Escrito por David Sulmont Hakk, Giovanna Peñaflor Guerra, Patricia Del Río Labarthe Revista Ideele N°213. Octubre 2011

Se cumple un centenar de días y no basta decir que unas son de cal y otras de arena. Como podía esperarse, las buenas intenciones y acciones son opacadas por errores grandes y engrandecidos. Tres analistas políticos nos brindan su pronóstico del tiempo. Algunos pensaban que este Congreso iba a ser menos escandaloso, que se había aprendido la lección. ¿Cómo explicar esta cantidad de denuncias? David Sulmont: En comparación con lo que ocurrió en el gobierno anterior, la prensa, en general, está teniendo una actitud mucho más vigilante o crítica. Es parte del juego. Va a haber una actitud mucho más vigilante y los temas cuestionables van a salir más rápido que antes. Con respecto a los congresistas, en realidad lo que estamos viendo es el resultado de la forma cómo se ha reestructurado la representación política a partir del impacto del fujimorismo en la década de los 90 sobre el sistema político y el sistema de partidos. Los partidos políticos y las organizaciones políticas que se han formado en los últimos años lo han hecho sobre bases mucho menos orgánicas e institucionalizadas. Antes los políticos requerían a los partidos, ahora éstos dependen sobre todo de los líderes locales. Así existe una menor capacidad de control. El otro problema es que los políticos saben que sus probabilidades de tener una carrera parlamentaria más larga son muy débiles debido al desprestigio de las instituciones parlamentarias. Para que exista esa carrera política tiene que haber una especie de horizonte. Constatamos una erosión de la legitimidad de las autoridades electas muy veloz. Muy pocas personas son reelegidas. Entonces la estrategia del político ya no puede consistir en pensar en una carrera política dentro del Parlamento, sino en cómo continuar su trayectoria personal fuera de él. Se usa el Congreso ya no tanto para promover una carrera política, sino para impulsar una trayectoria personal de movilidad social fuera de la política, en la que ésta es una etapa que permite una cierta acumulación de recursos, de contactos, de capacidad de influencia. Hay incentivos perversos para que se promuevan intereses particulares, privados. Patricia del Río: No sé por qué la gente esperaba un Congreso distinto, la verdad. No me queda claro de dónde venía la esperanza. Creo que un Congreso dominado por un partido político más o menos estructurado como el APRA tenía más garantías de funcionar mejor que un Congreso al que han llegado grupos fragmentados, productos de alianzas un poco oportunistas cuyo único fin es ganar las elecciones. Mientras no exista una institucionalización, una recuperación de los partidos políticos en la escena electoral, en la escena política, no hay ninguna posibilidad de que el Congreso mejore. Ninguna. Los abanderados de la lucha anticorrupción son los del Partido Nacionalista esta vez, pero son ellos mismos los que han convocado a sus filas a alguien como la congresista Anicama. ¿De qué estamos hablando si al final queda en evidencia lo contrario? Que no nos diga el señor Abugattas: “Caray, no lo sabía”. Aquí fue Radio Orion, que podía financiar la campaña, la que colocó a esta persona en sus listas. Y ojo: lo mismo pasa con los demás partidos. No es exclusividad del nacionalismo, ni lo va a ser. Giovanna Peñaflor: Habría que hacer varias diferencias. La mayoría de las denuncias son preexistentes, o sea, fueron hechas antes de la elección de los congresistas. No estamos hablando solo de delitos de función: son casos que tienen que ver con una mala elección, una mala evaluación de los candidatos. Y ahí hay una responsabilidad compartida por los partidos políticos, por las instituciones que participan en el proceso electoral, por la propia población y por la prensa. No estamos hablando de algo que tenga que ver con la institución del Congreso, sino más bien con la actividad política en general. Allí hace muy mal la prensa en enfocar el tema como si fueran los congresistas, el Congreso de la República, cuando el tema es de los partidos políticos y del sistema electoral que permite que esto ocurra. Una cosa son investigaciones y otra cosa son delitos. El hecho de que alguien esté siendo investigado e incluso que tenga un proceso abierto, en mi opinión, no debería ser causa de descalificación. No podemos considerar que todos los que están investigados son culpables, aunque por desgracia la cultura en el país sea hoy día ésa.

¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar? Se habla por ejemplo de eliminar el voto preferencial. ¿Está de acuerdo? David Sulmont: Pasaría por una serie de reformas institucionales, una serie de incentivos para que las organizaciones políticas se consoliden. Uno, los que están previstos en la Ley de Partidos. En el caso de la ciudadanía, la Ley de Partidos prevé que reciban cierto financiamiento público durante las campañas, pero la ley electoral contemplaba que obtuvieran una suma de financiamiento público proporcional a los votos que obtenían, y que debía ser utilizada para labores de fortalecimiento partidario, capacitaciones, formación de líderes, etcétera. Cuando se quiso aplicar, la prensa hizo un escándalo y no se dio. Los partidos políticos son un servicio público. Su función es intermediar entre la sociedad y el Estado. Que sean financiados por el Estado tiene sentido en la medida en que así hay más incentivos para que los partidos aporten a intereses públicos o de sus electores. Los partidos necesitan recursos para tener una vida orgánica más estable, que vaya más allá de las elecciones. Son recursos que podrían hacerlos menos dependientes de aportes de notables que son los que después aparecen, como el “Comeoro”, el “Robacable”, etcétera. Otro mecanismo es dotar a los organismos electorales de los recursos para fiscalizar, para verificar que los partidos cumplen con los requisitos que establece la ley. Se requiere de una serie de reformas que no competen al ámbito individual; es decir, no basta con decir “tal partido tiene que…”, sino que los partidos tienen que hacer esto, y hay que darles los medios. Otro tema es el de la necesidad de hacer modificaciones en la Ley Electoral; por ejemplo, respecto del tema del voto preferencial. Las listas deberían ser producto de elecciones primarias internas públicas, transparentes y supervisadas por la ONPE, como ocurre en otros países. Patricia del Río: Mientras los partidos políticos no funcionen como tales y no hagan su trabajo, vamos a seguir teniendo en el Congreso, y a caudales, por lo menos, corrupción, lobbies, personas que solo buscan su beneficio personal y no representan los intereses de la población. Urge mejorar el nivel de representatividad. El partido político tiene que estructurarse no solo en función de la Ley Electoral y sancionar mejor a quienes incurren en estas faltas, sino que debe preguntarse cuál es el tipo de relación que quiere con la población. A mí que no me vengan con el cuento de que en realidad la culpa la tiene el elector porque vota inconscientemente. Si vas a un restaurante donde todos los platos que te ofrecen son una porquería, vas a comer mal. Y eso es lo que le pasa al elector peruano cuando tiene que votar. Es el propio partido el que tiene que asumir la responsabilidad de a quién puso en la lista para ser elegido. Puede ser que formalmente la persona cumpla con todos los requisitos pero sea un sinvergüenza. Puede ser una persona sin ética: no todo pasa por las leyes. Es un tema de sentido común. La eliminación del voto preferencial sería un avance, porque los partidos entonces actuarían como partidos y no en función de las individualidades. Mientras el financiamiento siga siendo oscuro, cualquier gobierno quedará en manos de quienes finalmente pusieron la plata. El financiamiento por parte del Estado es en realidad la forma en que en otros países se consigue separar, de alguna manera, el poder político de los poderes económicos. Pero el problema en el Perú es que los partidos están tan desinstitucionalizados y funcionan de una manera tan chicha, que yo no sé si están en condiciones de recibir un financiamiento del Estado y de manejarlo con responsabilidad. Es una figura complicada, aunque creo que a la larga es la solución. Giovanna Peñaflor: Hay un tema de fortalecimiento de los partidos políticos. Un gran problema ahora es que en el fondo no tienen ningún mecanismo de presión sobre los denunciados. Tenemos partidos políticos debilísimos. La agrupación no importa: no tiene poder. Para mí el tema es que tengan más poder. Tiene que ver, por ejemplo, con el financiamiento de los partidos: quién, cómo; que haya control sobre estos temas. No sé si el voto preferencial podría eliminar totalmente el tema de la corrupción; hay buenos congresistas que han llegado por el voto preferencial. A mí no me parece que sea el elemento central o, en todo caso, el único. Podría ser como parte de un conjunto de medidas. Como todo tema complejo, se requiere cubrir varios temas a la vez.

¿Cómo entender el “caso Chehade” en un Gobierno cuya principal bandera fue la lucha anticorrupción y en el que uno de sus principales impulsores fue precisamente el vicepresidente Chehade? David Sulmont: Eso sí es un error político, independientemente de que haya o no alguna cuestión ilegal, lo que está aún por determinarse. En el caso de Chehade, su relación con Humala no pasa por compartir un proyecto político partidario sino por un tema de confianza. Eso sucede cuando la política no pasa por los partidos. Las personas están compartiendo proyectos no tanto porque tienen una ideología, un programa político o una visión del país comunes, sino por cuestiones que a veces pueden ser circunstanciales. En el caso de la ministra García Naranjo, más que un tema de ineficiencia en la gestión, se ha tratado, creo, de muy malos reflejos políticos. Pero también de muy mala leche de la prensa y de la oposición. Ellos vieron en este hecho una oportunidad de bajarse a sectores que pueden ser considerados como más a la izquierda del Gobierno. El mal manejo mediático y político de la Ministra ha puesto en dificultades al Gobierno. Patricia del Río: Para mí el tema de la corrupción es más grave. Tiene que ver, sobre todo, y también de manera grosera, con el tema de la inclusión. ¿Por qué otra vez el que puede conseguir que el vicepresidente le mueva el asunto en un restaurante ficho de Lima tiene más posibilidades de conseguir del Estado lo que quiere que el pobre, otra vez, campesino de Cajamarca, que está allí tirado en la carretera reclamando desde hace días por su drama con Yanacocha? Por él nadie se reúne en La Tiendecita Blanca a resolver el tema. La inclusión pasa por que el Estado funcione igual para todos, para empezar. No funciona con darles limosna a las personas. Funciona con un trato igualitario para todos. ¿Hace cuánto tiempo que Chehade está detrás de Humala y que García Naranjo decidió ser parte de esta coalición? ¿Cuánto del rollo que Chehade se ha comprado es simplemente electorero y discursivo? El problema que tiene Humala en este caso es que uno empieza a dudar si el tema de la inclusión y el Estado igual para todos era también un tema electorero y discursivo. Humala todavía tiene el beneficio de la duda, pero si él hubiera tenido un partido político sólido, bien formado, de años, no se le hubiera trepado al carro cualquier oportunista, como creo que está siendo muy evidente con el caso de Chehade. A Humala le puedes sacar dos cosas hoy día: por salir elegido dejaste que se te treparan al carro, y en ese caso estaría pecando de cojudo; o sabe muy bien a quién convocó y lo hizo con determinados fines, con lo cual ya no estamos ante un sonso sino frente a un vivazo. Como no lo tengo claro, tenemos que dejar que corra más agua bajo el puente para ver qué pasa. Giovanna Peñaflor: Al Congreso se le debería cuestionar por su falta de respuesta, pero no por el hecho de que hayan llegado a él personas que no son idóneas. El tema es cómo se responde a estas situaciones, y creo que allí ha habido bastante incapacidad para reconocer intenciones de cambiar las cosas. En el caso de Chehade, es un golpe para el Gobierno, porque éste es un Gobierno que ha hecho de la lucha contra la corrupción una bandera. Creo, incluso, que el hecho de que él haya sido procurador debilita la misma lucha contra la corrupción. Nos pone en una situación, como sociedad, complicada. Pone en evidencia que hay una necesidad de modificar cosas en los sistemas. Pero tampoco hay que exagerar. A veces ocurre que una persona que es pariente en cuarto grado de una autoridad no puede trabajar en el lugar en el que esta última trabaja aun cuando ni siquiera haya llegado por ese camino. A veces terminamos tratando de normar todo, y tanto, que termina por ser contraproducente. En el caso de Chehade sí es evidente que afecta la imagen del Gobierno, pero hay que ver cómo se desarrollan las investigaciones. ¿Piensa que en este caso se obvia el papel de la empresa Wong y, en general, la relación que mantienen las empresas con el Estado, que las lleva a servirse de él? David Sulmont: Así es. Cuando las instituciones como los partidos no son fuertes, los operadores políticos son más susceptibles de caer porque se involucran en juegos de interés de lo que podríamos llamar poderes fácticos. Éstos tienen más puntos de entrada, son menos transparentes y se los fiscaliza menos. Cuando las decisiones no pasan por instancias de reflexión colectiva y orgánica, los grupos de poder pueden permear más el Estado. Hay medios que tienen su agenda antigobierno, eso está clarísimo. Y está bien que la tengan, porque funciona. Son fiscalizadores —de “mala leche”, es cierto—, pero obligan al Gobierno a dar cuenta de sus actos, y eso es importante. La lógica del funcionamiento cotidiano de la prensa es el día a día, de lo que puede ser noticia. Obviamente, el tema de las reformas estructurales no está en el radar de los periodistas, y debería estar en el de los analistas políticos, de una intelectualidad crítica que pueda vincularse con los partidos. Y tendría que estar en la agenda de la política; se debería discutir en el Congreso, en la Comisión de Constitución, para ver cómo se reforma el sistema electoral para fortalecer los partidos, eliminar el voto preferencial. Patricia del Río: Sí, pero son relaciones que quien no debería permitir que se dieran es precisamente el Estado. Por ponerlo de una manera: los señores Wong o cualquier empresario tienen el derecho de tocarle la puerta —equivocadamente o no— a quien les dé la gana. La diferencia está en quién lo recibe, cómo y para qué. En relación con la segunda parte de la pregunta, no lo he notado. Pero sí, puede ser que haya algún tipo de presión, empresarios que pidan que no se les nombre. Mientras que el caso esté en investigación, eso se puede justificar. Yo sí creo que han intentado hablar con ellos. Aparte de que un funcionario público está obligado a responderte. Una empresa puede afectar su imagen, pero no tiene la obligación de hacerlo. Giovanna Peñaflor: En general, los temas “macro” no se discuten. Además, es como si este asunto solo ocurriese en el Perú, que nos pasase solamente a los peruanos, a nuestra clase política. Estos temas, estos nexos, estas presiones, finalmente se dan en todas partes del mundo. Creo que falta una visión mayor de las cosas y que ella reside también en el propio sistema. Por ejemplo, el otro día Rosa María Palacios habló de la presión que se hizo para que atendieran a una niña en EsSalud. Este tema de que atiendan a la niña significa que dejan de atender a otro u otra. Pero ¿quién está en el error? ¿La persona que busca, llama, usa sus influencias para ser atendida, o el sistema, que es finalmente el que provoca que ocurra esta situación? Creo que falta un enfoque más sistémico. El silencio de Humala: ¿Estrategia, debilidad o absurda equivocación? David Sulmont: Creo que Humala está planteando un estilo presidencial diferente. Me parece que está tratando de economizar sus apariciones públicas y centrarlas en los temas que él personalmente siente que debe liderar y lanzar y no estar teniendo una exposición demasiado permanente, que además puede ser desgastante. Humala sabe que los medios no van a ser condescendientes con él. Personalmente me parece adecuado. Pero sí debería haber un mecanismo un poco más regular, institucionalizado, por el que el Presidente dé cuenta al país de lo que está haciendo. En los Estados Unidos, por ejemplo, todas las semanas, no necesariamente el Presidente pero sí el portavoz de la Casa Blanca, da una conferencia de prensa. Una instancia de este estilo debería haber también aquí. Respecto al “caso Chehade”, tiene que estar seguro de que, primero, no está probado que haya cometido algún delito. Eso tiene que meditarse, para medir las consecuencias de que se vaya. No es una decisión que se tome a la velocidad o en los ritmos en los cuales se produce la noticia. Patricia del Río: Perdón por el término, pero me parece una conchudez, una frescura de su parte: él es el Presidente, el que se quedó callado en el caso de su hermano Alexis, que también fue un escándalo, y también hubo, aparentemente, reuniones, no con grupos empresariales, sino con gobiernos. Además, negocios personales usando el nombre del Estado. ¿Qué explicaciones coherentes hemos recibido de eso? Nos tiramos encima del vicepresidente y su hermana pasó piolaza. No es cualquier persona o congresista: es su vicepresidente, la persona que hizo campaña al lado de él. Y su mujer tiene el desparpajo de twitear “tanto cuesta caminar derecho”. Y, ¿tanto cuesta dar una explicación? Creo que ya basta: está gracioso e interesante lo del twitter, pero de qué estamos hablando si ésa es la forma como van a comunicarse con la población. El Presidente tiene que salir y explicar lo que está pasando y dejarse de ambigüedades. Y, repito: no solo con este caso, sino con cualquiera que se le aparezca. Un gobernante no está para estar haciendo tanta estrategia, sino para tranquilizar a la población y darle a la gente que lo eligió la tranquilidad de que se va a hacer lo que se prometió. Si los indicios apuntan para otro lado, le toca salir. Le tocó bailar con este tango, así que tiene que ver cómo lo maneja. ¿Le está pasando algo terrible a Humala? No, le está pasando ser Presidente, con todo lo que eso implica. Ahora, a la izquierda le toca mostrar que saber gobernar y a la derecha que sabe criticar. Es un intercambio de roles muy interesante. Hasta ahora ninguno está cumpliendo. Giovanna Peñaflor: Creo que hay acciones importantes: el fiscal ha abierto investigación, se han seguido los procedimientos. Pero como tenemos vocación de demandar un líder que hable, que se pronuncie, que diga, no sé si podría haber una interpretación de que las cosas están sucediendo como debieran suceder aunque no se hable. Creo que hoy día ha dado una declaración en el sentido de que no debe haber juicio popular y que sí debe haber investigación. Podría haberlo hecho antes. Creo que son estilos. El tema de la institucionalización es un tema que necesita mucho más que comunicación.