Escrito por Carlos Fernández Fontenoy Revista Ideele N°218. Abril 2012

Los nueve primeros meses del Gobierno del Partido Nacionalista han transcurrido en un ambiente de tensión nacional e internacional. En el primer caso, provocó esta tensión la natural e inicial desconfianza del sector empresarial y financiero nacional e internacional por el proyecto Conga, los mineros artesanales ilegales y, finalmente, la reaparición de Sendero. En el contexto internacional, ella se explica por la aguda crisis económica de los Estados Unidos y Europa, principalmente.

Sin embargo, este tenso telón de fondo contrastaba con una serie de medidas políticas y sociales que han logrado darle una cierta estabilidad al Gobierno. Nos referimos, por ejemplo, a la confianza —cuando no su apoyo o muestras de simpatía manifiestas— que le ha otorgado el sector de inversionistas nacionales y extranjeros. Pero también han tenido un impacto importante en la opinión pública el anuncio e implementación de otras medidas como el impuesto a las sobreganancias mineras, Cuna Más, Pensión 65, Beca 18, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), Juntos (continuación), la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), la lucha contra la minería artesanal ilegal, la Ley y el Reglamento de Consulta Previa, la decisión de construir el gasoducto del sur, entre otras.

La heredada y mellada imagen de las máximas autoridades del Estado, la falta de experiencia política del presidente Humala y la presencia en puestos claves de ministros con un perfil más técnico-profesional que político (caso del Premierato, Minería, Ambiente y Agricultura), hicieron que el Gabinete Lerner no pudiera resistir el primer conflicto llamado “Conga”, surgido, paradójicamente, no de la derecha, sino desde la izquierda más tradicional, la Patria Roja del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Muchas voces mediáticas sostienen que el conflicto de Conga pudo ser manejado de mejor manera desde sus inicios. Felizmente, todo parece indicar que se estaría entrando en una etapa de relanzamiento del diálogo, con posibilidades de llegar a diferente y mejor puerto.

El Gabinete Lerner no pudo resistir el primer conflicto llamado “Conga”, surgido, paradójicamente, no de la derecha, sino desde la izquierda más tradicional

Creo que en los primeros nueve meses de Gobierno del presidente Humala el saldo es positivo. Sin embargo, en los tiempos que vienen se tendrán que enfrentar una serie de pendientes de no poca monta: la seguridad ciudadana, la presencia de Sendero en el VRAE, la lucha contra la corrupción, la educación y, sobre todo, la reforma del Estado.

El Gobierno del PNP tiene la ventaja de que ya existe un consenso en la clase política, la sociedad civil y el sector empresarial sobre la imperiosa necesidad de reformar el Estado. Sin esta medular reforma, el proceso de crecimiento y desarrollo del Perú no podrá ser sostenible.

En los sucesivos y complementarios planes de gobierno presentados por Gana Perú (PNP) durante la última campaña electoral se hace referencia a la necesidad de la reforma de nuestro Estado. Así, en el documento “La Gran Transformación” se sostiene que “(…) el Perú como país democrático requiere un Estado soberano y autónomo (….) y al servicio de todos los peruanos. Ello requiere organizarlo sobre la base de una vasta coalición democrática de los empresarios nacionales, las clases medias y las clases populares que le den sustento y estabilidad”.

En el texto conocido como “Hoja de Ruta” se aterriza en algunas medidas concretas bajo el título de “Por un Estado más seguro, eficiente, transparente y descentralizado”. Además, y de acuerdo con el discurso político del actual Gobierno, se requiere recuperar para el Estado la percepción popular de su rol de gran mediador de los conflictos sociales, normales en toda sociedad moderna. Nuestro Estado debe volver a ser visto como el garante de los derechos “del pueblo”, aunque también de los empresarios y de la inversión. Pero no de cualquier empresario o empresa, sino de aquellas que actúan con responsabilidad social y ambiental, en consonancia con las leyes peruanas e internacionales. Ése debe ser el perfil del empresario y de las empresas del Perú del siglo XXI. En buena hora, aunque estamos avanzando lentamente en esa dirección.

Nos mantenemos a la expectativa de los informes que se harán sobre los avances en otros rubros no menos importantes que los señalados, como salud, turismo, industrialización e infraestructura, rubros desarrollados en los planes de gobierno mencionados y que han creado gran ilusión en los electores del actual Gobierno.

Uno de los grandes retos de la administración de Humala consistirá en lograr no solo que la población se sienta más segura, sino también que el crecimiento económico en curso se refleje en sus sueldos y en una mayor estabilidad en sus centros de trabajo.