Escrito por Ricardo Soberón Garrido Revista Ideele N°217. Marzo 2012

Después del 10 de enero del 2012, cuando se me aceptó la renuncia presentada el 10 de diciembre a la Presidencia Ejecutiva de DEVIDA, sucedieron dos hechos extremos que reflejan la coyuntura de la política cotidiana en materia de drogas: entre la catástrofe y el éxito coyuntural. Primero, la muerte de 30 internos de un centro terapéutico en San Juan de Lurigancho en la que todos se lavaron las manos, seguida por la captura del líder senderista Artemio en Santa Rosa de Mishollo, Alto Huallaga, en la que todos querían aparecer en las fotos. Altas y bajas de una política errática, inconsistente, absolutamente dependiente y secuestrada por la ignorancia y la convergencia de intereses mediáticos, políticos y económicos, nacionales e internacionales.

¿Qué impactos tienen estos hechos y los cambios de autoridades sobre la dinámica del narcotráfico en el Perú? En estos cinco meses de gestión intentamos producir una política peruana de cinco años, propia, autónoma y que pretende responder a los intereses nacionales, para afrontar un problema de escala mundial. Otras consideraciones, extratemáticas, no lo permitieron.

Un tema complicado
El reto principal de ocupar la Dirección Ejecutiva de la entidad que supuestamente ejerce la rectoría del Estado en un tema tan complejo como el de las drogas y el narcotráfico, es lograr que te hagan caso en el resto del Estado. Esto concierne tanto a la determinación del presupuesto y al esfuerzo operativo multisectorial y coordinado de las instituciones, como a la comprensión de la comunidad internacional sobre la visión del país sobre las drogas y el narcotráfico. Este encargo resulta aún más difícil porque ningún organismo del Estado —ni siquiera la Presidencia de la República— acepta lo que le toca y responde solo a las necesidades del momento político.

Dado el fracaso de 30 años de “guerra antidrogas” que nos ha llevado a la condición de primeros productores mundiales de cocaína, el segundo gran reto consiste en producir una política materializada en una “Estrategia de Control de Drogas 2012-2016” distinta, racional, proporcional, efectiva, soberana, medible y coherente, que, partiendo de la necesidad de cambiar el paradigma tradicional fracasado, pudiese ser acatada por todas las dependencias del Estado peruano y aceptada por la comunidad internacional, particularmente los Estados Unidos, cuya cooperación se encuentra distribuida en todos los niveles de gobierno. Ella implicaba acciones en el campo de la interdicción selectiva contra el crimen organizado (insumos, lavado y desmantelamiento a través de inteligencia).

En el pasado, los gobiernos peruanos no han tenido ni la voluntad ni las ideas ni las políticas adecuadas para enfrentar este problema. Esto se refleja en dos Constituciones contradictorias, un Acuerdo Nacional ambivalente e inoperante y tres Estrategias Nacionales diseñadas sin consulta y, por ello, incapaces de ser cumplidas y evaluadas. La situación se caracteriza pues por un discurso simbólico, grandilocuente, de “guerra”, de “lucha frontal”, de leyes reactivas, incapaces de ser cumplidas por un sistema policial-penal ineficaz, saturado y permeado por la corrupción o la desidia.

Hasta la fecha de cierre de este artículo, el Gobierno había dado el Plan Nacional de Erradicación de Cultivos 2012 (se ha previsto 14.000 hectáreas), se habían producido transferencias financieras a diversos municipios del Huallaga y del VRAE, pero, a pesar de que la propuesta de Estrategia había sido consultada y validada por los gabinetes Lerner y Valdés, respectivamente, aún no ha sido aprobada por el Gobierno y ya se pasaron casi dos meses del ejercicio 2012.

El fracaso de 30 años de “guerra antidrogas” nos ha llevado a la condición de primeros productores mundiales de cocaína

Cambios necesarios
Desde nuestro punto de vista, el cambio fundamental pasaba por poner a DEVIDA en manos de la Presidencia de la República (ahora depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, junto a otras 17 entidades públicas). Esto es, debe convertirse de una entidad ejecutora en una entidad con capacidad de reunir toda la información de la que el Estado dispone, es decir, con capacidad para observar (y no solo ver, pues todos “vemos”) la dinámica del fenómeno de las drogas y el narcotráfico, para trazar las grandes líneas de gestión, en todos los niveles del Gobierno (nacional, regional y local).

En vista de los problemas y dificultades del Estado para aceptar funciones y competencias diversas (salud, interdicción, relaciones internacionales, etcétera), DEVIDA debe ejercer el liderazgo para coordinar, articular, sugerir y corregir las acciones del Estado. Siempre pensamos que DEVIDA no debía ser ejecutor presupuestal directo, y que debe conservar la capacidad de observar las dinámicas y concentrar la información. En estos cinco meses, durante todas nuestras intervenciones en el escenario de los puertos, del VRAE, de San Martín, de los precursores y del lavado de activos, impulsamos la coordinación intersectorial y asumimos el liderazgo solo allí donde nadie lo ejerciese. De repente eso no gustó en Córpac.

Consideramos, en primer lugar, que convencimos a las fuerzas políticas representadas en el Congreso (presentación del 13 de septiembre ante Comisión de Defensa). Luego, a nuestro principal interlocutor, el Gobierno de los Estados Unidos, después de la interrupción de las erradicaciones ordenada por el presidente Humala en Tingo María (8 de agosto) para afinar nuestra visión del problema. En tal sentido, en la suscripción de una de las enmiendas a nuestros convenios con NAS/AID logramos la modificación del concepto de erradicación (destrucción física de una planta sin ninguna garantía de réplica) por el de reducción (ejercicio sostenible en el tiempo y en el territorio). Asimismo, planteamos las ideas principales de una serie de reuniones internacionales para llegar a la Conferencia Internacional convocada por el presidente Humala el 29 de julio del 2011.

En segundo lugar, cuando se reiniciaron las erradicaciones en Aguaytía, Ucayali, impedimos el crecimiento de la convulsión social a través de un diálogo directo y permanente con los dirigentes cocaleros de la zona, tanto en Pucallpa como en Lima. La idea fundamental es tratarlos como ciudadanos, con derechos y con obligaciones, a pesar de las majaderías de los funcionarios del CORAH, que se empeñaron en mostrar arrogancia, arbitrariedad y falta de transparencia en su trabajo.

Son varios los riesgos de regresar al esquema anterior
En primer lugar, deslegitimar el discurso de la gran transformación que esperaba gran parte del electorado peruano. Los cambios ocurridos como consecuencia de los desentendimientos políticos al interior del Gabinete Lerner provocaron nuestra salida, pero fundamentalmente tenemos una diferencia conceptual básica con el premier Valdés, desde que éste era Ministro del Interior: no le gustaba que DEVIDA ejerciese un papel rector en la conducción de los esfuerzos antinarcóticos, entre ellos las tareas de interdicción y control de oferta. Ello explica el escaso liderazgo mostrado por DEVIDA en los primeros meses del año, incluyendo la pobre actuación luego de la muerte de 30 internos en el centro de rehabilitación “Cristo es Amor”, ocurrida en enero.

En segundo lugar, y más importante, entregarle el gobierno a los que perdieron las elecciones presidenciales, para que apliquen las políticas fracasadas que nos han conducido a la situación de primeros productores mundiales de coca, de PBC y de clorhidrato de cocaína.