Escrito por Giselle Huamaní Ober Revista Ideele N°217. Marzo 2012

A partir de las recientes crisis, muchos nos preguntamos sobre cómo podemos, como sociedad y como país, incorporar las lecciones de estos eventos en nuevas prácticas sociales e institucionales para la gestión de los conflictos, cómo convertir dichos procesos en verdaderas oportunidades para todos y mejores políticas de gobierno. Al hacer un análisis comparativo entre el gobierno aprista y el gobierno nacionalista en lo que respecta al manejo de conflictos, podemos identificar algunas diferencias pero también algunas similitudes que es importante señalar.

Por un lado, el manejo de los conflictos del gobierno anterior fue típicamente centralista, es decir, las negociaciones se enfocaron a partir de la intervención del Primer Ministro en coordinación con sus sectores. El protagonismo del Premier restó fuerza al desarrollo de una institucionalidad para el manejo de conflictos, y así se desaprovecharon las oportunidades para realizar cambios claves a ciertos mecanismos y procedimientos técnicos problemáticos y cuestionados en la mayoría de los conflictos socioambientales —los EIA, las licencias y permisos de agua, el otorgamiento de concesiones, etcétera—.

El actual Gobierno ha mostrado una tendencia al protagonismo de la PCM pero con mayor involucramiento de los ministros. Y aunque se sigue concentrando el manejo de los conflictos desde la PCM, las propuestas de que la OEFA, ANA y la consulta previa pasen a la PCM buscarían manejar políticamente los temas problemáticos que están a la base de los conflictos socioambientales. Esto no sería beneficioso, en la medida en que no daría lugar al fortalecimiento sectorial y a la diversidad de perspectivas técnicas institucionales que conduzcan a una mejor gestión de cada caso. Por ejemplo, a diferencia del caso Bagua, en el que las distintas opiniones técnicas sectoriales quedaron relegadas y se lo dejó al criterio del Gobierno Central, en el Proyecto Conga, el Ministerio del Ambiente tiene la capacidad y el rol para establecer técnicamente las implicancias ambientales de dicho proyecto.

Otro aspecto del centralismo que caracterizó al gobierno anterior fue el poco involucramiento de los gobiernos regionales en la gestión de los conflictos durante el escalamiento de los casos. Y a pesar de que se desarrollaron ciertas capacidades —y aprobación de lineamientos generales— para que los gobiernos regionales se involucraran en la gestión de los conflictos, en la práctica no se los involucró, ni se consensuó con sus visiones de desarrollo regional la política del Gobierno Central para desarrollar proyectos de inversión en sus regiones.

Durante lo que lleva la actual Administración, algunos gobiernos regionales han estado expresando claramente sus reparos y preocupaciones con respecto a ciertas problemáticas regionales que se venían arrastrando. Sin embargo, el desarrollo del conflicto de Conga y otros casos ocurridos recientemente nos muestran que los gobiernos regionales re-asumen el rol de escalar el conflicto para visibilizarlo políticamente ante la ineficacia de los canales formales, institucionales y sectoriales para buscar soluciones integrales a la región. Por tanto, para que los gobiernos regionales puedan asumir un rol distinto en la gestión de conflictos, necesitan estar involucrados en los procesos sectoriales que tienen impacto directo en el desarrollo sostenible de sus regiones.

Por otro lado, el gobierno aprista tuvo una política nacional que favorecía y promovía la inversión, y de eso da cuenta el aumento significativo, en número, de las concesiones, de los decretos de urgencia, entre otros. El lenguaje que usó en referencia a los que cuestionaban la política nacional fue estigmatizador, polarizador y deslegitimador. El gobierno, en ese sentido, perdió en muchas oportunidades su imparcialidad, y se convirtió en un actor más cuando entró a confrontar a ciertos sectores en defensa de su política económica.

El actual Gobierno, por un lado, ha respondido a los pedidos sociales con una Ley de Consulta Previa, y, a la vez, le ha dado al sector privado condiciones más claras para continuar con la inversión a través de la negociación de beneficios para el país. A nivel político ha tratado de generar confianza con ambos sectores, y en ese sentido este Gobierno ha puesto algún esfuerzo en tratar de mantener cierta imparcialidad y justo medio. Sin embargo, en el calor de estar de cara a los conflictos, varios funcionarios públicos no han podido mantener el balance y han expresado discursos que los posicionan frente a uno y en contra de otro actor, en muchas ocasiones, parcializándose, estigmatizando y deslegitimando a los actores. No ven el conflicto como oportunidad, sino como una amenaza, y al tomar un posicionamiento pierden credibilidad en su rol para establecer procesos participativos, propuestas para reconciliar las perspectivas —técnicas, social, ambiental, etcétera— y para facilitar consensos entre los diferentes sectores de la sociedad.

Una gestión de conflictos sociales que transforme el conflicto en oportunidad para el cambio requiere tener incorporada una perspectiva de prevención y transformación. Esto implica atender las problemáticas según van emergiendo en forma inicial, trabajar en el desescalamiento, evaluar y sacar lecciones y propuestas de política poscrisis y posconflicto, de manera de reconstruir las redes sociales rotas durante las crisis. La perspectiva del gobierno anterior fue la del manejo de crisis, al atender de forma inmediata principalmente los conflictos que representaban un riesgo para la gobernabilidad y la estabilidad económica en el corto plazo, a pesar de que esta lógica es más costosa en el largo plazo. Sobre todo hacia el final de su periodo, el gobierno aprista pospuso los conflictos para el siguiente, haciendo pocos esfuerzos para concertar y trabajar las demandas integralmente, dilatando los procesos, no creando condiciones para la búsqueda de soluciones y, por tanto, potenciando los conflictos para el siguiente periodo.

La falta de una visión estratégica e integral de los procesos de gestión de conflictos sociales —de responder a las problemáticas de fondo, en las diferentes etapas del conflicto, de desarrollo de procesos de coordinación entre los sectores del gobierno y sociedad civil, etcétera— conduce a que el presente Gobierno termine trabajando sobre las crisis a pesar del discurso amplio, social, y de las buenas intenciones. Por tanto, la práctica no terminaría diferenciándose significativamente de la del gobierno anterior, debido a que no hay una política de gestión de conflictos basada en un análisis adecuado de la conflictividad y del desarrollo de procesos según los tipos de conflictos que siguen resurgiendo en el país.

Esto nos lleva a preguntarnos sobre el alcance de las soluciones políticas, y es que su debilidad radica en que son salidas a un caso de conflicto específico y no lleva a procesos más amplios para la generación de nuevas políticas públicas que resuelvan la problemática que comparten otros casos similares. Las “salidas políticas” a los conflictos revelan una serie de aspectos:

Incapacidad para desarrollar condiciones relacionales, culturales, procesales, de manera de dar mayor oportunidad para que una intervención tenga éxito. Es decir, las crisis obligan a que el gobierno reaccione en un corto plazo, con intervenciones específicas y no estratégicas, sin diseño de proceso.

Establecimiento de un patrón de conducta y de relacionamiento entre actores que privilegia las decisiones basadas en los arreglos bajo presión, posicionados, acelerando procesos.

Agotamiento o no uso de los mecanismos y espacios de diálogo. Además, demuestra una falta de creatividad para convocar y armar procesos con otros actores, instituciones y redes con capacidad para aportar en los procesos.

Toma de decisiones por encima de los mecanismos institucionales, buscando vías alternas, etcétera, lo que refuerza la debilidad institucional y no logra replantearla o mejorarla.

A pesar de que se ha heredado una forma de atender los conflictos sociales y de implementar los acuerdos sobre las crisis —lo que constriñe todo intento de desarrollo de una estrategia para la gestión de conflictos—, el desafío está en cambiar el enfoque coyuntural, en el que la dinámica social y de la gestión pública gana el día a día, y no se logran establecer protocolos, indicadores y procedimientos para desarrollar un enfoque de prevención. Otro desafío está en no abandonar los procesos poscrisis, sin implementar procesos de evaluación del conflicto, de negociación de nuevas regulaciones, de institucionalización de políticas para la gestión de conflictos, de desarrollo de procesos de reconciliación y de reconstrucción del tejido social.

Las problemáticas a la base de los conflictos sociales se mantendrán en la medida en que prime un manejo sectorial, segmentado y político de los conflictos. La ausencia de un análisis estratégico de los impactos acumulativos de varios proyectos sobre un ecosistema, una cuenca, un territorio, etcétera, nos puede dar la falsa ilusión de que resolviendo una crisis hoy no resurgirán nuevos conflictos sociales mañana.