes en lugar de una especializada. ¿Habrá allanamientos a locales policiales y militares, colaboradores eficaces y prisiones preventivas para los implicados? Preguntas válidas y respuestas urgentes que los peruanos necesitan conocer.

Otra protagonista de la crisis es, por supuesto, doña Keiko Fujimori. La hija del exdictador está atrapada entre su palabra de no presentarse a unas elecciones presidenciales inmediatas y los malabares de su partido en el Congreso por lograr que las elecciones sean solo complementarias. Si Fuerza Popular logra esto último, entonces dejará a salvo el honor de la palabra de su lideresa. Es que es lógico. Si las elecciones complementarias son en abril de 2024, ¿a quién le interesaría un gobierno de un par de años en medio de la resaca de la convulsión social? De este modo, Keiko podrá hacer honor a su palabra y no presentarse, o presentarse solo al Congreso, y ya en 2026 anunciar que ahora sí tentará por cuarta vez el más alto cargo del país. Esto explicaba el interés de la bancada fujimorista por el adelanto de elecciones (nunca de 5 años). De no darse ningún adelanto (como todo lo indica), el fujimorismo anunciará la participación de Keiko a las elecciones de 2026 argumentando que su promesa de no participar se hizo en un estado de emergencia.

Finalmente, decir que el Gobierno y el Congreso han triunfado porque las protestas han menguado, es como decir que la gangrena ya no es un problema porque al paciente se le ha prohibido quejarse y se le ha comprado un traje bonito. Y es que algunos creen que los festejos de carnaval en provincia son muestra de que el pueblo quiere alegría y no protesta. No tienen idea de qué clase de coplas le han dedicado a la presidenta Boluarte.