Escrito por Rodrigo Barrenechea Carpio Revista Ideele N°214. Febrero 2012

La última encuesta de APOYO muestra una reducción del respaldo con que cuenta el Presidente de la República: ha pasado de 65% de aprobación en septiembre a 62% en octubre, y finalmente a 56% en noviembre. Al desagregar estas cifras por nivel socioeconómico, se observa que desde el inicio de su mandato la aprobación a Humala se ha incrementado en los sectores A y B, y descendido en los sectores C, D y E.

Este cambio ha venido acompañado de la reactivación de los conflictos sociales. Algunas interpretaciones han señalado que esto se debería al “viraje a la derecha” de Humala, lo que esconde la presunción de que solo es posible hacer un gobierno popular desde la izquierda, y olvida que nuestro último presidente popular fue Alberto Fujimori. En todo, caso ¿qué ha sucedido?

Como hoy ocurre con Humala, tanto Toledo como García perdieron popularidad rápidamente entre los sectores medios y bajos del país, lo que indicaría que ello responde a una situación que va más allá de un solo gobierno. Así, existirían expectativas insatisfechas en un horizonte de más largo plazo en estos sectores. No se trata, por supuesto, de que la pobreza no haya descendido o de que la población no experimente mejores niveles de vida que antes, sino de que precisamente porque ello ha sucedido, las expectativas se han elevado a un nivel que ha sido difícil de manejar para todos los gobiernos.

Y es que no es sino esperable que los procesos de crecimiento económico y modernización generen antagonismos, pero además movilización y conflicto. En el pasado este tipo de situación produjo uno de los fenómenos políticos más importantes del siglo XX: el surgimiento del APRA. Es esto mismo lo que se encuentra detrás del ciclo de conflictos sociales que se inició con el gobierno de Toledo, y que con altos y bajos no se ha detenido hasta la actualidad. Lo sucedido recientemente en Cajamarca es la más reciente manifestación de esta tendencia.

Algunas interpretaciones han señalado que esto se debería al “viraje a la derecha” de Humala, lo que esconde la presunción de que solo es posible hacer un gobierno popular desde la izquierda, y olvida que nuestro último presidente popular fue Alberto Fujimori

En efecto, las sociedades en cambio provocan la confrontación de intereses de aquéllos que resultan ganadores y perdedores en el proceso, pero también de los que consideran legítimo ganar más de lo que lo hacen. La clave para evitar que ese descontento termine por consumir a una sociedad es la canalización del conflicto a través de las instituciones. Si se apuesta por la modernización del país a través del impulso intensivo a las inversiones, habrá que contar con los medios para moderar y procesar los problemas y contradicciones que de ello se derivarán. Es el trámite de estas confrontaciones a través de las instituciones políticas —como el Estado y los partidos políticos— lo que hace que las pérdidas y ganancias de unos y otros sean consideradas legítimas y admisibles.

Sin embargo, estas instituciones son muy débiles hoy en el Perú. Por un lado, el Estado carece de credibilidad entre la población y se lo percibe como un agente de intereses particulares, por lo que sus intervenciones resultan ilegítimas, como queda claro en el caso de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Este mismo Estado tampoco es capaz de redistribuir rápida y eficazmente los beneficios derivados de la inversión privada, como ha sucedido en los últimos años en los que millonarios presupuestos engordan cuentas bancarias gubernamentales. Para la población, asumir determinados riesgos o pérdidas podría ser más tolerable si existiera certeza de que éstas serán compensadas mediante los mecanismos redistributivos del Estado, lo que hoy no sucede. Estos problemas se resuelven introduciendo innovaciones institucionales, y no creando mesas de negociación para cada ocasión. Si Humala enfrenta una situación similar a la que antes enfrentaron Toledo y García, ello se debe en parte a que todos ellos condujeron en su momento el mismo Estado.

Por otro lado, el Gobierno necesita una estructura política que le permita movilizar apoyos y voluntades en torno a las políticas que implementa y las decisiones que toma. Ésta es la tarea de los partidos. Por ejemplo, si el Gobierno decidió que el proyecto minero Conga debe ejecutarse, y que ello es parte importante de su proyecto político, necesita de operadores que defiendan la validez de esta decisión, movilizando a quienes la apoyan e intentando neutralizar a los opositores. Sin embargo, el Partido Nacionalista carece de operadores, y mientras Lerner llama al diálogo desde Lima para dar viabilidad al proyecto Conga, Jorge Rimarachín, congresista cajamarquino elegido por Gana Perú, denuncia desde un estrado que “la derecha está secuestrando al presidente Ollanta Humala”. Así, ante la incapacidad para dar viabilidad a soluciones políticas, se precipitan rápidamente soluciones policiales y hasta militares.

Los desacuerdos se solucionan negociando pérdidas y ganancias. No existen soluciones “correctas” ni “técnicas” para una confrontación social y política; solo existen soluciones legítimas e ilegítimas. Lamentablemente para el nuevo Gobierno, el presidente Humala ha heredado el mismo Estado que sus antecesores y tiene un partido bastante más débil que el Partido Aprista, que ya en su momento tuvo problemas para enfrentar esta situación. La voz del Estado aprobando un EIA genera hoy tanta confianza como lo hizo durante la última década; las promesas de futura inversión estatal toman tanto tiempo como antes en cumplirse y tenemos nuevamente un Gobierno sin partido. Es decir, un nuevo Gobierno con las mismas débiles instituciones.

“Los refranes son siempre aleccionadores”, dijo el Presidente en referencia a la frase “una cosa es con guitarra y otra con cajón”, en el marco del balance de sus primeros 100 días de su Gobierno. Como en su momento lo hicieron sus antecesores, Humala está aprendiendo lo difícil que resulta tocar el cajón sin manos.