Escrito por Carmen González Cueva Revista Ideele N°217. Marzo 2012

Los cajamarquinos están sintiendo mucha rabia e indignación. Lo manifiesto es que se oponen a que, para extraer oro, el Proyecto Conga destruya sus hermosas lagunas construidas por la naturaleza en miles de años. Lo oculto —lo inconsciente— es el resentimiento y la desconfianza ancestrales frente a las empresas y el Estado.

Los indígenas históricamente no fueron respetados. El Estado decidió sobre sus recursos naturales sin siquiera consultarles. Más bien se los cosificaron. Y no solo en Cajamarca, sino también en Huancavelica, Moquegua, Cerro de Pasco y otros pueblos. Al indígena, históricamente, solo le quedó la posibilidad de reprimir su frustración, ira y dolor frente a la codicia, prepotencia e insensibilidad de las empresas y el Estado.

Hoy la Sociedad de Minería probablemente sabe o intuye que la situación anterior pasó y que hay otros aires. ¿Por eso hace publicidad a “sus apoyos bondadosos y paternalistas” como escuelas, estudios, becas y otros? ¿Es que quiere crear otra imagen?

El papel fundamental de ese gran Gerente que es el Estado consiste en garantizar la vida y el desarrollo de sus habitantes. Desde los comienzos de la República, salvo honrosas excepciones, hemos tenido un Estado perverso que no ha protegido a sus hijos más necesitados; además de estar integrado por una buena cantidad de políticos y funcionarios psicopáticos que han buscado únicamente su propio beneficio favoreciendo a los grupos de poder; que se ha hecho de la vista gorda frente a los desequilibrios ambientales y sociales causados por las actividades de exploración y extracción minera, petrolera, energética, en vez de defender el hábitat de sus hijos y negociar a su favor ventajas económicas. Un Estado que tendrá que recomponerse y corregir sus distorsiones para encontrar su verdadera identidad, la de protector y distribuidor de bienes en forma equitativa.

¿Qué emociones producirá a un ser humano si además de la exclusión, marginación, racismo, hambre, enfermedad y miseria, se le contamina su aire, tierra y agua? ¿Cómo será la frustración de las comunidades al ver cómo la codicia y la prepotencia se llevan las riquezas de una tierra que ancestralmente sienten como suya? ¿Cómo se sentiría usted si lo obligaran a trasladarse a otro lugar porque encuentran oro debajo de su casa? Recordemos que “donde aflora una veta se pone el resto al descubierto o se le sigue subterráneamente abriendo socavones y galerías por donde va la veta sin tener en cuenta la seguridad de los recursos naturales o de las gentes”.

Los Reyes de España dieron sus leyes de Indias para que todos los minerales del subsuelo fueran a parar a su reino. El Estado heredó esos derechos y los transfirió a personas y empresas llamándolas concesiones. La realidad es que los concesionados se han enriquecido en exceso y el Estado y las comunidades destilan pobreza. Lo que revela que no veló por sus gentes. No exigió compartir de igual a igual los frutos de la tierra, que además son bienes no renovables. Les faltó amor social, ¿no le parece?

Informaciones serias señalan que más del 50% de las comunidades campesinas han visto sus territorios comprometidos por la actividad minera. Solo hasta el año 2000, fueron 24 millones de hectáreas las comprometidas…:

Durante el régimen de la dictadura de Fujimori, en los años 90, se promulgó la Constitución del 93, liberalizando la economía y violando los derechos ancestrales de las comunidades sobre los territorios, dejándolas más vulnerables. Se promulgaron leyes inconstitucionales, como la Ley de Tierras y Servidumbre Minera, para despojar de sus tierras a las comunidades, violando la autonomía sobre la propiedad de la tierra e incumpliendo el Convenio 169 de la OIT (Miguel Palacín Quispe).

Lo que está entonces detrás de los reclamos de Cajamarca y de otras ciudades no es solo la realidad concreta de que el agua corre peligro, sino la falta de confianza, credibilidad y resentimientos. El olvido no existe. Lo que existe es la falta de memoria consciente. Lo vivido y trasmitido de generación en generación está siempre presente en el inconsciente individual y colectivo. Por ello se hace imprescindible que el Estado reconozca que muchísimas veces traicionó a quienes ingenuamente les dieron su confianza a través del voto. Debería ofrecer disculpas por las traiciones cometidas, especialmente contra el altoandino y selvático más pobres.

¿Cómo creer, por ejemplo, en los Estudios de Impacto Ambiental que exige el Ministerio para dar concesiones mineras, si ha sido un documento burocrático, no verificado ni fiscalizado por quienes debían hacerlo? Y ¿por qué llamarse concesiones si en la práctica se les da el derecho a saquear la tierra concedida hasta que quede seca de minerales, como si fuera de su propiedad? Y después de agotado el mineral, ¿a quién se le puede dar nuevamente la concesión? Es probablemente un eufemismo para no llamarle venta y cobrar así apenas una bicoca, como ocurre ahora.

Por otra parte, la clase política y los grupos de poder no pueden asumir la realidad de que detrás de los conflictos sociales hay una gran dosis de desconfianza. Porque poseen un pensamiento primario y paranoico que hace que vean en cada conflicto solo y únicamente la presencia de un grupo de agitadores de extrema izquierda. Puede ser cierto en alguna medida, pero no es lo único ni lo mayor. Están confundiendo idea con realidad. Porque lo que están pidiendo los pueblos a gritos es respeto y consideración.

Lo grave es que detrás de los reclamos se percibe en los cajamarquinos cansancio, ira, frustración y hartazgo, que podrían convertirse en una desesperanza total. Y la situación es delicada porque cuando se siente que poco hay que perder y que el desamparo es total, el descontrol de impulsos puede llegar en forma muy peligrosa, y más si se trata de movimientos de masas.

Mejor entonces que los políticos dejen de hacer alarde en los medios diciendo que la pobreza ha disminuido en cifras globales porque lo que se oculta es que la desigualdad no se ha reducido. Somos, según el último Informe de Naciones Unidas, el segundo país de Sudamérica con el mayor índice de pobreza multidimensional, que mide las carencias en salud, educación y los efectos del deterioro medioambiental en la población.

Esa desigualdad es la base del resentimiento humano y lo que está en la médula de los conflictos sociales. No solo en Cajamarca o los pueblos cercanos a explotaciones a lo largo y ancho del país: más bien trasciende nuestras fronteras. No es casualidad la aparición del movimiento de protesta social “Los Indignados”, que nace en Francia, llega actualmente a 951 ciudades y 82 países, y que se viene extendiendo por Europa, Asia y América; que cuestiona las bases del propio sistema capitalista con énfasis en el sistema financiero actual, exigiendo que las democracias sean menos hipócritas y que la igualdad entre los hombres deje de ser una frase en las Constituciones del mundo para convertirse en una realidad concreta.

El asunto es que hay razones poderosas para estos cuestionamientos: 100.000 personas mueren al día por hambre. Cada 5 segundos un niño menor de 10 años muere por falta de alimento. Más de 1.000 millones de personas viven actualmente en la pobreza extrema (menos de un dólar al día). El 70% son mujeres. Más de 1.800 millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable. Mil millones carecen de vivienda estimable. Dos mil millones de personas carecen de acceso amedicamentos esenciales. No es poco, ¿verdad?

En estas circunstancias, resulta casi ridículo y fuera de la realidad que la clase política y los terrícolas poderosos del Perú se aferren a que hay que defender el orden legal y los tratados vigentes; por una sencilla razón: las leyes no son fenómenos naturales como los vientos o el Sol, de tal manera que pueden y deben cambiarse si convienen a las mayorías: porque ya están apretando demasiado.

Sería saludable, más bien, que reconocieran hidalgamente que estas leyes injustas e inhumanas se dieron dentro de una correlación de fuerzas y coyunturas favorables a los grupos poderosos y que la situación ha cambiado en forma irreversible. El cambio debe llegar, y pronto. Pero con equidad, justicia económica, democracia y ética. Quizá empezar ahorita reglamentando la Licencia Social y una Defensoría de las Comunidades, haciendo que éstas elijan a la mayoría de sus integrantes.