Escrito por Patricia Wiesse Risso Revista Ideele N°214. Febrero 2012

El enorme edificio brutalista de hormigón crudo, que alguna vez Alan García quiso pintar de crema, le ha cedido un espacio a este ministerio que aún no logra cuajar ni consolidarse. Si tuviéramos que destacar algún logro visible sería la presión que ejercieron para que la película peruana Las malas intenciones se mantuviera en un horario decente en las salas de cine. Después solo se ha visto una gestión cuestionada y accidentada de la ministra Baca (vaca, Baca, le rogaban), cambio de funcionarios en puestos fundamentales como el Vice Ministerio de Interculturalidad y el INDEPA (¿para bien de los pueblos indígenas?), o la protesta en torno a ciertos nombramientos. Suponemos que es parte del reacomodo de la nueva administración, y no se debe rebajar la discusión a si el asesor de la ministra, Luis Repetto, fue funcionario fujimorista y asesor de imagen de Keiko, y que si hace o deshace nombrando a sus allegados, junto a Ricardo Pereyra, esposo y agente de Susana Baca. En cambio, se debe aguzar el oído ante cuestionamientos que lo acusan de haber permitido la destrucción del cerro Puruchuco para favorecer a Eugenio Chang, socio del ex presidente García.

Los dimes y diretes esconden el problema central, que es más grave y de fondo. Desde el gobierno militar de Velasco Alvarado se viene discutiendo cuál debe ser la política cultural, qué líneas se deben priorizar, y cada responsable del INC —y ahora del Ministerio— tiene una idea diferente de cómo el Estado debe enfocar el tema. Parece que hubiera un tremendo misterio por develar. ¿Es posible que, pasados cuarenta años, todavía no se haya hecho la luz? Como afirma el crítico de arte Luis Lama: “Ningún gobierno ha definido qué quiere en materia cultural. Pero éste, que cuenta con un Ministerio, tiene la obligación de hacerlo”.

Para el especialista en temas culturales Santiago Alfaro, “el objetivo central debe ser modernizar la política cultural peruana, fortalecer su institucionalidad en todos los ámbitos, y vincular la cultura a las políticas de inclusión social”.

Aterriza aterrizador
El Ministerio de Cultura es el mendigo de esquina al que se le dan unas monedas para calmar las conciencias. En vez de aumentar anualmente, su magro presupuesto se reducirá en 120 millones el año que viene, mientras Baca ruega por un aumento ante la Comisión de Presupuesto del Congreso. Christian Wiener, director de Industrias Culturales y Arte, sostiene: “El presupuesto para el 2012 es ridículo, solo nos va a servir para vegetar”. Contando cada centavo, los fondos que actualmente maneja Wiener le alcanzarán para completar el sistema de información que trabajó la gestión anterior: un mapeo de todas las manifestaciones culturales que se dan en el Perú. Una de las tareas de una larga lista.

A diferencia del caso peruano, en países como Colombia el Ministerio de Cultura tiene un elevado presupuesto proveniente de un impuesto del 1% a las llamadas telefónicas. “Uno tiene que lidiar con los funcionarios del Ministerio de Economía, que todo lo ven cemento y hierro. Les tenemos que plantear cemento, hierro y cultura: centros culturales en cada localidad”, precisa Wiener.

A esto se suma que la designación de Susana Baca ha sido muy cuestionada. Luis Lama sostiene que el Gobierno fue demagógico al nombrar a una artista popular, en vez de a una gestora, en el cargo. “Susana misma sabe que no va a durar y ella misma se ha puesto un plazo para ver sus resultados”, precisa. Para Lama, la ministra designada en ese portafolio debió ser Aída Mocha García Naranjo: “Ahora que el Ministerio de la Mujer no tiene razón de existir, ella debería asumirlo, porque tiene liderazgo, ha aportado mucho a la cultura del país y sus ideas son bastante claras en ese punto”.

Ojalá fuera solo cuestión de recambios: en más de cien días, el Gobierno no ha tenido la voluntad de formular las políticas culturales, de definir el rol del Estado en ese terreno. “Siento que estamos en el siglo XXI, pero pensando en lógicas y políticas culturales que corresponden a los años 70”, sostiene Cortez. “Se necesitaba una especie de arquitecta que logre articular todos los órganos del Ministerio, elaborar planes sectoriales, conseguir mayor presupuesto”, agrega Alfaro. En otras palabras, eso que llaman reingeniería.

La ministra Baca no ha logrado armar el rompecabezas. Esto implica reorganizar el Ministerio, modificar la estructura heredada del gobierno anterior, descentralizarlo, definir los planes de cada sector y los de la alta dirección. Christian Wiener manifiesta que existe mucha descoordinación entre las áreas y que cada uno desarrolla sus propias iniciativas. Santiago Alfaro propone: “Se tiene que adoptar un enfoque sistémico que involucre un sistema de información, otro de estadística que arroje información continua de las distintas áreas, y un sistema de financiamiento que signifique un mayor fondo público que se acerque al 1% recomendado por la UNESCO”.

El Ministerio de Cultura es el mendigo de esquina al que se le dan unas monedas para calmar las conciencias. En vez de aumentar anualmente, su magro presupuesto se reducirá en 120 millones el año que viene, mientras Baca ruega por un aumento ante la Comisión de Presupuesto del Congreso

A fuego lento
Para ser justos, se han cocinado varias iniciativas sueltas. Una de ellas ha sido la creación de la Comisión Multisectorial, encargada de elaborar el reglamento de la ley de consulta a los pueblos indígenas. Luego de la crisis en el Vice Ministerio de Interculturalidad, que motivó la salida de Vicente Otta y Raquel Yrigoyen, viceministro y jefa del INDEPA respectivamente, que fueron reemplazados por Iván Lanegra y Gustavo Zambrano, se logró salvar la situación en tiempo récord. El reglamento será sometido a consulta a las organizaciones indígenas y debe ser aprobado el próximo enero. Sin embargo, las voces disidentes señalan que no se ha debatido con los sectores interesados. Yrigoyen ha declarado que el INDEPA es una unidad ejecutora sin capacidad para elaborar políticas públicas. No hay una sola institución estatal en la que los indígenas tengan poder de decisión sobre sus destinos, y las garras del lobby minero han estrangulado al Gobierno.

Otro avance importante ha sido la elaboración de los planes sectoriales. La Dirección de Industrias Culturales y Arte tiene una ambiciosa propuesta con presupuesto de cine de barrio que nos hace dudar de su viabilidad. Además de inaugurar el sistema informativo y estadístico del sector, se propone desarrollar “puntos de cultura”, articulando a los grupos culturales de base, armando con ellos un movimiento que comprenda teatro de la calle, video, música y graffitis. Piensa estimular las industrias culturales por medio de créditos a la industria editorial, a la de la música y a la cinematográfica. En infraestructura, la idea es presentar dos proyectos piloto para construir centros culturales y conchas acústicas en provincias.

La revisión de las leyes del sector se hace en cámara lenta. Se propone elaborar la Ley General de Cultura. “Se necesita tener un marco normativo en el sector Cultura, actualizado, integral”, enfatiza Luis Guillermo Cortez. En la mira está también la reformulación de las leyes de cine, del libro y del artista.

La cultura debe ser un eje de desarrollo, y no una suma de actividades aisladas. El peligro es que no se produzca la inclusión cultural, tan importante como la social. Luis Lama sostiene: “El Gobierno pregona la inclusión social, pero ignora que sin una activa promoción cultural el Perú seguirá siendo un país fragmentado, donde los ciudadanos de distintas regiones desconocemos mutuamente nuestras culturas, condenándonos a todos a ser siempre ‘los otros’”.

A la frágil Ministra le corresponde tomar las riendas. En este caso, con palo sí vale, Valentín. Si no deja de cantar bajito, este Ministerio seguirá siendo un elefante de hormigón a la deriva.