Escrito por Verónika Mendoza Frisch Revista Ideele N°214. Febrero 2012

A diferencia de gobiernos pasados, en el actual no existe un consenso respecto a cómo enfrentar los conflictos sociales. Sucede que muchos de los que hoy ocupan cargos en el gobierno antes han estado en el otro lado del tablero, defendiendo los intereses de los que hoy protestan. El siguiente es un interesante artículo de una congresista oficialista, sin que ello signifique una posición “oficial”.

La movilización social de rechazo a los impactos de la inversión minera en Cajamarca, Apurímac y Áncash no es fruto de la acción de pequeños grupos políticos que manipulan la conciencia y la voluntad de los pueblos; menos aun de deficiencias comunicacionales de las empresas extractivas o del propio Estado: es la respuesta a un acumulado de violaciones de derechos, de la imposición de las empresas mineras y del abandono del Estado en la protección y promoción de los derechos de las poblaciones y comunidades locales.

El reto actual consiste en encarar la agenda que plantea la movilización social. El Gobierno no puede continuar con la lógica heredada de la inversión “como sea y donde sea”; no se trata solo de decir si determinado proyecto “va o no va”, sino de definir por fin una institucionalidad política técnicamente sustentada y democráticamente consensuada, sin caer en el chantaje reduccionista de que sin minería no hay inclusión social.

¿Por qué se han acentuado los conflictos socioambientales?
La intensificación de los conflictos generados por la expansión minera tiene que ver con la percepción de que desde el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se está siguiendo el mismo camino del gobierno anterior, otorgando el visto bueno a las inversiones mineras a cualquier costo social y ambiental. Esto a pesar de la aprobación y promulgación de la Ley de Consulta Previa, sobre cuya reglamentación hay muchas presiones y expectativas. Los empresarios mineros han acelerado sus programas de inversión, y se ha deslizado la versión de que “cedieron” con el gravamen minero a cambio de que se concretara la inversión de los aproximadamente 40 mil millones de dólares que involucran a todos los proyectos mineros. Esta posición —tachada de “chantaje” por algunos— ha concitado también la férrea oposición del pueblo de Andahuaylas de no aceptar la minería ante los funcionarios de los ministerios de Energía y Minas y de Agricultura.

¿Cuál es el origen de estos conflictos?
Los principales problemas se presentan cuando, luego de entregarse la concesión y realizarse la exploración sin efectuar consulta previa alguna (solo hay acuerdos con compensaciones temporales), se inicia la discusión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la población empieza a percibir el inminente perjuicio sobre los ríos, lagunas, puquiales y cuencas involucradas y los potenciales daños para la agricultura por falta de agua. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en los casos Tambogrande, Islay y Majaz. Sin embargo, estos EIA se terminan aprobando con diversas irregularidades, por ejemplo, en audiencias con participación de gente llevada por la propia empresa interesada, desplazando a la población local para garantizar el respaldo al proyecto o, peor aun, aprobando el EIA “con cargo a entregar el estudio hidrogeológico el año 2013”, como sucedió en el Proyecto Minas Conga. Frente a situaciones como éstas, la indignación de las poblaciones afectadas se acrecienta, sobre todo cuando empiezan a sufrir los impactos ambientales sin que el Estado haga algo para mitigarlos y establecer sanciones efectivas. La labor de OSINERGMIN no ha dado resultados: 54% de multas no cobradas representan casi 70% del monto total de las multas durante el periodo 2007-2011.

La intensificación de los conflictos generados por la expansión minera tiene que ver con la percepción de que desde el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se está siguiendo el mismo camino del gobierno anterior, otorgando el visto bueno a las inversiones mineras a cualquier costo social  y ambiental

¿Qué agenda urgente plantean estos conflictos?
Esta situación de incremento de las movilizaciones sociales contra la expansión indiscriminada de la inversión minera, en un contexto internacional de crisis financiera mundial que puede afectar a la economía peruana, demanda de manera urgente una nueva institucionalidad que garantice la estabilidad política con respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales, y que se expresa en la siguiente agenda:

• Aprobación de la zonificación económica ecológica respetando lo aprobado por los gobiernos regionales. Aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial y de una moratoria de concesiones mineras. Mientras no se tengan estos dos instrumentos de planificación, no se puede seguir concesionando el territorio de manera indiscriminada. El Perú no es solo un país minero; es un país mega-biodiverso, y ese es nuestro principal potencial. Debe establecerse también un límite al área concesionada en un distrito o provincia. No podemos llegar a extremos como el de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, donde el 97% de su territorio está concesionado a empresas mineras.

• Pronta aprobación del Reglamento de la Consulta Previa recogiendo las propuestas de las organizaciones de los pueblos indígenas y respetando el espíritu de la Ley, del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Por ejemplo, debe establecerse claramente que la consulta previa se realizará antes de la entrega de concesiones mineras.

• Revisión de los EIA observados por las poblaciones y autoridades locales y, si corresponde, su adecuación al Convenio 169 de la OIT. La aprobación de los EIA, así como la propia Autoridad Nacional del Agua, deben pasar a integrar la institucionalidad del Ministerio del Ambiente (MINAM). El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al MINAM, debe concentrar la evaluación y fiscalización ambiental además de su labor de supervisión de las instancias de gestión ambiental del Estado. La evaluación de los EIA debe incluir la opinión de los gobiernos regionales. El Estado debe contratar a las empresas evaluadoras, previa transferencia de recursos de las empresas interesadas. Es necesaria, además, la elaboración y aprobación de una guía de evaluación ambiental.

Éstas son algunas de las reformas pendientes y que inciden directamente sobre la gobernabilidad democrática, que debe ser entendida no como gestión de conflictos sino como construcción colectiva —e institucionalización— de una agenda que recoja las necesidades y expectativas de las poblaciones; en este caso, de aquéllas afectadas por proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura. Solo así podremos desarrollar un Estado más racionalizado y eficiente, y construir una verdadera inclusión social.

*La autora es congresista de Gana Perú.