Escrito por Annie Thériault Revista Ideele N°214. Febrero 2012

Conversamos con Humberto Guarayo Llacsa, curaca de la nación yampara, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu-CONAMAQ. Él acaba de participar en la lucha en contra de un proyecto que afectaba al Parque Nacional Isiboro Sécure. El libreto de lo que vivió en Bolivia aquellos días se parece mucho a lo que sucede en muchos de los conflictos en los que colisionan los intereses de las industrias extractivas y las necesidades del Estado con los intereses y el derechos de las comunidades indígenas. Estudiar y sacar lecciones de lo que sucedió a nuestro costado sería realmente muy fructífero.

—Marcharon durante 65 días contra la construcción de una carretera, cuyo trazado pretendía atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
—La marcha fue algo grandioso, histórico. Pero no fue fácil aguantar 65 días por el monte y bajo el sol. Lo hicimos porque consideramos imprescindible que se respete nuestro territorio indígena, que también pertenece, por ser un Parque Nacional, a todos los bolivianos. Es nuestro patrimonio; un gran pulmón de un elevado valor ecológico y cultural. Entonces, no solo se trata de un asunto de libre determinación y de derecho a la consulta, sino también de preservación de nuestra biodiversidad, de la fauna y de la flora.

—¿En algún momento fueron consultados?
—Nunca. No hubo ningún proceso de consulta ni administrativo. Nada. Sin embargo, el derecho a la consulta está garantizado por nuestra Constitución. Y por eso marchamos, porque no nos consultaron. Solo nos informaron que esta carretera, diseñada para unir los departamentos de Cochabamba y Beni, así como para establecer una interconexión con Brasil, iba a pasar por nuestro territorio. A esa idea, a la integración y a la construcción, nunca nos opusimos. Pero a que la carretera dividiera y pasara por el corazón del TIPINIS, sí.

—¿Por qué?
—¿A quién iba a beneficiar esa carretera? ¿A los indígenas que habitan ese territorio? Claro que no. Iba a beneficiar a las empresas, a los que transportan y sacan productos, como la madera, en grandes cantidades. Y, por supuesto, el construir una carretera que atravesara un área reconocida como Parque Nacional y, a la vez, como territorio indígena, iba a traer repercusiones de gran magnitud sobre el medio ambiente y nuestro modo de vida. Por eso desde un principio planteamos que la carretera se construyera por otro lado, sin recortar o dañar el TIPINIS. Pero ellos —el Gobierno y la empresa brasilera OAS— no querían, porque les iba a costar mucho más.

—¿Hubo represión durante la marcha?
—Sí. Trataron de provocarnos, de hacernos fracasar y de dividirnos. Nos tildaron de derechistas, de neoliberales, y lograron cooptar a algunos de los dirigentes. Los movimientos campesinos, por ejemplo, estaban en contra de la marcha y afines al gobierno.

Pero a pesar de todo, nunca se contempló dar un paso atrás. En ningún momento. Felizmente, no hubo ni encarcelados ni muertos. Pero la represión fue fuerte, y eso ya está en proceso de investigación. Creíamos —y seguimos creyendo— que el respeto de nuestro territorio es algo justo que, además, está garantizado por los tratados internacionales —como el Convenio 169— que fueron ratificados por Bolivia. En el marco de un Estado plurinacional, debe existir una nueva forma de gobernar, y ésta se debe caracterizar por el respeto de las naciones y de los pueblos indígenas. Es fundamental.

“A esa idea, a la integración y a la construcción, nunca nos opusimos. Pero a que la carretera dividiera y pasara por el corazón del TIPINIS, sí” Humberto Guarayo

—¿Qué significa para ti construir un Estado plurinacional?
—En un Estado plurinacional los pueblos indígenas participan y son reconocidos como tales. Se trata de reconocer nuestro derecho a la libre determinación, a nuestras formas de gobierno y a nuestras estructuras de representación. Deber haber, también, una activa participación de los pueblos indígenas en las instancias públicas, con representación directa. Son nuestros pedidos: que los pueblos indígenas tengan representantes en todos los niveles del aparato estatal, pero que sean elegidos según sus propios procedimientos. Por otra parte, implica la consolidación de una economía comunitaria y del pluralismo jurídico. En otras palabras, que se logre equiparar o igualar la justicia indígena con la justica ordinaria. Es un proceso, lo entendemos, que no se hará de la noche a la mañana. Pero pedimos que se nos escuche.

— Uno de los principales temores cuando se tratan estos temas es que se consoliden posiciones separatistas.
—No sería así. Por algo existirían leyes que regirían a las naciones y a los pueblos indígenas. Y por más que sean autónomos o gocen de libre determinación. Lo que queremos no es la separación del Estado boliviano, ni conformar otra república. Queremos autonomía y autogobierno, pero dentro del Estado. Lo que no queremos es un Estado centralista, omnipotente. Se tiene que trabajar consultando, dialogando.

—¿Y hasta dónde llegaría su autonomía? ¿Justicia propia…?
—Nosotros siempre respetaremos los derechos humanos. Conocemos y acatamos las declaraciones y los convenios internacionales. Los tenemos claros.

—¿Se siente decepcionado con Evo Morales?
—Han pasado varios años y los problemas estructurales no se han resuelto. Las políticas que implementa son de carácter neoliberal, y muchas de ellas han vulnerado nuestros derechos y la misma Constitución. El proyecto de la carretera es prueba de ello.

—Pero su nivel de aprobación sigue alto…
—Ha bajado. Perdió bastante credibilidad porque la sociedad civil, en su conjunto, se solidarizó con nuestra lucha. Esperemos que reflexione, que se reencamine. Debo admitir que en un momento confiamos en él. Pero no ha respondido y sigue alejándose de los pueblos indígenas. Utiliza mucho ese discurso: el de proteger a la Pachamama y los derechos de la madre naturaleza. Lo escuchamos hablar de ello, sobre todo en los ámbitos internacionales. Pero no lo vivimos en la práctica, en el día a día. Evo, quien proviene del sector campesino y cocalero, mas no indígena, vende discursos diferentes. A nosotros nos interesa la construcción de un Estado plurinacional. Con Evo o sin Evo, este proyecto debe seguir su curso. Debemos buscar el buen vivir.

—Cuéntenos un poco acerca del “Buen Vivir”.
—Se trata de garantizar que el territorio —y no solo yo, como individuo— esté bien. Todo: la fauna, la flora. Porque nosotros nos concebimos como parte de esa naturaleza. El liberalismo nos llegó con su extractivismo; el “vivo mi vida sin que me importe quién me está dando de comer”. La reciprocidad, por ejemplo entre pueblos y naciones, también es algo fundamental. No se trata de “yo lo tendré todo”, sino de “nosotros lo tenemos y lo compartimos”. No discriminamos a las personas que no son indígenas. No somos revanchistas, y la interculturalidad es un valor en el que creemos. Nos complementamos con nuestros hermanos que viven en la ciudad.

—¿Están en contra de toda industria extractiva dentro de su territorio?
—Estamos a favor de la preservación de los derechos de la Madre Tierra. En Bolivia, ella es sujeto de derecho. Supongo que, con el avance de la tecnología y de la ciencia, se podrían ejecutar proyectos de forma sostenible y adecuada. No podemos cerrarnos del todo, pero no se puede explotar la tierra sin pensar en las generaciones futuras. Como señalé, no se puede vivir pensando solamente en el “yo” y en el “ahora mismo”. Ése es el sentido de nuestra reflexión. Hoy acabaríamos con todos los recursos; ¿y para el día de mañana?

—¿Existe una Ley de Consulta en Bolivia?
—No. El Gobierno no ve el tema de la consulta como vinculante; no quiere que lo sea. El problema es que lo previsto por la Constitución es muy ambiguo, y podría dar lugar a mucha interpretación. Necesitamos una ley que enmarque todo ese proceso, y eso se propuso durante la Asamblea Legislativa plurinacional.

—¿Como en el Perú?
—Sí, la experiencia peruana me parece muy interesante. Sé que aquí hay muchos problemas con respecto al derecho a la consulta, sobre todo con las mineras. Por eso una Ley de Consulta tiene que ser elaborada con la participación de los pueblos indígenas, ya que es una ley que va dirigida a ellos, a sus territorios. Eso es lo que queremos.