Escrito por Gino Costa Santolalla Revista Ideele N°217. Marzo 2012

El presidente Humala ha puesto la seguridad ciudadana en un lugar prominente de su agenda de gobierno. Es un hecho meritorio, pues es bien sabido que los problemas de seguridad en el Perú son graves, múltiples y complejos, y sus soluciones, ni obvias, ni fáciles, ni de rápidos resultados.

Quizá la más importante medida adoptada ha sido la de asumir personalmente la conducción del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Son varios los mensajes que ha dado con ello. Primero, que la seguridad no es un asunto exclusivamente policial e involucra a un conjunto de instituciones en los tres niveles de gobierno. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es el marco más adecuado para diseñar e implementar las políticas respectivas. Segundo, que la seguridad obliga a actuar en varios frentes simultáneamente y no solo en el represivo. Tan importante como éste son la prevención, la rehabilitación y reinserción social y la atención a las víctimas de la violencia y el delito. Tercero, que para que el Sistema funcione es necesario el involucramiento de las más altas autoridades de las instituciones que lo integran.

Para que esta apuesta dé frutos y sea sostenible se requiere, sin embargo, de varias cosas más que una reunión mensual. Una es que el Consejo no sesione en público y ante las cámaras de televisión, pues no es solo el espacio para que el Presidente establezca las prioridades de política, sino para coordinar las acciones acordadas, identificar y resolver las dificultades de implementación y evaluar la política. Eso requiere de mucho tacto y discreción. La televisión no garantiza que éstas prevalezcan sobre el efectismo y la demagogia.

También es necesario que el Consejo, órgano de dirección del Sistema, cuente con una Secretaría Técnica de nivel, que haga seguimiento y facilite la implementación de los acuerdos y lo provea de información, insumos y propuestas. Tal como se la conoce hasta ahora, la Secretaría carece de esas capacidades. De no corregirse esta limitación, todo el esfuerzo puede naufragar una vez que pase el entusiasmo de las primeras reuniones.

Una tercera condición de éxito es que se hagan ajustes al marco institucional del Sistema, sobre todo en el ámbito local, dimensión descuidada hasta ahora. Es en los distritos y provincias donde la efectividad de la política de seguridad ciudadana se pone a prueba, y es allí mismo donde se hace preciso definir competencias en su conducción. Ello pasa por fortalecer las atribuciones de los alcaldes, especialmente en relación con las autoridades policiales que deben estar bajo su liderazgo.

Otros tres componentes de la arquitectura institucional del Sistema están pendientes de desarrollarse. La política de seguridad ciudadana requiere de una hoja de ruta hasta el 2016. Se ha anunciado la elaboración de un plan para el 2012. Esto no está mal, pero es insuficiente. El inicio de un nuevo gobierno es el mejor momento para formular un plan de mediano plazo. En todo caso, se espera que el nuevo plan anual no adolezca de las debilidades de los anteriores, cuyas metas fueron de naturaleza administrativa y no sustantiva. Es urgente pasar de metas y resultados de proceso a metas y resultados de impacto.

El Sistema también necesita un Observatorio Nacional que mejore la calidad de la información delictiva, fundamental para contar con políticas más eficientes. Podría estar adscrito a la Secretaría Técnica del Consejo y contribuiría significativamente a mejorar su capacidad de propuesta.

El otro eslabón ausente es el del financiamiento. Si bien el Gobierno define la política, ésta se plasma en el ámbito local, donde son los alcaldes con sus comités de coordinación intersectorial los responsables de adecuarla a las condiciones de cada territorio. Desde que se creó el Sistema el año 2003, el Gobierno no ha proporcionado un sol a los municipios para la implementación de políticas de prevención. Aquellos con recursos se las arreglan; los que carecen de ellos, la gran mayoría, quedan librados a su mala suerte. Se requiere pues de un fondo, concursable de preferencia, para financiar la prevención en los distritos más carentes y con peores indicadores delictivos.

Habrá quien diga que crear un nuevo fondo es redundante porque lo acaba de hacer el nuevo Gobierno. Ocurre que el fondo de 200 millones de soles que se ha creado está concebido principalmente para equipar a la Policía Nacional, aunque ya existen múltiples mecanismos para ese propósito que no se están utilizando adecuadamente.

El primero es el presupuesto regular del Ministerio del Interior, del que todos los años se devuelven cifras significativas. El 2010, por ejemplo, se devolvió las dos terceras partes del presupuesto para adquirir vehículos policiales, con las que se hubiera podido comprar 2.000 nuevos patrulleros. Otro tanto ocurrió con el presupuesto para comisarías. Según el congresista Eguren, a septiembre del 2011 Interior había gastado menos del 4% de su presupuesto de inversión.

El segundo es la parte del Fondo de Defensa asignado a la Policía para su equipamiento. Entre el 2005 y el 2010 el fondo acumuló US$ 62 millones de dólares, de los que la Policía gastó menos de la mitad.

El tercero es la Comisión de Reforma Procesal Penal que destina recursos para capacitación y equipamiento en investigación y criminalística, que el 2010 asignó ala Policía 54 millones de soles, entre otros para 17 laboratorios de criminalística, de los que solo gastó 1,8 millones.

El problema en Interior no es pues la falta de recursos sino la imposibilidad de gastar bien, lo que solo se resolverá con la constitución de un equipo gerencial de altísimo nivel. Ojalá que la larga experiencia del ministro Valdés en el sector privado le sirva para constituir este equipo —Servir puede servir— y relanzar la modernización del Ministerio del Interior. También es imprescindible otorgar a la lucha por la integridad el papel central que debe tener en la política de seguridad, pues mientras se mantengan los actuales niveles de corrupción en la Policía, los penales y la justicia será difícil revertir las condiciones de deterioro heredadas. Sorprende que un Gobierno que llegó enarbolando tan entusiastamente la bandera de la lucha contra la corrupción haya hecho tan poco en un sector en el que esta tarea es tan urgente como imprescindible si se quieren resultados.

El logro más importante del ministro Valdés ha sido la decisión de acabar gradualmente con la venta de servicios policiales individuales a terceros. Para hacerla irreversible habrá que proveer, aquí sí, el presupuesto necesario y evitar que se disparen los asaltos a los bancos, cuya seguridad se hizo posible en los últimos años gracias a la existencia del régimen laboral que hoy se pretende abandonar.

El anuncio de una necesaria reingeniería policial, de la cual la purga del Alto Mando sería su primer componente, rápidamente perdió legitimidad luego del escándalo Chehade. Ojalá que el esfuerzo se retome. Ello requerirá de nuevos cambios en diciembre para constituir finalmente un mando decente y con techo que dirija la institución con un mínimo de continuidad los próximos años.

En el ámbito penitenciario se ha constituido un equipo muy calificado. Se espera que pueda proveer un plan para recuperar plenamente la autoridad en los penales, desde donde sigue dirigiéndose buena parte de la actividad criminal en el país. Ello pasa por neutralizar la comunicación telefónica desde ellos, así como seguir incrementando la capacidad de albergue y ampliar la oferta del sistema para cumplir las penas en libertad. También demanda una revisión de la legislación penal, pues con este ritmo de ingresos no hay esfuerzo, por más ambicioso que sea, que permita reducir la sobrepoblación carcelaria.

Quizá la más grave imputación al nuevo Gobierno es que estaría en marcha una estrategia para poner los órganos de inteligencia al servicio del espionaje político. Abonarían esa interpretación los informes referidos a la suerte de los sofisticados equipos de inteligencia electrónica de la Dirandro y las denuncias formuladas por Carlos Tapia sobre la existencia de un sistema de seguimiento dirigido por el coronel Villafuerte del que serían parte la Dirección de Inteligencia Nacional y la Dirección de Inteligencia de Interior, ambas dirigidas por militares en retiro. El regreso a prácticas montesinistas sería nefasto, tanto para la seguridad como para la democracia. Para no empañar una gestión con señales prometedoras, el Gobierno haría bien en despejar toda duda al respecto.