Escrito por

En el segundo semestre del año 2022 se realizó una encuesta^[1] a toda la población de los centros juveniles de Lima Metropolitana. Fue dirigida, en particular, a 709 adolescentes hombres y mujeres de los dos centros de reinserción social más grandes del país (Maranga y Santa Margarita), los cuales representan el 41% de la población total de menores infractores de la ley penal a nivel nacional.

Los resultados de esta encuesta se pueden hallar en el documento “¿Cómo están los Centros Juveniles?” (INDAGA, 2023). A partir de esta publicación, en lo que sigue del texto se resume, interpreta y compara los datos del censo de 2016 y la encuesta de 2022, identificándose ocho realidades de la justicia juvenil y la delincuencia en nuestro país. En conjunto, se puede apreciar un nuevo momento y, a su vez, una profundización de riesgos para la seguridad ciudadana.

Desde luego, estos datos no expresan las voces de todos pues se trata de quienes cumplen una medida socioeducativa de internamiento impuesta por el Estado. De cualquier forma, resulta novedoso explorar el desarrollo de las tendencias sobre esta problemática.

Realidad 1: Se altera la composición de los adolescentes infractores y aumentan las infracciones de alto impacto

Se aprecia una relación de 9 hombres por 1 mujer adolescente internados en el Centro Juvenil. Estos datos no han variado del todo entre 2016 y 2022. Sin embargo, sí se ha invertido la composición de los adolescentes en el Centro Juvenil por rango de edad, pues antes había un grupo mayoritario de menores (14 a 18), mientras que ahora el 59,5% tiene más de 18 años. ¿Por qué? Algunas sentencias pueden dictar medidas de internación que llegan hasta los 10 años.

En relación con las infracciones, estas también han variado, incrementándose las de alto impacto, como homicidios (+2%), violación sexual (+4,8%) y secuestro (+0,4%). Por otro lado, la recomposición de fondo incorpora a un nuevo actor: la población extranjera en el Centro Juvenil. Esta pasó de 0,4 a 7,6%, y provienen mayoritariamente de países como Venezuela, Colombia, Brasil y Uruguay.

Realidad 2: Se incrementa el consumo de todas las drogas ilegales y aumenta su uso en niños de 8 a 11 años

El consumo de todas las drogas, previo al ingreso al Centro Juvenil, aumentó si se comparan los datos de 2016 y 2022. Del total de adolescentes, el consumo de marihuana pasó de 61,7% a 72,8%, la cocaína de 7,4% a 31,7%, mientras que los aumentos más alarmantes están en pastillas de 0,2% a 10,6% e inhalantes de 0,5% a 2,4%. En general, este incremento puede tener un correlato con algunos delitos, en particular, las personas que tienen consumo problemático de drogas.

En relación con la edad del consumo de drogas, el rango etario de 8 a 11 años aumentó en 5,1%, mientras que en los otros grupos (12-14, 15-17, 18 a más) se observaron reducciones ligeras. Respecto al consumo problemático del grupo consumidor, se puede anotar que existe un 23,9% que lo hace diario, mientras que un 23,9% lo hace 2 a 6 veces a la semana. Estos dos grupos aumentaron en 9% y 3%, respectivamente.

Realidad 3: Se incrementan los adolescentes inmigrantes y son más vulnerables

La población inmigrante en los Centros Juveniles de Lima alcanza hoy el 7,6% del total: 54 personas (48 hombres y 6 mujeres). En su mayoría son adolescentes que bordean edades de 17 a 18 años. De esta población, el 53,7% indicó que no tenía seguro de salud, el 60,4% señala que cuando rindió su declaración en la comisaría no estuvo ni su abogado ni el defensor. El 63% indicó que algún miembro de la policía le maltrató de manera física y un 53,7% lo hizo de manera verbal (insultos, gritos, otro). Todos estos datos están por encima del promedio de la encuesta aplicada a la población en conjunto de los Centros Juveniles. 

Del total de adolescentes, un 24,1% tenía internamiento preventivo; y, luego de su estadía en el Centro Juvenil, un 53,7% no conocía instituciones o lugares donde recurrir para continuar con su desarrollo. Esta situación los convierte en una población aún más vulnerable en los Centros Juveniles.

Realidad 4: No se reduce el porcentaje de factores de riesgo (históricos y contextuales) ni el uso de armas en las infracciones

En relación con sus amigos, el 67,8% refirió que algunos ellos cometieron o cometían infracciones. Respecto a la familia, un 46,8% señaló que algún miembro de su familia o cuidador estuvo en un penal o Centro Juvenil, en especial, tíos, tías y padres. Sobre la presencia de pandillas o bandas delictivas en su barrio, un 61,6% asintieron que existían. Asimismo, sobre la posesión de algún arma, el 47,5% afirmó que la portaba cuando ocurrió la infracción. En conjunto, estos datos no tuvieron variaciones significativas.

Así pues, se pueden identificar una serie de importantes factores de riegos (pares antisociales, ausencia de familia pro social, entorno delictivo, uso de armas) que, si bien no han incrementado, se mantienen sin grandes variaciones.

Así pues, no todo está perdido; por el contrario, las y los propios adolescentes sugieren una salida para torcer el rumbo de la delincuencia

Realidad 5: Un cuarto de las y los adolescentes tienen hijos, hijas o son cuidadores

Un gran desafío no visto antes refiere a los hijos e hijas de los adolescentes que se encuentran internados en los Centros Juveniles. Del total, el 24,4% (173) tenía un hijo, hija o asumía un rol de paternidad. En total, se registra 187 hijos o hijas (106 mujeres y 81 hombres). De este número, 3 menores viven con sus madres adolescentes en los centros debido la corta edad del menor. ¿Por qué se tienen tantos adolescentes con hijos e hijas? La falta de educación sexual y los procesos acelerados de vida pueden ser parte de la explicación.

Realidad 6: Se evidencian desafíos en educación sexual, infecciones de transmisión sexual y relaciones de pareja

Los datos vinculados a la sexualidad en general son una novedad. Al respecto, es necesario anotar que un 36,4% de mujeres y 38,2% de hombres dice que no recibió educación sexual, y quienes sí la tuvieron, sus orientadores fueron sus familiares y profesores de colegio. En relación con el conocimiento de infecciones de trasmisión sexual, en total, 20% no conoce de estas.

Respecto a situaciones de violencia de género, un 48,9% (43) de adolescentes mujeres sufrieron violencia de su pareja. De manera particular, insultos o gritos (22,7%), ambos se golpeaban (9,1%), ella le maltrataba físicamente (6,8%), fue obligada a tener una relación sexual (5,7%) o la pareja o expareja le maltrataba físicamente (4,5%).

Realidad 7: Se aprecian vulnerabilidades múltiples y consecutivas en el sistema de justicia

Este punto trata sobre la percepción del sistema de justicia desde el adolescente que cometió una infracción. Al respecto, se puede anotar que el 53,8% de las y los adolescentes señaló que cuando rindió su declaración en la comisaría no estaba presente ni su abogado ni un defensor, mientras que el 43,1% reveló que no estuvo presente el fiscal. Estos datos son similares a los resultados del Censo del 2016.

Respecto a los desafíos de la policía, el 46,5% indicó que algún miembro de la policía le maltrató de manera verbal y al 39,5% de manera física. Según sexo, las adolescentes mujeres indicaron haber sido más maltratadas de manera verbal, mientras los hombres de manera física. Sobre la fiscalía, un 37,5% indicó que las preguntas que realizó el fiscal se hicieron sin la presencia de su abogado o defensor. En relación con su situación jurídica, el 49% del total de los encuestados sentenciados indicó que la medida socioeducativa que le impuso el Poder Judicial durará entre 2 a 4 años. Sobre los servicios en el Centro Juvenil, indicador que recibieron atención por los equipos técnicos interdisciplinarios (95,8%) y médico/enfermera (92%).

Realidad 8: Quieren reinsertarse y proponen salidas a la delincuencia

¿Qué hace falta para que las y los adolescentes no vuelvan a cometer otra infracción? Señalan cuatro respuestas: continuar con sus estudios (28,6%), cambiar su lugar de residencia (22,7%), encontrar un empleo (22,4%) y recibir apoyo familiar (19,7%). Así pues, no todo está perdido; por el contrario, las y los propios adolescentes sugieren una salida para torcer el rumbo de la delincuencia.

Ideas de conjunto

Hace más de un siglo se creó la primera Escuela Correccional de Varones. Después de mucho tiempo, dos avances en la gestión del conocimiento merecen ser anotados. El primero, el Censo de Centros Juveniles del año 2016; y, el segundo, los resultados de la encuesta del año 2022 a los que se aludieron a lo largo del texto. Como se dijo antes, los datos de este último están referidos a las voces de infractores que el sistema de justicia pudo sancionar en Lima. 

A partir de estas ocho realidades, se pueden señalar algunas ideas de conjunto. La primera, casi todos los factores de riegos previos al ingreso del Centro Juvenil han empeorado (históricos, contextuales e individuales), y en los que no, se mantienen entre 2016 y 2022. La segunda, la estructura social de los adolescentes ha cambiado, en términos de edades, actores e infracciones. La tercera, las etapas de violencias previas por las que pasó la y el adolescente no han variado del todo. La cuarta, las y los adolescentes todavía muestran vulnerabilidades múltiples y consecutivas en el sistema de justicia, aunque se pueden apreciar algunas percepciones positivas. Y, la última, se tiene una ruta para la reinserción que ellas y ellos proponen, esta es, educación, cambio de vida (residencia), empleo y apoyo familiar.

^[1] La encuesta fue coproducida por el Programa Nacional de Centros Juveniles y el Observatorio Nacional de Política Criminal, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.